Institutos Universitarios

Políticas públicas responsables e inteligentes

Autor: Sergio González Álvarez

FAISEM

 

Modalidad: Presencial

 

Abstract:

El presente trabajo tiene el objetivo de presentar el balance realizado por FAISEM de la puesta en marcha de una medida de discriminación positiva para el acceso al empleo público exclusivamente dirigida y reservada para personas con problemas de salud mental, tras los primeros cinco años de su implantación.

Desde su creación, hace 30 años, FAISEM ha promovido diferentes dispositivos, proyectos e iniciativas relacionados con la inclusión laboral, que han ido desde la constitución de servicios específicos de orientación, asesoramiento, entrenamiento y apoyo al empleo, la promoción de un grupo empresarial de iniciativa social cuyo objetivo es crear empleo para personas con problemas de salud mental, hasta el desarrollo y participación en programas externos dirigidos a la mejora de la empleabilidad de colectivos infrarrepresentados en el mercado de trabajo.

En todo este tiempo, y hasta la publicación de la Ley 4/2017, la opción del empleo público como vía relevante de inclusión para las personas atendidas en los servicios de empleo de FAISEM ha sido excepcional. Sin embargo, la introducción de una medida concreta de reserva de plazas de empleo público específicas para personas con problemas de salud mental, ha dado un impulso muy relevante a esta modalidad de empleo. El impacto de la medida de reserva en lo que a las personas con problemas graves de salud mental atendidas en los servicios de orientación y apoyo al empleo de FAISEM ha sido notable. Desde cifras de contratación en el sector público práctica anecdóticas tan sólo 1 año antes de la publicación de la Ley 4, hasta las más de 100 contrataciones al año desde entonces. En la actualidad, aproximadamente un 15% de toda la contratación registrada anualmente en los SOAE corresponde al sector público.

La Ley 4/2017, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía es una norma que aplica a la Comunidad Autónoma de Andalucía los principios recogidos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ratificada por España en 2007 y que pone a las personas con discapacidad en el centro de todas las decisiones y medidas a promover para su plena inclusión social y laboral y desarrollo de su proyecto vital. La norma propone medidas en todos los ámbitos de la vida de las personas, centrando uno de sus Títulos para la formación y el empleo, elemento clave para el logro de la plena ciudadanía de las personas en situación o en riesgo de exclusión social.

Destacando todo lo conseguido, también quedan retos muy importantes para conseguir que la reserva se aplique a las personas con mayores dificultades de inclusión y mantenimiento de sus empleos. La correcta definición de criterios de inclusión y exclusión para ser beneficiario de la reserva, la determinación de las adaptaciones más efectivas en todo el proceso, la gestión adecuada de la obtención de los informes de aptitud profesional o del propio certificado de discapacidad y la creación de ecosistemas inclusivos son aspectos destacados a afrontar en los próximos años.