Autor: Santiago Juan Manuel Herrera

SIGEN- República Argentina

 

Modalidad: Online

 

Abstract:

1. Como bien es sabido, las grandes obras de infraestructuras requieren de un marco jurídico adecuado, que asegure al inversor el cumplimiento de la ecuación económica financiera proyectada al momento de inicio del emprendimiento.

Un eventual inversor analiza no sólo la viabilidad del negocio, si no las condiciones de infraestructura y el marco jurídico que las ampara en caso de intervención por parte del Estado donde sean desarrolladas
Y los ejemplos son de variada naturaleza, hasta encontramos que en el servicio de telefonía celular y transmisión de datos (TICS), la intervención del Estado en el sector puede generar procesos de expropiación inversa con su consecuente desinversión en materia de infraestructura.
A los cambios regulatorios producto de las innovaciones tecnológicas, se suma – en el caso de la República Argentina- una permanente declaración de emergencia económica. Lo que agrava el contexto de desarrollo de inversiones en materia de infraestructura.

II. En materia de grandes obras de infraestructura podemos calificar este proceso de desinversión y su consecuente déficit crónico en dos grandes grupos.
II.1. Por un lado, los servicios de construcción y operación concedidos por un Estado en condiciones de exclusividad.
Sea esta exclusividad generada de manera natural como lo puede ser una autopista; o bien concedido en exclusividad mediante la creación de una figura legal a tal efecto (vgr. Aeropuertos).
II.2. Por otro lado encontramos, aquellas obras de infraestructura ejecutadas por un privado en predios públicos donde la actividad a ser desarrollada para amortizar las inversiones será ejercitada en competencia con otros concesionarios.
Un ejemplo de esto lo encontramos en el segmento portuario donde el inversor evalúa la variable de infraestructura no solo las condiciones de navegabilidad del acceso al puerto, su interconexión con ferrocarriles y carreteras, su profundidad, la calificación de las cargas con las que opera el puerto, entre otros aspectos de infraestructura.
A esta variable, se suma la variable económica mediante la cual el inversor evalúa los costos operativos de su actividad (tasas y cánones a ser abonados) y proyecta su ecuación económico financiera a los fines de planificar su inversión.
Pero otra de las variables a ser tenida en cuenta, es la variable jurídica. Es decir que, si el inversor no encuentra un marco jurídico apto para realizarlas, se produce un atraso en materia de infraestructura. Un proceso de esta naturaleza lo encontramos en los puertos donde operan los regímenes portuarios. II.3. En el caso de la República Argentina en materia portuaria una dispersión normativa provocada producto de la desregulación de la actividad, ha generado vacíos legales y regulaciones símiles en cada uno de los puertos de la República Argentina. La falta de claridad en reglas disuade la atracción de inversiones, con su consecuente déficit crónico en materia de infraestructuras.
Si a este proceso de desinversión se suma una constante crisis económica, se acentúan aún más las falencias en materia de infraestructura puesto que en el caso de la República Argentina, las declaraciones de emergencia económica obran en distintas normas desde el año 2000.
III. Sintéticamente, la disertación propuesta se adentrará en aspectos relativos a la declaración de una emergencia económica y su impacto sobre la generación de inversiones. A esta declaración permanente de emergencia económica, se suma la presencia de marcos jurídicos endebles, que serán identificados en la exposición.
Y en el caso en particular de la República Argentina veremos cómo han incidido las permanentes declaraciones de emergencia económica y los regímenes jurídicos endebles a la hora de generar inversiones de infraestructura en el territorio nacional. Y mostraremos cómo este proceso impacta en lo que llamamos déficit crónico en materia de infraestructura.