El derecho a la protección de datos, como ha reconocido el Tribunal Constitucional en el año 2000, es el poder de disposición y control que tienen las personas físicas sobre sus datos personales -los que les identifican o les hacen identificables- para saber quién los tiene (responsable), para qué los quiere (fines del tratamiento), si los van a ceder a terceros (sean particulares o el Estado) y así poder oponerse a su uso y ejercer los demás derechos que les otorga   la normativa vigente a nivel nacional y europeo: la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales y el Reglamento europeo 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.