Currículum

María José Barahona Gomariz inició su trayectoria docente en la Universidad Complutense, en la Facultad de Trabajo Social, en la cual ha ocupado distintos cargos de gestión académica, desde 2007 hasta 2016, como vicedecana de Practicum y Relaciones Institucionales; y de 2017 a 2023 como directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Su actividad investigadora, tanto como IP como participante, y profesional, tiene una misma trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional: el fenómeno de la prostitución, tanto en sus causas como en sus consecuencias y efectos colaterales.

Áreas de trabajo

“La Delegación del Rector para las Políticas Sociales centra su contenido en el conjunto de medidas, de carácter institucional e instrumental, que son movilizadas para alcanzar el fin propuesto de la no discriminación y la inclusión que afecte a cualquier persona de la comunidad complutense. Es decir, son las políticas destinadas a hacer frente a la desigualdad, la inequidad y la injusticia experimentadas por sus miembros.

Son políticas sociales “operacionales”, respuestas de la UCM plasmadas en estrategias y acciones dirigidas a todos los sectores -estudiantado, PDI y PTGAS-, que eliminen o, en su caso, disminuyan, los efectos y la severidad de una situación dada, experimentada por una persona, que limita el desarrollo de sus competencias en el entorno laboral, social y de aprendizaje. El epicentro es la persona y su experiencia, que da lugar a una situación que afecta al individuo y su entorno o viceversa.

La Delegación pretende garantizar que ningún miembro de la UCM sea objeto de discriminación y, que la diversidad no sea causa de la misma. Para ello, se diseñarán políticas de acción positiva, compensatorias, para prevenir, disminuir o eliminar, en cada caso, las situaciones que afectan al bienestar de las personas, ya sea mediante atención individualizada o colectiva.

La UCM defiende y se compromete con la igualdad, respetando la diversidad. Por ello, la equidad es nuestra respuesta con el fin de eliminar o disminuir diferencias injustas atendiendo a las desventajas que pueden derivarse de las mismas.  Inherente a la diversidad es la aceptación y respeto. Cada persona es única e irrepetible, “esa” persona, por tanto, las diferencias no son ni deberían ser un factor de descalificación o desprecio.

Entendemos la equidad como principio o capacidad de ser justos o de impartir justicia, partiendo del principio de igualdad, pero considerando las características individuales y las circunstancias de cada persona, sin discriminación. La equidad es pues un instrumento. Es la búsqueda de la justicia para que exista la igualdad. Es un prerrequisito de ésta.

Para el cumplimiento del fin propuesto y, en respuesta al articulado implicado de la LOSU, se presenta una estructura con una Unidad de Diversidad, en la que se integra el Servicio de Atención a la Persona con Discapacidad (art. 43), junto a la atención de cualquier discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, condición socioeconómica, idiomática o lingüística, afinidad política y sindical, por razón de su apariencia, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 37); y una Unidad de Atención Social, que ofrece información, valoración y, si procede, derivación a los servicios públicos.

Se fomentará la cooperación y colaboración intra e interuniversitaria, así como con otras organizaciones y Administraciones Públicas mediante, entre otros instrumentos, la creación de alianzas estratégicas y redes de colaboración (art. 14).

Asimismo, el Observatorio de las Políticas Sociales observará, medirá y evaluará tanto las necesidades manifestadas por la comunidad complutense como detectadas por la Delegación, así como el propio funcionamiento de esta”.