Autor: Jorge Resina

Universidad Complutense de Madrid-ICCA

 

Modalidad: Presencial

 

Abstract:

A pocos días de tomar posesión, una de las primeras medidas aprobadas por el Gobierno de Javier Milei fue el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación -denominado coloquialmente protocolo anti-piquetes- con el objetivo de restringir las protestas callejeras, sancionando tanto económica como penalmente a aquellos que infrinjan las nuevas reglas que, entre otras cuestiones, obligan a manifestarse en la acera, sin provocar cortes de tráfico. Una normativa que durante los primeros meses del nuevo Gobierno ha ido acompañada de una estrategia discursiva por parte del Ejecutivo, orientada a estigmatizar a aquellos que se movilizan, y que encuentra en la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su principal exponente crítico. A partir de este contexto, esta ponencia aborda, primero, la discusión más general sobre los procesos de criminalización de la protesta para, en segundo lugar, estudiar el caso argentino.