10 ABR 2015 - 14:14 CET

Cesar Gaviria Trujillo hace parte de la Comisión global de políticas sobre drogas y es también quien, en calidad de presidente de Colombia, lideró la persecución contra Pablo Escobar. Gaviria fue el invitado a La Cátedra Pública de la Rectoría de la Universidad de Antioquia para tratar la cuestión de la guerra contra las drogas y la legalización. En este escenario, Gaviria afirmó que Colombia en materia de drogas debe probar políticas orientadas por la regulación en vez de la prohibición. Él señaló que la prohibición es una perspectiva moral que desconoce las evidencias científicas. Este enfoque, según Gaviria, resulta ineficaz porque las cárceles siguen llenas de consumidores, la demanda no cesa y la oferta crece y diversifica.

Igualmente, criticó que dicho enfoque deja a un lado las políticas públicas de salud y derechos humanos para centrarse en la lucha contra el narcotráfico, el cual resulta como un problema de seguridad. Por estos motivos, Gaviria Trujillo insistió en la necesidad de quebrar el tabú de la prohibición que, entre otros efectos, ha conducido a negar u obstaculizar los estudios científicos sobre las drogas ilícitas. Hacerlo permitiría “no seguir perpetuando el mismo ciclo de guerras inútiles y fracasos previsibles”.

La propuesta de Gaviria Trujillo es conocida con mayor difusión desde que empezaron a publicarse los informes de la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma. En este tipo de informe son variados y amplios los argumentos que ponen en discusión la pertinencia de la prohibición como criterio orientador de la política de drogas a nivel mundial. En efecto, el postulado “un mundo libre de drogas” contrasta seriamente con las evidencias científicas que, de un lado, cuestionan la percepción moral según la cual las drogas son por serlo malas y, del otro lado, señalan como un indicador del fracaso de la prohibición el hecho de que en el mundo el crecimiento y la diversificación del mercado de las drogas ilícitas ha sido precisamente en el marco de la política orientada por el principio prohibicionista, los resultados obtenidos niegan los objetivos declarados de esta política.

A partir de este planteamiento, la propuesta de cambiar de paradigma apunta, como indica Gaviria, a pasar del principio de la prohibición a la regulación. Tal cambio conduce a modificaciones importantes de la política de drogas, empezando por el punto de partida, es decir, no se trata ya de liberar al mundo de las drogas (anti) sino, más bien, de aprender a vivir con ellas, a regularlas. Para lograrlo, el papel regulador del Estado es importante, especialmente porque el giro en la política conduce a que el Estado asuma tanto el problema como las soluciones desde la lógica de la salud pública y los derechos humanos. Estos propósitos indiscutiblemente marcan una ruptura con el modelo prohibicionista y han sido por eso los de mayor difusión y cubrimiento mediático.

Sin embargo, el papel regulador del Estado en materia de drogas no desecha, como podría pensarse, el recurso de la violencia. Como puede verse en los informes de las Comisiones de drogas, el cambio de paradigma también busca hacer más eficiente al Estado en el combate contra las redes de narcotráfico y problemas conexos, por ejemplo, la criminalidad y la corrupción. Visto así, la regulación, aunque privilegia medidas en el campo de la salud y la educación como parte de una estrategia integral, sigue haciendo uso de la fuerza armada estatal para atacar distintos momentos del ciclo del mercado de drogas ilícitas, principalmente el eje de la comercialización, o sea los intermediarios entre productores y consumidores.

La intención de hacer eficiente el uso de la fuerza armada para regular el mercado de drogas ilícitas conduce, entre otros motivos, a que, por ejemplo, se abra la discusión de la legalización del cannabis. La argumentación a favor de la eficiencia reconoce: uno, que el mercado del cannabis es de los más grandes del mundo, cuenta con millones de consumidores, rasgo que a la vez lo hace incontrolable. Dos, aunque el cannabis genera importantes dividendos económicos estos no son tantos como los que produce la cocaína y otras drogas y, tres, el cannabis es una droga blanda o de menor daño respecto a otras, con lo cual muchas veces causa más lesión la aplicación de la política antidrogas que el consumo mismo. En estos términos, la evidencia científica y los resultados de la política pública de drogas muestran que el Estado gasta demasiados recursos en criminalizar a los productores y consumidores de cannabis obteniendo pésimos resultados. Legalizar el cannabis permitiría entonces liberar la fuerza armada estatal de este renglón de la economía de las drogas y concentrarla en otros de mayor urgencia, como es la cocaína y la heroína.

Pasar de la prohibición a la regulación permitiría una política de drogas con enfoque de salud pública y educación, lo cual es sin duda un avance importante respecto al anterior modelo, pero no debe confundirse el cuestionamiento a la prohibición, como los que hace Gaviria, con la renuncia del Estado a regular el mercado de las drogas usando también la fuerza armada. El carácter de eficiencia estatal en este campo permite entender una de las expresiones utilizadas por Gaviria Trujillo en la Cátedra: “seguir perpetuando el mismo ciclo de guerras inútiles y fracasos previsibles”, se trataría entonces de que la regulación, como estrategia integral, permita hacer una guerra eficiente, una que logre mantener el mercado de drogas ilícitas en sus proporciones.

Adrián Restrepo Parra

Profesor

Instituto de Estudios Políticos

Universidad de Antioquia

Colombia