• La reducción de visitas domiciliarias, unida a la menor presencialidad en colegios y centros de salud, hacen que los servicios sociales pierdan capacidad para detectar situaciones de crisis en los hogares (violencia, enfermedad mental, menores en situación de abandono…)
  
  

• Así se desprende del segundo Informe del Monitor de Impacto de la Covid-19 en los Servicios Sociales, en el que participan 52 centros de Servicios Sociales de 6 comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Euskadi y Madrid

 

• Y advierte de los cada vez mayores números de perfiles con contratos inestables; familias con menores a su cargo sin ningún ingreso y gente con afecciones emocionales graves como consecuencia de la pandemia
  
  

Madrid, 14 de enero de 2021.- 52 centros de Servicios Sociales repartidos en 6 comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Euskadi y Madrid- alertan del alcance de la crisis social y económica y del preocupante aumento de vidas precarias y en riesgo de extrema pobreza de muchas familias españolas. También de la soledad, impotencia y depresión de familias que antes estaban "integradas" pero a las que por no llegar el ERTE o por haberse acabado se les agotan los ahorros y no tienen manera de generar ingresos.

Tras la publicación del Primer Informe del Monitor de Impacto de la Covid-19 en Servicios Sociales, investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de las Islas Baleares, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza, publican el segundo en el que analizan el alcance de la pandemia en los Servicios Sociales. Financiado por el Instituto de la Administración Pública (INAP), en este documento se relata detalladamente cómo ha sido el impacto de la pandemia en los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2020. (Se adjunta informe completo).

Pese a la heterogeneidad de la muestra, que cuenta con la participación de 52 coordinadores/as de centros de Servicios Sociales municipales repartidos por diferentes comunidades autónomas, se identifican en líneas generales la llegada de nuevos perfiles de personas usuarias que hasta el momento nunca habían estado en Servicios Sociales. Las profesionales entrevistadas alertan sobre las posibles consecuencias de la falta de atención presencial durante tantos meses. Se destaca la importancia de la presencialidad en su función de trabajadoras sociales y las limitaciones que conlleva la atención virtual cuando es necesario valorar la situación de una persona o de una familia. La falta de información de los casos, derivada de la falta de observación, es la consecuencia más destacada por parte de las trabajadoras sociales. De ahí que expresen la necesidad de volver a la presencialidad (de manera controlada y con protección) y de reactivar el trabajo social con grupos y comunitario para recuperar la razón de ser de su trabajo: la intervención social.

Después del boom de los primeros meses donde la demanda creció, han sido capaces de retomar las intervenciones previas con personas usuarias “de toda la vida” y compaginarlo con los nuevos perfiles detectados (nuevas personas usuarias que se quedan sin ahorros o vinculados a la economía sumergida, personas de origen extranjero y solicitantes de asilo, familias que no reciben respuesta de la solicitud del IMV y personas con situaciones psicológicas severas como consecuencia de la pandemia).

Ahora bien, las trabajadoras sociales no dejan de alertar de que el final de los trabajos temporales, el cierre de la hostelería y la finalización de los ERTEs puede acabar con la estabilización de las demandas que se había experimentado en los meses otoñales, trayendo un preocupante aumento de las solicitudes de ayuda. En este sentido, desconocen si quedarán recursos suficientes para atender a todas las personas.

En cuanto al funcionamiento de los centros de Servicios Sociales, es imposible hablar de una vuelta a la normalidad total, pues, aunque los centros hayan ido reabriendo poco a poco y en todos ellos se preste atención presencial, siguen contando con numerosas limitaciones como la imposibilidad de realizar intervención grupal y comunitaria, la recomendación de evitar las visitas domiciliarias o la priorización del seguimiento a las personas usuarias por vía telefónica o por email. Evidentemente esta falta de la presencialidad en Servicios Sociales puede traer consecuencias a la hora de valorar situaciones de riesgo.

La compleja situación que se está viviendo tanto en el sistema sanitario como en el sistema de Servicios Sociales hace que las trabajadoras sociales se sientan agotadas, preocupadas y con cierto desconcierto porque advierten que lo que está por llegar, va a ser peor y no saben muy bien cómo van a poder hacer frente a la situación de crisis social que ya se percibe. La presión sostenida de todos los meses anteriores acaba por desgastar a unas profesionales cuyo nivel de implicación y responsabilidad es muy elevado.

A pesar de lo expuesto, se han ido desarrollando estrategias, medidas y herramientas para adaptarse a la nueva situación, diseñando nuevos programas para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. Explican también que la continuidad de las ayudas económicas y su duración se convierte en una preocupación común en todos los centros de Servicios Sociales. Finalmente, identifican que el hecho de que los efectos de la pandemia sean generalizados ha traído consigo que muchas personas acudan a Servicios Sociales sin sentir vergüenza. Este hecho es valorado como algo positivo por las trabajadoras sociales que sienten que los Servicios Sociales están junto a la ciudadanía.

El monitor del impacto en Servicios Sociales tiene previsto el seguimiento hasta septiembre del 2021 con la publicación de informes cada dos meses. Las investigadoras de las cinco universidades públicas continuarán dando visibilidad al esfuerzo, la dedicación y la implicación de las diferentes profesionales que conforman los centros de Servicios Sociales.

 

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