Madrid, 26 de julio de 2013.- El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid manifiesta su más enérgico rechazo al desproporcionado incremento de los precios públicos, según decreto 60/2013, para los estudios de Grado, de Licenciatura y de Ingeniería. Por segundo año consecutivo la Comunidad de Madrid traslada a los estudiantes y sus familias una parte importante de la financiación de la educación pública superior.

 

En los dos últimos cursos académicos las primeras matrículas de Grado han aumentado su precio más de un 60% y las de Máster oficial han alcanzado un 115%. Ello coincide con la propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de reducir la cuantía y el número de las becas y ayudas para los estudios universitarios, así como de endurecer los requisitos académicos y económicos para poder optar a las mismas. En la prolongada situación de grave crisis económica con elevadas tasas de desempleo, las políticas de los gobiernos nacional y autonómico, generan niveles de desigualdad social insólitos en nuestro país en las últimas décadas, que provoca la exclusión de la educación superior de las familias con menos recursos y por ello más vulnerables.

 

La Universidad Complutense, consciente de su responsabilidad y compromiso social, está tomando medidas que ayuden a paliar los efectos más graves de dichas políticas. Sin embargo, dado que la financiación pública recibida se ha visto mermada en más de un 20% en los cuatro últimos años, no puede dedicar todos los fondos que desearía para este fin. Es preciso destacar que los recortes a las universidades públicas madrileñas, impuestos por la Comunidad de Madrid, duplican en ese período a los que el Gobierno de España ha determinado para el Gobierno Regional. Por tanto, las universidades públicas están sufriendo más que otros sectores los efectos de las políticas de austeridad. El discurso de la Comunidad de Madrid es perverso, ya que pretende hacer creer a la sociedad que las universidades tienen competencia para fijar precios públicos y rebajar los establecidos en el decreto, lo que entra en contradicción con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades (Art. 81.3 b).

 

La mayoría de las comunidades autónomas promueven una política con medidas menos lesivas para la universidad, por entender que la educación superior es un derecho constitucional y un elemento esencial de cohesión social y motor del desarrollo. Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid exige la derogación del Decreto 60/2013, la congelación de los precios públicos de los estudios oficiales universitarios y el mantenimiento de las transferencias a las universidades públicas.

 

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