Autor: Anxo Varela Hernández

CESEG

 

Modalidad: Presencial

 

Abstract:

El último informe de seguridad nacional, correspondiente al año 2023 y publicado en febrero del presente año, insiste en que la desinformación se ha convertido en uno de los fenómenos que entrañan mayor riesgo para el Estado de Derecho; no solo por su configuración presente, sino por las tendencias futuras y su difícil abordaje, lo que hace presagiar que su pronóstico de mejora es comedido, debido, en parte, a que cada vez tiene mayor importancia en el contexto de guerras híbridas en el que nos hallamos. 

Sin embargo, la desinformación no solo ha de preocuparnos como una amenaza en manos de terceros estados, sino que sus ámbitos de afectación y consecuencias son diversos y nos influyen en nuestro día a día: en el debate político, en lo que concierne a la protección de la mujer, en el ámbito de la salud… De hecho, por citar un ejemplo, la memoria del año 2011 de la Fiscalía General del Estado (que citamos por lo paradigmático de sus conclusiones) reitera, en su capítulo 3 y en relación con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la falta de rigor informativo en cuanto a las denuncias falsas, lo que sin duda afectó sobremanera a la consecución de la finalidad perseguida con dicha norma. Más allá de ese ejemplo, el 9 de septiembre del 2024 la justicia francesa avalaba la retirada de ayudas públicas a un medio por difundir bulos sobre la salud. Todo ello es una muestra de la falta de rigor informativo que existe en la actualidad, en especial, como contrapartida de la libertad que nos otorgan las redes a los particulares a la hora de expresarnos online. Con todo, parte de la responsabilidad también recae en la prensa tradicional, que se ha dejado influenciar por las nuevas técnicas comerciales que les permiten obtener un mayor rédito económico, como el clickbait, fruto del cambio de modelo que sostenía su financiación. 

Así las cosas, el ser humano del presente se desarrolla en un ecosistema absolutamente infoxicado, en el que es más difícil que nunca diferenciar la verdad de lo que no lo es. Es por ello que debemos preguntarnos qué soluciones existen frente a un fenómeno de tal envergadura, siempre en el marco del escrupuloso respeto por la libertad de expresión e información contenidas en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978. Ello, porque aunque las medidas tomadas a posteriori (es decir, una vez se ha producido la desinformación) pueden devenir ineficaces, siempre serán más adecuadas que aquellas que se lleven a cabo a priori, que corren el riesgo de caer en el ámbito de la censura. 

En este sentido, la presente ponencia pretende hacer un análisis del problema, esto es, de la desinformación como riesgo para la democracia en tanto afecta a la conformación de la opinión pública democrática, para terminar abordando las potenciales soluciones que permitan a la ciudadanía obtener la información de la manera más pulcra posible, siempre bajo el amparo de la libertad de expresión e información; límites inquebrantables en la lucha contra uno de los mayores problemas de nuestros tiempos. Para ello, se prestará especial atención al papel de la prensa tradicional, de los códigos deontológicos y, en general, de todas aquellas medidas de softlaw que han demostrado ser eficaces y que ya se están implantando con un éxito moderado.