28 MAY 2014 - 09:02 CET

Delegados del gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos  y de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), adelantan en La Habana (Cuba),  diálogos con el fin de poner fin al conflicto armado más antiguo del Continente. Después de varios meses de discusión, el pasado 16 de mayo lograron un nuevo acuerdo sobre el punto denominado la solución a las drogas ilícitas.

Este es el tercer acuerdo logrado de los cinco puntos que componen la agenda de negociación. A pesar de los tropiezos, el proceso arroja resultados como los alcanzados en los dos puntos anteriores sobre reforma agraria y participación política; sin embargo, el anuncio sobre un acuerdo al problema de drogas ilícitas era esperado porque se había convertido en una urgencia para los negociadores y para quienes creen en la salida negociada de los conflictos debido a la actual contienda electoral por la presidencia de la República 2014-2018.

En efecto, las tendencias en las encuestas presidenciales vienen señalando como posible ganador al candidato Óscar Iván Zuluaga del partido Centro Democrático, sobre el candidato Presidente Santos; de darse este resultado se daría al traste con las aspiraciones reeleccionistas y muy seguramente también  con el proceso de paz, debido a que el candidato Zuluaga ha anunciado que establecería  nuevas condiciones, entre ellas, darle una semana a la guerrilla para que  defina si acoge las nuevas reglas de juego.

En estas circunstancias, la implicación directa y práctica del anuncio tiene que ver más con la disputa por la presidencia de la República que propiamente con la solución al problema de las drogas ilícitas. El contenido del comunicado conjunto sobre la solución al problema de las drogas ilícitas  plantea una que otra relativa novedad, por ejemplo, el cultivo de hoja de coca para usos ancestrales y medicinales, la concertación con las comunidades para sustituir los cultivos ilícitos, la aceptación de la existencia de consumidores de drogas ilícitas en el país, la toma de decisiones en política de drogas  basadas en evidencia científica y el compromiso de la guerrilla de dejar cualquier relación con la actividad del narcotráfico. No obstante estos aspectos destacables del acuerdo, el enfoque que acompaña todas estas medidas sigue siendo el tradicional de la guerra contra las drogas.

En estos términos, resulta contradictorio el contenido del comunicado porque es reiterativo en señalar que las medidas que se deben tomar sobre políticas de drogas deberán estar basadas en evidencia científica; pero estas afirmaciones se hacen en el marco de un enfoque que justamente está cuestionado por la evidencia científica: el prohibicionismo. En otras palabras, la solución al problema de las drogas ilícitas, según lo convenido por las partes negociadoras, es más de lo mismo, es decir, continuar  la guerra contra las drogas. Por supuesto no se trata de menospreciar lo que significa para Colombia que la guerrilla de las FARC-EP se desvincule del narcotráfico; lo que se quiere hacer notar es que la guerra contra las drogas, según la evidencia científica, no es la solución para acabar con el tráfico ilegal de drogas, así sea que para ello se cuente con un nuevo aliado como las FARC.

El comunicado en su conjunto, al igual que los anteriores, resulta finalmente importante porque reitera la voluntad de diálogo entre las partes, en esta oportunidad al presentar algunos acuerdos sobre el tema de las drogas ilícitas. Tal  expresión de voluntad de paz influye en las actuales elecciones presidenciales porque este es un tema central de la campaña del candidato Presidente Santos quien ha sido criticado por sus opositores, entre ellos el Centro Democrático, por iniciar diálogos con la guerrilla en unas condiciones que, según dicen sus críticos, no conducirán a resultados tangibles. Estas críticas quedan así en entredicho cuando el candidato Presidente puede mostrar a la opinión pública en general, y al electorado en particular, tres acuerdos de los cinco puntos que conforman la agenda de negociación de la paz.

En esta ocasión, como en otras tantas, el discurso de la guerra contra las drogas como la solución al problema de las drogas ilícitas permitirá alcanzar objetivos no declarados, para el caso contribuir a que el candidato Presidente gane la presidencia de la República y seguir con el proceso de paz, mientras tanto las posibles alternativas a la prohibición y al problema del narcotráfico que ella creó siguen siendo el reto de fondo para un país con la confrontación armada más vieja del Continente que, quizás, pronto llegue a su fin. 

Adrián Restrepo Parra

Profesor

Instituto de Estudios Políticos

Universidad de Antioquia

Colombia