Resumen. El actual régimen de control de drogas en todo el mundo es consecuencia de aplicar los tres Tratados de Naciones Unidas (1961, 1971 y 1988) que fiscalizan plantas (arbusto de coca, adormidera y cannabis) y sustancias psicoactivas (heroína, cocaína, anfetaminas, THC, sedantes, hipnóticos, etc.). Este régimen legal internacional busca desde hace más de un siglo conseguir "un mundo libre de drogas", llegándose a lanzar una "guerra contra las drogas". Se ha fracasado porque cada vez hay más drogas, más baratas, más peligrosas y más disponibles (incluso para los menores de edad). Además, el régimen de fiscalización y prohibición ha provocado muchos efectos negativos –no buscados, pero que se han producido- y que se enumeran: 1. Sustancias muy peligrosas circulando y disponibles 2. Fortalecimiento del crimen organizado 3. Estados fallidos por el poder del crimen organizado o con graves infiltraciones en sus policías, políticos o miembros del Poder Judicial 4. Imposibilidad de investigar con determinadas sustancias y de utilizarlas terapéuticamente; 5. Daños a la salud pública por falta de control de las sustancias y de los métodos de consumo (la expansión del SIDA se vincula con el consumo insalubre de la heroína mediante jeringas que se comparten); 6. Violación de derechos humanos y afectaciones al medio ambiente; 7. Sistemas carcelarios y judiciales sobrecargados; 8. Relaciones internacionales viciadas, por hegemónicas y asimétricas. Ante este cúmulo de consecuencias nefasta y no habiéndose alcanzado el fin pretendido (“un mundo libre de drogas”) sociedad civil, Estados, académicos (entre ellos, al menos, 11 Premios Nobel) y organizaciones internacionales (OEA) exigen un cambio de paradigma en la política de drogas que i) sustituya la prohibición/represión por la regulación/control estatal, ii) tenga en cuenta tres enfoques fundamentales ignorados por el actual régimen, que son el enfoque de derechos humanos, el enfoque de salud pública y el enfoque de evidencia científica. En Europa y en gran parte de América se avanza en este sentido. Incluso, se han adoptado legislaciones que parecen chocar frontalmente con los Tratados: Uruguay, Washington, Colorado, Alaska, Oregón, California, Massachusetts, Maine y Nevada han aprobado leyes que “legalizan” todo el ciclo del cannabis recreativo: producción, venta, distribución y consumo. En abril de 2016, todas estas cuestiones se han replanteado en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema de la Droga, lo que no tiene precedentes dada la trayectoria anterior del organismo.

Urge una base científica que pueda orientar los cambios.

Objetivos de este Proyecto son: 1º) Examen de los caminos para modificar la legalidad internacional (reservas o denuncias a los Tratados, un nuevo Tratado) y análisis de la posible interpretación flexible compatible con las legislaciones nacionales. 2º) Estudio de los efectos negativos del actual régimen y búsqueda de soluciones basadas en los tres enfoques ya señalados.

Como resultado se espera sistematizar las consecuencias del estudio y ofrecer soluciones viables para la construcción de un nuevo sistema de fiscalización y regulación de las drogas.

Calificación. La Comisión Técnica que evaluó la solicitud del Proyecto, otorgo a la propuesta presentada la máxima calificación (A), a la vista de “la relevancia del proyecto”, su viabilidad, porque “la IP tiene una amplia y reconocida experiencia sobre el tema”, porque “la propuesta está muy relacionada con proyectos anteriormente ejecutados, lo que es un indicio de que se está ante un grupo adecuado y competente”, porque “la composición del grupo, con representación de varias disciplinas jurídicas y extrajurídicas, de ámbito nacional e internacional, es un factor que ha de ser reconocido como meritorio”, porque “dado el rigor que caracteriza la Memoria, es previsible un impacto científico-técnico del proyecto muy relevante”, apreciándose el “potencial internacional de los resultados…y la participación de la IP en redes internacionales en materia de drogas”.

Difusión y apoyo. La difusión nacional e internacional de los resultados de este Proyecto se realizará, principalmente por dos vías: participación en redes y foros nacionales e internacionales y  apoyo de las distintas instituciones que avalaron la petición, concretamente, las siguientes:

-Washington Office on Latin America (WOLA)

-Global Drug Policy Observatory de la Universidad de Swansea

-Universidad Nacional Autónoma de México

-Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (Universidad de Barcelona)

-Fundación Cultura de Paz

-Fundación ICEERS

-Observatorio Español de Cannabis Medicinal

 Miembros del Equipo Investigador:

IP, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda (UCM)

Elena Conde Pérez (UCM)

Armando Fernández Steinko (UCM)

 Miembros del Equipo de Trabajo:

Milena Costas Trascasas (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO NU),

Marzia Anna Rosti (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO)

Antonio Remiro Brotons (UCM)

Amparo Martínez Guerra (UCM)

Constanza Sánchez Avilés (ICEERS)

José Miguel Sánchez Tomás (URJC, Tribunal Constitucional)

Adrián Restrepo (Universidad de Antioquía)

Gabriel Miró Miquel (Colegio de Abogados de Barcelona)

Augusto Vitale Marino (Universidad de la República, Uruguay)

Carlos Brito Siso (UCM)