Autor: Dhayana Carolina Fernández Matos

Universidad Simón Bolívar 

 

Modalidad: Presencial

 

Abstract:

La tolerancia institucional ante la violencia contra las mujeres por razones de género se vincula con las actitudes y prácticas de los funcionarios y las funcionarias públicas ante esta problemática. Incluye el incumplimiento de los deberes que tiene el Estado en asegurar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias, lo que en no pocas ocasiones no se debe a la falta de la normativa que regule esta situación, sino a la persistencia de estereotipos, actitudes y percepciones que la perpetúan.

En este trabajo se aplicó una metodología cuantitativa y se diseñó una encuesta que se aplicó a las funcionarias y los funcionarios públicos del departamento de La Guajira que tuvo como objetivo conocer sus opiniones sobre la violencia intrafamiliar y la violencia sexual; identificar la percepción que se tiene sobre este tipo de violencia y evaluar sus conocimientos sobre el tema.

El cuestionario se compuso de 42 preguntas cerradas y con respuestas de selección simple en una escala de Likert. Se definieron dos ejes analíticos opinión y percepción. Se estructuró a partir de 4 categorías: 1) violencia intrafamiliar (violencia en la casa y en la familia); 2) violencia en el contexto de las relaciones de parejas o exparejas; 3) castigo físico a niños y niñas y 4) violencia sexual.

El tipo de muestreo fue por conveniencia. Se aplicó a funcionarios y funcionarias públicos/as que aceptaron llenar la encuesta. En total contestaron 94 personas, 31 hombres y 63 mujeres.

Para la mayoría de las personas entrevistadas, la violencia en la casa y en la familia es bastante común en el departamento de La Guajira. La percepción dominante es que no afecta de igual manera a todos los integrantes de esta. Hay mayores riesgos por ser mujer y según el ciclo vital, por ser niña, adolescente o mujer adulta. Se considera que es menor en las mujeres adultas mayores.

La mayoría de las personas encuestadas considera que la violencia en el contexto de las relaciones de pareja es un problema social del cual debe ocuparse el Estado y la sociedad en conjunto. Esto implica que la mayoría lo ve como un problema público y que existe conciencia sobre la necesidad de que el Estado tome medidas para prevenir, atender y erradicar este flagelo. No obstante, llama la atención que aún 2 de cada 10 funcionarios y funcionarias públicos/as lo siguen considerando un asunto privado.

Se recomienda el desarrollo de programas de formación al funcionariado público, que sean de obligatorio cumplimiento, sobre los derechos de las mujeres, los enfoques de derechos humanos, de género e interseccional; sobre las problemáticas y las dinámicas de las violencias contra las mujeres; sobre el ciclo de violencia en las relaciones de pareja, entre otros temas que requieren manejar de manera correcta para dar una buena atención y garantizar los derechos de las mujeres.