Autor: Cristina Díez Villar 

Fundación Manantial

 

Autor: Segundo Valmorisco Pizarro

Universidad Complutense de Madrid

 

Autor: Carlos de Fuentes Gª-Romero de Tejada

Universidad Complutense de Madrid

 

Modalidad: Presencial

 

Abstract: 

Como es conocido (Instituto Nacional de Estadísticas, 2023), las personas con discapacidad por problemas de salud mental presentan unos datos de inserción laboral que exigen la existencia de políticas públicas de empleo que apoyen a este colectivo en la consecución de empleo. En efecto, sólo un 18,9% está trabajando y su tasa de actividad es menor del 30% (concretamente, un 29,2%). Además, se trata del grupo de población que peores cifras aporta dentro del gran y heterogéneo colectivo de las personas con discapacidad. 

Para apoyar al colectivo, en España existe en la actualidad un mosaico diferenciado de políticas públicas de empleo dirigidas a las personas con problemas de salud mental. Cada Comunidad Autónoma sustenta sus propias políticas y recursos para apuntalar la inclusión sociolaboral de este grupo de población.

Conscientes de esta realidad, desde el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA) se ha impulsado desde 2023 un Grupo de Trabajo formado por representantes de todas las Comunidades Autónomas, para trabajar de forma colaborativa con el objetivo de consensuar un modelo armonizado de políticas públicas de salud mental y empleo.

Entendemos que el primer paso consiste en realizar un diagnóstico de situación, cuestión que aún no ha sido abordada en nuestro país. En concreto, se están analizando las siguientes variables de cada realidad autonómica: 1) número de plazas y total de atenciones existentes; 2) número de dispositivos con los que cuenta cada Comunidad Autónoma y 3) la naturaleza de los mismos; 4) existencia o no de listas de espera; 5) descripción de los equipos de trabajo y 6) fases del proceso de inserción laboral y del centro de derivación de las personas; 7) ratios de intervención, esto es,  número de personas atendidas por cada profesional; 8) ente financiador de los recursos existentes; 9) presupuesto anual de los dispositivos; 10) qué fórmula de financiación utilizan y 11) cuál es la consejería o consejerías responsables de estas políticas; 12) si se aceptan inserciones en empleo protegido (centros especiales de empleo) y 13) si se realiza políticas de seguimiento tras la inserción. 14) Si existe tiempo máximo de estancia en los recursos y 15) cuál es el tiempo medio que una persona usuaria de los recursos está en el dispositivo. Asimismo, se analizará 16) qué modelo de políticas de empleo se pone en práctica (empleo con apoyo, rehabilitación laboral o modelo de inserción laboral basado en empresas sociales públicas o centros especiales de empleo). Y, por último, 17) cuáles son las tasas de inserción.

A partir de este diagnóstico, donde quede evidenciada la disparidad de políticas públicas de atención y las diferencias entre unos y otros territorios dentro del conjunto del Estado, este Grupo de Trabajo pretende elaborar una propuesta de armonización de políticas de empleo para el colectivo de salud mental grave.

La Comunicación consistirá en exponer el estado de situación de esta iniciativa de liderazgo llevada a cabo desde la Universidad, con el imprescindible apoyo de profesionales de diferentes recursos de empleo pertenecientes a diversas Comunidades Autónomas de la geografía española.

Referencias Bibliográficas:

- Instituto Nacional de Estadística. (2023). El empleo de las personas con discapacidad, accesible en: https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=49183&L=0