Autor: Margarita Riquelme González

Universidad San Sebastián

 

Modalidad: Online

 

Abstract:

A partir del empoderamiento de los derechos humanos se ha establecido que la igualdad y la dignidad de las personas deben ser valores y principios absolutos altamente reconocidos por toda la sociedad y por los Estados. En ese sentido el principio de no discriminación es uno de los principales pilares sobre el cual se sostiene la democracia occidental (Salazar et al, 2006). 

El Estado, atendiendo a que debe velar por la dignidad de las personas y por el principio de igual y de no discriminación, ha implementado una serie de medidas en aras de poder corregir la heteronormatividad que se evidencia en su sociedad. En el caso de Chile se han establecido distintas medidas y políticas públicas en función de poder generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. No obstante, se sigue evidenciando un predominio de la masculinidad sobre la feminidad a la hora de poder establecer parámetros objetivos de una igualdad sustantiva. 

Ante esto, el Estado ha realizado políticas y medidas que buscan corregir este problema social, una de ellas es el Sello Empresa Mujer que permite a los compradores poder identificar empresas lideradas por mujeres, promoviendo la participación en las contrataciones públicas del Estado con enfoque de género (licitaLAB, 2023). La implementación y ejecución da la posibilidad de validar y legitimar a la mujer y a las empresas lideradas por mujeres como entidades capaces de satisfacer las necesidades y problemáticas de la población.

Esta investigación tiene como objetivo analizar y determinar el conocimiento que tienen los tomadores de decisiones, especialmente de compras públicas, en las entidades principales de la Región del Bío-Bío (Gobierno Regional, Delegación Presidencial, Municipalidad de Hualpén, Municipalidad de Concepción y Municipalidad de Talcahuano), respecto a lo que es esta normativa. Para ello se ha establecido realizar un enfoque cualitativo de carácter descriptivo y exploratorio, con un análisis documental -realizado entre los años 2023 y 2024- en los cuales se determinará el nivel de participación de las mujeres en las compras públicas en estas entidades. 

El supuesto de investigación es que los tomadores de decisiones en compras públicas en estas entidades conocen la norma, pero no la aplican a cabalidad porque asumen o presumen que esto va a quitar la calidad en la prestación de servicios respecto a entidades que tienen la experiencia.