Autor: Gisell Natalia Vargas Benavides

 

Modalidad: Presencial

 

Abstract:

Colombia enfrenta un importante proceso de conversión y modernización en su aparataje institucional para atender las necesidades e iniciativas asociadas con el ordenamiento y desarrollo del territorio, sus poblaciones y sus ecosistemas, para esto ha sido clave la configuración de la relación entre el estado y los actores sociales, así como la entrada en vigor de nuevas formas de construir y administrar lo público como lo es el reconocimiento y regularización de las Asociaciones Público Populares o Comunitarias- APPoC. 

El objetivo de este estudio es contribuir al entendimiento y demostración sobre cómo esta acción política aporta significativamente a la construcción de los procesos de gobernanza local y regional del país. En este contexto, se parte del marco legal y conceptual de las Asociaciones Público Populares o Comunitarias, entendidas como un instrumento contractual de vinculación entre entidades públicas y los diferentes instrumentos asociativos de origen comunitario para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo. 

En segundo momento, se profundiza sobre el papel del estado en la coordinación de acciones y el rol de la sociedad, en el entendido de que una política de este alcance debe ser comprendida como como el resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público y de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y participación de los actores clave o priorizados. Como tercer punto, se presenta un análisis sobre los avances del país en materia de política pública y de las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”, en lo referido al reconocimiento e impulso a la economía popular y comunitaria, donde se establecen estrategias para el desarrollo sostenible y el crecimiento de unidades económicas y formas de asociatividad. 

Por último y con base en el estudio de caso, se establece una serie de recomendaciones y retos para que Colombia logre posicionarse como un referente para América Latina y el Caribe por sus buenas prácticas en materia de gobernanza, manteniendo los principios de innovación, participación ciudadana, transparencia, flexibilidad, equidad y justicia social para decidir, ejecutar y evaluar asuntos de interés público.