29 OCT 2015 - 10:53 CET

El mundo de las filtraciones hace tiempo que llegó al campo de la política y de las relaciones internacionales y, desde hace unos días, también al terreno de las políticas de drogas.

El pasado 19 de octubre nos sorprendía la gran difusión en las redes sociales, en parte iniciada por el filántropo y miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas Richard Branson, de la filtración de un documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) titulado “Descriminalización del consumo de drogas y de la posesión para el consumo personal”. De acuerdo con la BBC, el documento iba a ser presentado en la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños que se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, durante esos días, pero determinados gobiernos impidieron, supuestamente mediante presiones diplomáticas, a la Oficina presentar su nueva posición. 

El documento, que parecía más bien elaborado por una ONG dedicada a promover la regulación de las drogas que por cualquier organismo vinculado a Naciones Unidas, venía a clarificar la posición de la UNODC a propósito de qué deben, y pueden, hacer los gobiernos para afrontar los problemas asociados con la promoción de la salud y la prevención del VIH sin dejar de tener presentes sus obligaciones ligadas a los tratados internacionales de control de drogas.

El subtítulo del informe, ya sin ir más lejos, dejó atónitas a todas las personas familiarizadas con la trayectoria prohibicionista e intransigente de los organismos de control de drogas de Naciones Unidas, un conjunto formado por, además de la UNODC, la Comisión de Estupefacientes (CND) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que han sido durante décadas la Santísima Trinidad defensora de la prohibición de las drogas, cueste lo que cueste, y a quien le cueste.

Dicho subtítulo afirma que “descriminalizar el consumo y la posesión para el consumo personal está permitido por los tratados internacionales de control de drogas”, añadiendo además que se trata de un “elemento esencial de la respuesta al VIH entre las personas que consumen drogas”. Pero no se limita a esto, sino que incluso va más allá sosteniendo que la descriminalización puede ser necesaria para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Lo anterior hace mucho tiempo que es de sobra conocido por juristas, activistas a favor de la reforma de políticas de drogas, así como por las personas que trabajan con usuarios. De hecho, descriminalizar el consumo y la posesión para el consumo personal ha sido una reivindicación histórica por parte de estos colectivos, que han venido recordando tanto a los gobiernos como a las Naciones Unidas que, de acuerdo con el Artículo 3.2 de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, los Estados pueden decidir no tipificar como delito la posesión, la adquisición o el cultivo de las sustancias controladas cuando éste sea destinado al consumo personal aludiendo a sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico. El consumo per se nunca fue incluido como una conducta a tipificar como delito en este tratado, aunque estas directrices siempre fueron concebidas como un conjunto “de mínimos” y los Estados que decidían ser más duros con los consumidores han sido felicitados por la JIFE y puestos como ejemplo de compromiso con la lucha “contra el problema mundial de las drogas”.

Entonces, ¿cuál es la novedad en estas declaraciones? Lo novedoso de este documento no es tanto su contenido como el hecho de que estas afirmaciones se hayan realizado desde el epicentro de la producción y reproducción del prohibicionismo a nivel global -aunque luego se haya rectificado, como comentaremos a continuación-. Aunque parezca sorprendente, nunca antes desde el seno de los organismos de control de drogas de la ONU se había reconocido de esta forma que la criminalización del consumo y de la posesión para el consumo personal de las drogas ha contribuido a agravar los problemas de salud pública y ha tenido impactos muy negativos sobre la seguridad y los derechos humanos. Tampoco que imponer penas de prisión por estas mismas conductas no es ni necesario ni proporcional.

El comunicado concluye que las convenciones no imponen la obligación de criminalizar el consumo ni la posesión para consumo personal a los Estados Parte, pero omite el hecho de que, durante décadas, las medidas alternativas a prisión, los modelos de descriminalización y otras políticas alternativas han sufrido la denuncia y la estigmatización de la JIFE y de muchos Estados poderosos prohibicionistas que, como Estados Unidos bajo su “proceso de certificación”, denegaban a los Estados en desarrollo ayudas económicas y sociales si no comulgaban con las medidas más punitivas.

También la UNODC recomienda a los Estados implementar medidas de reducción de daños, como si la JIFE no hubiera reiterado cada año en sus informes anuales que estas medidas contravenían las convenciones y que el objetivo de toda política de reducción de demanda debía ser la abstinencia. Esto sin haber denunciado jamás, al mismo tiempo, a aquellos países que seguían y todavía siguen aplicando la pena de muerte por delitos de drogas.

Quizá, lo que más sonroje de todo es el llamamiento a invertir más recursos en investigación, ciencia y a implementar políticas basadas en la evidencia y en los derechos humanos. ¿Cómo puede la UNODC decir esto, cuando existen informes de la OMS sobre el cannabis y sobre la cocaína que han sido permanentemente ignorados por los organismos de control de la ONU? ¿Cómo puede decir esto, como si la prohibición de la hoja de coca no estuviera basada en un informe profundamente desfasado y vergonzosamente racista escrito en los años 50? ¿Cómo puede hablar de derechos humanos cuando promueve la perpetuación de un régimen de control que condena a las mujeres pobres que deciden convertirse en mulas por unos días para poder dar de comer a sus hijos? La ONU ha perdido una y otra vez oportunidades valiosas de aplicar una política de drogas más justa, y de escuchar las evidencias que les mostraban las ONGs a propósito de qué políticas eran más racionales y menos costosas: trabajo llevado a cabo por miles de personas en todo el mundo que, de manera voluntaria, han investigado y trabajado para poner fin a un sistema injusto.

En definitiva, ¿cómo puede la UNODC hacer estas recomendaciones como si las Naciones Unidas no fueran responsables de haber aplicado sus propias reglas?

La UNODC publicó una nota de prensa, a las pocas horas de la filtración, aclarando que no se trataba de un documento oficial consensuado, ni era el reflejo de la posición política del organismo. Sostenía que era simplemente un documento de trabajo interno elaborado por un funcionario de nivel medio. Sin embargo, en este contexto actual de redes sociales y de comunicación inmediata, el debate ya estaba servido. A las pocas horas, la práctica totalidad de las ONGs dedicadas a la política de drogas había publicado y comentado la filtración.  

Hubiéramos deseado que este documento hubiera sido, de hecho, oficial, consensuado y reflejo de un cambio de posición política muy necesaria y hasta consecuente con el momento de debate en el que nos encontramos. E incluso que hubiera sido secundado por la JIFE y el resto de organismos internacionales cuya actividad tiene un impacto sobre el campo de la política de drogas. O que hubiera sido presentado por el mismísimo Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.

Desafortunadamente, no ha sido así, y los organismos de control de drogas de Naciones Unidas se han vuelto a poner en evidencia. No solamente por la falta de delicadeza a la hora de gestionar una filtración como ésta, con impacto en la vida, la salud y la seguridad de millones de personas del planeta, sino porque les será muy complicado demostrar que no es cierto lo que ellos mismos han dicho: que la criminalización ha tenido unos impactos muy negativos y que la descriminalización es la vía hacia una gestión del fenómeno de las drogas respetuoso con los derecho humanos, que reduzca la violencia, la masificación de las prisiones y la exclusión social. 

Si hubiera sido cierto, ¡cuán bienvenido! Incluso para los que creemos que es demasiado tarde, y que hemos dejado demasiados muertos en el camino. Rectificar es de sabios, dicen, pero rectificar a tiempo es más sabio todavía.

Constanza Sánchez Avilés

Fundación ICEERS

Colaboradora de la Cátedra “Drogas Siglo XXI”