Autor: Williane Isidoro da Silva

Universidad Federal de Pernambuco

 

Autor: Raimundo Nonato Rodrigues    

Universidad Federal de Pernambuco

 

Modalidad: Presencial

 

Abstract:

La preocupación por las divulgaciones que van más allá de la información financiera ha ido en aumento en los últimos años, especialmente como resultado de eventos como la pandemia de COVID-19, desastres naturales y problemas con los residuos provenientes de la industria. (Palombella, 2021, p. 1). Publicar sobre cuestiones ambientales y sociales está ganando cada vez más espacio en las discusiones sobre divulgaciones realizadas por empresas en todo el mundo.

En este contexto, el ISSB (International Sustainability Standards Board), que es un organismo del IFRS, tiene la misión de alinear las bases de los estándares para las divulgaciones sobre sostenibilidad, de manera que se satisfagan las necesidades de información de los inversores (Bircan & Özcan, 2023, p. 22). Inicialmente, en 2023, se divulgaron dos normas: la IFRS S1, que presenta principios básicos sobre divulgaciones de riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad (como un marco conceptual), y la IFRS S2, que se centra en cuestiones climáticas. A pesar de haber sido publicadas recientemente, algunos países ya expresan preocupación sobre la aplicación de estas normas (Kampanje, 2023, p. 2). En Brasil, por ejemplo, a través de la resolución 193/2023 de la CVM, ya se indica su aplicación de manera voluntaria. Sin embargo, a partir del ejercicio social de 2026, su aplicación será obligatoria, con plazo hasta mayo del año siguiente.

Según Souza y Rodrigues (2023), las micro, pequeñas y medianas empresas (MPMEs) son relevantes para el desarrollo económico del país. Las prácticas sostenibles pueden permitir que progresen en este ámbito y logren un desarrollo que se mantenga a lo largo del tiempo. Las MPMEs a menudo forman parte de la cadena productiva de otras empresas más grandes, lo que resalta su importancia en relación con las prácticas sostenibles. Haciendo un análisis más específico, es posible observar que ciertos programas de financiamiento tienen objetivos orientados a la sostenibilidad, como se puede ver en el Fondo Constitucional de Financiamiento del Nordeste (FNE), uno de los fondos creados por la Constitución Federal Brasileña de 1988, junto con el Fondo Constitucional de Financiamiento del Norte (FNO) y el Fondo Constitucional de Financiamiento del Centro Oeste (FCO). Su objetivo es brindar incentivo y apoyo a actividades productivas a través de financiamiento, con la asignación de recursos obtenidos de recaudaciones de porcentajes del impuesto sobre la renta (IR) y del impuesto sobre productos industrializados (IPI). Estos recursos se distribuyen a través de instituciones financieras de carácter regional, siendo el Banco do Nordeste el responsable de la distribución de los recursos del FNE. El Banco do Nordeste pone a disposición datos históricos relacionados con sus contrataciones de recursos, incluidas las MPMEs, a partir de los cuales se pueden definir indicadores que permitan investigaciones sobre su actuación en al menos tres dimensiones de la sostenibilidad (Ambiental, Social y Económica).

Con base en los aspectos expuestos, surge la pregunta: ¿Son realmente sostenibles las MPMEs de Pernambuco que reciben recursos del FNE desde la perspectiva del ESG?