• Alejandro De la Torre Luque, investigador principal del Grupo de Investigación en Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental de la Universidad Complutense de Madrid, y coordinador de la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio, forma parte del equipo de expertos asesores en esta iniciativa conjunta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Congreso de los Diputados.

 

Madrid, 12 de noviembre de 2024.- La Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C) ha presentado nuevos informes de evidencia científica sobre cuatro temas de relevancia sociopolítica para nuestro país en el medio plazo:  Inteligencia artificial y educación; Prevención activa del suicidio; Materiales y materias primas críticas en la transición energética y Gestión sostenible de zonas costeras.

Alejandro De la Torre Luque, investigador principal del Grupo de Investigación en Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador de la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio, forma parte del equipo de expertos asesores en esta iniciativa conjunta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Congreso de los Diputados.

La conducta suicida es uno de los problemas de salud pública más desafiantes para el entendimiento humano y la explicación científica. En 2022 (último año con cifras oficiales definitivas publicadas), España registró el récord de 4.227 muertes por esta causa, convirtiéndola en la principal causa de muerte externa. Las cifras estimadas de intentos de suicidio llegan a multiplicar por 20 este número. 

Con este informe los expertos pretender ofrecer una visión integral de la conducta suicida para mejorar el conocimiento sobre el fenómeno, las principales barreras existentes para su prevención en el contexto español y la evidencia científica disponible que puede ayudar a solventarlas. 

Del estudio, se desprende que las medidas universales consideradas más efectivas incluyen la restricción de medios letales y los programas escolares de prevención. Aunque aún se necesita más evidencia para evaluar su eficacia, también se recomiendan la formación y la comunicación responsable en medios de comunicación, la sensibilización ciudadana y la implantación de líneas de ayuda telefónicas y en internet.

Las intervenciones selectivas deben dirigirse a grupos vulnerables, como personas mayores, profesionales como sanitarios, militares o policías, grupos en riesgo de exclusión social (personas sin hogar, LGTBIQ+, población reclusa, etc.), víctimas de violencia, personas con enfermedades crónicas o trastornos mentales, y quienes sufren adicciones. Y aconsejan la formación de guardianes o “gatekeepers”, para reconocer a personas en riesgo en contextos específicos y conectarlas con los servicios de ayuda, como una de las estrategias más efectivas en la prevención selectiva, aunque aún requiere de más estudios.

En el caso de personas que ya muestran conductas suicidas, las acciones indicadas que cuentan con una mayor eficacia reconocida son el uso de tratamientos psicológicos y farmacológicos con eficacia probada científicamente y la continuidad en la cadena asistencial. Las sigue el seguimiento de las personas en riesgo, por ejemplo, a través de las denominadas intervenciones breves. El enfoque terapéutico para la mejora de los procesos de evaluación y la formación en conducta suicida son también recomendables, aunque el nivel de evidencia en torno a ellas es algo menor. La última está indicada para todo el personal sanitario, incluido personal de salud mental, y todos los intervinientes en situación de crisis (sanitarios, cuerpos de bomberos o policía, etc.). Las nuevas tecnologías, como internet, la inteligencia artificial o dispositivos móviles, pueden también favorecer la evaluación de la conducta suicida y su prevención en el medio-largo plazo.  

 

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