Desde 1999, la ONU declaró el 25 de noviembre el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. En una fecha como hoy, cabe recordar que pocos fenómenos requieren un estudio tan interdisciplinar como la violencia de género. La educación en valores, la información y la prevención deben jugar un papel fundamental. Aunque a veces se nos olvide, las lesiones por esta lacra no son únicamente de carácter físico ni afectan solo a la víctima, sino a toda la sociedad.

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Pocos fenómenos requieren un estudio tan interdisciplinar como la violencia de género, quizá porque las lesiones por esta no son únicamente de carácter físico y no afectan solo a la víctima, sino a toda la sociedad.

En diciembre de 2017 habrán pasado 13 años de vigencia de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y más desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/2003 de 29 de septiembre. A partir de la perspectiva penal, las críticas han sido muy duras porque la reforma no ha unificado las conductas en las que ha incidido su reforma, de modo que están dispersas entre los diferentes capítulos y títulos que integran los delitos de maltrato y lesiones, violencia habitual, injurias, amenazas, coacciones y acoso. También se consideran poco adecuados los Juzgados de Violencia de Género porque se duplican las actuaciones judiciales y no resultan eficaces.

La valoración del daño físico y psíquico, la pericia médico forense en la violencia de género, no es sólo cuestión de médicos y de abogados, sino de sociólogos, de investigadores sociales, que ayuden a prevenir el delito y del poder político que diseñe políticas criminales con esa visión social y también la antropológica, la psicológica y la psiquiátrica.

No debemos anclarnos en el análisis del delito tras su comisión, lo sustancial es su prevención, la protección de la mujer, no sólo medidas reactivas, como compensación a las víctimas y el enjuiciamiento de los agresores, ya que estamos ante un atentado a los derechos humanos, al derecho de igualdad y no discriminación por razón de género.

Además de la formación en materia de igualdad de género para los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad y del poder judicial, esta protección debe adelantar posiciones a la agresión física, e incluir la lucha contra el acoso y la intimidación de mujeres y niñas sea cual sea su estrato social, que provoca el abandono escolar y la dificultad de acceso al empleo en igualdad de condiciones.

En esta tarea se posiciona el papel fundamental de la educación como valor y la información, con el fin de que las niñas acudan a su familia o a las autoridades escolares, y que las mujeres denuncien. Información que requiere de atención jurídica y social para que puedan solicitar auxilio con el objeto de refugiarse en alojamientos seguros e incluso evitar que los hijos menores de edad sean víctimas, como instrumentos para maltratar moral y  psicológicamente a las madres.

Se apunta hacia la visibilidad de las mujeres en posiciones de liderazgo, para romper con los papeles estereotipados de los géneros, como parte de la educación de la sociedad hacia la igualdad entre el hombre y la mujer, integrando una sana cultura de igualdad.

También resulta una asignatura pendiente de aprobar el peligro que corren las mujeres con discapacidad y las mujeres LGBTI, así como las pertenecientes a minorías étnicas, contra las que se producen delitos de odio.

Según el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia y todos sus tipos como la mutilación genital, no pueden argüirse la cultura, la costumbre, la religión, la tradición o el supuesto honor para justificar actos de violencia contra las mujeres.

El Parlamento Europeo, por su parte, dicta una Resolución, de 12 de septiembre de 2017 (P8_TA-PROV (2017) 00329), sobre la propuesta de la Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa antes citado ‘sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica’, en la que se adhiere a dicho Convenio y destaca que sus efectos se deben magnificar, no puede circunscribirse a los Estados miembros de la Unión Europea, hay que proteger también a las mujeres solicitantes de asilo y a las mujeres refugiadas, ya que hay países vecinos en los que las mujeres son utilizadas como armas de guerra, de ahí que se deba traspasar las fronteras, y colaborar con organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil y ONG.

Los observatorios para la recogida de datos y su correspondiente comparación, desglosados a nivel de la Unión Europea, según el Parlamento Europeo, podrían contribuir a que la Unión sea un actor mundial más eficiente en el ámbito de los derechos de la mujer.

En la lucha contra la discriminación, se exigen políticas activas en materia de inclusión social, diálogo intercultural y formación en el ámbito de la sexualidad y los derechos humanos. En esta línea de actuación está la formación en la universidad, espacio en el que se desarrollan actividades académicas y de divulgación para prevenir y estudiar la violencia de género.

Prueba de ello son las distintas iniciativas de la Oficina de la diversidad sexual e identidad de género, como servicio del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, y también de sus facultades y centros universitarios, como la Facultad de Derecho que los días 8 y 9 de marzo de 2017 celebró unas Jornadas, que tuve el gusto de dirigir, en las que participaron profesores de la facultad de Derecho, de la de Ciencias Políticas y Sociología, de la de Psicología y de la de Medicina, además de otros profesionales y personalidades del mundo político. Todas las actividades de la UCM son fruto de una madurez y concienciación al unísono de la demanda mundial a la igualdad y no discriminación en materia de género.

Irene Briones Martínez es Delegada del Decano para la Coordinación del Grado en Criminología de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

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