Cálculos, comentarios, ejemplos y fuentes

En esta página figuran los comentarios, cálculos, ampliaciones temáticas y ejemplos, así como el listado completo de las fuentes utilizadas para elaborar “La economía ilícita en España” publicada por Armando Fernández Steinko en Alianza Editorial (https://www.todostuslibros.com/libros/la-economia-ilicita-en-espana_978-84-1362-238-5). Todo ello forma parte de dicha publicación junto con las tablas y los gráficos colgados en el apartado de “Tablas y gráficos" dentro de esta misma dirección web (https://www.ucm.es/afsteinko/tablas-y-apuntes-metodologicos). El objetivo de estas notas es proporcionar información añadida a los lectores más interesados y especializados, así como dar a conocer con la máxima transparencia posible los procedimientos utilizados para dar con las cifras propuestas. El material puede ser consultado y utilizado libremente, aunque siempre con indicación de su autoría.

Esta es una investigación en permante construcción: no puede ser de otra forma pues la delincuencia con fines lucrativos es un fenómeno cambiante, opaco y muy ramificado. Estas notas y comenarios publicada en abierto también pretenden favorecer la discusión científico-académica con el fin de mejorar la información disponible, perfeccionar los métodos de cálculo, ampliarlos o proponer otros mejores para favorecer un avance continuado en el conocimiento de esta forma de delincuencia.

Agradecemos enfáticamente el envío de cualquier dato contrastado o contrastable, sugerencia, aportación o crítica a la dirección afsteinko@icloud.es poniendo en el Asunto “Economía ilícita” con el fin de que el mensaje no acabe de forma automática en la papelera.

Gracias

Índice de comentarios, cálculos, ejemplos y fuentes

BIBLIOGRAFIA DE ESTOS COMENTARIOS

INTRODUCCIÓN: CONDUCTAS, DELITOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS

1. Clasificación de los delitos con finalidad lucrativa

Thomas Naylor (Naylor 2002 y Naylor 2003) agrupa los delitos con finalidad lucrativa -profit driven crimes- en tres apartados: (1) los delitos predatorios, (2) las transacciones comerciales ilícitas y (3) los delitos comerciales (ver tabla 1 y el capítulo 1 “Los delitos con finalidad económica”).

(1) Los delitos predatorios

La característica principal de este grupo de conductas es que generan una redistribución ilícita de un stock de riqueza creado previamente. Las actividades delictivas no generan nuevos bienes y servicios en estos casos, con lo cual ni hacen aumentar ni tampoco provocan una disminución del PIB aunque, así Naylor, algunas de las conductas de este grupo como determinadas estafas tienen consecuencias contradictorias sobre la evolución del PIB. Cuando una empresa defrauda a un cliente, por ejemplo, el PIB del país no se ve alterado según Naylor, pues lo que pierde la empresa estafada lo gana el estafador, con lo cual asistimos a una mera redistribución ilícita de riqueza ya creada anteriormente. Sin embargo cuando la estafa consiste en vender un producto o servicio por encima de su valor o de unas características inferiores a las acordadas, el comprador estafado tendrá que dedicar una cantidad adicional de sus ingresos a comprar el mismo producto y servicio, lo cual quedará mermada su capacidad de gasto reduciendo el crecimiento del PIB. Nos remitimos aquí a Naylor sin pretender abrir un debate teórico o posicionarnos frente a él.
El término “predatorias” alude a que las conductas no se basan en intercambios voluntarios entre las partes con lo cual lo que pierde la víctima lo gana el delincuente. Al tratarse de actos involuntarios por parte de la víctima muchas veces interviene la coerción de forma latente o real como sucede con los atracos, los secuestros o la extorsión, aunque este no es el caso en otros muchos tales como los hurtos, los fraudes con tarjetas de crédito, las estafas y otras conductas económicamente muy relevantes como es el desvío de subvenciones, la malversación de caudales públicos o los delitos contra la ordenación del territorio en los que el stock de riqueza bien inmueble, bien inmueble de titularidad pública es desviado hacia bolsillos privados (sobre estos último ver “La malversación de patrimonio público inmobiliario” en el cap. 5). También el fraude de IRPF y contra la Seguridad Social, así como los delitos aduaneros y monetarios forman parte del grupo de las conductas predatorias no violentas, pues también aquí asistimos a un desvío de riqueza ya generada, en este caso a costa de la Hacienda Pública (ver “Ilícitos generados con delitos fiscales” en el cap. 4).
Las víctimas y los perjudicados de las distribuciones predatorias no tienen que ser siempre personas físicas o jurídicas individuales, como sucede con los robos o los secuestros. También pueden serlo el sector público, el patrimonio histórico y natural, la Hacienda Pública o el conjunto de la economía de un país como sucede con los delitos monetarios en los países que pierden divisas vitales para adquirir insumos necesarios para su desarrollo económico y el bienestar de sus ciudadanos. Cuando un gobierno tiene que pagar el rescate de un secuestro a cargo de los fondos reservados, también es la colectividad la que aporta el dinero redistribuido ilícitamente por los secuestradores, impuestos que, en este caso, acaban en la cartera de estos últimos o de las organizaciones a las que pertenecen. De la misma forma, cuando se produce un delito de falsificación de moneda no sólo se generan pérdidas económicas para los que han recibido el pago en moneda falsa, sino también para los bancos centrales cuya propiedad sobre los billetes se ha visto usurpada por los falsificadores, con lo cual dichos bancos tienen que desembolsar cantidades adicionales para evitar futuras falsificaciones (Naylor 2003: 14)

(2) Las transacciones comerciales ilícitas

Los delitos basados en transacciones comerciales generan rentas ilícitas, es decir, riqueza económica nueva. La ilicitud de muchas de las conductas agrupadas aquí se remonta a fechas recientes como es el caso del consumo de ciertas drogas o de la prostitución, que sólo fueron prohibidos hace relativamente poco en algunos países. Todas estas conductas generan un aumento del PIB -justamente su parte ilícita- razón por la cual las autoridades de la Unión Europea acordaron hace algunos años obligar a sus países miembros a incorporar en sus cuentas económicas anuales el valor del gasto agregado de los hogares en drogas y servicios sexuales.
A diferencia de las anteriores, las transacciones comerciales ilícitas se apoyan en relaciones voluntarias que se establecen entre productores, distribuidores y consumidores -mayoristas y minoristas- de bienes y servicios ilegalizados. Esto quiere decir tres cosas: (a) que no interviene la coerción en ellas; (b) que estas son siempre sumergidas y (c) que las víctimas resultan difíciles de identificar debido al carácter voluntario de los intercambios que se producen entre los ofertantes, que desean vender con fines lucrativos y los demandantes, que desean comprar bienes y servicios ilegalizados por las razones que fueren.
El que los intercambios sean equivalentes no quiere decir que siempre quede asegurada la equivalencia en las transacciones. La clandestinidad hace imposible que, cuando se produce un incumplimiento o un engaño, las partes puedan resolver su diferencias recurriendo a algo parecido a una ley o a un reglamento. Y tampoco pueden recurrir a la policía o a un juez para que medie entre ellas en caso de desencuentros, lo cual genera continuas conflictos, sobre todo cuando hay cantidades económicas importantes en juego que pueden tentar a unos y a otro a saltarse dichos acuerdos sustituyéndolos por el ejercicio de la coerción de su amenaza (Paoli 2013).
Pero por mucho que el cine y la literatura tiendan a transmitir muchas veces lo contrario, lo cierto es que los mercados ilícitos no podrían funcionar si la violencia fuera la regla antes que la excepción: lo que prima es la negociación, el cumplimiento de los acuerdos contraídos voluntariamente, así como el intento de resolver los intercambios ilícitos de forma pacífica con el fin de no llamar la atención. Incluso cuando las transacciones se basan en intercambios no equivalentes, como sucede con frecuencia en los ambientes de la prostitución, la violencia no está tan masificada como se pretende. La trata de personas con fines de explotación sexual (ver capítulo 10) comienza con un acuerdo voluntario entre el llamado captador o pasador, y la mujer en beneficio supuestamente mutuo, pues sin el deseo o la necesidad material de las mujeres de trasladarse a determinados países no sería posible organizar la relación de explotación. La coerción no interviene, por tanto, en la captación de la mujer, ni tampoco en los primeros meses de su explotación económico-sexual por parte del tratante, sino en el momento en el que la víctima empieza a sospechar que la deuda exigida está muy por encima de la que realmente ha contraído, momento en el que la mujer se niega a seguir trabajando voluntariamente para pagar una deuda que ya da por saldada (ver el cap. 10 “La economía de la prostitución coactiva”).
Con todo: con la excepción de algunas situaciones como esta última, lo normal es que entre los que compran y venden los bienes y servicios sometidos a prohibición -desde drogas, hasta especies protegidas pasando por cualquier clase de tráficos prohibidos como los de obras de arte, antigüedades u órganos humanos- prevalezca el deseo de ambas partes de cumplir el trato. El carácter voluntario de las transacciones genera sin embargo una “moralidad ambigua” (Thomas Naylor) que desencadena largos debates sobre la necesidad o no de criminalizar algunas de estas conductas, así como sobre a quién y qué se pretende proteger exactamente con su prohibición. Obviamente el dinero ocupa aquí un lugar central aunque no tanto como depósito de riqueza como como medio de pago, si bien en los espacios de las transacciones ilícitas también son frecuentes los intercambios en especies tales como el cambio de drogas por información privilegiada, por servicios sexuales o por cualquier otro favor personal.
El narcotráfico, la usura, el pago de cohechos, el contrabando, el blanqueo de capitales o la pornografía infantil son algunas de las conductas más importantes de este segundo grupo según la propuesta de Naylor.

(3) Los delitos comerciales

Los delitos comerciales consisten en la aplicación de métodos ilícitos a la producción y la distribución de unos bienes y servicios que, sin embargo, son lícitos en sí mismos. Todos ellos podrían haber sido producidos y distribuidos utilizando métodos legales, sus actores suelen tener un trabajo y unos ingresos regulares y en la mayoría de los casos, los espacios y escenarios son organizaciones legales tales como sociedades mercantiles, consistorios, instituciones públicas y financieras, partidos políticos, fundaciones o clubs deportivos. Las conexiones con el mundo de la legalidad generan equívocos a la hora de criminalizar algunas de las conductas de este grupo pues se revisten de una intachable apariencia de legalidad, lo cual dificulta su criminalización y su persecución, y distorsiona la percepción que muchas personas tienen de ellas.
El economista austríaco J. A. Schumpeter demostró que los actores económicos privados intentan romper los que este autor llama los “equilibrios estacionarios” introduciendo innovaciones en su actividad empresarial con el fin de generar beneficios extraordinarios superiores a los de la competencia. A través del efecto imitación de dichas innovaciones por parte de los empresarios competidores, los beneficios se irían nivelando de nuevo con el tiempo haciendo desaparecer las ventajas competitivas iniciales de los empresarios innovadores. Este esquema permite explicar la comisión de muchos de los delitos comerciales basados en el intento de esquivar regulaciones a las que son sometidas las actividades legales para así cosechar beneficios extraordinarios “schumpeterianos”, sobre todo cuando no hay mecanismos de sanción y de control claros o eficientes que impidan estas prácticas (ver Schumpeter 1976, así como su adaptación al fenómeno del delito por parte de Ziegler 2009: 62 y Schimank (2012). Cuando un empresario vende un bien o un servicio legal, aunque sin pagar los impuestos a los que le obliga la ley, sin respetar la legislación medioambiental o infringiendo reglamentos laborales, consigue mejorar sus márgenes con respecto a la competencia reduciendo los precios de venta, con lo cual sus productos resultan más competitivos. La mayor competitividad redunda en un aumento de las ventas y, cuando las economías no son cerradas, en un aumento del PIB. El crecimiento se acelerará, pero lo hará perjudicando a terceras partes, casi siempre bienes jurídicos abstractos tales como el medioambiente que “paga” con su destrucción; la hacienda pública que “paga” con la mengua de sus ingresos; la fuerza de trabajo sobre-explotada que “paga” con su salud un plus de desempeño laboral no recogido en el salario; o también el patrimonio urbano e histórico-artístico que también “pagan” con su destrucción. Habrá un mayor crecimiento, sí, pero será un crecimiento no sostenible, pues lo que ganan los agentes individuales y a corto plazo, lo pierde la sociedad en su conjunto a medio y largo plazo.
La violencia tampoco interviene prácticamente nunca en este grupo de delitos excepto en su periferia, como cuando un empresario le paga a un sicario para vengarse o para intentar recuperar el importe de una estafa.
Las conductas de este grupo son particularmente complejas hasta el punto de que, a veces, resulta muy difícil establecer una linea clara entre las que son legales, ilegales o “alegales”. ¿En qué momento una operación comercial degenera en un acto claro de publicidad engañosa? ¿En qué momento un estafado lo es por no haberse informado bien de lo que estaba comprando? Muchas conductas son denunciadas y aparecen en los medios de comunicación, pero hay más bien pocos delitos comerciales que acaben en juicios y, menos aún, con la condena de los acusados: son la fortaleza mejor defendida en los espacios delictivos de cuello blanco.
El grupo de los delitos comerciales incluye algunos de los económicamente más importantes del panorama delictivo en una sociedad como la española: las estafas bancarias y filatélicas, una parte de los delitos contra la ordenación del territorio, el fraude de IVA o el impuesto de sociedades: todos ellos suman una parte considerable de su renta ilícita anual.

2. Los recursos delictivos

A parte del recurso del uso de la violencia, que requiere de un apartado propio, los recursos relevantes o susceptibles de ser utilizados para la comisión de delitos se pueden agrupar en 5 categorías (ver tabla 2 y tabla 2b así como el capítulo 1). Nos inspiramos aquí en Pièrre Bourdieu (2007) aunque no compartimos la utilización que hace este autor de la noción de “capital” ("capital social”, “capital económico”, “capital político” etc.) pues genera una polisemia que distorsiona la comprensión del término "capital" tal y como es utilizado en los dominios de la economía política: el avance del conocimiento requiere de más antes que de menos precisión terminológica. Los recursos depositados en los delincuentes y utilizables para fines delictivos son los siguientes:

(1) Recursos sociales

Equivalen a los contactos y redes sociales al alcance de los delincuentes. Incluyen tanto los lazos no adscriptivos -amistades, relaciones profesionales y políticas, relaciones laborales- como los no adscriptivos, es decir, el entramado completo de los vínculos de parentesco que amplían la extensión y el alcance de las redes sociales. Estos entramados familiares resultan particularmente importantes para la vida social en algunos países mediterráneos como España: en el capítulo 17 se abordan las implicaciones delictivas de estos entramados familiares.

(2) Recursos económico-materiales

Incluyen los ingresos legales obtenidos del trabajo, así como las propiedades individuales pero también familiares antes de la comisión de los delitos. Dependiendo de los recursos económicos disponibles, los delincuentes pueden elevar el valor de sus inversiones delictivas: pueden contratar más y mejores profesionales de la opacidad, pagar cohechos más elevados, crear sociedades y grupos empresariales más sofisticados destinados a realizar operaciones vinculadas para sacar de forma segura activos ilícitos del país en cantidades importantes, o pueden invertir también cantidades más importantes en operaciones de importación de cocaína que, aunque más arriesgadas económicamente, también resultan más lucrativas debido al efecto de las economías de escala.

(3) Recursos culturales, formativos e informativos

Incluyen el acceso a toda clase de saberes utilizables para cometer delitos o esquivar investigaciones. A esta información sólo se puede acceder muchas veces cuando se dispone de un mínimo de recursos sociales -por ejemplo relaciones con personas políticamente influyentes-, aunque dicha información también se pueden acumular con estudios reglados -por ejemplo en derecho, en gestión de empresas o en contabilidad-, estudios que proporcionan conocimientos imprescindibles para desarrollar numerosas conductas de cuello blanco y, parte también, azul. Este grupo de recursos incluye también todos aquellos relacionados con la logística delictiva: el conocimiento de los puertos y los aeropuertos más permeables, de los funcionarios corruptos o con posibilidad de serlo etc.

(4) Recursos políticos

Son particularmente relevantes pues incluyen la capacidad de influir sobre las decisiones que afectan a la vida de terceras personas debido a la pertenencia del delincuente a espacios de decisión tales como partidos, gobiernos locales, autonómicos o nacionales, aunque también a empresas con muchos asalariados con capacidad de influir también en las decisiones políticas de los gobiernos centrales, autonómicos y centrales. Los presidentes del gobierno central, de comunidad autónoma o de localidades importantes, así como los dirigentes medios y superiores de los partidos políticos disponen de cantidades mayores de esta clase de recursos que aquellos actores sin vinculación política, partidaria o empresarial alguna: también esto eleva las capacidades delictivas de los primeros con respecto a los segundos.

(5) Recursos simbólicos

Este grupo influye directamente en los mecanismos de criminalización social. Incluyen la capacidad de los delincuentes de construir, deconstruir o mantener una imagen pública favorable a su persona y sus conductas, a su forma de ver el mundo o a su intento de legitimaras o minimizar su carga penal. Igual que el resto, los recursos simbólicos se pueden acumular y generar con recursos económicos, en este caso a través de inversiones en medios de comunicación, financiando actividades culturales o deportivas que redundan en beneficio de la comunidad, o cooptando a periodistas e informadores dispuestos a generar relatos en beneficio de los delincuentes.

3. ¿Por qué delinquen los que tienen más y los que tienen menos?

Las razones que llevan a las clases más y menos privilegiadas a cometer delitos con finalidad lucrativa tienen que ser necesariamente distintas

(1) ¿Por qué delinquen los que tienen más?

Los grupos sociales que concentran una parte más que proporcional de los recursos sociales (ver arriba) en principio disponen de todo lo necesario para vivir relativamente bien. A pesar de ello algunos de sus miembros se muestran muy activos en la comisión de delitos con finalidad lucrativa. Esto requiere de una explicación. Algunos grandes narcotraficantes, por ejemplo, proceden del estamento empresarial. No siempre transgreden la legalidad porque quieran o necesiten tener más ingresos para poder hacerle frente a la competencia siguiendo el esquema de Schumpeter -el “empresario innovador que rompe el equilibrio estacionario”-, porque necesiten adquirir divisas escasas con las que hacer inversiones legales impostergables, o porque tengan deudas a las que no puedan hacer frente con métodos legales. Una operación de narcotráfico puede llegar a ser para algunas personas que le han cogido gusto a los retos un desafío personal comprable a la puesta en marcha de un arriesgado proyecto empresarial legal, sólo que más excitante y -es verdad- potencialmente también más lucrativo, con lo cual el móvil económico no es el único, a veces ni siquiera el más importante (para los grandes narcotráficos de EEUU y Canadá ver Desroches 2005).
Algo parecido sucede con muchos delitos comerciales cometidos por miembros de consejos de administración, banqueros o gestores de determinados fondos de inversión para los que participar en una operación financiera (aún) más arriesgada puede resultar altamente estimulante desde un punto de vista estrictamente personal y no sólo -o ni siquiera- económico pues aunque estas conductas casi siempre van acompañadas de unas espectativas de remuneración importantes, estas no justifican por sí mismas la decisión de jugar a la ruleta rusa con el dinero de los inversores. El objetivo de generar beneficios se da por descontado, pero cuando ello bordea o traspasa el ámbito de la legalidad, se convierte en algo más, aunque siempre y cuando los riesgos, el coste en recursos simbólicos y las previsibles sanciones sean asumibles.
Otras veces el intento de franquear los límites de la legalidad obedece a razones ideológicas como sucede con personas que han encontrado en el estado a su principal enemigo, bien debido al presunto e insaciable “afán recaudatorio” de la administración, bien a su deseo “meter sus narices en todo con sus malditas regulaciones”, o bien porque, para esta clase de personas llamadas “libertarias” en los EEUU, resulta siempre legítimo oponerse a todo lo que pueda “limitar su libertad individual” (Portnoy en Nelken 2012: 633. Para el mayor caso de defraudación fiscal en la historia del Europa, el caso cum-ex -55.000mill€ de cuota defraudada en 11 países europeos-, ver el testimonio de su principal protagonistas descargable en https://www.youtube.com/watch?v=J1XA320LiUk). El sociológico norteamericano Thorsten Veblen consideraba que los norteamericanos adinerados de finales del siglo XIX, que se hicieron muy ricos en muy poco tiempo con la eclosión de las corporaciones industriales, representaban un tipo ideal de delincuente debido a su “utilización sin escrúpulos de cosas y personas para sus propios fines”, pero también por la cultura de nuevos ricos que los hacía económicamente insaciables predisponiéndoles a traspasar las barreras de la ilegalidad con tal de alcanzar o de mantener un consumo extravagante y un estatus social recién conquistado (Veblen 2000). Un empresario español, que mediaba en la recaudación organizada de comisiones a cambio de la concesión de contratos de obra pública, describía su propia degradación moral asociada a la necesidad de acumular por acumular, es decir, independientemente del nivel de ingresos y de patrimonio ya alcanzado: "El dinero es una droga. Me convertí en un yonqui del dinero. Ahora tengo mis cosas, mis animalitos y mis meditaciones. Con lo otro no vivía feliz” (Caso Imelsa cit en El Mundo 26/5/2015. El sentido de estas declaraciones son llamativamente parecidas a las hechas por un asesor fiscal arrepentido vinculado a caso Cum-ex de evasión fiscal (ttps://www.youtube.com/watch?v=J1XA320LiUk). La posibilidad de acceder de forma relativamente fácil a grandes sumas de dinero parece adictiva pero, como sucede también con los juegos de azar, excepto en aquellos casos en los que se tienta la suerte puntualmente para intentar pagar una deuda, la adicción tiene menos que ver con el dinero del que ya se dispone o se haya conseguido ganar previamente, que con un impulso indiscriminado a querer siempre más, impulso que puede llegar a ser claramente patológico.
La ambigüedad moral no sólo tiene presencia en los espacios de las transacciones ilegales que suelen estar teñidos de cuello azul, sino también en los ambientes socialmente más elevados de los delitos comerciales. Una razón es que resulta más fácil hacerlo pues sus protagonistas resultan más difíciles de identificar ya que su aspecto exterior y sus actividades legales están fuertemente entrelazadas con aquellas otras que no lo son: “la clásica idea de que los delincuentes económicos son identificables exteriormente por su un deseo extremo e incontrolable de acumular beneficios resulta totalmente absurda…de hecho una de las características más reseñables de las personas envueltas en delitos societarios es su normalidad. No hay apenas diferencias entre estos y los que no cometen delito alguno, y si no son “normales” es debido a una serie de atributos que muchas personas desearían para sí mismas: son exitosos, adinerados, trabajan duro, son innovadores, gozan de un elevado respeto y disponen de redes sociales importantes” (Steve Tombs en Müller 2006: 24s) El grado de estigmaticen social también ocupa aquí un lugar importante. Cuando las personas “normales” viven en un ambiente normativo en el que los comportamientos delictivos están poco estigmatizados, o incluso tienden a estar (muy) bien remunerados y sus causantes tienen, además, muchas posibilidades de salir indemnes, el incentivo a participar de ellos puede aumentar considerablemente sin que exista siempre un incentivo económico importante para hacerlo (Tage Alehto en Lindgren 2001)
Con todo: el impulso de las clases más privilegiadas a cometer delitos económicos no tiene sólo una dimensión cultural, personal y psicológica, la una más compleja que la otra, sino, como señalaba Willem Bonger, también viene impuesto por dinámicas objetivas que llevan a abrazar conductas no enteramente ni necesariamente voluntarias. La presión que sufren muchas empresas a aumentar su margen de beneficios pueden exacerbarse en determinados sectores y coyunturas generando no ya sólo incentivos puntuales, sino lo que sus protagonistas pueden llegar a considerar una autentica necesidad de adoptar conductas ilícitas con el fin de no sucumbir a la competencia: el esquema de J. A. Schumpeter no lo explica todo pero sigue siendo válido en muchos casos. Los miembros de los consejos de administración que organizan sistemas de pago de cohechos destinados a captar clientes importantes sin duda lo pueden hacer también por razones personales tales como la fidelidad personal a una empresas con la que se identifican plenamente pues, gracias a ella, han conseguido alcanzar o mantener un elevado estatus y reconocimiento social. Pero también lo hacen porque esta clase de pagos, anotados muchas veces como “gastos de comercialización estratégica” en las contabilidades regulares no sólo porque pueden desgravar fiscalmente, sino también porque sus efectos -la consolidación económica de la empresa pagadora- permite defenderlos fácilmente frente a la opinión pública y frente a un juez cuando se argumenta que favorece el mantenimiento de puestos de trabajo y la generación de crecimiento económico (para macrocaso de corrupción en el grupo Siemens ver Klinkhammer 2015).
Una encuesta realizada por un profesor de una alta escuela de negocios entre sus propios estudiantes resulta ilustrativa en este sentido: “Los estudiantes de empresariales se indignan como cualquier otra persona cuando valoran las consecuencias sociales y humanas de un comportamiento empresarial ilícito. Sin embargo, cuando se les preguntan sobre el rol que deberían adoptar como directivos obligados a tomar decisiones difíciles en situaciones límite, esos mismos estudiantes confiesan que optarían por aplicar medidas altamente arriesgadas adoptando comportamientos tipo `macho’ (…). En este mundo de luchas de poder, debates ideológicos, intensa rivalidad política, manipulación de información y de solución de problemas a corto plazo, los (futuros) directivos se convierten en camaleones amorales provistos de una moralidad ambigua y una indeterminación organizacional”(cit. En Nelken 2012: 633).
Los factores subjetivos y objetivos que explican las conductas delictivas en los segmentos más elevados de la sociedad son, por tanto complejos y guardan una relacion dialéctica y reciprocidad entre sí. Ciertas dinámicas objetivas imponen efectivamente determinadas conductas incluso a personas moralmente íntegras, conductas que intentan legitimar con argumentos relacionados con su situación objetiva como acreedores, empresarios al borde de la ruina, financieros sometidos a una fuerte presión competitiva etc. Pero cuando determinadas situaciones objetivas se prolongan en el tiempo, forman sedimentos culturales y psicológicos que acaban independizándose de dichas situaciones iniciales y perduran en el tiempo “formando carácter”, es decir, esculpiendo una personalidad que perdura una vez que decaen o dejan de estar tan presentes los condicionamientos objetivos. El gestor de fondos Bernard Madoff, condenado a 150 años de cárcel por organizar una gigantesca estafa bancaria, desarrolló una psicología criminogénica en el ambiente de fuerte competitividad propio de su sector en los años de máxima desregulación financiera, una actitud que empujó a su fondo a las posiciones competitivas más elevadas. Pero lo que empezó siendo una necesidad de acumular siempre más para no sucumbir a la competencia en el mundo de la gestión de fondos privados de alto riesgo, cristalizó en forma de falta de moralidad que le llevo a traspasar todos los límites legales, incluso cuando ya no era estrictamente necesario hacerlo desde un punto de vista económico (Young 2012). Por tanto no parece acertado enfrentar argumentos objetivos y subjetivos teniendo en cuenta que ambos suelen estar casi siempre fuertemente conectados entre sí: algunos filósofos como G.F. Hegel ya llamaron la atención sobre esta vinculación entre lo objetivo y lo subjetivo tanto en la vida real como en el propio interior del pensamiento.

(2) ¿Por qué delinquen los que tienen menos?

A pesar de que se mueven en un mundo de escasez crónica, la relación entre delito y patrimonio tampoco funciona de forma lineal entre los que pueblan el otro extremo de la escala social. El aumento del desempleo y la evolución de los robos, por ejemplo, no correlacionan siempre o de la misma forma en todos lugares y en todas las épocas, y a veces no correlacionan en absoluto. La crisis económica de principios de los 1980 no provocó en un principio un aumento significativo de los robos y hurtos en España y fue más bien la epidemia de heroína unos años después lo que los acabaría disparando. Las tasas más altas de delitos contra la propiedad se dieron en España los años de fuerte crecimiento económico (2002-2005) disminuyendo después en los años de crisis (Portillo 1983 y MI vv.aa).
Por otro lado los denominados en el CP español “delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico”, que incluyen una buena parte de los delitos cometidos por los sectores menos privilegiados de la sociedad, han tendido a disminuir en relación al número de habitantes desde principios de los años 1990 con un pico importante a principios de los años 2000. Sin embargo, este pico no se produce, al menos en España, en años de escasez sino de abundancia, años que generaron elevadas tasas de crecimiento del PIB, una caída histórica del paro y que coincidieron con el pico histórico en el consumo de drogas ilícitas y de servicios de prostitución, un pico que se explica justamente con el aumento del dinero fácil y el aumento del consumo: en el capítulo 5 (“La malversación de patrimonio público inmobiliario”) lo vemos con detalle. En el año 2000 las provincias con más delitos conocidos por 100.000 habitantes no fueron las más estancadas económicamente, sino las más boyantes: las del arco mediterráneo, sobre todo Málaga y Murcia, las islas y ciertas zonas de Cataluña, de la Comunidad de Madrid y la propia Capital. Por otra parte, la crisis de 2008 al menos en sus primeros años, ha hecho aumentar efectivamente el número de hurtos en España, pero también ha provocado un desplome de la sustracción de vehículos a casi la mitad con respecto a los años de la bonanza económica, con lo cual las cifras totales han tendido a mantenerse relativamente estables, aunque con tendencia a la baja si se cruzan con la evolución del PIB (MI vv.aa.).
En definitiva: riqueza y delito parecen guardar decididamente una relación contradictoria. El crecimiento económico y aumento de los delitos con finalidad económica no sólo no son antitéticos, sino que se acumulan los indicios de todo lo contrario, de que determinadas formas de crecimiento tienden a alimentar comportamientos delictivos con finalidad lucrativa antes que la propia escasez. La motivación para delinquir que tienen los sectores situados en los segmentos menos privilegiados de la sociedad, también parece compleja y depende, en todo caso en buena medida del tipo de sociedad del que estemos hablando, concretamente de si se trata de sociedades tradicionales o modernas.
En las sociedades tradicionales fuertemente apoyadas en valores que apuntalan su estructuración estamentaria y dominadas por la escasez material, la desigualdad es considerada por las clases menos favorecidas como una fatalidad inamovible impuesta por el destino o las fuerzas divinas. Aquí, la fortuna material de las clases privilegiadas no genera entre la población una sensación de privación o de agravio comparativo, aún cuando los que viven en la indigencia habiten cerca de residencias ostentosas y palacios señoriales, y sean testigos diarios de las formas de vida en condiciones de extrema abundancia y derroche. Esta actitud frena la comisión de delitos con finalidad económica y, cuando se producen, afectan a cantidades económicas menores encaminadas casi siempre a satisfacer necesidades básicas. Sus autores suelen sufrir una fuerte estigmatización social, sobre todo cuando el objetivo de las transgresiones no es cubrir dichas necesidades sino lucrarse por otros motivos. Los mecanismos de control social funcionan porque el coste que tiene que pagar el transgresor no es sólo el riesgo de vérselas con un estado, que normalmente es débil, distante y está poco legitimado, sino también debido a la posibilidad de ser repudiados por las personas próximas, lo cual significa perder el paraguas de su protección social y ser expulsado de la comunidad. Cuando se producen esta clase de delitos, el resultado es, muchas veces la pérdida del hábitat de origen, así como una menor reincidencia delictiva cuando este consigue ser aceptado de nuevo en la misma (Ferdinand Tönnies cit. en Lindgren 2001).
Las cosas suceden de forma distinta en los ambientes marginales de las sociedades capitalistas modernas, fuertemente individualistas, competitivas y meritocráticas, sociedades en las que rige el principio de que todos los ciudadanos son, al menos formalmente, iguales, y cuyos miembros son insistentemente invitados a disfrutar de un consumo presentado todos los días en los medios de comunicación como al alcance de todos. El deseo de lucrarse individualmente no sólo no está mal visto, sino que forma la base del reconocimiento social, y muchos delitos con intencionalidad lucrativa pierden muchos de los estigmas negativos de antaño. Las personas que no consiguen alcanzar las metas proclamadas insistentemente como deseables por los medios de comunicación, son más proclives a caer en una sensación de fracaso o de privación relativa cuando no las alcanzan, pues entienden que no han sido capaces de conquistar todo aquello definido como moralmente deseable por la sociedad que les rodea o en la que han crecido.
No es, por tanto, la privación absoluta lo que lleva aquí a las clases menos favorecidas a cometer delitos con finalidad lucrativa, sino la sensación de privación relativa que tiene que ver, no tanto con lo que se tiene, sino con aquello que uno considera o que el entorno le sugiere que tiene derecho a tener. Cuando las redes de solidaridad y los valores tradicionales que anulan o atemperan esta sensación están en decadencia o han sucumbido a los valores competitivos modernos, se debilitan los mecanismos tradicionales de control social del delito. En esas situaciones, muchos se toman las invitaciones comerciales al pie de la letra desarrollando comportamientos transgresores coherentes con los mensajes meritocráticos dominantes. Cuando las sociedades llegan a ese punto y cuando, por diversas razones, aumenta la tolerancia frente al delito -por ejemplo debido a una contacto decepcionante con las autoridades- aumenta el número de personas dispuestas a transgredir (Young 2003). Una vez más, los móviles subjetivos y objetivos actúan de la mano: el origen de estas conductas no es sólo la psicología del que se siente agraviado, sino determinadas experiencias socioeconómicas reales que, a su vez tienen su origen en realidades objetivas tales como la desigualdad o el consumismo (Young 1999).
Pero modernización no es sinónimo de delincuencia como proclaman algunos grupos de ideología ultraconservadora. La sensación de privación relativa o la protesta frente a una situación percibida como de agravio comparativo no tiene que llevar necesariamente a la transgresión de las normas penales, pues existen otras formas de protesta tales como la oposición política, la subversión cultural o también la protesta ritual-simbólica (Merton 1965). Todas ellas se traducen en disidencias no delictivas, y muchas llevan a la exploración de los espacios tradicionales que aún van quedando en el mundo, a la construcción de refugios morales paralelos con valores y formas de funcionamiento diferentes (para la elección de la isla de Ibiza como refugio tradicional por parte de las clases medias europeas ver Rozenberg 1990).
Pero, además, los consensos sociales se pueden traducir en acciones domesticadoras de los propios principios competitivos modernos, acciones que pueden suavizar las tendencias descritas. Los pactos políticos, que llevaron a la creación de los Estados del bienestar después de la segunda guerra mundial, por ejemplo, contrarrestaron durante décadas la proliferación de la “jungla hobbesiana” del capitalismo heredado del siglo XIX. A través de programas docentes consensuados políticamente, se les enseña a los jóvenes, sea cual sea su clase social, a respetar las normas de convivencia, a relativizar el valor del dinero y de la publicidad, y a convertirse en ciudadanos autónomos y razonables con capacidad de adoptar una distancia crítica con respecto a algunos mensajes que pudieran invitar a la transgresión.
A esto se suma un hecho fundamental: en el seno de las sociedades modernas subsisten los hábitos y las culturas morales heredadas del mundo tradicional tales como la solidaridad frente al individualismo, la reciprocidad frente al mercado y la cooperación frente a la competencia, culturas que siguen dominadas en cierta forma por códigos morales tradicionales. Estos hábitos y culturas siguen teniendo una presencia decisiva en el corazón de muchas sociedades modernas como las del sur de Europa o algunas sociedades orientales altamente industrializadas, lo cual explica su menor tasa de criminalidad a pesar de que muchas de ellas, como la española, no naden en el igualitarismo y en el pleno empleo (Fernández Steinko 2013a, para el caso de Japón ver Coulmas 1993).
Esta clase de valores de origen tradicional se entretejen en las sociedades modernas contrarrestando parcialmente los mensajes ultracompetitivos dominantes, y suavizando la sensación de privación relativa. Cuando ambos mecanismos contrarrestantes -los de solidaridad institucionalizada y los hábitos tradicionales incrustados en el interior de las sociedades modernas- se debilitan o desaparecen en poco tiempo en medio de un proceso rápido y descontrolado de modernización impulsado por el lucro económico, tienden a dispararse los delitos con finalidad lucrativa entre las clases más desfavorecidas: algunos países latinoamericanos muy endeudados que sufrieron un caótico proceso de destradicionalización tras las sucesivas crisis financieras que se sucediendo a partir de los años 1980, y los desplomes de algunas economías del Este de Europa, son los casos más extremos.

4. Consensos discursivos sobre la peligrosidad de los delitos de cuello azul

Los delitos de cuello azul han pasado a convertirse a partir de finales de los años 1980 en la principal preocupación de los gobiernos occidentales, una tendencia que ha transcurrido en paralelo a la descriminalización de las conductas de cuello blanco (verel capítulo 2 “El discurso de las finanzas ilícitas en España”). En el discurso penal que se fue imponiendo desde esas fechas dichos delitos se asocian casi exclusivamente a otros fenómenos delictivos inquietantes como son las organizaciones criminales (ver “El crimen organizado: anatomía de un concepto” en el cap. 17).

(1) En los medios era y sigue siendo aun muy frecuente encontrar frases como las siguientes: “las tramas para lavar el dinero del narcotráfico representan una amenaza muy importante para España, que es la principal vía de entrada de la cocaína a Europa, según ha alertado este viernes el Gobierno de Estados Unidos. En su informe anual sobre el comercio de las drogas en el mundo, el Departamento de Estado ha advertido que buena parte de los ingresos ilícitos se "reciclan" en el mercado inmobiliario español, especialmente en las áreas costeras del sur y el este del país”. La circulación por España de cantidades considerables de altas denominaciones, algunos casos de narcotráfico espectaculares aunque poco representativos como el caso Nécora -AN 52/2002- Charlines -AN 4/2003- o la Operación Gemelos -AN 32/2006-, la detención esporádica de miembros de clanes mafiosos italianos refugiados en sus costas, o las noticias sobre actos violentos aislados protagonizados por sicarios al servicio de “criminales organizados rusos”, parecían pruebas suficientes para dar por demostradas todas esas afirmaciones inquietantes.

(2) Por otra parte, algunas publicaciones intentaban demostrar que muchas de las noticias alarmistas sobre la economía de las drogas procedentes de fuentes oficiales norteamericanas relacionadas con la lucha contra las drogas, no se basaban en metodologías científicas, sino que eran utilizados para presionar -preferentemente en períodos electorales- a los gobiernos de países productores, consumidores y de tránsito, entre ellos España. Pero el enemigo parecía ser demasiado “apropiado” -en el sentido de políticamente correcto- (Loïc Wacquant y Nils Christie 2004) como para que llegara a ser posible romper los grandes consensos normativos del momento. Los propios jueces, fiscales e instructores de tramas delictivas no hacían sino reforzarlo: prácticamente el 100% de las de las 340 sentencias por blanqueo de capitales que se fallaron entre 1995 y 2010 -la mayoría de por la Audiencia Nacional- tuvieron un delito de cuello azul como precedente, prácticamente todos ellos de narcotráfico.

(3) Gómez Iniesta autor de un manual de cabecera sobre blanqueo de capitales, apunta en el mismo sentido: “las organizaciones criminales se sirven de la estructura financiera, bancaria y comercial para operar y normalizar los beneficios económicos obtenidos a través de la comisión de delitos, fundamentalmente el tráfico de drogas” y “la peculiar estructura organizativa de estos grupos y el hecho de que las organizaciones de tráfico y de blanqueo actúen de forma separada y en compartimentos estancos” (Gómez Iniesta 1996: 29). Otro autor, Blanco Lozano argumenta en un sentido idéntico como hacen otros muchos autores recurriendo al discurso de las grandes cifras: “De la cantidad total de beneficios procedentes del tráfico ilegal de drogas se calcula que es objeto de blanqueo entre un 50 y un 70 por ciento. La mayor parte de los beneficios obtenidos con el tráfico ilícito de drogas se mantiene en dinero líquido y es traspasado fuera de las fronteras nacionales. Por razones de seguridad y eficacia en la administración de tales sumas se crea un vínculo entre tales organizaciones criminales y el entorno financiero internacional, siempre presto a la obtención de pingües beneficios”(Blanco Lozano 2005: 6ss.): para un análisis más en profundidad de las “grandes cifras” ver el capítulo 3 “¿Qué sabemos de la economía ilícita?”

(4) Aunque el apoyo académico más importante que recibió la hipótesis de la conexión entre delitos de cuello-azul-/actividad de organizaciones criminales transnacionales/blanqueo de capitales por parte del estamento académico español fue, sin duda, el libro del Manuel Castells publicado en los Estados Unidos y traducido a varias lenguas (Castells 1998: 194ss). Su autor analiza las consecuencias sociales de la integración informática de las sociedades del planeta, un trabajo muy documentado que se convirtió en su día en una referencia científica. Sin embargo su trilogía incluye un tercer volumen referido a temas criminológicos apoyados fuentes de muy escasa calidad.

La hipótesis central del autor es que “en el núcleo del sistema (criminal internacional) está el blanqueo de dinero por cientos de millones (quizá trillones) de dólares. La economía criminal se vincularía con la economía legal a través de complejos planes y redes comerciales internacionales penetrando así profundamente en los mercados financieros y constituyendo un elemento crítico y volátil en una frágil economía global”. La principal fuente de dinero ilegal en el mundo sería (otra vez) el narcotráfico, así como el tráfico de armas, de material nuclear, el contrabando de inmigrantes ilegales, el tráfico de mujeres, niños y órganos, en definitiva los delitos de cuello azul con finalidad lucrativa, todo ellos argumentos recogidos en los documentos fundacionales del GAFI.
Estas actividades estarían protagonizadas por “organizaciones criminales transnacionales” cuyos beneficios económicos estarían siendo introducidos en la economía legal a través de sofisticadas operaciones de blanqueo. Dichas organizaciones se estarían haciendo más y más versátiles precisamente gracias al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), realizarían “cálculos de los beneficios y los flujos financieros originados en la economía criminal” cuyos flujos se incorporarían al sistema financiero pues “el grueso de las operaciones de estas actividades están globalizadas por definición a través del blanqueo en los mercados financieros globales”. Esta conexión discursiva entre organizaciones criminales transnacionales-inmensas fortunas procedentes de delitos de cuello azul-blanqueo de capitales en cantidades astronómicas potencialmente desestabilizadoras del sistema financiero internacional ha pasado desde entonces a convertirse casi en un hecho probado en la mayor parte de los espacios académicos españoles.

(5) El énfasis puesto en los delitos de cuello azul, que transcurre en paralelo a la descriminalización de los de cuello blanco, no es un fenómeno sólo español. Así, en la “Acción Común” basada en el art. K.3 del Tratado de la Unión Europea relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea” se enumeran las conductas susceptibles de ser cometidos haciendo uso de “organizaciones delictivas”. Son las siguientes: “el terrorismo que entrañe atentados a la vida, la integridad física y libertad de las personas o contra sus bienes), el tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico ilícito de material nuclear y radioactivo, redes de inmigración clandestina, trata de seres humanos, tráfico de vehículos robados (y) el blanqueo de dinero ligado a los anteriores” Sánchez García de Paz 2005: 34).

5. Reticencias a la criminalización del cuello blanco

El vuelco en la criminalización de los delitos de cuello blanco en España no llegó de la noche a la mañana tras el colapso inmobiliario de 2008 y no pocos actores siguen insistiendo en la asociación entre delincuencia organizada transnacional, grandes finanzas, blanqueo y delitos de cuello azul (ver la entrada anterior y el capítulo 2 “El discurso de las finanzas ilícitas en España”).

(1) Todavía en 2011, un alto comisario de la policía española asociaba las conductas tipificadas como “delincuencia organizada” a una lista compuesta íntegramente por delitos de cuello azul: desde el secuestro de personas, el tráfico de material radioactivo, el terrorismo, el tráfico de armas o el narcotráfico, y sin incluir ninguno de cuello blanco. Desde 1988 el concepto de “organización criminal” estaba reservado exclusivamente a los delincuentes de cuello azul, como hemos visto, mayormente a los narcotraficantes que, así el discurso penal de los años de desregulación financiera, desarrollaban presuntamente su actividad en el seno de “organizaciones criminales transnacionales” poniendo en peligro la estabilidad del sistema financiero internacional. La inercia de esta clase de discursos se prolongó mucho más allá de 2008, y hoy sigue estando presente en no pocos libros y manuales especializados: las tramas de cuello azul, particularmente bien organizadas, estarían protagonizadas por personas “en busca de influencias políticas que favorezcan su impunidad”, unas tramas que generarían presuntamente cantidades muy considerables de ilícitos (por ejemplo González García 2011: 44s.).

(2) Por otro lado, las medidas antiblanqueo se resisten a ser aplicadas con la misma contundencia al cuello blanco que al cuello azul. La normativa antiblanqueo de 2010, por ejemplo, aun no incluía la vigilancia patrimonial a los políticos nacionales y sus familiares y allegados, a pesar del lugar central que ocupan los organigramas familiares en esta clase de tramas (ver el capítulo 17 “La organización del blanqueo”). Hubo que esperar varios años más para que, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, los altos cargos de la administración, los parlamentarios, los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, los embajadores, el alto personal militar, así como los alcaldes y los concejales de municipios de más de 50.000 habitantes también fueran sometidos en España a una vigilancia específica por parte del SEPBLANC (AIFE 2014)

(3) En el mismo sentido apuntan aspectos tales como los que siguen: a lo largo de 2012 la investigación policial se siguió concentrado en los casos de blanqueo procedentes del tráfico de drogas y el 90% de las incautaciones de activos de ese año tenían todavía su origen en delitos de cuello azul -preferentemente narcotráfico- probablemente también porque los cuerpos policiales tenían y sigue teniend mucha más experiencia en esta clase del intervenciones, y también porque resulta mucho más fácil aplicar el principio del “seguirle la pista del dinero” a los delincuentes de cuello azul por las razones que vamos a ir viendo. Aún en 2012, comentando el Caso Emperador de varios cientos de millones de euros en concepto de cuotas defraudadas y otros delitos, un responsable gubernamental se esforzaba en minimizar la importancia del delito fiscal siguiendo la inercia de años anteriores: “la cuestión fiscal aquí es comparativamente menor. Aquí el principal problema es una cuestión de blanqueo de capitales, término que se utiliza mucho pero que consiste, esencialmente en extraer dinero de unas actividades que muy a menudo son ilegales, sacarlo y luego volverlo a reintroducir como si proviniese de actividades legales”. Esta anteposición entre blanqueo y delito fiscal no se sostiene pues sólo es posible blanquear activos generados con delitos precedentes. En realidad se apoya en la ya larga tradición que vincula el blanqueo exclusivamente al cuello azul dando dicha vinculación por una realidad natural, evidente e incuestionable.

PRIMERA PARTE: LA GENERACIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS

6. Los ilícitos generados con delitos fiscales en España

Hay numerosos estudios destinados a calcular las dimensiones de la llamada “economía informal” o no declarada, pero al menos en España no se han dado ni tan siquiera los primeros pasos para calcular el valor anual de las cuotas no ingresadas superiores a 120.000€ por tributo, en definitiva las dimensiones económicas del delito fiscal. Lo que sigue es un primer intento de cálculo a partir de la información disponible sobre una serie de variables que pueden hacerlo posible (ver el cap. “Los ilícitos generados con delitos fiscales”)

(1) El primer paso destinado a calcular el valor del dinero ilícito generado con actividades de evasión fiscal pasa por dimensionar las economías “informal”, “gris” y "negra” (ver capítulo 4 “Los ilícitos generados con delitos fiscales”). Los autores académicos estiman la suma de estas tres “sub-economías” en una horquilla que va del 16% al 26% del PIB dependiendo del método de cálculo, aunque la mayoría lo sitúa en una banda de entre el 21% y el 23%. Schneider, que aplica una metodología única para calcular este porcentaje en países con realidades sociales e institucionales completamente distintas entre sí -una decisión problemática que debería dar lugar a relativizar al menos los datos referidos a los países en desarrollo publicados por este profesor de la Universidad Linz y su equipo- la ha estimado para España en el 24,5% como media de los años 1998 a 2015, casi dos puntos por encima de las estimaciones más precisas hechas por investigadores españoles (FMI 2018)

(2) La mayoría de los estudios confirman, en cualquier caso, que el fraude fiscal -tanto en su versión penalmente incriminable como en su versión no penal, ha venido aumentando casi de forma ininterrumpida en el conjunto de la Unión desde principios de los años 1980, a pesar de la continuada rebaja de los tipos máximos en un país tras otro, destinada -al menos intencionadamente- a combatir justamente la infracción y el delito fiscales. Así, sólo entre 1997 y 2008 la economía sumergida ha aumentado en más de 5 puntos como media de los países estudiados afectando, sobre todo, al fraude del IVA que en España ha aumentado en casi 7 puntos (Sardá dir (2014). La recaudación sufrió un retroceso en nuestro país con el desplome económico de 2008, un hecho inevitable y comprensible dada la situación de crisis. Pero lo que no es tan normal, es que dicha recaudación haya sido mucho más acusada que la propia caída del PIB, una dinámica que denota un problema estructural propio del sistema fiscal español (De la Torre 2014: 37). Las dimensiones de su economía sumergida son comparables a la del resto de los países de la periferia sur de Europa, sobre todo con los de aquellos que se integraron en un momento y en unas condiciones similares en el entonces Mercado Único Europeo tales como Portugal -23%- y Grecia -27%-, aunque muy similar a las de Italia, donde asciende a algo menos del 25% según el estudio agregado y algo problemático de Medina y Schneider realizado para el FMI (todos datos medios para el período 1991 a 2015).

(3) Si el conjunto de la defraudación tributaria en España representa algo menos del 23% del PIB cifrado en un billón de euros como media de los años 2007 a 2012, y suponiendo que la presión fiscal media se sitúa en los alrededores del 33% (José Antonio Peláez Martos la cifra en el 36%, lo cual nos parece excesivo) esto significaría que la media interanual de las cuotas no ingresadas ascendería a unos 75.000mill€ al año, un valor que se suma, año tras año al generado con los delitos de años anteriores, y que circula por la economía del país mezclado con los flujos económicos legales. Para explorar el fenómeno que aquí nos interesa tenemos que fraccionar, sin embargo, estos 75.000mill€ en aquella parte que equivale a las cuotas no ingresadas por un importe menor de 120.000€ -economía gris-, y aquella otra que suma las cuotas no ingresadas por un importe superior a dicha cantidad -economía negra de origen fiscal-, una cantidad sobre la que no se ha hecho calculo alguno, ni siquiera estimativo hasta la fecha a pesar de su alta relevancia para la Hacienda Pública.

(4) En 2005 la Fiscalía General del Estado abrió diligencias por 621 presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social aunque no fueron condenadas más de 170 personas y en 2014 sólo había 100 personas en prisión por este delito frente a 3.000 en los Estados Unidos, un país con una población sólo siete veces mayor y una presión fiscal inferior a la española. Estas cifras contrastan con el muy elevado número de diligencias abiertas por delitos económicos menores en España: 2,1 millones por delitos contra el patrimonio, sobre todo robos en los que unas 25.000 personas fueron condenadas (FGE 2004 e INE 2008). Entre 1999 y 2016 la Agencia Tributaria española destapó una media interanual de 680 delitos fiscales, con una fuerte tendencia a la disminución a partir de 2010, un año a partir del cual también empezaron a crecer de forma significativa las condenas por delitos contra la Hacienda Pública (AT vv.aa.)

(5) Por otra parte los recursos con los que cuenta la AT española, por ejemplo medidos en número de empleados por 1.000 habitantes, son entre cuatro y dos veces menores que aquellos con los que cuentan otros países con sistemas de bienestar comparables (De la Torre 2014 y Fitor Miró 2017: 94 y 86). Son datos que apuntan hacia una baja criminalización de las conductas de evasión fiscal en España, una situación que dificulta el cumplimiento de las obligaciones constitucionales que tienen asignados los gobiernos para con sus ciudadanos pues reduce su capacidad de recaudación, eleva su endeudamiento y dispara el gasto público. El 67% de las denuncias por delito fiscal hechas por la AT entre 1988 y 2015 se refieren a fraudes de IVA y el 21% a impuesto de sociedades sumando casi el 90% del total, mientras que el 16% restante se reparte entre los fraudes de IRPF y fraudes de aduanas (Fitor Miró 2017: 66 - los porcentajes suman más del 100% pues algunos casos afectan a varios impuestos a la vez).

(6) Ninguno de los estudios sobre evasión fiscal actualmente disponibles aventura hipótesis alguna sobre las proporciones que podría guardar el dinero gris y el dinero negro de origen fiscal, un dato que sí obra en los registros de la Agencia Tributaria pero que están sometidos a un estricto anonimato. Los datos de la Agencia Tributaria no tienen en cuenta los ingresos y, por tanto la extracción social de los defraudadores, lo cual dificulta el intento de calcularlas. Según la AT hay 170.000 familias -el 0,8% de los hogares españoles- que disponen de un patrimonio declarado medio acumulado -o un “stock patrimonial”- de más de un millón de euros, sin incluir ni el valor de sus respectivas residencias principales, ni tampoco el de su patrimonio oculto en jurisdicciones offshore (Expansión 20/5/2010, El Mundo 10/9/2014 así como ML/C 2010: 6). Sin embargo, sólo el 0,04% de todos los contribuyentes declaraba en 2009 tener una renta superior a 600.000 euros anuales, una desproporción inverosímil que apunta al carácter oculto de una parte muy significativa de su patrimonio tanto dentro como fuera de España. Los titulares de esta clase de rentas tienen muchas posibilidades de esconder sus verdaderos ingresos a través de la contratación de especialistas en optimización fiscal, si bien la parte más importante de la defraudación nace de su vinculación con la actividad empresarial que les permite utilizar las infraestructuras de las organizaciones para/en las que trabajan o de las que son co-propietarios en muchos casos, para declarar como gastos de empresa una parte significativa de su consumo regular y suntuario: automóviles de gama alta o viajes privados declarados como gastos de empresa para poder desgravarlos etc: una parte significa de la defraudación del impuesto de sociedades tiene aquí su origen.

(7) ¿Cómo calcular el valor de la gran evasión fiscal? La hacienda española distingue tres grupos de cotización sensibles a la defraudación (ATb vv.aa). (I) los autónomos que cotizan como personas físicas, (II) las empresas con menos de 6 mill€ de ingresos anuales y (III) las 25.000 “grandes empresas” con ingresos superiores a esa cantidad.

El grupo I genera el 9% del total de la evasión fiscal -la suma de su parte gris y negra- que equivalen a 6.300 mill€ al año. Aquí están incluidos tanto los autónomos tradicionales (fontaneros, propietarios de microempresas familiares, pequeños comerciantes etc) como también los autónomos incorporados masivamente al sector de la construcción a partir de los años 1990: unos 600.000 en el pico de la burbuja inmobiliaria, muchos de los cuales vieron como sus ingresos y el estatus social recién alcanzado se venían abajo con la crisis de 2008. Además están incluidos los profesionales y técnicos sin asalariados que no cotizan a través de sociedades y tributan por su actividad en IRPF, no pocos de ellos también vinculados al gremio del ladrillo tales como arquitectos, ingenieros o ingenieros técnicos. Suman unos tres millones de declarantes de los cuales 1,5 millones en estimación directa, 0,5 millones en estimación objetiva y unos 200.000 que realizan actividades agrarias -los llamados autónomos agrarios-. Estas cifras coinciden aproximadamente con las personas dadas de alta en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (Entrevista A-4; El listado de las personas entrevistadas figura en el apartado de “Fuentes primarias” dentro de esta misma página web). El fraude medio por cada cotizante de este grupo asciende a algo más de 2.000€, aunque el fraude total está repartido de forma muy desigual entre muchos defraudadores pequeños, menos defraudadores medios y poco defraudadores importantes, que son los que aquí nos interesan.
El segundo grupo -1,2 millones de empresas con menos de 6 mill€ de ingresos anuales- equivalen a las “empresas de reducida dimensión” y concentran el 17% del fraude total con lo cual cada defraudador lo hace por un importe medio de unos 10.000€ al año. A este segundo grupo de “empresas de reducida dimensión” pertenecen también los despachos profesionales que no alcanzan los seis millones de euros anuales de cifra de negocios: dentistas, arquitectos, notarios, ingenieros, asesores fiscales etc dados de alta como sociedades.
El tercer grupo son las 25.000 grandes empresas con más de 6 millones de ingresos anuales. Concentran el 74% del fraude total, con lo cual cada defraudador toca a algo más de 2 mill€ de media anual. A este grupo pertenecen también los grandes despachos profesionales con una cifra de negocios superior a 6 mill.

(8) Con este material, y en espera de investigaciones más sistemáticas, podemos empezar a hacer algunos cálculos, no del todo descabellados, del valor que representan las cantidades penalmente incriminables sobre los 75.000mill€ que equivalen al conjunto del fraude fiscal en España -entendido como la suma de su parte gris y su parte negra- así como su distribución entre diferentes grupos de defraudadores. En el grupo de las “personas físicas” (grupo I) esta posibilidad es más remota: supongamos -son estimaciones fácilmente precisables con la incorporación de datos no publicados pero que obran en manos de la Hacienda Pública- que el 0,5% de los 3 millones de declarantes del grupo I son grandes defraudadores -unas 15.000 personas- por una cantidad media de 150.000€ al año que sumarían 2.300mill€ de cuotas no ingresadas. Supongamos que el 5% de los 1,2 mill de cotizantes del Grupo II -60.000 personas- son defraudadores por un importe medio de 200.000€ que sumarían 12.000mill€ de cuotas no ingresadas. Y supongamos también que el 15% de las 25.000 “grandes empresas” -3.800 cotizantes- dejan de ingresar cada año 1,5mill€ cada una por término medio, una estimación más bien baja teniendo en cuenta los recursos de los que dispone este grupo de defraudadores dada su vinculación directa con la actividad empresarial y su particular capacidad económica para contratar a profesionales altamente especializados en opacitar activos de todo tipo. La última cifra es razonablemente coherente con los datos de los 4.770 mayores morosos del país publicada por el Ministerio de Hacienda que han dejado de ingresar 3,2mill€ por término medio y una mediana de 1,7mill€ a lo largo de varios años suman un total de 15.700mill€ de cuotas defraudadas (El Mundo 23/12/2015 y 1/7/2016). Todo ello se traduciría en 5.700mill€ en concepto de cuotas defraudadas anualmente por el grupo III que, sumados a los anteriores, daría una cifra total de defraudación fiscal penalmente incriminable de unos 20.000mill€ de los cuales el 10% sería recuperado por la Hacienda Pública.

7. Algunas sentencias por grandes delitos fiscales en España

Lo que siguen son algunos ejemplos de casos juzgados por delito fiscal en España, concretamente por imago de IVA y de impuesto de sociedades, dos impuestos que suman más del 80% de todas las infracciones tributarias penalmente incriminables (ver el cap. “Los ilícitos generados con delitos fiscales”).

(1) Gran empresario de la distribución de hidrocarburos crea un entramado de empresas con el fin de evadir el IVA. En el sector de hidrocarburos los distribuidores mayoristas compran la mercancía de unos llamados “depósitos legales de hidrocarburos” y al hacerlo tienen que satisfacer una serie de impuestos entre los que no figura el IVA. El IVA lo tienen que repercutir a los compradores minoristas a través de la venta en las gasolineras que sí lo pagan siempre y en todos los casos pues lo reciben de los consumidores finales. Esta situación quiere decir que hacienda ingresa una pequeña cantidad de impuestos con la compra mayorista pero debería ingresar una cantidad importante con la compra minorista. El procedimiento de evasión consistía en este caso, en crear un eslabón empresarial y ficticio entre el depósito legal y la distribuidora mayorista de hidrocarburos, eslabón que está en el centro de la defraudación. La empresa pantalla declaraba sus ventas a esta última como habiendo soportado el IVA correspondiente, lo cual le permitía a esta última, compradora de aquella, repercutir sólo una pequeña parte de dicho impuesto. El resultado era el impago de cantidades importantes de IVA así como la posibilidad de vender el carburante a precios más bajos que la competencia. Cantidad defraudada: 68mill€ a lo largo de varios años (CasoWalkers). Se trata de un esquema defraudatorio muy parecido al llamado “fraude carrusel”, una de las principales vías de pérdida de cuotas defraudadas tanto en España como en otros países de la Unión Europea (P. ej. De la Torre 2014).

(2) Un Empresario dedicado a la comercialización mayorista del atún desarrolla varios métodos para ocultar su base imponible con el fin de evadir impuestos de sociedades. En un primer período (años 1980) crea un grupo de sociedades en Panamá dedicadas a dicha comercialización de las que es el beneficiario último, grupo a la que pertenecen también las sociedades españolas de su propiedad. Las sociedades panameñas “vendían” atún a precios sobrefacturados a las sociedades españolas del mismo grupo con lo cual estas se limitaban a mover beneficios hacia aquellas generándose así una menor carga fiscal en las empresas erradicadas en España (AN 7/2013). Este procedimiento es utilizado de forma masiva en muchos países para mover activos de unos países a otros sin tener que recurrir al sistema financiero y sin que suenen las alarmas. Lo hemos llamado “desconexión productiva” y será tratado en “La economía ilícita internacional” de próxima publicación.

(3) Un Protésico dental y dueño de una red de franquicias clínicas organiza un sistema de defraudación fiscal obligando a sus franquiciados a pagar en metálico -hasta 10.000€ al mes y hasta 17mill€ al año-, con el fin de no tener que declararlo a Hacienda y reducir así la base imponible del impuesto de sociedades. De esta forma consiguió defraudar 10mill€ a lo largo de 8 años, 1,3mill€ por año (AAN 17/2/2106).

8. El uso de modelos en el estudio de la corrupción

Resulta problemático abordar el estudio de la corrupción recurriendo a modelos matemáticos tal y como hacen Alonso y Mulas-Granados dirs. (2011), León et al (2014) así como Olivo Espín (2017) en gran medida básandose en la llamada “teoría económica del delito” que, a su vez, se apoya en las teorías económicas neoclásicas (ver el capítulo 5 “El estudio de la corrupción”). Nuestros argumentos son los siguientes:

(1) En el centro del problema está la confusión entre conductas y delitos, la consideración de estos últimos como hechos objetivos transformables en variables matemáticas antes que como valoraciones normativas de hechos objetivos. La matematización crea una falsa sensación de objetividad enfrentada, como mínimo, a dos aspectos centrales, especialmente cuando se intenta aplicar al estudio de la corrupción en muchas jurisdicciones distintas. Primero, al hecho de que la misma conducta puede ser un delito en un país y no en otro. Lo que es un delito urbanístico en la España posterior a 1978, por ejemplo, no lo es en absoluto en muchos estados de los EEUU, en la Turquía de Erdogán y tampoco lo era en la España de Franco. En segundo lugar porque las estadísticas disponibles sobre estos delitos, que constituyen la base empírica principal sobre la que pretenden funcionar los modelos, no sólo son discontinuas y de muy mala calidad, sino que en ningún caso pueden ser comparadas de unos países a otros. Sólo si se hace un estudio país por país utlizando metodologías similares basadas en el estudio comparativo de sus sistemas penales y en la recopilación de sentencias judiciales unida a un cálculo realista del la cifra negra en función de la particularidad de cada sociedad y de cada sistema penal, es posible aspirar a hacer comparaciones internacionales entre los países estudiados individualmente. El uso de variables de aproximación o proxis, no soluciona el problema, pues se trata de datos excesivamente indirectos y separados la mayor de las veces de los comportamientos empírico-reales, lo cual refuerza los efectos señalados antes que esquivarlos.

(2) A esto se suma que los autores que frecuentan el uso de modelos para explorar la corrupción y hacerla commensurable entre unos países y otros no especifican el tipo de corrupción que están estudiando, es decir, si se trata de malversación, del pago de dádivas, de corrupción entre particulares, de desvío de subvenciones o de corrupción urbanística, a pesar de que sólo comparando estas tipologías diferenciadas, recogidas en los respectivos códigos penales, podría aspirarse a hacer una comparación mínimamente coherente entre países. Esta tendencia a abordar el problema de forma agregada no sólo se debe al deficiente estado de las estadísticas policiales, sino a la propia complejidad del fenómeno que puede llevar fácilmente a sumar peras y manzanas. La particularidad de cada una de sus manifestaciones -por ejemplo si se trata de dádivas vinculadas al narcotráfico, de actos de malversación de caudales o de delitos urbanísticos- tampoco puede ser tenida en cuenta cuando se recurre a modelos matemáticos, lo cual también reduce la precisión de los análisis.

(3) En realidad, el problema en el uso de modelos en las ciencias sociales es más general, un problema que tiende a ser infravalorado en los últimos años en los que hemos asistido a un uso excesivo de los mismos con la pretendida finalidad de mejorar la objetividad del análisis. El problema central es que para que los modelos puedan funcionar tienen que alejarse -a veces de forma considerable- de la realidad que se pretende “objetivar” con ellos, pues requieren de la simplificación, de la separación de determinadas variables del conjunto de factores haciendo “como si”, es decir suponiendo que el resto de las variables que la componen no influyen en aquello que se desea explorar. En economía, por ejemplo, las ficciones matemáticas sólo puede funcionar “si se asumen realidades totalmente ficticias como que los precios y las cantidades pueden ser descompuestas en unidades infinitamente pequeñas, y que ambas reaccionan a modificaciones también infinitamente pequeñas al comportamiento de las demás magnitudes. El objetivo de estas suposiciones es la necesidad de formular funciones, en definitiva el intento de aplicar cálculos diferenciales. Por medio de su ayuda es posible aparentar una realidad económica seudoexacta que les permite homologarse a las llamada ciencias exactas” (Krüger y Müller 2020: 16). Pero para que los modelos no sólo funcionen internamente de forma lógica y “elegante”, sino que además dicho funcionamiento refleje de forma certera una parte de la realidad, resulta problemático muchas veces llevar tan lejos la simplificación que requieren los modelos para que puedan llegar a ser operativos. La realidad social -incluso la realidad biológica- siempre es histórico-genética antes que lógico-formal, lo cual obliga a introducir el factor tiempo, un factor que provoca siempre y en todos los casos una modificación cualitativa, casi siempre irreversible, de las propias variables. La abstracción de aspectos de la realidad que pueden resultan centrales para comprender determinadas conductas genera por tanto una visión mediatizada, indirecta y, de facto, alejada de la realidad, una suerte de “neoplatonismo de los modelos” que ya fue criticado en los años 1960 en relación al intento de comprender los fenómenos económicos a partir de la suposición, completamente ficticia, de que la realidad económica y social está compuesta íntegramente por transacciones mercantiles maximizadoras (Albert 1965).

(4) El intento de abordar el estudio de fenómenos sociales haciendo uso sistemático de modelos en sustitución de razonamientos cualitativos, se remonta a finales del siglo XIX. Vilfredo Pareto estableció una separación entre los comportamientos “ideales” propios de personas definidas de forma abstracta y activa en el dominio de la economía y con conductas susceptibles de ser matematizadas, y comportamientos “reales” propios del resto de la acción social y política basada en conductas esencialmente alógicas e imprevisibles que, así Pareto, no pueden ser estudiadas siguiendo los procedimientos matemáticos, una distinción que sin duda evoca el pensamiento de Platón (Tratado de Sociología General §§2143 citado en Deppe 2016: 194). Aunque la distinción de Pareto entre comportamiento “ideales” y “reales” asume el alejamiento de aquellos de la realidad empírica, una realidad que este autor, línea con el pensamiento finisecular de su época, consideraba esencialmente irracional. Pero incluso en el dominio del comportamiento económico resulta poco aconsejable alejarse tanto de la realidad empírica para poder maquearla en modelos en perjuicio de la visión histórico-genética y efectivamente “real” de las conductas económicas. Thomas Piketty ha vuelto a llamar la atención sobre este abuso en las ciencias económicas: “Digámoslo muy claro: la disciplina económica aún no ha abandonado su pasión infantil por las matemáticas y las especulaciones puramente teóricas, y a menudo muy ideológicas, en detrimento de la investigación histórica y de la reconciliación con las demás ciencias sociales” (Piketty 2013: 47).

(5) La distinción de Pareto entre comportamientos “ideales” y “reales” encaja bien en una forma de entender el delito basado en una separación radical entre la esfera de lo lícito y la esfera de lo ilícito, una separación que resulta más normativa que real y que no se lleva bien con la investigación criminológica y empírica en general. Ha inspirado a algunos autores poco familiarizados con la criminología para desarrollar una “teoría económica del delito” apoyándose en el economista neoclásico Gary Becker, una teoría que, precisamente en el mundo del delito, parece de más difícil aplicación por su alejamiento de la realidad. La razón es que las conductas desviadas tienen en muchos casos una motivación poco “racional” y, con ello, más próxima a la “realidad” irracionalista de Parto, que a la esfera económica de sus comportamientos económicos “ideales” (ver el comentario 3). Así, por lo general, están plagadas de decisiones basadas en una racionalidad propia, pragmática e imprevisible que está particularmente alejada del mundo “ideal” y ficticio del Pareto. Las desviaciones de la norma, por ejemplo, incluyen la posibilidad de que las acciones sean el resultado de patologías y otros muchos factores -por ejemplo culturales y psicológicos- imposibles de parametrizar por adelantado con ayuda de modelos, con lo cual la racionalidad económica -la parte “ideal” de comportamiento en Pareto- ocupa siempre un lugar subordinado frente a la "racionalidad delictiva", es decir, a la prioridad de evitar la interceptación de la policía por encima de todo, un riesgo que resulta imposible de descomponer en unidades infinitesimales. Para una crítica más detallada de la teoría económica del delito basada en planteamientos neoclásicos basados en esquemas formales alejados de la realidad empírica ver, por ejemplo, Champeyrache (2019).

9. El caso de los ERE de desvío de subvenciones

El caso de los ERE de Andalucía es el más complejo, continuado y sofisticado de desvío de subvenciones -luego fue juzgado como un caso de malversación-, aunque no el que más ilícitos generó, un honor que le corresponde al caso Volkswagen relacionado con la manipulación de pruebas destinadas a comprobar las emisiones de los motores aparentemente más limpios cuya fabricación fue subvencionada con dinero procedente de las arcas públicas de varios países (ver el comentario 15). Lo que sigue es una reconstrucción de dicho caso a partir de varias entrevistas, así como del informe del Tribunal de Cuentas de Andalucía, pues la sentencia no había sido fallada aún en el momento de cerrar este manuscrito (ver “El valor del patrimonio público desviado y malversado” en el cap. 5).

(1) El procedimiento habitual de concesión de este tipo de ayudas sociolaborales consiste en que las administraciones participan, junto con las propias empresas, de la contratación de pólizas de renta a una empresa aseguradora. Estas pólizas son las que aseguran que el trabajador desempleado pueda recibir unos ingresos regulares y previamente calculados con objetividad en función de su antigüedad o de su salario hasta el momento de su jubilación. El procedimiento normal pasa por un concurso competitivo entre aseguradoras que ofertan su producto previa asistencia o apoyo de las corredurías que realizan estudios actuariales objetivos a cambio de una comisión de mercado. Una vez seleccionada la aseguradora más competitiva por parte de la administración, la empresa en quiebra y la administración comparten el coste de las pólizas de renta que incluyen el pago de comisiones razonables a dichas corredurías que intervienen en el estudio, y que ascienden a entre el 1 y el 6% del total (entrevista E-14). El objetivo de este sistema es que los afectados perciban una renta regular en vez de una indemnización de una sola vez, pues esta última entraña el riesgo de que su beneficiario se la gaste o la invierta en una operación empresarial o personal fallida.

(2) Los destinatarios legítimos del programa de subvenciones eran, en este caso, (primero) unos 5.900 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo a los que se destinó 582mill€ en ayudas públicas para que pudieran prejubilarse en condiciones económicas dignas, aunque algunas de estas ayudas no se pagaron en concepto de prejubilaciones sino como indemnizaciones directas por despido. El segundo grupo de destinatarios de las subvenciones eran 275 empresas andaluzas en crisis, que debían recibir un total de 1.119mill€ también en concepto de subvenciones. No todas estas cantidades acabaron en bolsillos equivocados como han viniendo sugiriendo algunos medios de comunicación y otros actores, sino sólo una fracción de la misma que el Tribunal de Cuentas de Andalucía han cifrado en no menos de 180mill, una cantidad muy considerable, a pesar de todo, que equivalen a 20mill€ por año, aunque es probable que la cifra exacta no llegue a saberse nunca.

(3) En esencia, el desvío de subvenciones, luego calificado de malversación, se produjo porque se incumplieron muchos de los procedimientos estipulados y descritos en las leyes y los reglamentos oficiales para canalizar las ayudas concedidas. Se hizo una interpretación muy laxa de dichos procedimientos y con los años se fue generando un sistema tan opaco y ramificado, que no va a poder ser desentrañado nunca en su totalidad. Los responsables del dinero público jugaban a explorar los espacios que limitan lo legal con lo alegal de forma similar a como sucede en los esquemas de evasión fiscal, aunque en algunos casos traspasando claramente el límite de la legalidad. Al hacerlo generaron un sistema de intercambio de favores que, en última instancia, acabó teniendo tanto una finalidad económica como política en beneficio del partido en el gobierno de la Junta de Andalucía.

(4) Concretamente se incumplieron o aplicaron procedimientos extremadamente laxos y arbitrarios a la hora de determinar: (a) el número, la identidad y otros datos referidos a las personas y las empresas beneficiarias de las ayudas; (b) las personas físicas y jurídicas que tenían que participar en la gestión y la canalización de las ayudas hacia sus destinatarios legítimos; (c) las aseguradoras con la mejor oferta y, por tanto, con el menor coste para el contribuyente y (d) los mecanismos de devolución a la administración de las primas de los trabajadores beneficiados que encontraran un empleo: el llamado extorno. Todas estas infracciones encadenadas, algunas graves y flagrantes otras más bien alegales y sospechosamente inusuales, fueron acumulándose y reforzándose mútuamente a medida en que fueron pasando los años, creándose así un entramado opaco y un funcionamiento administrativo en el que los estándares de control y de supervisión quedaban cada vez más debilitados.

(5) La trama estaba organizada alrededor de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), una institución vinculada a la Junta de Andalucía desde la que se diseñaban los procedimientos de adjudicación de ayudas, y se elegían de forma arbitraria a los actores que tenían que intervenir en su tramitación y concesión. El resultado fue que un buen número de personas físicas y jurídicas sin derecho a recibir subvención alguna, las recibió a pesar de todo. Los agujeros contables que se fueron abriendo se tuvieron que ir cerrando al año siguiente provocando el desvío de cantidades adicionales de dinero de los contribuyentes con el fin de evitar que colapsara el sistema. Las irregularidades afectaron, más concretamente a:

(a) A destinatarios ilegítimos. En algunos expedientes no figuraban todos los datos requeridos para saber si los perceptores de las primas eran legítimos o no. En muchos faltaban cosas tan básicas como las firmas de los beneficiarios de las pólizas, en otros había errores de fechas, no se incluían las condiciones de los contratos y muchas veces ni siquiera se les entregaba el boletín individual que certificaba su condición de beneficiario de la póliza. Todo esto permitió la aparición de “intrusos”, de personas sin derecho a subvención. En mayo de 2012 se habían detectado 126 “intrusos” en cantidades importantes y la Junta les exigió el reintegro de las ayudas percibidas por importe de unos 12mill€. Según los datos aportados por la Administración a la Comisión de Investigación del Parlamento de Andalucía, en el mes de agosto de aquel año el número de intrusos detectados había ascendido a 183, el equivalente a entre el 3% y el 4% de todos los destinatarios legítimos que se habían beneficiado de, al menos, 18mill€ en ayudas injustificadas. La misma desidia administrativa afectaba a muchas de las empresas beneficiarias de las subvenciones, casi todas ubicadas en la deprimida Sierra Norte de Sevilla. No se les pedían avales ni garantías que demostraran su capacidad de asumir parte del pago de las pólizas, no se recababan datos sobre su personalidad jurídica, sobre sus representantes legales o sobre si estaban al día con sus obligaciones fiscales. La mayor parte de las ayudas a empresas fueron concedidas por tanto de forma arbitraria siguiendo procedimientos llamados “excepcionales”, a pesar de que existían procedimientos ordinarios apropiados para hacerlo. La Cámara de Cuentas de Andalucía ha estimado que el valor de las subvenciones no justificadas concedidas a empresas asciende a 127mill€, de las cuales 100mill€ fueron manifiestamente ilegales.
(b) A entidades y procedimientos equivocados para garantizar la cadena de pagos. Muchas de las entidades que intervenían en los procedimientos no estaban realmente autorizadas a intervenir en los pagos. La Dirección General regional le había encomendado a la empresas públicas IFA/IDEA el pago de las subvenciones a las aseguradoras que intervenían en el proceso, así como a las consultoras y corredurías que hacían de intermediarias con estas. Pero en ocasiones, la propia Dirección General le pidió a alguno de los intermediarios de las subvenciones que ya había cobrado, que hiciera un pago a otro segundo intermediario o aseguradora con el fin de facilitar la apertura de un segundo expediente -sistema de “pagos cruzados”- Esta especie de subcontratación ilícita rompía completamente la cadena de control de dichos pagos trasladándosela a actores no autorizados ni previstos, todos con ánimo de lucro y, por tanto, interesados en cobrar unos servicios innecesarios. Las aseguradoras dejaron de ser así meras ofertantes de pólizas para pasar a convertirse en administradores de la entrega y la distribución de fondos a terceros, lo cual les está totalmente prohibido pues no forman parte de la administración pública. Algunas aseguradoras y corredurías, que tenían que tener una relación mercantil entre ellas, llegaron a compartir una misma CC, lo cual demuestra hasta qué punto y con qué desparpajo llegaron a estar vinculadas entre sí. También una asociacion de trabajadores se convirtió en un actor no autorizado de distribución de ayudas llegando a canalizar 15mill€ hacia sus destinatarios finales previo descuento de una comisión.
(c) Contratación no transparente de aseguradoras. Con el fin de conocer la mejor oferta de las aseguradoras para contratar las pólizas de renta, las administraciones o cualquier otro cliente, contactan normalmente con una correduría. Se trata de un actor imparcial e independiente que se ocupa de buscar la mejor compañía de seguros para su cliente a cambio de una comisión que, normalmente se mueve en un entorno que oscila entre el 1% y el 6%. Sin embargo, las corredurías contratadas desde IDEA cobraban comisiones medias superiores al 10%, una diferencia que equivalía a un plus de más de 60mill€. Una parte de estas sobrecomisiones eran canalizadas hacia entidades beneficiarias imposibles de determinar, otra las ingresaban las propias corredurías en sus cuentas de resultados. Su forma de proceder tampoco era transparente. En la documentación, por ejemplo, no figuraban los estudios actuariales que resultan imprescindibles para hacer el cálculo de las primas sobre bases objetivas y seleccionar la más apropiada para el cliente, y en algunos casos los propios beneficiarios de las pólizas no eran los trabajadores sino las propias corredurías. Además, en el momento de elegir a las compañías aseguradoras más apropiadas para el interés general no había información suficientemente fiable como para poder hacerlo con objetividad y tampoco era conocida la metodología utilizada para proponer unas aseguradoras frente a otras.
(d) La devolución de extorno. Cuando se suscriben pólizas de renta destinadas a que un desempleado disponga de unos ingresos hasta cumplir la edad de jubilación, existe la posibilidad de que encuentre un trabajo. En esos casos dicho trabajador no hace uso de la totalidad de la póliza, con lo cual la aseguradora tiene que devolverle parte del importe pagado, en este caso a la Junta de Andalucía, el llamado “extorno”. En muchos casos, sin embargo, el beneficiario del extorno no era el pagador, es decir, la Junta de Andalucía, sino uno de los mediadores que intervenían en los pagos, normalmente las corredurías contratadas y beneficiadas de las elevadas comisiones.

10. Los estudios pioneros del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC)

La masificación de la corrupción urbanística en la Costa del Sol no es un fenómeno ni novedoso ni tampoco casual: en el capítulo 19 (“El caso de la Costa del Sol”) damos detalles sobre su origen histórico. Los trabajos del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC), así como la propia acción de las fiscalías anticorrupción creadas en la segunda mitad de los años 1990, demuestran que las autoridades, la opinión pública y los grupos políticos conocían las dimensiones que había adquirido en fenómeno. El IAIC ha realizado dos estudios con conclusiones irrefutables (ver “La malversación de patrimonio público inmobiliario” en el cap. 5).

(1) El primero es más global y se refiere a varios municipios de la Costa del Sol (Diez Ripollés et al. 2004). El primero está basado en 87 entrevistas personales y confidenciales a funcionarios y representantes estatales, autonómicos y locales, líderes políticos, periodistas, policías, promotores urbanísticos, agentes inmobiliarios, abogados, jueces, fiscales, académicos y alcaldes. Se enviaron varios cuestionarios para recabar información sobre formas de gestión y tramitación de los permisos de obra, su número, los sistemas de inspección y control municipal etc., aunque uno de los cuestionarios no pudo ser evaluado por falta de respuestas. Asimismo se reunieron datos estadísticos sobre delitos, sentencias, realidad socioeconómica de las comarcas, se realizaron trabajos de observación participante y se reunió material periodístico, testimonios etc. sobre 23 casos de corrupción urbanística, 20 de ellos acaecidos en España pues en el estudio se incluyeron, además, cuestionarios a informantes corresponsales en tres países europeos.

(2) El segundo trabajo del IAIC (Diez Ripollés et al. 2011) es un detallado análisis de un macroproyecto urbanístico particular -Los Merinos Norte- ubicado en la segunda línea de costa. Se trata de un macroproyecto de urbanización de un entorno natural protegido de fuerte impacto ambiental destinado a crear espacios residenciales y de ocio para las rentas altas nacionales y extranjeras. Este proyecto tiene una larga y compleja historia de casi veinte años y parte de la iniciativa de varios inversores suizos, algunos acusados y condenados por varios delitos. Los autores hacen una minuciosa reconstrucción de sus etapas, de las posiciones, los intereses y los argumentos de los diferentes actores involucrados, así como de los procedimientos jurídico-administrativos empleados y los actores encargados de sacarlos adelante.

(3) El principal interés de ambos estudios cualitativos radica en que desvelan los procedimientos utilizados y entramados sociales destinados a ponerlos en marcha. Además esbozan los condicionamientos objetivos que hacen posible y alimentan dichas prácticas ilícitas. Si bien este estudio no aporta información concreta sobre flujos financieros y blanqueo de capitales, demuestra el carácter criminogénico de dichos entramados debido a su capacidad de generar grandes cantidades de ilícitos. Además permite interpretar la conexión personal, profesional e institucional de los actores implicados en los delitos precedentes con los actores profesionales vinculados a la circulación de los activos ilícitos y la participación de estos últimos en varias tramas a la vez como las del los casos DDPP 1455/2006, AP MA 179/2013 y AP MA 200/2011. Se trata de tramas extrapolables a numerosas comarcas de la línea de costa española aunque adquieren características propias en el particular microclima social de la Costa del Sol.

11. Los esquemas especulativos en el sector financiero e inmobiliario

La especulación con bienes inmuebles está en la base de una buena parte de los delitos urbanísticos que se fueron masificando tras el decreto de la Ley del Suelo de 1997. Contradiciendo el discurso oficial, aunque en plena sintonía con los estudios académicos independientes, dicha Ley no provocó una reducción del precio por metro cuadrado de vivienda construida debido al aumento de la oferta, sino a todo lo contrario, generó un fuerte incremento de dicho precio a partir de 1997 pasando de 750€ en 1997 a 2.000€ diez años después que equivale a un incremento de más del 260%.

(1) Lo que se esconde detrás de estos incrementos es la conversión del suelo y la vivienda, cuya rentabilidad para el promotor depende en gran medida de precio de aquel antes que el propio proceso de construcción de edificios, en mercancías susceptibles de ser convertidas en bien negociables en los mercados nacionales e internacionales con o sin fines especulativos, muchas veces a partir de su puesta en valor fraudulenta que provoca un "bing bang" de valor desamortizado particularmente rentable (ver “La malversación de patrimonio público inmobiliario” en el cap. 5. ).

(2) Esta políca forma parte de largo ciclo económico y político basado en la desregulación de los mercados financieros, un ciclo que arranca hacia 1980 y que puso fin a un período de 30 años (aproximadamente entre 1945 y 1975) durante los cuales los gobiernos y los bancos centrales ejercían un control estricto sobre sus sistemas financieros con el fin de ponerlos al servicio del desarrollo social y económico de sus países. Las dimensiones que llegaron a alcanzar las prácticas urbanísticas especulativas en España sólo se pueden llegar a comprender plenamente si se insertan en el clima económico general de desregulación del sistema financiero internacional y de generalización de las prácticas especulativas con activos financieros. Ambas actividades -la especulación con activos financieros e inmobiliarios- no sólo guardan una estrecha relación entre sí -por ejemplo a través de la titulización de activos hipotecarios o de las deudas contraídas para adquirir bienes inmuebles-, sino que las pautas de su funcionamiento son también muy similares. Le tomamos la palabra a Molins Colorado en su descripción de dichas pautas.

(2) Molins Colorado recurre a los economistas Minsky y Ponzi, para explicar el funcionamiento de las burbujas especulativas en general: “El economista Hyman Minsky teorizó que la dinámica de la burbuja crediticia -y por extensión también la inmobiliaria AFS- sigue en proceso de tres fases:

•En la primera, el inversor está «cubierto» ante los riesgos financieros: los rendimientos de la inversión son suficientes para pagar tanto los intereses como la amortización de la deuda;
•En la segunda fase, la del inversor especulativo, los rendimientos de la inversión sirven para pagar los intereses pero no la amortización de la deuda, que debe ser renegociada antes de su vencimiento;
•La tercera y última fase es la del inversor Ponzi: los rendimientos de la inversión no sirven para pagar los intereses, y mucho menos la amortización, siendo necesaria una revalorización continua del activo a fin de evitar la quiebra.

(3) La especulación con activos inmobiliarios en España se mantuvo en la primera fase de Minsky hasta mediados de la década de 1990, ya que era barato comprar vivienda, porque «se pagaba sola» (a pesar de los elevados tipos de interés del momento). Desde mediados de la década de 1990 hasta la entrada del euro -entre 2001 y 2002- el país permaneció en la segunda fase en la que los precios de la vivienda ya no eran tan bajos pero la actividad económica aumentaba y la compra de vivienda aún era un buen negocio. La tercera fase de Minsky, la Ponzi, empieza con la introducción del euro, cuando los bancos pudieron intermediar cantidades masivas de deuda extranjera a precios bajos, en comparación con lo que, históricamente, conocía la economía española.

(4) Durante 2005 y 2006 los precios inmobiliarios alcanzaron un punto de irracionalidad máxima, y eran necesarias subidas de precios elevadas y sostenidas en el tiempo durante muchos años, para que las inversiones simplemente no tuvieran pérdidas. Cuando una economía entra en la fase Ponzi, caen las barreras de protección mental y la sociedad se vuelve loca. La racionalidad se abandona, el neocórtex desaparece de nuestra conciencia. La mente reptiliana toma el control, y la población sufre el efecto de la «visión tubular». Sólo se ve lo que se quiere ver. Los ciudadanos somos incapaces de vislumbrar el desastre al que nos dirigimos, acercándonos al precipicio sin saberlo, como los lemmings. La ingeniería emocional es tan potente en la fase Ponzi que cualquiera que diga lo contrario es inmediatamente dejado de lado y atacado”. (Molins Colorado 2014: 137, ver también Barrón Arniches 2012 y Pellicer 2014).

12. Antecedentes franquistas de la corrupción urbanística

La cultura de la transgresión de las leyes urbanísticas del período democrático -y aquí especialmente a partir de mediados de los años 1990- tiene sus antecedentes más inmediatos en los años de la dictadura franquista, sobre todo en el período que se inicia a principios de los años 1950 (ver “El caso de la Costa del Sol” en el cap. 18).

(1) Muchas de las conductas que favorecieron la apropiación privada de patrimonio inmobilario de titularidad pública en aquellos años no eran ilegales pues dicho patrimonio no gozaba de protección alguna, lo cual genero pérdidas enormes e irreversibles de recursos histórico-culturales y naturales que aún están plenamente visibles en el país y lo seguirán estando para siempre. Sin embargo otras muchas infringían las propias leyes del Régimen, eran conductas literalmente ilícitas sino que esto quisiera decir que fueran criminalizadas, perseguidas o -menos aún- penalizadas. Muchos de los procedimientos delictivos ensayados en un contexto de extrema premura económica de algunos municipios del país, incluidas las prácticas que mucho después recibieron el nombre “blanqueo de capitales”, combinados con la falta de control democrático de las instituciones y una cultura generalizada del desinterés por lo público, fueron la normalidad en España a lo largo de las tres décadas que antecedieron al cambio democrático. A pesar de la retórica del Régimen, el propio dictador acumuló un patrimonio inmobiliario por un valor de unos 6mill€ de la época obtenido en gran parte sin respetar la propia legalidad vigente, así como una fortuna global valorada en 600mill€, la mayor parte de ella aparcada fuera de España (Del Arco Blanco 2018). Durante el ciclo de criminalización que se inició tras la crisis de 1992/93 una parte del país retornó una cultura urbanística y patrimonial en la que esta clase de prácticas ilegales volvieron a ser sistemáticamente descriminalizadas (ver “El discurso de las finanzas ilícitas en España” en el cap. 2). Algunos ejemplos:

(2) Madrid ha sido una de las ciudades más castigadas por las infracciones urbanísticas debido al desbordamiento de su tejido urbano provocado por la llegada masiva de inmigrantes procedentes del campo a partir de principios de los años 1950, de las pérdidas demográficas y patrimoniales ocasionadas por la guerra y por la falta de un presupuesto a la altura de las necesidades de la capital. El primero de los ejemplos más sonados afectó a un gran número de solares no urbanizables en el Pozo del Tío Raimundo utilizados para construir chabolas en los años 1950. Dichos terrenos habían sido parcelados en los años 1920 y fueron adquiridos por promotores a muy bajo precio en los años 1950 debido justamente a su clasificación como “no urbanizables”. Los compradores contaban con que, a pesar de ello, podían ser utilizados ilegalmente para construir chabolas dada la extrema necesidad que tenía la ciudad de arrostrar el problema de la vivienda. Gracias a las buenas relaciones de algunos de los compradores/promotores con Falange, la operación tenía todas las posibilidades de ser muy lucrativa pues estos manejaban informacion sensible procedente del interior del Régimen para tomar la decisión de comprar muy barato para vender mucho más caro (Burbano Trimiño 2020). Este esquema, basado en una suerte de big bang desamortizador, ha generado grandes fortunas en España desde los años 1960 y es muy similar al utilizado en los procesos de recalificación fraudulenta de solares en la Costa del Sol que tuvo su apogeo entre mediados de 1990 y finales de la década de los 2000, pero que ha venido funcionando, con más o menos intensidad, a lo largo de toda su historia reciente (ver “El big bang de la puesta en valor” en el cap. 5).

(3) Pero el incumplimiento de los planes generales y de la normativa urbanística elaborados por las propias autoridades municipales no sólo afectó a solares situados en la periferia de la Capital sino también a numerosos edificios y espacios emblemáticos de la ciudad como el mercado de la Cebada, el Paseo de la Castellana o la Plaza de España. El deseo de enriquecerse rápidamente en estos casos no sólo se ponía de manifiesto en el uso irregular del suelo y en la demolición de edificios de interés histórico, sino también en el incumplimiento de las propias normas de edificación como sucedió con la Torre de Madrid, cuyas obras estuvieron a punto de ser suspendidas debido a la desviación del proyecto ejecutado con respecto al proyecto aprobado por el Ayuntamiento (Montoliu 2010: 399).

(4) El caso de los negocios inmobiliarios del Ministro de Trabajo José Girón en la Costa del Sol también puede considerarse representativo de las operaciones más lucrativas basadas en la lógica del big bang desamortizados. Su mujer empezó comprando unos terrenos situados cerca del Castillo árabe de Sohail en Málaga siguiendo el consejo de un alemán comprometido con el régimen nacionalsocialista y refugiado en España. Aprovechado los recursos políticos de su marido, continuó adquiriendo solares de uso agrícola colindantes al suyo, todos de gran valor paisajístico pero de escaso valor económico dado su uso agrícola para, después, convertirlos en edificables influyendo en el consistorio local. El precio del suelo se disparó en poco tiempo y la rentabilidad de las promociones alcanzó niveles nunca vistos hasta entonces en la zona provocando la llegada de nuevos inversores tales como banqueros y promotores profesionales: “fue el comienzo del proceso por el cual grandes extensiones de la costa española se convirtieron en una muralla de cemento” (Preston 2019: 427, 369 y 459).

(5) Sin embargo estas operaciones no sucedieron sólo en las costas del país y no fueron protagonizadas sólo por inversores von vínculos directos al poder político con sugiere Preston. El empresario Teodulfo Lagunero, por ejemplo, perseguido por sus convicciones republicanas en los años 1950 y financiador del PCE durante muchos años, también amasó una fortuna más que importante comprando a muy bajo precio solares de alto valor ambiental y paisajístico situados en las inmediaciones de Madrid para ponerlos en valor después tras conseguir la recalificación de su uso por vías legales, y parcelarlos con el fin de construir chalets unifamiliar. Su apuesta empresarial le llevó a recibir un reconocimiento explícito por parte del Ministro Manuel Fraga al mejor empresario del año a pesar de la serias sospechas políticas que despertaba su persona (Lagunero 2009). El contexto político creado por el triunfo de Franco fue sin duda decisivo para la costa española llegara a convertirse en “una muralla de cemento”, pero el marco jurídico, económico e institucional creado después de 1939 no sólo benefició a las élites franquistas como señala Preston, sino también a otros sectores de la población que supieron aprovecharse del “big bang” urbanizador en un país con hambre de empleo y provisto de un patrimonio paisajístico y natural tan importante como desprotegido.

(6) En los años 1990 se reactivaron masivamente esta clase de prácticas en la Costa del Sol (ver “El caso de la Costa del Sol” en el cap. 19 asi como "Ciclo inmobiliario y discriminación del cuello blanco" en el cap. 2) sin que hubieran desaparecido nunca del todo, una situación que obliga a buscar otros condicionamiento -a parte de los ideológicos e institucionales del franquismo- más perdurables de tipo social y económico, que puedan ir más allá del discurso de los “malos gobernantes que traicionan una y otra vez al pueblo español” que maneja Preston. Muchos de los condicionamientos que retroalimentaron masivamente esta clase de prácticas están relacionados precisamente con el triunfo de las políticas neoliberales en todo el mundo tras su implantación por primera vez en el Reino Unido en 1979 y en los EEUU un año después. La razón es que la situación creada por este giro radical de las políticas económicas en el mundo occidental redujo el margen de maniobra de los países situados en las zonas mas periféricas de Europa, entre ellos España, país que desde principios de los años 1980 arrastra el desempleo más elevado de toda la OCDE. Las políticas financieras impulsados por el bloque anglosajón generó una situación difícil para las nuevas democracias del sur de Europa pues hipotecó su capacidad de renovar su sistema institucional, político y económico sobre unas bases económicas más sólidas y más inmunes a la delincuencia de cuello blanco que empezó ser descriminalizada muy pronto en el Reino Unido. En ausencia de otras alternativas de desarrollo económico y de creación de puestos de trabajo, la excepcional riqueza natural y paisajista del país fue sacrificada en favor del crecimiento de la misma forma que la salud de muchos ciudadanos norteamericanos desprotegidos frente a la pandemia del Covid fue sacrificada con el fin de generar puestos de trabajo sea como sea: es imposible explicar la continuidad de las prácticas, durante el período democrático, que convirtieron las costas españolas en “un muro de cemento” sin tener en cuenta este giro en las grandes políticas macroeconómicas.

13. Algunas sentencias por corrupción urbanística en España

La corrupción urbanística ha contaminado muchos consistorios del país (ver “La malversación de patrimonio público inmobiliario” así como “El caso de la Costa del Sol” y el comentario 14). Lo que siguen son algunos casos que ilustran este delito.

(1) 2 alcaldes sucesivos de una localidad de 20.000 habitantes, así como asesorías que trabajan con ellos y otros beneficiados reciben cohechos de constructoras y contratistas a cambio de la recalificación de terrenos y la adaptación del Plan General a las necesidades de aquellas. Además adquieren suelo a través de empresas interpuestas que luego iba a ser recalificado pero comprándolo por debajo de su valor (AP M 37/2017).

(2) Cargos del ejecutivo de la Región de Murcia acceden a recalificar unos terrenos de un espacio natural a cambio de un cohecho. Dichos terrenos están ubicados en la mayor laguna de agua salada de Europa con cinco figuras de protección ambiental, cuatro de ellas internacionales (lugar de importancia comunitaria, zona de especial protección para las aves, humedal de importancia internacional, zona especialmente protegida de interés para el Mediterráneo y espacio natural protegido). Esta particular protección es el origen de las extraordinarias plusvalías generadas por la operación, plusvalías que engrosaron la cuenta de resultados de las empresas promotoras si bien la recalificación ha provocado también la destrucción irreversible de un considerable patrimonio natural inmaterial (Caso Novo Cartago: La Verdad 27/2/2006 y El País 28/2/2015).

(3) Ayuntamientos de la provincia de Barcelona aprueba proyectos urbanísticos adjudicados a empresa pagadoras de cohechos. Una persona con buenos contactos políticos y empresariales favorecía la tramitación y la consumación del negocio repartiendo las dádivas pagadas por los empresarios. Para asegurar la efectividad de la acción, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto que se quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobado por la Consejería de Obras de la Generalitat. La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio y el constructor vendía el proyecto a un precio final mucho mayor que el de la adjudicación. De esta forma, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. El consistorio nunca era realmente el que decidía las modificaciones aunque percibía comisiones en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas” (AN 31/2018).

(4) Miembros del consistorio de una localidad de la Costa del Sol valoran los solares de propiedad municipal recalificados hasta tres veces por debajo de su valor de mercado, lo cual reduce las plusvalías a pagar al Ayuntamiento en casi 20mill€. Además organizan permutas de unos solares por otros en detrimento siempre del interés general. También hacen adjudicaciones a dedo de patrimonio inmobiliario público a empresas y particulares afines. A cambio de conseguir la prescripción de sanciones urbanísticas, de la concesión de licencias y de influir directamente en la toma de decisiones del ayuntamiento, un grupo de empresas –algunas de ellas multinacionales e instituciones financieras- - pagaban comisiones a dichos miembros a veces enmascaradas en patrocinios (SP Estepona 2/1/2008).

(5) Arquitecto municipal participa en una operación de corrupción municipal falseando el acta de delineaciones de un terreno con el fin de engañar a la comisión de urbanismo de la Comunidad Autónoma para que esta diera luz verde a una nueva fase del proyecto de urbanización (AP Z 291/2016).

14. Los beneficiarios de las operaciones de corrupción urbanística

Las tramas de corrupción urbanística no benefician a un número “muy reducido” de actores, como señala Lluis Pellicer (2014), sino desgraciadamente a muchas más personas. Se trata, al menos, de los siguientes grupos sociales:

(1) Las constructoras y empresas inmobiliarias

Los empresarios legales tienen un protagonismo central y son los más beneficiados económicamente, los que pagan los cohechos, los que más inducen a la comisión de estos actos pero también los que más arriesgan en los primeros momentos del big-bang. En muchos casos aportan conocimientos decisivos para la creación de entramados societarios complejos destinados a crear mercados simulados de compraventa de solares entre partes no independientes -operaciones vinculadas- con el objetivo de elevar artificialmente las plusvalías y (auto)vender en momentos posteriores a través de operaciones de autocompra/venta.
Las personas vinculadas profesionalmente a empresas privadas, asistidas por los profesionales del derecho y la fiscalidad, conocen bien la mecánica de los consejos de administración y de los administradores únicos, mecánica y que es utilizada con frecuencia para camuflar la identidad de los beneficiarios de las operaciones. Obviamente los compradores que han pagado mucho dinero adquiriendo los solares que pretenden ser desprotegidos no se conforman con esperar pasivamente a la posibilidad de que la operación se tuerza, sino que hacen todo lo posible para que esta salga bien utilizando todos los medios a su alcance, incluida la presión sobre los miembros de los consistorios y el aumento del importe de los cohechos.

(2) Las empresas proveedoras

Un segundo grupo de actores beneficiados son las empresas proveedoras de las constructoras: los suministradores de áridos y material de obra, de servicios vinculados a la construcción, los pequeños propietarios de las máquinas necesarias para mover tierras, de los cientos de camiones que mueven material, así como de los autónomos especializados en instalaciones específicas -fontanería, aire acondicionado, cocinas etc- Muchos de estos actores, que llenan sus carteras de pedidos gracias las operaciones urbanísticas fraudulentas son importantes para comprender la baja criminalización social de los delitos urbanísticos en España, no sólo porque el elevan numéricamente los apoyos a esta clase de operaciones debido al aumento de sus ventas. Además ocupan un lugar destacado en la circulación de los ilícitos generados con esta clase de actividades pues colaboran en la creación de agujeros negros contables destinados a ocultar y transformar los cohechos y los “impuestos revolucionarios” relacionados con las cadenas de compraventa emitiendo facturas falsas y haciendo declaraciones inexactas (ver “Los grandes billetes en España” en el cap. 16). Aprovechando que son menos vulnerables a las inspecciones de hacienda estos actores son invitados, a veces obligados por las propias constructoras, a declarar el valor de sus ventas por encima de lo real con el fin de que sus clientes puedan dar salida al efectivo que han reunido en las operaciones no declaradas de compraventa. Estos agujeros son importantes porque permiten desdoblar el importe de muchas operaciones urbanísticas en dos cantidades: una declarada, que figura en escrituras y tributa a hacienda, y en una segunda que no se declara y cuyo valor se fija entre las partes en función de las expectativas de revalorización de los solares. El valor de esta segunda parte del precio realmente pagado se fija dependiendo de los actos ilícitos ya consumados, pero también de los actos ilícitos potenciales y las recalificaciones posibles, aunque no seguras. El valor pagado en negro puede llegar a rondar el 50% del precio real pagado por una parcela sin contar el IVA (por ejemplo AP Z 291/2016), un dinero que unos y otros necesitan hacer desaparece contablemente. La mejor forma de hacerlo es ganándose la complicidad de dichas empresas suministradoras y de los innumerables autónomos vinculados a la construcción que actúan de forma capilar. El resultado es un aumento de la demanda de altas denominaciones en la geografía del ladrillo español pues “incluso los más pequeños contribuyen, obligados por los grandes, a generar un fondo oscuro con el que se financia la corrupción y el cohecho del que son tanto víctimas como beneficiarios” (entrevista E-2).

(3) Los cargos públicos

Los cargos públicos, encabezados por los alcaldes, los concejales o los consejeros en las CCAA, ocupan un lugar central en las tramas de corrupción urbanística pues de ellos dependen las decisiones políticas decisivas para hacerlas posible: la aprobación irregular de un nuevo plan general, la concesión no transparente de licencias, el diseño de estrategias administrativas de dilatación etc. Sólo es posible llevar a cabo todas estas operaciones si se dispone de conocimientos detallados de los instrumentos jurídicos y administrativos, y si se tiene acceso a los expedientes y a la información, si se conocen los detalles de las operaciones, las fechas, los planes generales etc.
Esta información sólo está en manos de los cargos públicos y de sus ayudantes, así como de las personas de confianza que, formalmente segmentadas de aquellas, actúan dentro de los consistorios en una suerte de impunidad. Saber encontrar resquicios legales y administrativos, crear situaciones de hechos consumados o jugar con los calendarios y los plazos, no está en manos de cualquiera. Requiere de un aprendizaje en la gestión municipal, que los más experimentados enseñen a los menos experimentados cuando no cabe más remedio que ampliar el número de participantes en las tramas y no es casual que los delitos urbanísticos sumen no menos de 18 imputados por término medio, llegado incluso a 44 en el caso más notorio y extremo: el caso AP MA 179/2013 con epicentro en Marbella (AP MA 535/2013). Esta cifra se refiere sólo a aquellos casos de corrupción urbanística con imputaciones también de blanqueo de capitales, con lo cual la cifra real seguramente esté algo por debajo de ella.
En el sistema político español los partidos políticos ocupan un lugar decisivo en la distribución del poder local. Esto obliga muchas veces a incluirlos en las tramas, muchas veces a cambio de un cohecho o de un activo de financiación ilegal: en cuatro de siete casos las tramas incluyen imputaciones fundadas por financiación ilegal de partidos. La infraestructura institucional que aportan los partidos políticos es tan decisiva, que cuando algunos imputados son expulsados de sus filas o repudiados crean muchas veces otros partidos llamados “independientes” con la única finalidad de seguir sirviendo de soporte para sostener las complejas tramas de intereses fraguadas alrededor de esta clase de operaciones.

(4) Amigos, familiares y allegados

Los amigos, parientes y allegados de los cargos públicos también se benefician de la información privilegiada que generan y manejan los cargos públicos pues les permite posicionarse con ventaja frente a los previsibles efectos del big-bang. Por ejemplo adquiriendo solares interesantes antes que el resto, o invirtiendo en pisos o locales que, con toda seguridad, se revalorizarán en poco tiempo: en definitiva, “haciéndose con algún chollo”.
Resulta revelador, en este sentido, que una alcaldesa aragonesa, que recalificó solares en beneficio de una empresa a cambio de cohechos, por ejemplo, incluyera en el trato con el pagador de estos últimos la posibilidad de personarse ella misma y su familia como recompradores de una de las parcelas desprotegidas con el fin de poder participar de la cadena de compraventas en los primeros y más lucrativos momentos del big-bang. La reventa de algunas parcelas a otros inversores sirvió en este caso también para camuflar parte de los cohechos recibidos del principal empresario beneficiado (AP Z 291/2016 y entrevistas P-1 y P-2).

(5) Actores-puente entre la esfera privada y pública

Otro grupo de actores beneficiados, estos también decisivos, son aquellos situados en la intersección entre lo público y lo privado. Su principal función es hacer de mediadores entre ambos ambientes: entre el universo empresarial y de los despachos profesionales a título lucrativo, y el universo de la administración orientado al interés general cuyos ocupantes gestionan cantidades muy importantes de dinero público. Champeyrache concluye de sus estudios sobre la corrupción en los espacios de las hermandades mafiosas italianas: “en el encuentro entre los intereses privados y los intereses públicos es donde se insertan los principales espacios de la corrupción” (Champeyrache 2019: 120), una conclusión que también es válida para la corrupción urbanística en España. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de los arquitectos con despacho propio que además trabajan para el consistorio o para una comunidad autónoma; de los abogados con clientes privados pero al mismo tiempo activos también de una forma o de otra en la administración municipal en su condición de asesores o de profesionales contratados a tiempo parcial; de los propios alcaldes y concejales con intereses empresariales, muchas veces en la propia localidad. Un buen ejemplo de estos perfiles-puente es el del principal imputado en el caso Malaya-2, un ex empresario de la construcción de poco éxito con 2 empresas en quiebra a sus espaldas y contratado por una empresa municipal del Ayuntamiento de Marbella como asesor personal de los sucesivos alcaldes durante varias legislaturas, a lo largo de las cuales fue adquiriendo conocimientos muy detallados sobre el funcionamiento de la administración y sobre como utilizarla con fines delictivos. Consiguió ejercer un poder continuado en la sombra porque no ostentaba un cargo electo alguno. Al tener deudas pendientes, su firma tampoco podía aparecer en ningún documento comprometedor pero al gozar de un largo historial como empresario, conocía bien los entresijos del mundo de la construcción con el fin de malversar caudales y bienes inmuebles (AP MA 535/2013).

(6) Las administraciones locales y autonómicas

La naturaleza especulativa del big bang se apoya en una sucesión de compraventas a lo largo de varios años hasta que se tranquiliza el mercado, una dinámica que genera ingresos impositivos importantes para los consistorios. La Junta de Andalucía, por ejemplo, recauda todos los años unos 3.000mill€ en concepto de impuesto de transmisiones de los cuales 1.100mill€ recaen ineptamente sobre la provincia de Málaga, la más afectada por el modelo urbanístico más afectado por la corrupción urbanística. Los impuestos sobre Bienes Inmuebles, así como los tributos potestativos como los Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y los Impuestos sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana estabilizan considerablemente la recaudación, aunque no por tiempo ilimitado pues la actividad constructora no tiene la misma continuidad en el tiempo que otras actividades (Urquiza 2005) y FA 2010).
A los impuestos y tasas nacidos de la actividad inmobiliaria y constructor se suman aquellas cantidades que recaudan los consistorios debido al efecto multiplicador que tiene esta actividad sobre el conjunto de la economía local. Se trata en todo caso de una forma de financiación más regresiva que progresiva pues su peso principal recae sobre las familias con hipotecas a muy largo plazo, que son los compradores finales de los pisos (Peláez Martos 2009a: 278). La mejora que provoca en las arcas municipales es, sin embargo, inmediata, lo cual reduce las barreras de entrada de muchos alcaldes a este tipo de operaciones ilícitas.
Comprender la relación entre asfixia presupuestaria y vulnerabilidad legal de muchas CCLL resulta, en todo caso, imprescindible. Bien para explicar la rapidez con la que llegaron a propagarse esta clase de dinámicas por amplias zonas del país, bien para anticipar la posibilidad de que pueda volver a suceder si no se crean oportunidades económicas más estables y sostenibles para la financiación de los municipios.

(7) Las instituciones financieras

Las instituciones financieras también son piezas clave del entramado financiero de estas constelaciones. En siete de siete casos de corrupción urbanística con imputaciones por blanqueo aparece alguna caja de ahorros y la media de ellas que aparecen en cada trama es de 4. Los bancos no españoles -por ejemplo UBS, HSBC o Barklays- son los que aparecen con más frecuencia, seguidos de los bancos españoles -sobre todo el BBVA- tabla 19). La política imprudente de las instituciones financieras de concesión de créditos a promotores y compradores de viviendas las llevaron a sumarse a la larga lista de grupos de presión interesados en el éxito de las operaciones, fueran o no fraudulentas (entrevistas E-1 y P-6). Como sucedió con los grandes grupos financieros internacionales por razones no totalmente distintas tras la crisis de Lehman Brothers, las cajas españolas tuvieron que pagar un precio particularmente elevado de la crisis llevando a la mayoría de ellas a la quiebra. Su largo historial de éxitos financieros basado en su obra social y sus fines no lucrativos, así como en la proximidad personal de sus directores hacia sus clientes y su fuerte vinculación con el tejido local, las llegó a reunir el 52% de todos los depósitos a pesar de la fuerte presión competitiva de los grandes bancos internacionales que se establecieron en España tras la liberalización del sector, una historia de éxitos que acabó con su fuerte exposición al ladrillo.
La precariedad económica y laboral en la que viven muchas localidades y sus consistorios, llevaron a los consejeros de las Cajas, elegidos por las mayorías políticas locales, a hacerlas participar de forma imprudente del negocio inmobiliario. Esta participación no habría sido posible sin las nuevas leyes del suelo, que lo convertían casi todo en urbanizable, pero también sin la narrativa de las élites políticas nacionales que minimizaban los riesgos de la exposición de la economía española a los flujos financieros internacionales en un contexto generalizado de desregulación competitiva. El resultado fue una política laxa de concesión de créditos a promotores locales. En vez de poner condiciones prudenciales y negarse a financiar la compra de suelo para protegerse de las dinámicas piramidales que hemos descrito, hicieron todo lo contrario hasta el punto de que llegaron a incentivar económicamente a sus empleados en función del volumen de créditos que concedían y no de la calidad de los mismos (CD 2018: 50). Los créditos destinados a actividades inmobiliarias se multiplicaron así por diez en ocho años, mientras que los depósitos sólo lo hacían por dos convirtiendo a las cajas en más y más dependientes de los mercados mayoristas interbancarios erradicados en jurisdicciones no reguladas, y exponiéndolos así, por primera vez en su larga y exitosa historia, a los flujos financieros internacionales desregulados: fue su final después de haber resistido a varias guerras civiles y otras vicisitudes importantes.
Sólo una parte de los créditos concedidos tuvieron como destinatarios a participantes en cadenas delictivas pero, sin su concesión, habría sido imposible alimentar las dinámicas especulativas que estamos describiendo. La finalidad de las Cajas es justamente el promover el desarrollo local con el dinero de sus depositantes con el fin de generar un efecto multiplicador en beneficio de todos los habitantes de las comarcas. El argumento financiero de sus responsables no era otro que el incesante crecimiento de los precios del suelo, un incremento que hacia de colateral de los créditos concedidos y que el propio Banco de España daba por suficientemente sólido denominándolo “efecto riqueza”, y mandándoles así a las cajas durante años un mensaje de tranquilidad a pesar de la temeridad de esta clase de prácticas (Lagunero 2009: 193 y CD 2018). Esta política, que parecía la cuadratura del círculo debido a su capacidad de generar empleo, crecimiento económico combinados con la reducción del déficit público, fue muy elogiada por los organismos financieros internacionales pero llegó a generar una fuerte acumulación de activos tóxicos en los balances de bancos y cajas. A pesar de que dicha toxicidad no fuera, en este caso, el producto de la ingeniería financiera y de los llamados “vehículos de inversión estructurada” -structured investment vehicles (SIV)- depositados en jurisdicciones offshore como sí lo fue en los EEUU y otros países occidentales, sino el producto de unos activos inmobiliarios mal tasados e insuficientemente colateralizados -muchos de ellos el producto de arriesgadas recalificaciones delictivas- sus consecuencias económicas fueron similarmente devastadoras en España: las conexiones entre la especulación inmobiliaria y la especulación financiera son inequívocas.

15. El valor anual de las subvenciones desviadas

No conocermos intento alguno de estimación del valor anual que suman las subvenciones desviadas en España y el que sigue no es sino el primer intento

(1) En 2006, las fiscalías abrieron no más de 26 diligencias por fraudes de subvenciones, 8 de ellas por subvenciones comunitarias (ver “El valor del patrimonio desviado y malversado” en el cap. 5, así como la tabla 3). Las memorias y estadísticas de dichas fiscalías no incluyen datos sobre diligencias abiertas por malversación de caudales públicos, un hecho inaudito dada la extraordinaria importancia económica que tiene este delito. No hay trabajos destinados a calcular el valor de las subvenciones defraudadas y muchos dan prácticamente por imposible poder llegar a hacerlo. Mi impresión es que el verdadero problema no son tanto las dificultades técnicas, sino la falta de interés por dar los primeros pasos con el fin de avanzar hacia una investigación más sistemática y racional del fenómeno: ni los tribunales de cuentas estatal y regionales, ni las asociaciones de secretarios municipales, que son los encargados de fiscalizar las cuentas municipales, ni las fiscalías han dado hasta ahora paso alguno en esa dirección según nuestros informantes. Y tampoco las universidades, a pesar de su extraordinario potencial investigador. Hay que recalcar, una vez más, que lo principal no es sólo la cifra en sí misma, que puede variar con el perfeccionamiento de los métodos de análisis y la inversión en investigación, sino las posibilidades que ofrece la exploración numérico-cuantitativa del fenómeno para avanzar en la compresión cualitativa del mismo y su arrinconamiento: el número no sustituye el conocimiento de la realidad pero estructura su comprensión.

(2) A diferencia de lo que sucede en España, la Unión Europea intenta calcular, año tras año, los porcentajes que representan las desviaciones sobre el total de las subvenciones que fluyen a los países miembros. Estamos hablando de cifras muy importantes y de un tema políticamente más sensible aún, si cabe, tras el inicio de la crisis de la Covid que generó un fuerte aumento del flujo de transferencias públicas, una situación que debería llevar a redoblar los esfuerzos por calcular la cifra negra y a precisar los agujeros por los que las subvenciones pueden acabar en los bolsillos equivocados (ver http://www.eca.europa.eu/es/Pages/AR2015.aspx). La oficina antifraude de la Unión Europea concluyó en 2014 que 900mill€ de subvenciones concedidas ese año a todos los países de la Unión habían sido desviadas de forma ilícita, una cifra que equivale a entre el 0,2% y el 0,3% del presupuesto anual de subvenciones comunitarias que asciende a la modesta cifra de 138.000mill€ (OLAF 2015 y TCE 2011; media interanual del período 2007-2013). Aplicando estos porcentajes, si todos los años son transferidos a España alrededor de 13.000 mill€ a cargo del presupuesto europeo, la cifra del fraude en España ascendería matemáticamente a algo más de 25mill€, y siempre suponiendo que los porcentajes del conjunto de la UE fueran extrapolables a España. Esta cifra, referida sólo a las subvenciones desviadas de procedencia comunitaria, es sin duda excesivamente pequeña.

(3) Más realista es utilizar el el “porcentaje medio de errores” calculado por el Tribunal del Cuentas Europeo (TCE) para el período comprendido entre 2010 y 2015, y que asciende al 4,2% de las transferencias realizadas. El problema es que este porcentaje se refiere a una media de varios grupos de gastos muy distintos entre sí tales como “desarrollo rural”, “medio ambiente”, “pesca” o “salud”. Todos ellos suman más del 43% del gasto comunitario total, pero no el conjunto del mismo. En algunos de dichos “gastos” o capítulos que más afectan a España, el porcentaje se elevó algunos años bastante más que al 7%, con lo cual el 4,2% puede ser un buen punto de partida, aunque es más que probable que esté por debajo del porcentaje medio de desvíos de subvenciones tanto hacia como dentro de España (TCE vv.aa).

(4) Los auditores de las cuentas de la Unión Europea estiman todos los años lo que denominan “un porcentaje de error” que equivale a la cifra supuestamente desviada. Dicho margen está calculado a partir de la extrapolación de estudios parciales de grupos de gasto diferentes como el de los transportes, la agricultura, la cohesión etc.. Sin embargo dicho “porcentaje de error” no es exactamente una estimación de lo que en España se entiende como “desviación de subvenciones” -aunque sí algo parecido- pues simplemente “refleja la valoración efectuada por el Tribunal del grado de disconformidad con la normativa que rige el gasto, como el incumplimiento de las normas de contratación pública, el cálculo de gastos no subvencionables o incorrectos declarados para proyectos cofinanciados por la UE, o la declaración excesiva de tierras por los beneficiarios” TCE (2011 y 2015: 12 y Entrevista A-17). Por ejemplo, cuando una gran empresa que recibe una subvención de la Unión Europea para actividades de I&D destinadas exclusivamente a PYMES pero que acaba en una gran empresa, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) no hablaría de “fraude” aunque esto se acercaría mucho a la conducta penal de desvío de subvenciones tal y como está definida en España. La razón es que en España el desvío de subvenciones no sólo comprende a aquellas conductas “que falsean las condiciones requeridas para la concesión de subvenciones (…) ocultando las que la hubiesen impedido (…)” sino también a aquellas otras que “incumplen las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida” (§ 308 CP).

(5) Según las sentencias falladas en España, las malversaciones son más frecuentes que los desvíos de subvenciones y generan el doble de activos ilícitos por caso que los fraudes de subvenciones. La razón es que la masa material de las subvenciones anuales susceptible de ser desviada -38.000mill€ en el año 2013- es cuatro veces más pequeña que la suma de todos los gastos en los tres niveles de la administración, como hemos visto. Otra razón es que las subvenciones están mucho más repartidas y ramificadas, lo cual explica que los casos conocidos incluyan cantidades medias mucho más pequeñas. Los datos de las sentencias contrastados con los flujos de transferencias a los tres niveles de la administración demuestran que es más fácil interceptar desvíos de subvenciones que la malversación de caudales, lo cual queda confirmado con la -ciertamente incomprensible- ausencia de datos estadísticos sobre diligencias abiertas por casos de malversación a pesar de la enorme masa de activos malversados anualmente en España. e

(6) En cualquier caso las tramas de desvío de subvenciones tienden a ser más cortas y fáciles de interceptar que las malversaciones y los casos, como el de los EREs de Andalucía que duró diez años y posteriormente fue juzgado como un caso más de malversación de caudales, son la excepción. Como sucede con los grandes casos de cuello blanco, también muy prolongados en el tiempo -por ejemplo AP MA 535/2013, AP ZA o ATSJC 5/2013- los grandes casos de subvenciones fraudulentas son particularmente sofisticados y resultan irrealizables sin algún tipo de blindaje político que los haga perdurar en el tiempo. En todo caso, las diferencias entre los pequeños y los grandes desvíos son muy importantes de forma que hay sumar muchos casos pequeños para poder obtener uno solo de los grandes.

(7) La suma de los casos documentados en España de desvío de subvenciones -comunitarias y no comunitarias- ascienden a unos de 240mill€ por año. Este cálculo se apoya en tres grupos de fuentes. (a) Para los fraudes de subvenciones: AN 11/1995, AN 64/1995, AN 20/1999, AN 25/2005, AN 26/2005, AN 16/2005, AN 34/2009, AN 22/2010, AP AS 188/2010, AP AB 811/2008, AP IB 85/2009, AP MA 200/2011, AP IB 18/2012, AP PO 327/2011, AP LP 50/2012, AP B 393/2009, AP CO 286/2005, AP MA 112/2000, AP IB 75/2005, AP IB 75/2002. (b) Para los casos de malversación de caudales públicos: AP MA 660/2011; AP LP 50/2012; AP BA 13 oct. 2005; AP MA 155/2002; AP AL 389/2013; AP IB 64/2012; AP NA 51/2006; AP L 23 dic 2004; AP MA 111/2012; AP MA 769/2007; AP GUI 279/2006; AP MU 300/2013; AP AL 266/2013; AP ZA 43/2012 y AP AL 13/2002. El segundo grupo de fuentes son los autos judiciales y los -escasos- informes y sumarios de la policía sobre ambos delitos a los que hemos tenido acceso. El tercer grupo de fuentes son Urquiza (2005), Santamaría (2014), Garzón (2015) y Castañón et al. (2016). El cuarto grupo de fuentes son las monografías de Martín de Pozuelo et al (1994), de Rubio Campaa (2011) Barbota y Cano (2010) para el caso Malaya 2 y De Arriba (2013) para el caso Mercurio.

(8) Las diferencias económicas entre unos casos y otros son, como decíamos, muy considerables. Oscilan entre varios miles de euros al año en los casos de fraude de subvenciones al olivar (AP CO 286/2005) que se producen de forma más continuada y difícil de detectar con los medios de inspección de los que hoy disponen las administraciones, hasta la malversación de casi 3 mill€ de subvenciones transferidas en concepto de minutas no justificadas pagadas a técnicos municipales del ayuntamiento marbellí (AP MA 660/2011). El extraordinario peso económico de este último caso también lo hace poco representativo y sus cantidades equivalen al de un gran número de pequeñas defraudaciones como señalábamos arriba. Casos más representativos y frecuentes podrían ser los de las las peonadas falsas, que benefició a empresarios agrícolas y a no pocos alcaldes andaluces y extremeños, y que sumaron a un total de 2,5mill€ de la época, unos 500.000€ por año; el caso Caric de finales de los años 1990 de 12 mill -1,2 mill por año- y, más recientemente, el caso Cursos de Formación de la Comunidad de Madrid de 2014 -10 mill€ y 3,3mill€ por año-, pero también el de la operación Edu Costa, cuyo importe asciende a 5,5mill€ y 1mill€ por año (Martín de Pozuelo et al. 1994: cap. 186 y Santamaría 2014) respectivamente). Frente a estos casos comparativamente modestos destacan los de los ERE de Andalucía -20mill€ al año- así como las ayudas subvenciones recibidas por la empresa automovilística alemana Volkswagen en el marco del Plan de Incentivos al Vehículo eficiente, que es el caso más económicamente más importante de desvío de subvenciones en España: 890mill€ concedidos a lo largo de 4 años, unos 220mill€ por año.

(9) Si el valor anual de los casos conocidos de subvenciones injustificadas/desviadas calculado por OLAF representa el 0,25% del total y las estimaciones de “errores” realizadas por el TEC ascienden al 4,2% a lo largo del período 2007 a 2013, esto quiere decir que el porcentaje de casos no interceptados sobre el conjunto de las cantidades efectivamente desviadas a cargo de presupuesto comunitario podría ser de algo menos del 6%. Si la media anual de todos los casos documentados en España, sin contar el de la empresa Volkswagen que suma cantidades excepcionalmente elevadas, asciende a 24mill€ al año, esto quiere decir que la cifra real podría estar en el entorno de los 400mill€ anuales. Supongamos, además, que la cifra negra de los grandes casos sea mucho menor, por ejemplo del 40%: cuanto más importante el caso más fácil es detectarlo transcurrido un tiempo, y más improbable es que existan otros parecidos de dimensiones semejantes. Esto querría decir que la cifra real de los grandes casos de desviación de subvenciones del tipo del caso Volkswagen podrían rondar los 550mill€ anuales, lo cual nos daría una cifra de subvenciones desviadas todos los años de unos 1.000mill€ al año. ¿Se puede contrastar este cálculo con algún otro?

(10) El total de las subvenciones pagadas por los tres niveles de la administración -CCLL, CCAA y Estado- no son tan fáciles de rastrear en su totalidad aunque el grueso está incorporado a los artículos “Transferencias corrientes y de capital a familias, instituciones sin ánimo de lucro y empresas” (artículos presupuestarios 47, 48, 77 y 78: ver tabla 3). Esta partida presupuestaria no incluye sólo subvenciones, pero sí en su mayor parte. La suma de todas las transferencias ascendió en 2013 a 3.000mill€, de los cuales más del 80% fueron canalizados a través de las CCAA. Esta cantidad no incluye los 84.000mill€ en concepto de ayudas a mitigar los efectos de la crisis de 2008 destinadas, casi en su totalidad, a ayudar al sector financiero y que dejamos fuera aquí también el cálculo de las transferencias entre entidades públicas (CNC 2012), así como las transferencias puestas en marchas para hacer frente a los efectos de la pandemia de la Covid. No parece aconsejable partir del porcentaje de desviación del 4,2% estimado por el TCE para España. Primero porque España se beneficia, más que otros países, de los ámbitos de gasto más proclives a contener “errores” en porcentaje muy superiores tales como la política regional, energía y transportes, -errores que en estos casos están estimados en el 6,9%- así como desarrollo rural, medio ambiente, pesca y salud con porcentajes de errores calculados del 6,7 % (TEC 2014:11). Y, segundo, porque los mecanismos de fiscalización de las subvenciones son probablemente peores en España que en el seno de los organismos comunitarios (entrevista A-17).

(11) Como principio general podemos decir que los desvíos son más frecuentes y suman cantidades más importantes a nivel de las CCLL que a nivel de CCAA, y que estos últimos son (algo) más importantes que a nivel estatal. Esto se debe, en primer lugar, a una mayor escasez de medios económicos para establecer controles de forma efectiva y sistemática en las CCLL. En segundo lugar porque a nivel municipal se da un mayor conflicto de intereses entre controladores y controlados, conflicto que se exacerba cuando se dan mayorías absolutas prolongadas como sucede en muchos municipios. Estas constelaciones facilitan la presión de los alcaldes sobre los técnicos municipales y la posibilidad de llegar a acuerdos ilícitos con ellos. El desvío de subvenciones es más importante a nivel de CCLL -en tercer lugar- porque no hay interventores municipales suficientes, una figura clave cuya vulnerabilidad también está en el origen de una buena parte de la malversación de caudales públicos (ver abajo). Si bien los interventores pertenecen a un cuerpo independiente de ámbito estatal, lo cierto es que dependen de los alcaldes para ser contratados y estos últimos pueden optar por contratar a técnicos no colegiados y políticamente afines.

(12) Los representantes políticos de las CCAA suelen abarcar un espectro político más amplio debido a su concentración en una sola institución. Se trata, además, de espacios institucionales más grandes, lo cual facilita la fiscalización de sus cuentas y reduce los conflictos de intereses sin eliminarlos del todo, sobre todo cuando los gobiernos regionales no se tienen que enfrentar a una oposición efectiva durante muchas legislaturas. Aquí, como también a nivel estatal, hay funcionarios de carrera con un puesto de trabajo fijo y por tanto más independientes de las coyunturas políticas, lo cual favorece una actividad más autónoma reduciendo las probabilidades de desvío. Por otra parte, las desviaciones resultan más fáciles en el apartado de subvenciones y transferencias corrientes que en el apartado de inversiones según nuestros informantes (entrevista A-19).

(13) A partir de todo esto se puede hacer una (segunda) propuesta para calcular valor de las “subvenciones y transferencias” desviadas en España en los tres niveles de la administración, y siempre aplicando un criterio más bien conservador. Este sería del doble que en la media de la Unión Europea a nivel de las CCLL (8,5%), dos terceras partes más para las CCAA (7%) y una tercera parte más a nivel estatal (6%). Se trata de simples medias y algunas CCLL y CCAA -sobre todo aquellas con mayorías absolutas prolongadas en el tiempo- son más proclives a desarrollar este tipo de prácticas que otras. Todo esto da 2.700mill€ anuales en concepto de desviación de subvenciones y transferencias de los cuales unos 220mill€ corresponderían a la administración del Estado, 2.100mill€ a las CCAA y 220mill€ a las CCAA. Esto es algo más del doble de la estimación basada en las escasas sentencias de las que disponemos. El que ambos cálculos no coincidan se debe, o bien a que la cifra negra estimada inicialmente es más elevada; o bien a que las desviaciones en España están bastante por debajo de la media europea o a ambas cosas a la vez: sólo un estudio monográfico puede dar una respuesta más exacta.

(14) En espera de dicho estudio nos quedamos con una cifra ecléctica e intermedia -una técnica que no nos parece convincente pero a la que nos vemos obligados a recurrir en este caso- de unos 1.500mill€ en concepto de desviación de subvenciones y transferencias a cargo de los contribuyentes españoles. A esta cantidad habría que sumarle unos 550mill€ a cargo del conjunto de los contribuyentes de la UE, y que equivalen a la aplicación de la media del 4,2% de “errores” a los 13.000mill€ que recibe España en concepto de subvenciones y transferencias comunitarias. Ambas cantidades sumarían entonces una cifra redonda, y en todo caso conservadora, de unos 2.000mill€ que sería el valor de las subvenciones y las transferencias que se desvía en España a cargo tanto del presupuesto nacional en los tres niveles de la administración, como del presupuesto comunitario. Es una suma que da para alimentar muchos casos pequeños y muy pequeños no detectados que van desde las subvenciones a las pequeñas plantas de energías renovables, las subvenciones agrícolas a un sinfín de productores pasando por miles de cantidades injustificadas destinadas a organizaciones sin ánimo de lucro, PYMES u organizaciones políticas. Pero también da para un número no desdeñable de grandes casos como el de Volkswagen o el de los ERE de Andalucía, y que suman cantidades excepcionalmente elevadas.

16 El valor de los caudales públicos malversados en España

A pesar de que todas las estimaciones aproximativas disponibles sugieren unas cantidades económicas muy considerables generadas con actividades de malversación de caudales públicos (ver “La malversación de caudales públicos” en el cap. 5 así como la tabla 4), no existe un intento de cálculo sistemático de dichas cantidades ceñido a la realidad del caso español, ni tampoco al de otros países comparables con la excepción de algunos trabajos agregados firmados por la Comisión Europea, cuyos datos han sido extrapolados de forma agregada a España.

(1) El 18% del PIB de la Unión Europea se destina a suministrar bienes y servicios en procesos sometidos a derecho público (“works, goods and services”), una cifra que en España asciende a unos 170.000mill€ al año -media interanual para el período 2007 a 2011-, y que representa un porcentaje algo menor al de la media europea (CE 2014 así como Ferwerda et al 2017). Según datos de la Comisión Europea, los sobrecostes medios de los contratos públicos en la UE oscilan entre el 20% y el 25% del valor de las licitaciones, alcanzando en algunos casos puntuales del 50%. Los sectores analizados por la Comisión Europea son el del ferrocarril, el de la gestión del agua y la basura, la construcción de edificios municipales, la formación y el sector de la I&D (CE 2014: 19). El escenario institucional del primero de ellos -el ferrocarril- es el central o estatal, el de los servicios de gestión del agua y de basura, así como el sector de la “construcción de edificios municipales” son las corporaciones locales, y la malversación en el “sector de la I&D” ser produce principalmente en los espacios de la administración central y de las regiones. El problema del estudio de la Unión Europa, que intenta reunir datos para todos los países reduciéndose así necesariamente su calidad y su precisión, es la mencionada suma entre subvenciones y licitaciones públicas. Sin embargo la parte referida al sobrecoste de licitaciones coincide con las estimaciones de nuestros informantes que estimaron porcentajes muy similares de sobrecostes en los capítulos de gastos corrientes en bienes y servicios, inversiones reales y gastos de personal, sin que esto convierta nuestros cálculos en del todo conmensurables con los de los autores del estudio de la CE (entrevistas A-10 y A-22). Por otra parte tenemos noticias de casos extremos y puntuales de malversación de caudales en el capítulo de inversiones que ascendieron al 30% en el ayuntamiento de Montreal (Canadá) entre los años 2000 y 2005, un porcentaje sin duda demasiado elevado como para aportarlo como media para el conjunto de las CCLL, tanto canadienses como españolas (Champeyrache 2019: 122 y CE 2014: 21) (ver también http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/public-procurement-indicators-2011_en.pdf así como https://www.oecd.org/corruption-integrity/explore/topics/public-procurement.html). Las autoridades guatemaltecas aceptan un límite de los sobrecostes demostrados de obra pública del 15%, lo cual lleva a la mayoría de las empresas que ejecutan estas actividades a no ofertar por debajo de este porcentaje y a que aquellas con intenciones claramente delictivas, lo hagan sobrepasando la barrera del 20% (Entrevista A-15). Por otra parte, una comisión del Parlamento de los Países Bajos llegó a la conclusión de que la malversación en obra pública, orquestada siguiendo procedimientos muy similares a los descritos por nosotros en "La economia ilícita en España" ascendían al 8,8% (Von Duyne 2006).

(2) Si fueran correctas estas estimaciones dichos porcentajes se traducirían matemáticamente para España en entre 34.000 y 42.500mill€ todos los años, en definitiva unos 40.000mill€ al año. Pero la base de estos cálculos es imprecisa. Como hemos visto incluye las subvenciones cuyo desvío representa porcentajes inferiores sobre el total transferido según cálculos de la propia Comisión Europea. El principal problema de esta clase de cálculos tan agregados es similar al de los cálculos del narcotráfico en el mundo: no se basan en investigaciones individuales e inductivas país por país, sino en la reunión de material procedente de varios países producido con metodologías de calidad muy desigual. En este caso, el principal problema es que dichos cálculos no establecen una diferencia entre los grandes capítulos de gasto y los diferentes niveles de la administración produciendo análisis tan gruesos que casi rozan la especulación. Nada de esto ha impedido, sin embargo, que algunos organismos españoles hayan adoptado esas cifras publicándolas como válidas sin contrastarlas ni intentar mejorarlas, una situación todo menos satisfactoria debido a la extraordinaria relevancia económica y política de estas prácticas ilícitas (CNMV 2015). Así, en el texto publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores se formulan frases como esta: “Se estima que en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias, al alza, del 25% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año”. Este cálculo se basa en una metodología demasiado imprecisa pues: a.) se limita a sumar todos los capítulos -I, II, IV y VI.7-8/VII7- a los cuales les aplica un único porcentaje de desviación; y b.) porque aplica un 25% “estimado” de desviación general obtenido de forma poco clara: y c.) los cálculos sobre percepción subjetiva de la corrupción de Transparencia Internacional (TI) que, como hemos visto, puede diferir considerablemente de la realidad objetiva de la corrupción.

(3) Para avanzar en un cálculo que, aunque necesariamente provisional, al menos de un paso adelante con respecto al que ya existe, es menester hacerlo inductivamente, es decir, a partir de la exploración particularizada de los tres capítulos sensibles a la malversación -los capítulos presupuestarios I, II y IV- y, además, desagregándolos en los tres niveles de la administración española: las CCLL, las CCAA y el Estado. Es importante hacer esta distinción, pues cada uno de estos niveles y cada una de las partidas presupuestarias generan contextos distintos, como señalamos en el texto principal de este trabajo y, por tanto, abren posibilidades desiguales para la malversación. La base económica de partida es la suma agregada de los tres capítulos señalados que ascendió en 2013 a 160.900mill€, el 16% del PIB de ese año. Las CCAA concentran el 53% del gasto seguidas por las CCLL (25%) y el Estado (22%). Por su parte, los gastos de personal absorben el 60% del gasto total, la compra de bienes y servicios el 30% y las inversiones reales el 10% restante (ver tabla 4).

(4) ¿Qué fracción de esas cantidades podría estar siendo malversada? Como principio general se puede afirmar que resulta más difícil malversar el capítulo I que los capítulos II y IV, y más fácil hacerlo en las CCAA y las CCLL que a nivel estatal, aunque esta última afirmación deba ser seguramente matizada o contrastada con estudios adicionales (por ejemplo Romero et al 2018). Sí se puede afirmar, a partir de los datos, las exploraciones y las entrevistas hechas hasta la fecha, que los municipios intermedios y rápidos incrementos de población y de su actividad económica, es donde más fácil resulta malversar cantidades importantes en cada uno de los tres capítulos señalados. En todo caso, para afinar en el cálculo de estas cantidades habría hacer estudios monográficos y representativos por municipios similares en el que se ponderaran los cálculos en función de variables como el tamaño del municipio, el ritmo de su crecimiento económico y demográfico, así como otras particularmente sensibles como el peso del sector de la construcción dentro de sus economías locales. Este estudio queda fuera de este trabajo.

(5) Por lo demás hay que recordar, que el hecho de que se malversen caudales públicos no significa que sobren recursos públicos: todo lo contrario. La situación de restricción presupuestaria provocada por las políticas de ajuste, y que han provocado el desvío legal de cantidades muy elevadas de dinero público para rescatar instituciones financieras, ha afectando a la cantidad y sobre todo también a la calidad de los servicios públicos prestados, así como a aquellas inversiones destinadas justamente a reducir la malversación como es la creación de organismos públicos de control de calidad dotados de plantillas altamente cualificadas y suficientemente bien pagadas en relación con la importancia de su trabajo. No se olvide que las crisis económicas de 2008 y de 2020, así como la reducción de la cartera de pedidos de muchas empresas, incentivan el intento de conseguir contratos públicos recurriendo a toda clase de métodos, también ilícitos, y con el fin de estabilizar un flujo de ingresos que en situaciones de crisis resulta más precario. Cualquier análisis mínimamente riguroso de las cantidades malversadas nace, en cualquier caso, del cruce de los tres capítulos presupuestarios señalados y de los tres niveles de la administración.

(6) Concretamente: a nivel estatal la fiscalización de las licitaciones tiende a ser más difícil de esquivar y los procedimientos de selección de personal suelen ser más estrictos. La mayor parte de los gastos de personal desembolsados por el estado equivalen a gastos corrientes, sobre todo sueldos y salarios, lo cual colocaría nuestra estimación del porcentaje de desviación en los alrededores del 10% en el capítulo I. En España las licitaciones del estado representan menos del 20% del valor de todas las licitaciones, el porcentaje más bajo de toda la Unión Europea que ilustra el elevado grado de descentralización del país. Sin embargo, hay factores que alimentan las desviaciones de los presupuestos iniciales también y precisamente a nivel estatal, tales como las convocatorias electorales, que llevan a adaptar los calendarios técnicos y económicos a las estrategias de los partidos en el gobierno, la mayor complejidad y duración de muchos grandes proyectos estatales, que permiten enmascarar mejor los sobrecostes detrás de argumentos técnicos, o la necesidad de hacer coincidir la terminación de algunas grandes obras con la fecha de celebración de grandes acontecimientos y eventos de índole nacional (extensamente Romero et al 2018). Supongamos, por tanto, que -y siempre aplicando porcentajes más mínimos que máximos- la malversación de gastos de personal a nivel del Estado ascendiera al 10%, al 15% el de las compras de bienes y servicios, y al 10% el de las inversiones reales financiadas directamente con el presupuesto del Estado, en cuyo caso sumarían unos 3.800mill€ anuales.

(7) Las Comunidades Autónomas (CCAA) acaparan el grueso de los gastos del Estado y, a partir de los casos conocidos, podemos concluir que también acaparan los mayores porcentajes de desviación. Los gastos de personal absorben una tercera parte de todas las operaciones presupuestarias no financieras de las CCAA (51.000mill€), una partida destinada en un 90% a pagar la sanidad y la educación, dos áreas en las que hay más bien poco margen para la malversación con lo cual la dejamos también en el 10%. Esto no quiere decir que la malversación indirecta de costes de personal no puedan llegar a sumar cantidades importantes como cuando un departamento universitario selecciona a los nuevos profesores en función de determinadas redes de fidelidad personal antes que en aplicación de los procedimientos previstos basados en criterios estrictamente meritocráticos. La partida de “gastos corrientes en bienes y servicios” no es la más elevada (28.200mill€ en 2013) pero es realista estimar que tanto los porcentajes desviados del capítulo II como del capítulo VI son más elevados que a nivel del estado. La razón es que los sistemas de fiscalización de las cuentas autonómicas dependen más del poder ejecutivo autonómico y aunque estos órganos sean teóricamente independientes, están considerablemente más politizados que los estatales (entrevista A-17).

(8) Además, la dinámica autonómica y la tendencia a pensar y a actuar más en términos confederares que federales, es decir a buscar una relación bilateral con el gobierno central antes que comprometerse con la construcción de un demos común empuja a las CCAA -y no sólo a las de signo nacionalista- a encubrir, con argumentos de contenido “nacional” o “regional”, prácticas malversadoras y extendiendo estas prácticas a las (muy) altas esferas de las administraciones autonómicas. Cabe recordar aquí, que al menos nueve CCAA se han visto afectadas por casos de malversación importantes en los que se han visto incluidos, o bien sus presidentes, o bien sus familiares directos: Cataluña, Navarra, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, la CA de Madrid y Castilla-León (para el caso catalán ver Santamaría 2014: cap. 10). Esta implicación directa de las altas esferas autonómicas en el desvío de subvenciones y la malversación se explica por el fuerte blindaje institucional de las tramas, por su prolongación en el tiempo como en los casos Mito y Caric en Cataluña o de los EREs de Andalucía, lo cual favorece una mayor proliferación de muchos casos menos importantes, aunque sea por el simple efecto imitación. Tomando como base estas reflexiones supongamos entonces que el 10% del capítulo I, y el 20% de los bienes y servicios corrientes y también de las inversiones reales sea desviados de forma continuada a bolsillos privados, lo cual sumaría unos 12.000mill€ al año a nivel de las CCAA. En el caso Innova, que podría ser representativo, los imputados intercambiaron correos electrónicos con porcentajes muy similares a estos (AAP TA 142/2016)

(9) A pesar de que el presupuesto de las corporaciones locales (CCLL) que incluyen los cabildos, las diputaciones, las comarcas y las mancomunidades es considerablemente menor al de las CCAA, los casos de malversación municipal, unidos muchas veces al pago de cohechos, aparecen con mucha frecuencia en los medios de comunicación. La razón es que dicho presupuesto se reparte entre más de 8.100 espacios administrativos, su gestión recae sobre un número mucho más grande y más visible de actores -desde alcaldes, concejales, secretarios hasta toda clase de “personas de confianza”, empresarios etc.- con lo cual la probabilidad de que se hagan públicos también es más alta y aún cuando sea efectivamente más fácil camuflar estos casos que los grandes. Los espacios locales son más pequeños, los controles son menos estrictos, los lazos personales más estrechos y frecuentes y los conflictos de intereses también lo son necesariamente. Todo ello hace que a nivel municipal la malversación se infiltre de forma más capilar y transversal en el sistema político e institucional, y que sume las cantidades desviadas más importantes, a pesar de contar con un presupuesto comparativamente menor (así también CE 2014). No obstante es importante distinguir aquí entre municipios “grandes” -unos 1.000 en total- y “pequeños” -los 7.000 restantes-. Los grandes manejan presupuestos importantes particularmente lucrativos para los delincuentes y, por tanto susceptibles de ser desviados en cantidades importantes que los de los pequeños, donde muchas veces ni siquiera hay personal contratado a tiempo completo para hacer frente a todas las labores municipales, incluida la alcaldía.

(10) ¿Qué cantidades? A nivel municipal, los gastos de personal son una partida particularmente sensible a la malversación, aunque requiere de un tratamiento diferenciado, tratamiento que, desde luego, no tienen en cuenta los escasos estudios realizados hasta la fecha. Un capítulo I inflado puede expresar clientelismo municipal, sobre todo en las localidades con presupuestos importantes. Pero no siempre, pues muchas veces el peso de este capítulo aumenta sobre el conjunto del presupuesto como consecuencia de la simple disminución de la recaudación y no debido a la reducción de los servicios requeridos y prestados a los ciudadanos. Cuando una persona ha sido contratada fuera de concurso o después de haber sido manipulado este, el consistorio le va a exigir al contratado fidelidad, una transacción que las personas estarán más dispuestas a aceptar en municipios azotados por el desempleo y la precariedad laboral crónicos, que en otros con sistemas laborales más sostenibles y unas finanzas saneadas. En estos casos, los sueldos y los salarios se convierten muchas veces en inversiones delictivas dotadas de un fuerte efecto palanca, pues permite desviar cantidades mucho mayores de activos procedentes de los capítulos II y VI. Tampoco esto quiere decir siempre que en dichas localidades sobre personal, sino que parte del capitulo I está mal empleado es decir, que la adaptación entre personas elegidas y tareas a desempeñar no se sustentan en el interés general.

(11) La principal partida susceptible de ser malversada a nivel municipal son, sin duda, los servicios municipales de los ayuntamientos medios y grandes -capítulo II- cuyo mercado representa unos 17.500mill€ anuales para todos los ayuntamientos, cabildos y mancomunidades, así como el capítulo IV que en 2013 generaba un mercado de casi 5.000mill€ anuales. La compra de bienes y servicios destinados a mantener limpias las calles, a cuidar los parques, a gestionar el agua o a organizar eventos culturales, es comparativamente fácil de desviar a nivel municipal, razón por la cual la estimamos en un 25%, y en un 20% la desviación equivalente a inversiones municipales. En un caso particularmente bien documentado aunque poco representativo debido al excepcional poder social de los acusados, se mencionan 4 campañas publicitarias financiadas por un consistorio de un pueblo madrileño de 70.000 habitantes con unos sobrecostes medios del 40%, así como un servicio de limpieza urbana anual y de la recogida de residuos contratado por un período de 10 años prorrogable a 12 con unos sobrecostes nada menos que del 80% (AP 80/2018c). Nuestro porcentaje también podría estar subestimado si tenemos en cuenta que en 1986 “el 40% de las obras contratadas por las Administraciones públicas eran otorgadas de forma directa a empresas elegidas a dedo pues, según el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso en aquellos años existe una imposibilidad técnica y humana de fiscalizar estas actuaciones" (F. Alvarez Uría en El País 18/4/1989). Todo esto apunta, en todo caso, a que nuestros cálculos son más bien conservadores y a que las cifras propuestas son más mínimas que máximas. La suma de las tres cantidades correspondientes a la malversación a nivel municipal, mayormente en las 7.000 CCLL de tamaño medio y grande, ascendería a unos 8.200mill€, una cifra que da una media de algo más de millón de euros al año por municipio y que no parece tan descabellada. Sumadas todas las desviaciones en los tres niveles de la administración nos ponemos en unos 24.000mill€ en concepto de malversación de caudales públicos para el año 2013, quizás una cuarta parte más en los años del boom inmobiliario.

(12) Nuestras estimaciones no son incompatibles con las más imprecisas de Romero et al. (2018) basadas en una serie de casos conocidos, algunos de ellos no necesariamente ilícitos. Estos autores estiman en 3.700mill€ anuales el “despilfarro” en la contratación de inversiones públicas estatales y autonómicas para el período 1995-2016, aunque sólo en obras por un valor superior a 10mill€. Nuestra propuesta es de 2.900mill€ anuales para la suma del dinero malversado por los funcionarios del Estado y de las CCAA en el concepto de inversiones, una cifra que tiene que ser necesariamente inferior a la de dichos autores pues la nuestra no se refiere al “despilfarro” -un concepto quizás excesivamente laxo como para poder traducirlo a cifras económicas- sino a las conductas decididamente ilícitas de malversación de caudales en el capítulo o artículo VI (ver tabla 4).

17. Un primer rastreo económico de los delitos urbanísticos

Los delitos urbanísticos no sólo afectan al patrimonio inmobiliario público, pero sí en su mayor parte. Lo que sigue es un (primer) intento de calcular sus dimensiones económicas aproximadas.

(1) Para poder estimar el valor del patrimonio inmobiliario de titularidad pública malversado hay que tener en cuenta algunas cuestiones previas.

A diferencia del patrimonio mobiliario malversable, cuyo valor permanece relativamente constante en el tiempo, el valor monetario del inmobiliario se ha incrementado de forma muy significativa entre 1997 y 2008. Este crecimiento ha facilitado su malversación pues hacer crecer las espectativas ilícitas de lucro sin que, aparentemente, se vea afectado el patrimonio público pues se entiende que este también se beneficiaría de dichos incrementos.
El carácter cambiante del valor de este patrimonio dificulta su cálculo. Los ayuntamientos están obligados a hacer un recuento actualizado del valor de los bienes inmuebles públicos de su propiedad, pero la mayoría de las CCLL y CCAA no cumplen esta obligación, y tampoco existe una base de datos central en la que estén volcados todos los datos disponibles. Esta situación, que parece no darse de la misma forma en otros países y que algunos de nuestros entrevistados consideren “completamente incomprensible”, ha hecho que proliferen las empresas privadas de tasación que podrían incurrir en conflictos de intereses a la hora de recaban datos, pues muchas de ellas están vinculadas a instituciones financieras y sus tasaciones arbitrarias han estado en el origen del sobreendeudamiento de muchos propietarios y empresarios con graves consecuencias económicas para el país (ver comentario 14).
Por otra parte la falta de conocimiento del valor económico real de los activos inmobiliarios malversados desincentiva su criminalización, lo cual se refleja en los cortos períodos de prescripción de estas conductas en España que ascienden a no más de un máximo de 3 años (ver tabla 9).
A esto se suma que los catastros municipales se actualizan sólo cada cada siete u ocho años, es decir mucho más lentamente que el índice de precios de los bienes inmuebles, con lo cual los valores declarados por aquellos ayuntamientos que al menos han hecho un recuento de su patrimonio inmobiliario, tampoco equivale casi nunca a su valor actual de mercado. El resultado es, por un lado, la disminución del valor aparente -que no del real- de los activos inmobiliarios públicos perdidos para los ciudadanos y, por otro, el aumento de los beneficios obtenidos por los delincuentes debido al incremento de la diferencia entre el precio de los activos adquiridos por ellos y el precio de su venta en el mercado. Lo primero frena la criminalización social de estas conductas, lo segundo eleva sus incentivos económicos.

(2) La mayoría de las sentencias que afectan a la malversación de la parte cuantificable económicamente del patrimonio inmobiliario de titularidad pública -parcelas públicas vendidas a particulares por debajo de su valor, recalificadas de tal forma de que la colectividad perciba por ellas una cantidad equivalente a su valor por debajo del mercado etc- se limitan a enumerar y a describir las parcelas afectadas por esta clase de delitos sin que aparezca dato económico alguno sobre el valor ocasionado por los delincuentes a la colectividad por medio de las operaciones de recalifación fraudulenta. Una parte de este valor, tal vez el más importante, resulta simplemente imposible de cuantificar debido a su naturaleza intangible o no sometida a la acción del mercado. Otra razón es que en ausencia de datos oficiales fiables se hace extremadamente costoso para las fiscalías calcular dicha cifra por su cuenta. Hay excepciones. En el caso Pretoria podemos leer, por ejemplo: “Las cantidades que resultaron de la rectificación (del valor de los activos inmobiliarios AFS) en las principales operaciones estudiadas (Badalona, Pallaresa y Niesma) y que no se ingresaron en las arcas municipales fueron de 13.000.000 € (Pallaresa), 1.377.000 €, 4.000.000 € y 12.377.000 € (San Andres de Llavaneras y 14.000.000 € (Badalona)” (DP 222/06).

(3) También sabemos que a raíz del caso Majestic, el ayuntamiento de Casares (Málaga) sufrió una pérdida patrimonial que asciende al 20% del valor de los sucesivos inmuebles recalificados equivalente a 130.000€, un valor que ganó la inmobiliaria, participada por miembros del consistorio, y que se dedicaba a crear oportunidades de blanqueo para no residentes a través de inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol. A esta cantidad se sumaron en este caso 220.000€ en concepto de aprovechamientos adquiridos que también perdió el ayuntamiento a pesar de que le correspondía cobrarlas junto a otras cantidades similares (AP MA 278/2017). Pero esta clase de información no aparece con frecuencia en las sentencias y lo que prevalece en ellas es la simple descripción de las parcelas afectadas sin hacer un cálculo de su valor y, por tanto, del daño económico causado por los delincuentes a la colectividad. Este cálculo también es importante porque, como demostraron los trabajos del IAIC, muchos de los ayuntamientos que cayeron en la tentación de organizar esquemas de corrupción municipal con el fin de llenar sus arcas y hacer frente a sus compromisos sociales con la ciudadanía, han tenido que comprobar que su resultado ha sido muchas veces su empobrecimiento, un empobrecimiento que también tiene su origen en la malversación de su patrimonio inmobiliario (ver el comentario 10).

(4) Aunque la malversación también puede afectar al patrimonio inmobiliario de la administración central y autonómica, el principal escenario de estas prácticas son las CCLL pues estas son las titulares del principal patrimonio inmobiliario público del país. Sin embargo muchas veces los habitantes de las localidades y sus administradores públicos no tienen conciencia del valor de dicho patrimonio, sobre todo de su parte inmaterial, lo cual incentiva su destrucción por falta de conciencia ciudadana. En algunas localidades se pueden encontrar casos de auténtico ensañamiento con dicho patrimonio por parte de las élites locales en nombre de una particular forma de comprender la modernización en la que no hay lugar para los valores estéticos, el patrimonio y la historia común. Este ensañamiento no sólo no despierta muchas veces la indignación de la mayoría de los vecinos sino que no pocos de ellos lo codifican como un signo de progreso. Al no haber conciencia de que se produce una destrucción de valores, tampoco hay muchos alicientes para cuantificarlos y preservarlos

(5) Otra razón que dificulta la cuantificación de este grupo de valores malversados en un país con más de medio millón de kilómetros cuadrados y una excepcional riqueza histórica, cultural, paisajística, botánica y zoológica, es que el valor de dicha riqueza resulta imposible de traducir a cifras económicas. Ya hemos visto que su condición de “bienes muertos” o situados fuera del mercado, explica que su valor se dispare en el momento en el que se produce su desprotección jurídica. Cuando se consuma el acto de desprotección se produce una destrucción casi siempre irreversible de su valor intangible inicial, lo cual produce una rápida mengua del mismo. Las mejores vistas, los espacios más valiosos ambientalmente hablando o los lugares poco urbanizados son los más cotizados por el hecho justamente de haber permanecido anteriormente fuera del mercado, un valor diferencial que desaparece a medida en que va liquidándose el propio paisaje, el propio entorno histórico, la propia posición privilegiada de un bloque de pisos o la propia coherencia urbanística.

(6) Los valores históricos y paisajísticos son más cualitativos e intangibles que cuantitativos, más inmateriales que materiales. Se han ido acumulado a lo largo de cientos de miles de años de historia natural y de cientos de años de historia social y cultural y, en la mayoría de los casos, queda destruido definitivamente cuando pierde su protección jurídica. Pero la dificultar de cuantificarlo no sólo tiene consecuencias estéticas, ambientales y culturales sino también económicas muy tangibles y concretas: la acumulación de problemas de tráfico, el afeamiento de las ciudades, al aumento de la densidad de las edificaciones que saturan las infraestructuras urbanas, la pérdida de interés turístico y cultural que reduce el atractivo de la localidad para posibles visitantes etc. también tienen costes tangibles para los municipios y sus poblaciones. En definitiva: la cuantificación de esta parte del patrimonio público malversado, que sin duda representa la mayor parte con mucha diferencia, resulta imposible. Con todo: hagamos un primer intento de hacerlo, aunque sea de forma gruesa y aproximativa ¿Cuánto patrimonio público inmobiliario pierde el conjunto de ciudadanos españoles cada año por efecto de estas prácticas delictivas, al menos aquella parte del mismo que puede llegar a ser calculada sin una investigación añadida?

(7) Probablemente no estemos muy alejados de la realidad si consideramos que el valor del patrimonio inmobilario de titularidad pública de las CCLL pequeñas y medianas represente el 10% del patrimonio inmobiliario total, algo menos -por ejemplo el 8%- si tenemos en cuenta todas las CCLL (entrevistas P-8 y A-22). El valor agregado de todo el patrimonio inmobiliario español ascendía a 2,3 billones€ antes del despegue de la burbuja inmobiliaria (1997) y diez años después, en el momento de su pinchazo, a 8,4 billones€, tres veces y medio más (calculado a partir de Naredo et al. 2008: 116): es el “efecto riqueza” del que hablaba el Banco de España para no considerar preocupante el fuerte aumento del endeudamiento de las familias y las empresas españolas durante ese período. Las plusvalías reales acumuladas a lo largo de estos diez años por todo el patrimonio inmobiliario del país -el público y el privado- ascendieron por tanto a casi 6,2 billones€, unos 620.000mill€ por año. El 8% de esa cantidad -algo menos de 500.000mill€, es decir unos 50.000mill al año- correspondería a las plusvalías acumuladas por el patrimonio inmobiliario de titularidad pública cuyo uso es susceptible de ser alterado, y que deja fuera los espacios para vías públicas, por ejemplo. Una parte de estos 50.000mill€ ha revertido sobre las propias arcas públicas debido a la venta de solares y edificios a actores privados a precios de mercado, lo cual les ha permitido generar infraestructuras físicas y sociales y prestar servicios a los ciudadanos etc. Pero otra fracción de dichas plusvalías no han acabado en las arcas municipales sino en bolsillos privados ¿Qué parte?

(8) En los casos documentados conocidos se describen pérdidas patrimoniales públicas en porcentajes que van entre el 100% y el 3.000% con respecto al valor de mercado de los bienes inmuebles afectados. Por ejemplo el alcalde de Sant Pere de Tornelló accedió a vender un solar de titularidad municipal por 300.000€ y a continuación procedió a su recalificación, con lo cual su valor se multiplicó por 30 en tan solo unos meses provocando una pérdida patrimonial para las arcas públicas del 3000%. El consistorio de Rivas Vacíamadrid, con graves problemas de liquidez, vendió una parcela pública valorada en 22mill€ por justamente la mitad de su valor de mercado con el fin de hacer caja a corto plazo, lo cual generó unas pérdidas del 50% para sus ciudadanos. El ayuntamiento de Arganda vendió una finca de titularidad pública por 77mill€ a cambio de un cohecho de 12mill€, finca que la empresa compradora pudo vender poco tiempo después por casi tres veces más, con lo cual dicho ayuntamiento perdió el 300% de su valor de mercado. Los responsables del ejecutivo de la Región de Murcia vendieron unos solares de alto valor ambiental a 25€ el metro cuadrado en una zona en la que habían sido vendidos solares similares por 105€, lo cual equivale a una pérdida patrimonial del 300% etc. (Caso Cullel en Santamaría 2014: 464, entrevista I-18, AN 20/2018c, El País 12/10/2012, así como El País 28/2/2015 respectivamente.

(9) Todos estos casos permiten afirmar que, teniendo en cuenta la falta de información real que tienen los ayuntamientos sobre el valor de su propio patrimonio, es altamente probable que al menos la mitad de las plusvalías acumuladas entre 1997 y 2007 no hayan repercutido sobre las arcas públicas, lo cual sumaría unas pérdidas anuales de patrimonio inmobiliario público de unos 25.000mill€ a lo largo del período señalado. Muchas de estas prácticas pueden ser irregulares o se mueven en un espacio intermedio entre el delito, la falta y la mala gestión, pero no son casos criminales en un país con un sistema legal y judicial que trata de forma tan laxa este tipo de prácticas. Por tanto si suponemos que sólo la mitad de estos activos tengan un origen rigurosamente criminal, esto nos daría una cifra, más mínima que máxima, de unos 13.000mill€ al año.

(10) Este sería el valor del patrimonio inmobiliario público malversado, un valor al que habría que sumar todo aquel imposible de cuantificar de forma agregada, bien por falta de datos o bien por la naturaleza intangible. Incluso teniendo en cuenta la rápida prescripción de los delitos urbanísticos en España, el valor de los bienes inmuebles adquiridos con prácticas ilícitas en España y que circularía por el país, bien materializado en forma de caudales, bien en forma de bienes inmuebles, sumaría un mínimo de 60.000mill€, una cifra que equivale al 1% de todo el patrimonio inmobiliario en manos de las familias españoles hacia el año 2015, un porcentaje que aumentaría si se produjera un alargamiento del tiempo de prescripción de esta clase de delitos. Se trata de un cifra muy elevada que da para pagar muchos cohechos, para mejorar la cuenta de resultados de muchas empresas, para financiar ilegalmente muchos partidos y toda clase de organizaciones sin ánimo de lucro, para fidelizar a muchos votantes e incrementar el patrimonio de muchas familias que, sin participar directamente del delito, se benefician de una ola de prosperidad nacida de este tipo de actividades delictivas (ver el capítulo 5 “La malversación de patrimonio público inmobiliario”).

(11) Estas cifras explican en gran medida la conversión de los activos inmobiliarios españoles en un “punto caliente financiero” dentro del panorama económico internacional. En parte gracias a ellas el país consiguió generar tasas de crecimiento económico por encima de la media europea. Pero de un tipo de crecimiento altamente consumidor o incluso destructor de recursos no renovables -territorio, cultura y naturaleza- y base tendencialmente criminógena. Por mucho que sea difícil cuantificar la parte intangible de este patrimonio y que se debería añadir a las cifras señaladas si fuera posible sumar peras con manzanas, dicho coste no deja de ser real, especialmente para las generaciones que están por venir. En realidad, la cifra parece quedarse corta cuando se viaja por algunas localidades del país con tramas urbanas violentamente modificadas a lo largo de las décadas -y no solo en los años del boom inmobiliario- al margen de toda estética, de toda sostenibilidad y de toda racionalidad urbanísticas (para una geografía de estas conductas ver el capítulo 19 “La geografía interior de los ilícitos” así como Pellicer (2014) y Jerez Darías et al (2012).

18. Objetivos perseguidos por los pagadores de cohechos

Las razones por las que se pagan cohechos en España, así como las situaciones en las que se producen dichos pagos pueden ser infinitas. Sin embargo la mayoría de ellas se pueden agrupar en cinco grandes objetivos que seguramente resumen una buena parte de todas las situaciones más frecuentes (ver “La economía de las dádivas” en el cap. 5).

(1) Procurar y adelantar papeles, permisos o información

Este primer grupo de objetivos perseguidos por los pagadores de cohechos incluye su deseo de procurarse papeles o de procurar permisos, autorizaciones o información a los que no puede acceder de otra forma, en el mismo plazo de tiempo o en las mismas condiciones. El deseo de inmigrar en el país, la obtención de una licencia, el intento de evitar una extradición o la necesidad de obtener un certificado de empadronamiento, son los más frecuentes. Los cohechos pagados para este tipo de fines representan el 7% de los 61 casos analizados, y su importe medio oscila entre los 23.000€ y los 22.000€. Esto no excluye la posibilidad de que se lleguen a pagar cantidades mucho más elevadas por algún trámite más relevante y complejo de lo normal, como los 60.000€ que percibió el Juez De Urquía a cambio de decretar un auto de libertad provisional.
Por lo general, los casos de este grupo se agotan en acciones relativamente puntuales y persiguen objetivos acotados en el tiempo, no necesitan de estructuras estables para ser perpetrados e implican casi siempre a no más dos actores -el que paga y el que recibe el cohecho-, lo cual los hace más difíciles de rastrear y fáciles de ocultar. Situaciones estrictamente bilaterales de este tipo también se pueden dar en el seno de tramas más complejas -por ejemplo de malversación y delitos urbanísticos- cuando sus organizadores necesitan ganar la colaboración puntual de un funcionario para que adelante o retrase la tramitación de un expediente, aunque sin incorporarle al núcleo de la trama. Los contextos en los que se producen las transacciones fraudulentas suelen ser los espacios administrativos y los que se tramitan licencias, se cobran tasas, se recaudan impuestos o se conceden permisos de todo tipo.
Algunos ejemplos:
1. Funcionarios de la Concejalía de Centro del Ayuntamiento de Madrid recibieron comisiones ilegales por parte de los bares de copas para que agilizaran la concesión de licencias, o ralentizaran los expedientes sancionadores por toda clase de incumplimientos de la normativa que regula el régimen de actividad, los horarios de apertura, el ruido o la colocación de terrazas en la vía pública (Operación Guateque).
2. Un funcionario de las oficinas de inmigración de Benidorm recibió 45.000€ (4.500€ por expediente) en cohechos a cambio de tramitar al menos 10 permisos de residencia y reagrupación familiar (AP A 57/2011).
3. Los agentes adscritos a varias comisarías aceptaron cohechos en especies -jamones, entradas al fútbol etc- por parte de un empresario chino especializado en operaciones de sobrefacturación de operaciones de comercio exterior y en captar y vender efectivo en altas denominaciones a cambio de proporcionar información sobre atestados y detenciones, así como para conseguir permisos de inmigración a ciudadanos chinos (AAN 16/2018)

(2) Mirar para otro lado

En estos casos los pagadores no pretenden que los funcionarios realicen una acción determinada sino justamente lo contrario: que se abstengan de hacerlo tal y como debieran, que dejen de actuar o miren a otro lado en un determinado momento o lugar. Sus destinatarios son aquí, sobre todo, los agentes de policía que patrullan costas, calles, carreteras y toda clase de espacios con el fin de prevenir la comisión de delitos -por ejemplo para evitar una operación de contrabando de drogas o de tabaco-, que realizan controles destinados a prevenir la explotación sexual o para hacer que se cumplan los horarios de cierre establecidos o la normativa medioambiental que regula su actividad. Este grupo de casos también incluye todos aquellos destinados a eludir los controles económicos y de calidad de los bienes y servicios ejecutados con dinero público y privado, como sucede con el pago de cohechos entre particulares y que resultan fundamentales para desviar caudales públicos. En los espacios terciarios -las oficinas, las concejalías municipales, los ministerios- estas conductas se hacen particularmente difíciles de detectar, pues cualquier funcionario puede cambiar, sin que se note demasiado, el orden de un expediente, meterlo en un cajón durante un tiempo determinado, abstenerse de identificar una infracción fiscal o de hacer una notificación sin que nadie se llegue a percatar o que lo haga mucho tiempo después.
Este grupo suma el 33% de los casos juzgados aunque hay que distinguir entre el valor medio de los cohechos pagados y el valor mediano o más frecuente. Las primeras se mueven en el entorno de los 2.000€ en España, una cifra menor que se explica porque sus destinatarios se tienen que limitar a adoptar una actitud pasiva que no les compromete tanto y que, en el peor de los casos, se puede confundir con un acto de desidia administrativa. Al tratarse de cantidades menores se pagan muchas veces en especies como es el caso de un inspector jefe de la Policía que recibió servicios sexuales gratis a cambio de ignorar las irregularidades que eran responsabilidad de los dueños del local de alterne (AP MA 268/2013). Pero la media pagada en todos los casos de este grupo es mucho más elevada -de unos 145.000€- debido a la presencia de casos que, aunque excepcionales, incluyen cantidades mucho más importantes. Se trata de aquellos en los que las inacción de los funcionarios puede llegar a generar ingresos muy elevados para los pagadores como es el caso de la falta de cobro de una importante deuda a Hacienda por parte de un funcionario a cambio de 360.000€ (AP B 711/2002) o del soborno de policías para que se abstuvieran de reprimir el tráfico de heroína en la Isla de Ibiza a cambio de 600.000€ (Caso Son Banyá).
Ejemplos adicionales
1. Guardia Civil cobra 9.000€ a cambio de facilitar un desembarco de cannabis en las costas de la Región de Murcia (AP MU 9/2009)
2. Policía nacional recibe 6.000€ del propietario de un local de alterne a cambio de avisarle de las redadas policiales destinadas a detener mujeres inmigrantes ilegales activas en dicho local (AP Z 1027/2002)
3. Cargo de confianza de un alcalde de la Costa del Sol implicado en casos de malversación y de corrupción urbanística presta servicios extraoficiales de “seguridad” aprovechando su cargo para cobrar cohechos a cambio de no apretar demasiado a la hora de exigir permisos de apertura de locales, algunos de ellos vinculados a actividades de prostitución infantil (entrevista PE-4).

(3) Malversar y desviar caudales públicos

El objetivo que persiguen los pagadores de cohechos de este tercer grupo es (a) la colaboración en el desvío de activos públicos mobiliarios -subvenciones, ayudas y subvenciones de todo tipo- hacia beneficiarios no legítimos; (b) la colaboración para que un servicio municipal o una obra pública licitadas les sea concedidas al pagador sin seguir los procedimientos establecidos que hemos descrito en el capítulo 5 (“La malversación de caudales públicos en España”); y (c) para conseguir cualquier otro contrato o compra de la administración. Los pagadores son, en estos casos, prácticamente siempre las empresas beneficiadas, muchas veces las empresas de ingeniería que aspiran a prestar servicios municipales en ciudades importantes o que ejecutan inversiones de obra civil . Pero también las organizaciones con finalidad de lucro que aspiran a recibir una subvención no justificada o naturalmente también cualquiera de las empresas que aspiran vender sus productos o servicios a la administración no recogidos en el apartado anterior.
Todos los espacios en los que intervienen instancias políticas locales, regionales o estatales, desde el sanitario hasta el militar, son escenarios posibles de este grupo de cohechos, aunque los fabricantes de sistemas de armamento se han mostrado tradicionalmente particularmente activos en ese sentido. De hecho, el cohecho más elevado de los que tenemos noticia es el pagado por una empresa británica de armamento -British Aerospace- a varios gobiernos del Golfo a cambio de un contrato multimillonario de sistemas de armamento: unos 1.200mill€. Las cantidades son tan altas en estos casos porque los beneficios comerciales que pueden obtener las empresas pagadoras no son sólo muy sustanciosos, sino que además pueden prolongarse mucho en el tiempo debido a la dependencia tecnológica en la que incurren los compradores y perceptores de los cohechos (sobre este aspecto ver el capítulo 11 “El mercado no autorizado de armas”). A esto se suma, además, que muchas de estas empresas -fuertemente apoyadas por sus respectivos gobiernos- pueden anotar los cohechos en su contabilidad regular como “pago de comisiones” o “costes de comercialización” con lo cual pueden llegar a desgravarlos fiscalmente.
Los preceptores de las dádivas suelen ser, en estos casos, personas con recursos políticos (muy) importantes de los que dependen decisiones también importantes referidas al uso y destino del dinero público: cargos políticos y gubernamentales, miembros de partidos políticos, técnicos municipales etc. A medida en que aumenta la influencia política de los cargos sobornados aumenta el valor del cohecho, pero también el efecto palanca de dicho valor, es decir su capacidad de provocar decisiones importantes -algunas de muy largo alcance- en beneficio del pagador haciéndo sumamente rentable, y consolidando relaciones de reciprocidad dilatadas en el tiempo (sobre la importancia de la reciprocidad en el pago de sobornos ver capítulo 5 (“La economía de las dádivas”). Este grupo de cohechos también puede llegar a ser muy sensible políticamente porque sus destinatarios son personas políticamente expuestas, razón por la cual desde hace algunos años están sometidas a un mayor control por parte de las autoridades encargadas de luchar contra el blanqueo de capitales. Los importantes recursos depositados en sus protagonistas hacen que las consecuencias políticas de este grupo de sobornos pueden llegar a ser imprevisibles y llegar a desestabilizar gobiernos enteros.
Debido al extraordinario valor patrimonial que puede verse afectado por el pago de este grupo de dádivas, la Unión Europea las considera particularmente graves pues pueden desencadenar secuencias de actos delictivos de una duración imposible de acotar y determinar. Representan el 10% de los casos de nuestra muestra, pero los pagos medios documentados ascienden a 200.000€ por caso de media, y que equivalen a unos 170.000€ al año, pues muchas de las tramas se dilatan varios años en el tiempo. El monto más importante documentado en España dentro de este grupo es el pagado en la Operación Heracles (600.000€ al año) seguido del caso Mercasevilla (450.000€ al año), aunque también sabemos de dádivas mucho menos importantes pagadas en este grupo: de 12.000€ (por ej. AP M 300/1999) o, incluso, de sólo 600€ (AP M 273/2010)
Algunos ejemplos:
1. Funcionario de la Consellería de Traballo e Servicios Sociales de Lugo que cobró 90.000€ en 1992 por alterar informes médicos con el fin de que los pagadores pudieran beneficiarse de las ayudas públicas destinados a pacientes realmente afectados por la enfermedad (AP LU 60/2000).
2. Un muy alto cargo de de la Guardia Civil recibe cohechos de empresas constructoras a cambio de la concesión de contratas de construcción de casas cuartel (TS 1493/1999).
3. El Presidente de Navarra cobró cohechos de constructoras a cambio de la adjudicación de obras públicas destinadas a crear nuevas infraestructuras sanitarias, educativas y viales en la Comunidad que presidía (TS 20/2001).
4. El diputado en el Congreso por un gran partido estatal y embajador de España en un país africano, que recibía 140.000€ al año de empresas españolas a cambio de procurarles contratos de obra pública en países africanos y latinoamericanos (DDPP 5 del JC).

(4) Desviar activos inmobiliarios

Se trata de situaciones similares en muchos sentidos a las del grupo anterior. La única diferencia es la naturaleza no mobiliaria sino inmobiliaria de los activos públicos que pretenden ser desviados hacia bolsillos privados y recurriendo para ello a la desprotección jurídica de bienes inmuebles protegidos (ver “La malversación de patrimonio público inmobiliario” dentro del capítulo 5). Dada las extraordinarias plusvalías que genera la riqueza inmueble protegida cuando es puesta en valor, los beneficios esperados por el pagador son también muy considerables, lo cual se traduce en dádivas particularmente elevadas: unas 400.000mill€ por año por término medio.
Los casos se pueden prolongar también aquí mucho en el tiempo, y los cohechos se suelen pagar de forma escalonada en función del avance de las operaciones de desprotección de los bienes afectados, con lo cual la suma final de las cantidades pagadas sólo se puede determinar una vez culminados los procesos que anteceden y suceden al big bang que sigue a la puesta en valor. Este grupo de casos representan el 41% del total de las sentencias publicadas, un porcentaje muy elevado que confirma la importancia que tienen los bienes inmuebles en el mapa de la corrupción del país.
Algunos ejemplos
1. Técnico municipal organiza un complejo sistema de cobro de cohechos a empresas constructoras a cambio de recalificaciones masivas: 2 mill€ por año (AP MA 535/2013).
2. 2 alcaldes sucesivos y otros beneficiarios reciben cohechos de constructoras y contratistas a cambio de la recalificación de terrenos y modificaciones del Plan General: 1 mill€ a lo largo de varios años, 0,14 por año (AP M 37/2017).
3. Alcalde de pequeña localidad de la Costa del Sol recibe cohechos por parte de inversores extranjeros a cambio de la recalificación de terrenos protegidos destinados a la construcción de promociones destinadas a compradores extranjeros de alto valor añadido: un total de 100.000€ que equivalen a 9.000€ por año (Caso Majestic).

(5) Financiar partidos políticos

El objetivo de este grupo de cohechos -que equivalen a los que normalmente se entiende por “corrupción política”- es influir en las decisiones políticas -grandes, pequeñas y medianas- con el fin de que resulten favorables al pagador. A cambio, los partidos obtienen recursos por encima de lo que les permite la Ley mejorando sus espectativas electorales con respecto a las de los demás candidatos, así como sus capacidades organizativas, sus infraestructuras y, en definitiva, la posibilidad de ampliar su influencia política por vías ilegítimas y legales.
El dinero utilizado para financiar una organización política de forma irregular no tiene que tener siempre un origen ilícito -por ejemplo resultar del cobro de un cohecho, de la extorsión, la malversación de caudales, de delitos urbanísticos o también de la gran evasión fiscal-, pero sí en muchos casos y en realidad son únicamente estos los que interesan aquí. Se trata de activos particularmente dañosos pues provocan una rápida degradación del sistema político e institucional pues la financiación ilegal de partidos no sólo distorsiona el juego político, sino que, además, facilita la transformación de los ilícitos (ver “La financiación ilegal de partidos políticos” dentro del capítulo 11 “Inversiones delictivas y financiación del terrorismo”).
En los años 1980 y 1990 los (grandes) partidos políticos consiguieron asentar su influencia institucional y concentrar un poder político en España que va más allá del que han conseguido acumular en países comparables. Este período coincidió con la eclosión de la inversión pública en infraestructuras -desde carreteras y ferrocarriles hasta la construcción de nuevos colegios, ambulatorios y hospitales- que generó un aumentó muy rápido del gasto público financiado por los gobiernos central, autonómicos y locales. La combinación entre eclosión del gasto público y consolidación de una influencia excepcionalmente importante de los partidos políticos resultó ser explosiva y arrastraría al país a varias crisis políticas erosionando la confianza de los ciudadanos en la acción política institucionalizada.
Las organizaciones políticas beneficiadas articulan los pagos a través de personas de máxima confianza dadas las consecuencias negativas -tanto para estas últimas como para sus organizaciones y los gobiernos que presiden- de que se hagan públicas. A cambio de su arriesgada y comprometida tarea, los partidos intentan blindar a los encargados de negociar y reunir los cohechos recompensándolos con ingresos importantes que, normalmente, representan una fracción elevada las cantidades que consiguen reunir para sus organizaciones: son los fontaneros o conseguidores de los partidos políticos y custodios de sus cajas B. Los ingentes recursos, tanto políticos como simbólicos y sociales de los que disponen los grandes partidos en España, así como la profesionalidad de algunos de los fontaneros o conseguidores en la sombra, permiten borrar pruebas, construir coartadas y narrativas exculpatorias, pero también desactivar la acción de los medios de comunicación críticos, una situación que, a veces, incluye la firma de pactos de silencio entre actores rivales con el fin de que sus prácticas no salgan a la luz.
Este grupo de cohechos representan el 8% de los casos sentenciados, pero las dádivas pagadas son, con diferencia, las más importantes: unos 600.000€ de media por cada año de duración de este grupo tramas, la mayoría de ellas prolongadas a lo largo de varios años. Este dato -el de su duración- es importe pues ilustra el excepcional poder de sus destinatarios, así como la envergadura de los rendimientos esperados por los pagadores, bien sean materiales -contratos, concesiones y beneficios-, bien sean más inmateriales -cambios legislativos, colocación de personas afines etc-.
Ejemplos (ver también las conversaciones grabadas y publicadas en Castañon et al. (2016)
1. Empresas sin actividad real vinculadas a un gran partido estatal prestan servicios ficticios a grandes empresas contratadas para la construcción del AVE para así encubrir el desvío de cohechos destinados a financiar las campañas electorales de dicho partido: 0,5 mill€ (Caso Filesa: Martín de Pozuelo 1994: 99ss).
2. Empresa paga a partido estatal con responsabilidad municipal a cambio de concesiones urbanísticas y contratos para la organización de eventos: 22,5 mill€, 1,5 por año (AN 20/2018c)
3. La tesorería de un gran partido estatal organiza el pago de dádivas y de donaciones por parte de empresas de la construcción y de seguridad a cambio de favores urbanísticos y empresariales. A cambio de su mediación como empleado del partido político para el que trabajaba, el mediador desviaba parte de los cohechos a su propio bolsillo: 11,5 mill€, 0,6 al año (Caso AN 20/2018b).
4. El gestor de institución cultural financiada con dinero público desvía fondos hacia una organización política de ámbito autonómico así como hacia sus propio bolsillo: 6 mill€, 0,5 al año (AP B 78/2016).
5. El Responsable financiero de organización autonómica de partido estatal calcula en 300.000€ anuales el flujo anual de dádivas percibidas por su organización, una cantidad que se dispara en años electorales (La Sexta -entrevista- 6/11/2013).

19. El valor de los cohechos pagados en España

El valor de los cohechos o dádivas se expresa, bien en un determinado porcentaje, bien en una cantidad fija, bien en valores en especie. Su valor no puede ser el resultado de un cálculo similar al que conocemos del mundo de las transacciones legales y de las mercantiles en particular, debido a la naturaleza de las relaciones de reciprocidad que se caracterizan justamente por la ausencia de una equivalencia exacta entre el valor de los dones y el de los contradones. Lo que sigue son algunos ejemplos documentados en fuentes mínimamente solventes, y que permiten reconstruir la historia de estas prácticas (ver “Finalidad de las dádivas y cantidades pagadas” en el cap. 5. Para el cálculo del valor agregado de las dádivas -unos 900mill€ al año- ver tabla 5.

(1) Cohechos pagados en metálico: algunos ejemplos

El procurador de financiación para un gran partido estatal y miembro del Senado, ingresó al menos 1,3mill€ en concepto de comisiones de intermediación a cambio de gestionar 5,3mill€ procedentes de empresas afines. Este porcentaje -del 25%- más elevado de lo habitual, se debe seguramente a la alta exposición política de sus beneficiarios y a los recursos de sus receptores: un partido en el gobierno de ámbito estatal (AN 20/2018b).
Para conseguir la colaboración de las asociaciones empresariales en el desvío masivo de subvenciones para cursos de formación en la Comunidad de Madrid, en el año 2010 dichas asociaciones percibieron un 20% de la cantidad subvencionada en concepto de cohechos (El Plural 13/3/2014).
Las dádivas documentadas para los casos acaecidos en la década de los años 1980 y 1990 oscilaban entre el 10% y el 20% del beneficio obtenido (Urquiza 2005: 37).
Miembros de un consistorio municipal de la isla de Gran Canaria conceden la ejecución directa a empresas afines a cambio de un porcentaje entre el 6% y el 20% del valor total de la obra (caso Faycan-Telde).
En un caso de finales de los años 1980, las empresas constructoras pagaron cohechos que, en la mayor parte de las operaciones, ascendían al 6% del valor de las adjudicaciones, aunque también están documentados cohechos por el 3% para los casos más importantes económicamente (TS 1493/1999).
En el caso ATSJC 5/2013 se pagaron cohechos por valor de hasta un 5% de las concesiones obtenidas. Los sobornados eran miembros de la familia del un presidente autonómico con treinta años en el cargo y un elevado poder simbólico y varios de los acusados eran parlamentarios, miembros de consejos de administración de empresas públicas y privadas y personas muy bien relacionadas con las élites funcionales y patrimoniales de la misma. No está aún del todo claro a cuánto dinero se tradujeron estos cohechos pero al menos alcanzaron el valor de 10,6mill€ que se podría traducir en unos beneficios económicos de unos 200mill€ para las empresas pagadoras. Así, una gran empresa constructora pagó a un partido político 6mill€ en dádivas a cambio de la concesión de contratas de lo cual podemos deducir que dicha concesión ascendió a unos 200mill€ (AP B 78/2016).
El gobierno de Navarra concedió obras públicas -infraestructuras viarias, universitarias etc.- fuera del mercado a empresas constructoras, una de ellas en una difícil situación económica, a cambio del pago del 5% del valor de las mismas en la mayoría de los casos, aunque también del 1,5% y del 11% en casos excepcionales, este último porcentaje en previsión de una investigación posterior de los hechos (TS 20/2001).
Varios de los casos centrados en Cataluña incluyen cohechos que rondan el 3% repartidos entre un 2,5%, que iban a parar a la financiación del partido en el gobierno de la Generalitat y el 1,5% que se embolsaban los que organizaban la operación (AP B 78/2016). En otros casos se llegaron a pagar cohechos por un valor del 5% (Caso Mito) y entre el 3% y el 6% (caso Adigsa: Santamaría 2014: 491).
Las empresas subcontratadas de tercer nivel vinculadas a la construcción del metro de Milán pagaban en los años 1970 un cohecho del 4% a cambio de poder participar en el proyecto (Malem Seña 2002: 117).
Una gran empresa de ingeniería civil pagó cohechos por valor del 4% a miembros de un gobierno regional a cambio de adjudicación de obra pública. El 2,5% se destinaba a la financiación de un partido político, el 1,5% restante se lo ingresaban los mediadores de la operación vinculados a una entidad que organizaba actividades culturales (AP B 78/2016)
Un directivo de banco percibió cohechos que representan el 4% del volumen de la contratación a cambio favorecer a dos empresas de publicidad para que asumieran el lanzamiento en bolsa de una nueva institución financiera (ATS 20751/2017).
Favorecido por el aislamiento espacial y las relaciones de interdependencia entre las empresas contratistas y subcontratistas de obra civil, el pago de dádivas en porcentajes cercanos al 3% está muy generalizado en los ambientes españoles vinculados al control de calidad y del avance de obra civil como la construcción de carreteras (entrevisa E-13).
Las empresas pagadoras a los conseguidores/mediadores de contratos de obra pública en países africanos y latinoamericanos cobraran entre 1% y el 5% por cada mediación exitosa, aunque también recibían unos ingresos regulares de 15.000€ que no han sido suficientemente documentados (DDPP 5 del JCM).
Empresarios pagaron entre el 2% y el 3% a cargos políticos para que influyeran en el proceso de licitación de obras públicas por parte de una comunidad autónoma (AN 20/2018c).
El principal imputado de la trama del caso Púnica, vicesecretario general de un partido autonómico y con responsabilidades en el gobierno estatal y alcalde de localidad de tamaño medio, les cobraba un 3% a las empresas concesionarias aunque los imputados que ocupaban un lugar más periférico en la trama cobraron sólo percibían el 0,3% y el 0,2% a pesar de su condición de alcaldes de varias ciudades también importantes. (AN 23/2017)
El alcalde de una ciudad de la Costa del Sol acumuló 9 mill€ en cohechos repartidos a lo largo de 7 años -1,3 mill€ por año- a cambio de recalificaciones urbanísticas (AP MA 179/2013).

(2) Cohechos pagados en especies: algunos ejemplos

El Presidente de la CAM recibe del presidente de un gran club deportivo de su ciudad con intereses inmobiliarios un ático en la Costa del Sol valorado en 770.000€ a cambio de favores urbanísticos en Madrid (Caso Ático).
En un caso de prostitución coactiva un policía nacional recibió relojes de marca por un valor de entre 3000 y 4000€ a cambio de avisar a los propietarios de una cadena de burdeles de la organización de redadas de control (TS 4123/2015).
Una empresa adjudicataria implicada en la construcción del AVE Madrid-Barcelona paga viajes a funcionarios a países lejanos a cambio de obras no realizadas en la cantidad y la calidad convenida, por un importe de 31mill€ (Caso Adif-Corsan).
En las monterías en fincas toledanas, a las que fueron invitados cargos políticos de un gran partido estatal, se realizaron los pagos de dádivas por promotores inmobiliarios en busca de concesiones urbanísticas (AN 23/2017).
Una alcaldesa recibió de un empresario de la construcción no sólo 2,9mill€ en metálico, sino también viajes, coches y caballos para su finca (AP Z 291/2016).

20. Las causas de la corrupción en España: un esbozo

Las causas de la corrupción en España, como las de cualquier otro país, son complejas (ver capítulo 5: “La corrupción y sus cuentas”). Para trascender las explicaciones antropológicas y psicológicas, que no suelen muy esclarecedoras, proponemos cuatro campos argumentales para avanzar en razonamientos de más largo alcance: (1) el primero tiene que ver con la financiación del Estado del bienestar nacido de los acuerdos políticos de 1978; (2) el segundo se refiere a la cultura de la apropiación privada de lo común y a sus orígenes históricos; (3) el tercero está relacionado con los mecanismos de fiscalización de las cuentas públicas vigentes en la actualidad; y el cuarto (4) con la cuestión de la legitimidad del Estado y la configuración territorial de este último (ver también el comentario 12 así como los capítulos 2 y 19).

(1) Desempleo, estado del bienestar y corrupción inmobiliaria

Una de las razones estructurales que explican la corrupción inmobiliaria tanto en España como en otros países de la periferia sur y este europea, la encontramos en la incapacidad de sus sistemas productivos -al menos tal y como fueron conformados al comienzo de sus nuevas andaduras constitucionales- de financiar de forma sostenible sus respectivos sistemas de bienestar, en definitiva de cumplir los nuevos contratos sociales. Las políticas económicas que se fueron extendiendo por el mundo occidental justo en el momento en el que España daba sus primeros pasos hacia la creación de una “sociedad civilizada” (Henry Morgenthau) provocaron una destrucción generalizada de tejido productivo y una creciente presión sobre las políticas de gasto público. No todo este tejido estaba caduco, pero requería de más tiempo y de una acción decidida de los gobiernos para actualizado, crear nuevas formas de empleo y encauzar los desarrollos sectoriales de alto valor añadido, medidas todas que empezaron a resultar incompatibles con las nuevas doctrinas económicas. La incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea no contó con ninguna de los dos cosas para adaptar el sistema productivo a un espacio económico suficientemente competitivo como para poder exponerlo en tan poco tiempo a las economías más productivas de Centro Europa y a unas administraciones públicas más rodadas y mejor organizadas. Algo parecido sucedió, aunque de forma aún más rápida, traumática e improvisada en los países que se incorporaron a la Unión en los años 1990 en unas condiciones económicas todavía más adversas, y cuyas consecuencias sociales y culturales siguen amenazando el proyecto de integración en su conjunto: en Fernández Steinko (1997, 2010 y 2013) desarrollamos más extensamente estos argumentos.
Es verdad que la posición negociadora inicial del gobierno no era la mejor en aquella situación de crisis económica, de inestabilidad política, con continuos atentados por parte de ETA y de aumento continuado del desempleo. Pero hay indicios razonables para pensar que ni nuestras élites ni tampoco los demás países europeos calcularon bien las consecuencias a largo plazo de una forma de integración como esta para el mantenimiento de los grandes consensos político-constitucionales: la situación en cada vez más países de Centro Europa también apuntan en este mismo sentido.
Poco tiempo después de la integración en 1986 los gobiernos de los países señalados reaccionaron de la única forma que parecía que podían hacerlo en un entorno macroeconómico como aquel: favoreciendo el desarrollo de bienes y servicios no transaccionables tales como la construcción, el turismo o el militar. Son sectores mucho menos expuestos a la competencia internacional y sobre todo el primero es un gran generador de puestos de trabajo a corto plazo (para el sector de la construcción antes de la eclosión de la burbuja inmobiliara en España ver Naredo 1996, para Portugal ver Ferreira de Amaral 2013)
El desarrollo de estos sectores no depende tanto de la eficiencia de sus empresas y su capacidad innovadora como de decisiones político-administrativas, en definitiva de uno de los principales escenarios en los que se encuba la corrupción. Para forzar el desarrollo del sector de la construcción los gobiernos intentaron eliminar de forma implícita o explícita toda clase de “trabas burocráticas” que pudieran frenar la llegada de inversiones extranjeras destinadas a compensar el déficit comercial y presupuestario, en definitiva a estabilizar económicamente el país en un escenario de más que rápida apertura económica. La eliminación de dichas “trabas” es la antesala de la desprotección decididamente ilícita de patrimonio inmobiliario público, una desprotección que se convirtió en una tentación irresistible para muchas CCLL tras la aprobación de la ley del suelo de 1997 debido a su elevada rentabilidad política y la escasa criminalización de estas conductas en España. Dicha ley marca efectivamente un antes y un después que se refleja en el rápido crecimiento de los precios de los bienes inmuebles. Pero la apuesta por forzar el desarrollo del sector de la construcción como mecanismo de estabilización del empleo y generación de consensos políticos ya había sido puesta a prueba, y con un éxito bastante efímero, inmediatamente después de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea Naredo (1996), con lo cual lo que sucedió a partir de 1997 no es sino una radicalización de dicha apuesta inicial en un entorno económico (aún) más liberalizado.
Como tarde a partir de mediados de los años 1990 se fue extendido así la convicción de que la mejor forma de generar crecimiento y trabajo, incluso de sanear económicamente el nuevo sistema institucional, era minimizando los controles y las regulaciones, en definitiva apostando por que la anteposición de los intereses privados a los públicos consiguiera reforzar por sí misma los consensos políticos acordados en 1978. La hipótesis política que soportaba esta visión -y que circulaba por aquellos años con creciente intensidad por cada vez más gabinetes ministeriales del mundo occidental- era que la liberalización económica tenía capacidad por sí misma de solucionar los problemas políticos y administrativos de las sociedades desarrolladas. En España esta idea enlazaba directamente con las políticas económicas del desarrollismo diseñadas en los años 1960 y 1970 que intentaron sustituir la falta de legitimidad política por un tipo de crecimiento que no se llevar bien con las regulaciones que protegen el patrimonio colectivo como su suelo público, sus edificios históricos, sus costas o sus paisajes. Los límites que separan la supresión de las regulaciones de su completo y ostentoso incumplimiento de las pocas que aún iban quedando, se fueron difuminando así en el imaginario colectivo en medio de un ambiente como este. Las culturas empresariales apoyadas en la creación de redes de promotores y responsables políticos, unidas por la cultura de los incumplimientos urbanísticos, apoyadas en un determinado relato urbano y cultural ya conocidos y bien rodados en los años del franquismo, se fueron extendiendo rápidamente por un país hambriento de empleo cuyos gobernantes recibían, además, el beneplácito activo de los organismos políticos y financieros internacionales.
Esta situación, nacida de una suerte de inercia histórica en el caso de España, pero ahora retroalimentada por un cambio profundo en las políticas económicas de la mayoría de los gobiernos occidentales, fue reduciendo las barreras de entrada a toda clase de conductas -legales, ilegales y alegales- destinadas a esquivar las regulaciones del suelo público y cada vez más también a malversar caudales públicos. Delincuencia urbanística, liberalismo a ultranza y falta de alternativas económicas unidos a aquel contexto internacional empezaron a ir cada vez más de la mano “Los apologistas de una corrupción controlada (…) hacen de los sobornos o de los fondos de reptiles parte integrante del fundamento liberal de la economía: el único problema consiste en administrar sus efectos” escribía el periodista Manuel Leguineche.
Cuando las regulaciones no son consideradas un mecanismo de ordenación y de preservación de recursos, un intento de civilizar la convivencia entre intereses a veces contrapuestos; cuando las políticas económicas exploran formas no sostenibles de crecimiento económico antes que otras basadas en el aumento del valor añadido y el incremento de la productividad, las regulaciones acaban pareciendo inútiles corazas que el “estado” le impone tanto al crecimiento económico como también y al desarrollo personal de los ciudadanos. La protección legal de toda clase de bienes y activos tangibles e intangibles tenía que perder necesariamente su predicamento en beneficio de un crecimiento a corto plazo aún cuando, recesión tras recesión, este modelo de desarrollo sólo fuera capaz de crear un sistema social agujereado por el desempleo, por el trabajo sumergido y por una precariedad laboral crónica. Sobre todo en las localidades pequeñas, de las que el Estado ha estado históricamente ausente y donde las leyes y los procedimientos formal-burocráticos nunca han gozado de una presencia y una comprensión importante, los costes de la regulación, en definitiva de la creación de un “orden civilizado” empezaron a ser percibidos por muchos ciudadanos como inasumibles o completamente innecesarios si se les comparaba con los beneficios a corto plazo que podía generar su supresión.

(2) La cultura de la apropiación privada de lo común

En los años del franquismo se da una relación paradójica entre el interés general y los intereses particulares de los propietarios del suelo, una relación aún no resuelta que influiría en la conformación de las nuevas coaliciones políticas durante el período democrático, y que dificultaría, casi desde el nuevo comienzo constitucional, la prevalencia del interés general. En los años de la autarquía, el Estado dirigía las políticas urbanas a través de la Dirección General de Regiones Devastadas sin que esto no quiera decir que lo hiciera necesariamente en nombre del interés general. La cultura urbana que se fue imponiendo con los años fue generando una suerte de corrupción estructural que contaminó a una buena parte de los cuadros políticos del régimen a nivel local: a alcaldes, al personal vinculado al Auxilio Social, a los gobernadores civiles y a los jefes locales de Falange, incluida su Sección Femenina (Ricardo Aroca en RNE (2015)
El ejemplo de la ciudad Madrid es paradigmático pues el Régimen se ensaño particularmente con ella al haber sido el principal foco de la resistencia republicana, y porque la ciudad sufrió la mayor llegada de población procedente de otras zonas del país desbordando completamente todos sus recursos. Hacia finales de la década de los años 1940 las operaciones inmobiliarias fraudulentas -incumplimiento sistemático de los planes urbanísticos, construcción de más alturas de las permitidas, demolición de edificios en buen estado con el fin de especular con los solares, aparición de estafas inmobiliarias- empezaron a desplazar al gran contrabando en las preferencias de los grandes delincuentes económicos españoles. La enorme necesidad de espacios habitacionales que tenía la ciudad empujó a las autoridades a mirar para otro lado, lo cual fue creando un clima altamente favorable para un urbanismo alejado del interés general “la corrupción, hasta ese momento centrada en el mercado alimentario pasó a afectar a los organismos relacionados con la vivienda” (Montoliu 2010: 18ss.)
Es verdad que la Ley del Suelo de 1956 introdujo la obligación de hacer una planificación urbanística para hacer frente a los problemas derivados de unas ciudades en rápida expansión, planificación que incluía la obligación de los ayuntamientos de crear un patrimonio público de suelo. Y es verdad también que, un año después, se creó el Ministerio de la Vivienda al que se le atribuían esta clase de competencias. Sin embargo en aquel contexto, la acumulación de patrimonio público de suelo “sirvió para exacerbar las tensiones especulativas antes que para reducirlas” (Ricardo Aroca) con lo cual las nuevas leyes acabaron protegiendo más a los propietarios del suelo que al interés general, que es a quien estaban dirigidas: “Las sucesivas leyes del suelo (fueron y son todavía en gran parte AFS) hechas por abogados antes que por urbanistas, y están mucho más orientadas a preservar los intereses de los dueños del suelo” (Ricardo Aroca en RNE (2015). El resultado fue un descuido sistemático del interés general en los procesos de planificación urbana frente al de los propietarios del suelo, propietarios que consiguieron imponerle a la mayoría de los ayuntamientos un modelo urbano a la medida de sus intereses. “Frente al ejemplo de ciudad planificada, había surgido un desarrollo urbano espontáneo, que atendía especialmente al lucro individual o a las soluciones urbanísticas a cortísimo plazo, en el que las obras solían ir siempre por detrás de las necesidades (de la población AFS)” (Montoliu 2017: 294): muchas ciudades y pueblos el país todavía no ha logrado escapar de esta situación ya bien entrado el siglo XXI.
Los procesos de liberalización económica de los años 1960 no sirvieron para solucionar este problema que requería, obviamente, de una respuesta política y cultural antes que económica. La configuración urbana es un termómetro muy sensible del ambiente cultural reinante, y los arquitectos ya llamaban la atención en los años 1960 sobre el malhadado tratamiento que recibía el patrimonio de las ciudades españolas de la época: “Parece haberse impuesto la creencia en amplias extensiones de España, de que solo los monumentos cuyo nombre se anuncia en letras de molde, iglesias, monasterios, catedrales, consistorios, merecen la pena ser cuidados y conservados mientras que el aspecto del resto de edificaciones no importa en absoluto, siempre que reúnan en su interior las necesarias condiciones de habitabilidad y confort (…) ¿vida volcada hacia el interior de la casa, desinterés ante la tradición, normativas relajadas, individualismo atroz, herencia árabe, ansia por olvidar la fachada de aquellos hogares en los que hasta hace pocas décadas imperaba la pobreza o la necesidad?” (Gancedo 2015: 255s.)
Durante décadas los bienes y espacios públicos, incluido el patrimonio cultural y natural intangible del país, quedaron así expuestos a los intereses de los promotores debido a la falta de reglamentos que los protegieran o incumpliendo los existentes. La transición democrática había intentado superar esta situación consensuando acuerdos constitucionales como que “Toda la riqueza del país en sus diferentes formas sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general“ (§128.1 de la CE), pero los problemas de financiación del nuevo demos, así como el desempleo que empezó a hacerse estructural desde mediados de los años 1980, fueron creando un clima poco propicio para su cumplimiento efectivo, comparable en cierto sentido con la situación creada en el período preconstitucional. La conexión con dicho período en este aspecto particular sigue plenamente vigente en el ideario de los grupos políticos que hoy reivindican aquel modelo de desarrollo apostando por suprimir, de la forma más radical posible, las políticas de protección del suelo y de los activos intangibles. Así, entre las 100 medidas propuestas por Vox “para la España viva” se incluye mantener una política de desprotección del suelo sustentada en una comprensión de este último como si de un producto comercial se tratara sometido a las mismas leyes de la oferta y demanda que cualquier otra mercancía: “Liberalizar el suelo. Convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados. El mercado del suelo es especialmente rígido su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio” (punto nº 47). ( https://www.voxespana.es/wp-content/uploads/2019/04/100medidasngal_101319181010040327.pdf. Para un análisis crítico del tratamiento del suelo, del dinero y de la propia fuerza de trabajo como si de mercancías “normales” se tratara, así como de sus consecuencias políticas y económicas ver Polanyi (2001)

(3) Problemas con la fiscalización de las cuentas públicas

La transparencia en la fiscalización de los recursos públicos es manifiestamente mejorable en España, como ya han advertido varias veces las autoridades comunitarias. Algunos sistemas de fiscalización ni siquiera cumplen los requisitos legales vigentes, como es la obligación de que todos los ayuntamientos rindan cuentas al Tribunal de Cuentas, y de que dispongan de un inventario actualizado de su patrimonio inmobiliario.
En ausencia de un estado provisto de funcionarios leales, de una administración independiente y bien dotada económicamente, los partidos políticos han venido acumulando un poder de control y de supervisión que va mucho más allá de su función de representantes de los intereses y de las orientaciones ideológicas de la sociedad. Por lo general, el peso de los partidos políticos suele ser inversamente proporcional a la debilidad de los estados, una ecuación que ha jalonado más de un siglo y medio de historia política en España. Los partidos han funcionado -y en cierta forma siguen funcionando- como muros de contención de los enfrentamientos civiles y armados y para desviarlos hacia cauces pacíficos: el turnismo de los años de la Restauración y el período constitucional que se abre en 1978 tienen aquí algunas cosas importantes en común. Pero esto no tiene que ser así pues también es posible alcanzar ese objetivo construyendo un espacio estatal financiado conjuntamente en el que se expresen de forma fiel la diversidad de los intereses que prevalecen en la sociedad sin recurrir única y exclusivamente a los partidos políticos. La debilidad de un espacio estatal plenamente reconocido por todas las partes ha reforzado el protagonismo de estos últimos, incluso el de los sindicatos y otras organizaciones similares que llegaron a ejercer una función similar en algunos momentos de la historia contemporánea del país. La incapacidad de las diferentes organizaciones políticas de buscar puntos de encuentro en un campo de juego estatal políticamente neutro y aceptado por todas las partes, ha generado una degradación periódica del propio sistema político como sucedió en los años previos al golpe Estado de Primo de Rivera, durante período republicano y en los meses álgidos de la defensa militar de la legalidad republicana (sobre este último aspecto ver por ejemplo Moradiellos 2016). A pesar de los cambios de 1978, la persistente debilidad del Estado les sigue asignando a los partidos un poder muy importante a costa de otros actores: de partidos rivales, de la sociedad civil, de los medios de comunicación independientes, pero sobre todo de los funcionarios más comprometidos con el interés general, particularmente cuando los gobiernos cosechan mayorías absolutas. No es casualidad, por tanto, que, así al menos Transparencia Internacional, los partidos políticos españoles sean las instituciones percibidas como más corruptas, muy por encima de la policía o de las propias administraciones públicas.
Porque en un contexto así, la fiscalización del patrimonio común recae en gran parte sobre cuadros dependientes de las organizaciones políticas a las que deben su carrera y su futuro profesional. Muchos de estos cuadros están expuestos a un mercado laboral escaso e inestable que les empuja a abrazar comportamientos endogámicos a cambio de una seguridad difícil de conseguir en otros ámbitos. En la nueva andadura constitucional, la ciudadanía que no estuviera vinculada directamente a ninguna formación política quedó apartada de la posibilidad de intervenir directamente en la fiscalización de sus impuestos. Se desaprovecharon y se siguen desaprovechando así muchos mecanismos directos de control ciudadano de la acción de los gobernantes, y los ciudadanos españoles siguen sin tener fácil acceso a la información que afecta al uso de sus impuestos, aunque esto haya mejorado algo a partir del 2008. No hay duda de que los tiempos de Larra ya han quedado atrás, pero en muchas localidades del país los administradores siguen sin tener conciencia de su obligación de ponerse al servicio del ciudadano, que es quien paga sus salarios, y siguen tratándolo como si el sentido de su trabajo fueran ellos mismos. En definitiva, muchos empleados públicos no perciben ingresos a la altura de la importancia de su trabajo y de su cualificación, otros no se sienten los custodios del patrimonio de todos, sino que obedecen más a las consignas de sus partidos e ideologías afines que a la neutralidad que debe regular su acción fiscalizadora.
La escasez de funcionarios profesionalizados que le den continuidad a la gestión de lo público, se suple con la intervención de cuadros y cargos de confianza vinculados a partidos políticos, con lo cual estos últimos acaban reproduciendo su control sobre la acción pública en la gestión de espacios tan relevantes como los de las cajas de ahorros, las arcas municipales o los propios tribunales de cuentas (para el caso de las cajas ver de Barrón Arniches 2012). La mayor parte de los miembros del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, ni siquiera son funcionarios de carrera, muchos han sido propuestos por los partidos políticos y casi la mitad del colectivo de inspectores de Hacienda del Estado lo son de libre designación. Las Cajas de Ahorro, prácticamente los únicos espacios empresariales cogestionados por los representantes de la ciudadanía, quebraron tras una exitosa historia de casi 200 años debido justamente un conflicto entre los intereses partidarios y los de los depositantes.
En España, la fiscalización de las subvenciones, que representan casi el 4% del PIB y el 10% de todo su gasto público, no se hace de forma orgánica, es decir, siguiendo el recorrido de cada unidad de euro a lo largo de todas las instituciones por las que pasa, sino de forma acumulativa, mecánica y segmentada organismo por organismo, territorio por territorio, que es donde los partidos políticos y los poderes locales tienen más capacidad de influir. El resultado es la aparición de conflictos de intereses entre organismos y territorios, conflictos identificados por la Unión Europea como una de las principales causas de la corrupción en toda Europa (CE (2014, 2011). Mientras las políticas de austeridad someten a las universidades públicas y a los hospitales a férreos controles del gasto, las primeras ni siquiera aplican métodos de contabilidad analítica que les permita conocer y racionalizar dicho gasto con precisión (El País 4/6/2020 y entrevista E-24 respectivamente). El estatuto de empleo público, que no sólo incluye administradores sino también profesores y sanitarios del sector público, no permite compensar esta situación asegurando la independencia y la neutralidad de los funcionarios, pues los cargos de confianza asociados a los partidos, la proliferación de personal laboral con contratos temporales y la consiguiente conformación de redes clientelares en torno a figuras con contratos estables que pueden influir sobre las conductas de estos últimos en perjuicio del interés general, los han ido desplazando (Nieto 2008 y Urruticoechea 2012. Esto es grave, pues una carrera funcionarial independiente y profesionalizada es esencial para la construcción de un Estado equidistante frente a las coyunturas políticas y los intereses particulares, para la creación de una sociedad civilizada y la fiscalización de sus cuentas en nombre del interés general.

(4) Legitimidad, Estado y territorio

Y con esto llegamos al problema del Estado. La función del Estado es mediar entre los intereses individuales y el interés general, crear la base material y normativa para la construcción de un demos basado en la prevalencia de este último frente a aquellos aunque asegurando, al mismo tiempo, la iniciativa y las libertades individuales.
Las dificultades con las que se ha tenido que abrir paso en España la idea de un demos reconocido como el único depositario del interés general, dotado de recursos suficientes para su funcionamiento eficiente y gestionado por un cuerpo de funcionarios competentes, se remontan a los años de construcción nacional del siglo XIX cuyos inicios estuvieron fuertemente hipotecados por la devastación provocada por las guerras napoleónicas, por la súbita pérdida del imperio colonial y las bancarrotas resultantes, así como por la utilización de las reformas liberales para financiar un estado en bancarrota favoreciendo así a la gran propiedad latifundista antes que a los propietarios medios y pequeños como pretendían muchos reformadores.
Por razones contrapuestas, liberales económicos y comunitaristas han visto siempre con escepticismo la consolidación de un espacio estatal bien financiado y capacidad efectiva de elevarse por encima de los intereses y de los territorios particulares, una coalición a la que hay que sumar el movimiento anarquista más importante del mundo para el que la animadversión hacia cualquier forma de Estado ocupa el centro de su identidad política. Ningún otro estado nacional occidental se ha tenido que enfrentar a esa triple oposición durante tanto tiempo.
España se quedó felizmente fuera de las dos grandes mundiales, pero fueron justamente dichas guerras las que obligaron a los países contendientes a crear infraestructuras colectivas eficientes destinadas a canalizar los recursos requeridos para la victoria militar, a colocar, por razones más obligadas que voluntarias, el interés general por encima de los intereses parciales y particulares. Quizás sin ser plenamente conscientes de ello, algunos intelectuales y políticos con vocación regeneradora defendieron la posibilidad -en realidad del todo descabellada- de implicar a España en la primera guerra mundial, mayormente en el bando de los aliados (RNE 2014). Las infraestructuras colectivas creadas en los países que participaron en las dos guerras mundiales perduraron después de dichas guerras debilitando las ideologías que aún soñaban con volver a las democracias liberales del siglo XIX, cuyos estados no sólo eran débiles e incipientes, sino que además estaban exclusivamente al servicio de las clases propietarias y de la preservación de sus derechos políticos y culturales (empíricamente Piketty 2014). Nada de esto sucedió en España, otra excepcionalidad a la que hay que sumarle las consecuencias del golpe de estado de 1936 que frenó en seco, una vez más, la construcción de un demos inclusivo excluyendo a más de la mitad del país, una situación que ya le llamó fuertemente la atención a Gerald Brenan viajando por España inmediatamente después de la Guerra (Brenan 2003).
Una y otra vez a lo largo de su historia reciente, los recursos y las dimensiones de la esfera pública española han quedado así por debajo de lo que exigía una modernización social e institucional a la altura de los tiempos. Por muy grande que fuera la grandilocuencia patriotera y la intromisión del régimen de Franco en la vida privada de las personas, lo cierto es que su sector público siempre ha sido esquelético y por tanto incapaz de cumplir muchos de los objetivos sociales y “civilizatorios” proclamados por sus cuadros políticos. Hacia 1965, en plena eclosión modernizadora del país, los ingresos del gobierno español ascendía a solo el 15,5% del PIB frente al 18% en Portugal, al 32% en Italia y al 35% en la Francia gaullista, países todos ellos con gobiernos también conservadores. El porcentaje que el Estado recaudaba en España en ese años equivalía al de Suecia, Francia, el Reino Unido o los EEUU 35 años antes -hacia el año 1930- cuando ninguno de estos gobiernos se habían comprometido aún a facilitar una educación y una sanidad universales, y cuando ninguno de ellos había pasado aún por la experiencia de la segunda guerra mundial que forzó a todos los gobiernos a elevar drásticamente su sector público (Piketty 2014: gráfica xiii.1). A la falta de legitimidad política del régimen nacido de la Cruzada, se sumó así una escasa capacidad material de maniobra para construir un nosotros basado en el interés general y dejando, una vez más, que el Estado fuera colonizado por los intereses de los grupos particulares más influyentes. Esta experiencia contradice lo inapelable, que “sin impuestos (y sin un control eficaz del dinero de los ciudadanos) no puede haber destino común ni capacidad colectiva para actuar” (Thomas Piketty), simplemente no puede haber ninguna clase de demos moderno.
La reforma fiscal de Fuentes Quintana de 1977 marcó aquí un antes y un después, pero sólo pudo compensar en parte el raquitismo económico del estado acumulado desde el siglo XIX pues la consolidación del nuevo sistema impositivo coincidió con la rápida degradación de la economía y del mercado de trabajo. Porque justo en el momento en que se empezaba a construir el estado social fijado en la Constitución de 1978, este empezó a perder algunos de sus principales pilares materiales y también muchos de sus valedores ideológicos iniciales.
El nuevo estado de las autonomías mejoró considerablemente la eficacia de las administraciones pues estas se acercaron a los espacios de vida y de trabajo de los ciudadanos. Sin embargo también dispersó muchos recursos escasos entre administraciones redundantes. La dinámica desencadenada por la aplicación del Título Octavo de la Constitución frenó la construcción de un demos estatal bien dotado con capacidad de practicar políticas fiscalizadoras, de gasto sanitario y educativo, y también de control presupuestario al margen del poder de los gobiernos autonómicos que se fueron creando de forma más competitiva que cooperativa territorio por territorio, siguiendo el ejemplo vasco y catalán. La construcción del régimen de autonomías facilitó la pluralización cultural y lingüística, así como la recuperación de un acerbo patrimonial que los gobiernos de Franco amenazaron con hacer desaparecer en favor de una modernización culturalmente mediocre, uniformizadora, predatoria o simplemente insostenible en el sentido general de la palabra también frenó la conformación de un demos compartido y solidario como el que refleja en el espíritu de la Constitución reactivando las formas de pensar apoyadas en la prevalencia dogmática de lo privado frente a lo público, en la competencia frente a la colaboración entre territorios, en la organización y las prácticas federales frente a las confederales - en Fernández Steinko (2001) doy cuenta de la naturaleza destructiva de la modernización del país en los tiempos de Franco.
A pesar de la creación de importantes infraestructuras de comunicación y de transporte que pusieron en contacto directo a cada vez más habitantes de cada vez más territorios del país, la dinámica competitiva desencadenada por el modelo territorial -competencia en lo económico, en lo fiscal pero también en lo cultural y lo identitario- reactivó la mentalidad cantonalista que conocemos del siglo XIX, una mentalidad en la que se venían refugiando las clases populares desde hace siglos debido a la ausencia de una administración central con capacidad suficiente para llevar escuelas, infraestructuras y ambulatorios hasta los últimos rincones del país. Porque el actual estado de las autonomías no es el producto de un acuerdo solemne para la construcción de un demos compartido basado en una visión plural pero global y por tanto federal de país, en una definición consensuada de lo que “todos podamos tener en común” (Franciso Tomás Valiente) a pesar de las diferencias, un país comprometido con la preservación de la diversidad pero basado también en una definición estable de competencias provistas de recursos económicos suficientes en todos los territorios que incluyan mecanismos claros de rendición de cuentas frente a sus electores, con el fin de que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los mismos servicios independientemente de la renta de su territorio. Lo que tenemos ahora es más bien una suerte de confederalismo competitivo en el que todos los territorios intentan negociar bilateralmente con el Estado para conseguir las máximas competencias y los máximos recursos, para “sus” propios espacios, “sus” propios territorios, “sus” poblaciones y “sus” problemas (Nicolás Sartorius) siguiendo el ejemplo de las (mal) llamadas nacionalidades históricas. Estas prácticas fueron alimentando una forma de pensar y de explorar la nueva andadura democrática que desembocaría en la actual crisis territorial, una crisis que no afecta sólo al problema catalán sino al país en su conjunto. La crisis del Covid, que obligó a poner en común decisiones y recursos en una situación extrema, tal vez permita abrir un debate nacional sobre aquello que nos une, sobre el valor práctico y moral de lo común, así como sobre aquellos recursos que todos estamos dispuestos a compartir para preservar lo de todos: desde nuestra riqueza lingüística hasta las tradiciones democráticas comunes pasando por la herencia patrimonial que nos ha dejado nuestros antecesores y la naturaleza que nos ha dado la vida.
Todo esto es importante para el tema que nos ocupa, pues muchos casos de corrupción a nivel de CCAA y CCLL tienen su origen en la inexistencia de órganos fuertes de control y fiscalización independientes del poder territorial y local, órganos que no sólo tienen que estar políticamente legitimados, sino también dotados de medios materiales suficientes para poder intervenir con el fin de preservar y proteger los recursos de toda la nación. Según la Ley de Bases de 1985 por ejemplo, aunque los interventores municipales encargados de fiscalizar las cuentas de los ayuntamientos reciben su sueldo del Estado, dependen de facto de la designación de los alcaldes y muchas veces ni siquiera tienen presencia en muchos consistorios a pesar de que ocupan un lugar estratégico en la fiscalización de las decenas de miles de millones que todos los años son canalizados a través de las CCLL (Nieto 2008). Esto no sucede en Portugal, por ejemplo, donde las cuentas municipales son fiscalizadas por órganos centralizados con personal a sueldo de la administración central y completamente separados de los municipios. A pesar de no depender orgánicamente -aunque sí económicamente- de los ayuntamientos, los interventores municipales españoles, así como los propios miembros de los organismos fiscalizadores autonómicos, se hacen más vulnerables a la presión de los poderes ejecutivos locales y regionales, muchas veces a través de mecanismos sutiles aunque muy efectivos tales como el acoso laboral (entrevistas A-10, 15, 17 y 19). Cuando la autoridad fiscalizadora depende económicamente del órgano que tiene que fiscalizar es fácil que se produzcan conflictos de intereses, con lo cual va hace mucho más difícil racionalizar la gestión de los recursos públicos.
La pretensión de desarrollar políticas económicas regionales basadas en una lógica competitiva interterritorial en un entorno de falta de empleo y de desregulación económica y financiera generalizada, favorece el encubrimiento de conductas corruptas a nivel de CCAA, sobre todo cuando los mismos partidos ocupan los gobiernos regionales durante un período prolongado de tiempo. Las cifras son impactantes: desde 1978 han sido imputados no menos de diez ex-presidentes de comunidades autónomas por corrupción: uno en Navarra, en Cataluña y en Baleares, dos en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, y entre cuatro y cinco en la Comunidad de Madrid, a los que se suman los quince imputados de un caso de corrupción urbanística en el País Vasco vinculados, también en este caso, al partido en el gobierno autonómico. Resulta difícil explicar todo esto sin tener en cuenta los espacios de opacidad que se han ido creando en las administraciones territoriales combinados con el elevado presupuesto que estas han pasado a manejar en poco tiempo, el blindaje político que proporcionan las mayorías absolutas, el mencionado poder de los partidos políticos, así como los conflictos de intereses a los que se ven sometidos los gestores de lo público y que nace justamente de dicho poder. Los espacios administrativos pequeños están más próximos a los ciudadanos y el aumento de la cualificación de la ciudadanía tiende a permitir que más y más decisiones relevantes para su vidas recaiga sobre sus decisiones. Pero en un contexto confederalizante y competitivo como el que vive el país, los funcionarios locales y autonómicos, las “personas de confianza” y los técnicos corruptos lo tienen mucho más fácil, sobre todo cuando son el producto de coaliciones ideológicas que colocan la defensa de “su” territorio frente al “otro” territorio en el centro de su ideario político.
El resultado es una especie de reactivación, sobre bases nuevas, de algunas de las estructuras caciquiles del siglo XIX que, alimentadas por nuevas formas de turnismo político ya fueron criticadas por regeneracionistas como Joaquín Costa. “En aquel mundo del siglo XIX, con una población rural analfabeta y desmovilizada, se articulaban e intercalaban también, a través de una densa urdimbre de relaciones familiares y personales, intercambios individualizados de beneficios divisibles canalizados a través de una bolsa de favores y recomendaciones personales”. Lo que está describiendo aquí Varela Ortega no es otra cosa que la anatomía de la corrupción, también de su versión contemporánea. Pero es importante que la realidad material, en definitiva las políticas económicas que alimentan esa “densa urdimbre de relaciones” tanto en los años del Joaquín Costa como también hoy, no se que fuera del análisis: la ausencia de un sistema fiscal progresivo y sostenible a la altura de los procesos de modernización social y cultural del país que permita financiar un espacio institucional con capacidad de asegurar la acción racionalizadora del Estado, así como un sistema productivo y laboral que le de un soporte financiero también sostenible.
En los años de Costa la base material del estado no es que fuera escasa en España, como también lo era aún en otros países occidentales (Varela Ortega 1998: 21, Varela Ortega dir. 2001: 603ss.), es que ni siquiera existía información básica sobre la distribución real del patrimonio -sobre todo inmobiliario- pues los grandes propietarios agrarios consiguieron bloquear la realización de un catastro hasta mediados del siglo XX (Pro Ruiz 1994). Sin catastro de este tipo resulta imposible ajustar las obligaciones contributivas de cada uno -sean estas más o menos progresivas- y, en definitiva, echar los cimientos para la creación de un demos a la altura de la sociedad contemporánea. En Francia dicho dicho registro general de patrimonio ya se había hecho a finales del siglo XVIII, en otros países occidentales hacia finales del siglo XIX y/o principios del XX (Piketty 2014: cap X), un hecho fundamental que explica, mucho más que otros factores de raíz antropóloga o cultural, la legitimidad con la que cuentan sus estados. El bloqueo en la realización de un catastro en el siglo XIX frenó en España la posibilidad de sanear económicamente un Estado en construcción dotándole de capacidad para abrir escuelas, construir carreteras y pagar administradores eficientes e independientes con capacidad de contrarrestar el poder local de los caciques, en definitiva, para ganarse la legitimidad de sus nuevos ciudadanos. Todo lo contrario: la imposibilidad de fiscalizar la principal fuente de riqueza les permitió a los poderes locales durante décadas negociar la distribución de las cargas fiscales recurriendo al intercambio de favores al margen de una administración weberiana independiente, e implantando una cultura de la corrupción casi tan endémica como la que se observa en países con sistemas fiscales igual de precarios. Hoy, el problema -la falta de un espacio público dotado de una base material suficiente- (¿aún?) no se ha solucionado, un problema que agudizan las doctrinas neoliberales que se fueron imponiendo desde los años 1980 en un país tras otro.
Con todo: las diferencias entre la España de los años de Joaquín Costa y la actual son enormes. La principal tal vez sea la elevada formación de su población que permite abordar los problemas del país de forma completamente distinta, además de la drástica y secular caída del precio del dinero que permite destinar mucho más capital a inversiones públicas a costes decrecientes, una realidad que abre inmensas posibilidades para financiar una reconversión social y ambiental del país (Fernández Steinko 2014). En 1978 se crearon las condiciones técnicas y administrativas para dejar atrás el siglo XIX, pero la animadversión de neoliberales y comunitaristas hacia el Estado sigue casi intacta, alimentada ahora por una exacerbada cultura de la competencia entre territorios y por los dogmas monetaristas que se impusieron en el mundo occidental a partir de los años 1980. En ese sentido la corrupción es y ha sido siempre más un síntoma de problemas profundos que quedan por resolver y que España comparte con muchas otras sociedades, un fenómeno que no admite ser tratado de forma aislada, recurriendo a modelos matemáticos o a buscando principios antropológicos generales. La situación creada tras la crisis del Covid quizás abra la posibilidad de nuevas alianzas para abordar la reinvención del demos a la altura del verdadero nivel de desarrollo cultural, económico y social del país, una reinvención con capacidad de mantener bajo control las estructuras reproductoras de la corrupción.

21. Cinco tipos de estafas

A partir de los hechos probados en más de 100 sentencias por estafa, así como de fuentes secundarias adicionales es posible clasificar aquellas con un valor superior a 400€ en cinco grandes grupos o tipos (ver capítulo 6 “La economía de las estafas”).

(1) Las estafas bancarias y filatélicas

Son aquellas en las que intervienen, de forma real o pretendida, instituciones o técnicas financieras. Se inscriben en el grupo de los delitos comerciales (ver tabla 1) aunque sólo el dinero estafado que cambia de manos -y no el que se volatiliza con el estallido de esquemas piramidales- no provoca una reducción del PIB, como hemos visto. Este primer grupo representa el 17% del total pero suma, con diferencia, las cantidades económicas más importantes: 2,2 mill€ de media por caso y 1,1 mill€ por año. Las más recientes y conocidas -Ibercorp, Planasdemunt, Macosa, Banesto, Tibidabo, Afinsa, Forum Filatélico, Eurobank y Preferentes- pertenecen todas a este grupo.
El valor de las pérdidas ocasionadas a lo largo de un período de 35 años (1979-2014) es de 13.900mill€ que equivalen a unos 400mill€ por año, aunque sólo una pequeña parte de estos valores que perdieron los estafados acabó en los bolsillos de los estafadores como hemos visto, en el caso Forum Filatélico no más del 0,3%. Si aplicamos este porcentaje de activos a todos los casos conocidos de estafas bancarias y filatélicas, nos quedamos en mencionado 1,1mill€ que representaría el valor anual de los ahorros de los estafados que han pasado efectivamente a los bolsillos de los estafadores en actos de redistribución predatoria: sólo esta cantidad circula después engrosando la economía ilícita, pues el resto representa una resta antes que una aportación al PIB.
Algunas de las estafas llegaron a adquirir dimensiones gigantescas debido a la ambigüedad gubernamental a la hora de valorar la naturaleza -financiera o no- de los bienes invertidos por los afectados. Esta ambigüedad se vio muy favorecida por la apuesta política por canalizar el ahorro de las familias hacia los mercados y los productos financieros. Desde el punto de vista de la ideología neoliberal, se trata de una forma sostenible de capitalización de los hogares y de aumento del consumo que tiene la ventaja de que no necesita recurrir al saneamiento del sistema laboral. Esta fue una de las principales razones por la que se procedió a desregular los mercados financieros con el fin de favorecer la generación de plusvalías, una desregulación que provocaría la crisis de 2008 pero que también explica la participación muchos ciudadanos en los esquemas más recientes que acabaron en estafas filatélicas y bancarias.
La mayor parte de las estafas filatélicas se basan en la inducción deliberada a una confusión entre bienes de colección y activos financieros reales, así como en la simulación de un mercado libre de sellos destinado a provocar su revalorización ficticia, un mercado que no estaba formado realmente por actores independientes (TS 23/2018 y AN 23/2018). Sin embargo la mayoría de las estafas bancarias son mucho más simples que esta. Como aquella basada en la propuesta que le hizo una interventora de sucursal bancaria a una amiga suya basada en inexistentes inversiones en préstamos a terceros ajenos al banco y a cambio de un elevado interés, que nunca se llegó a pagar (AP M 481/2013). Algunos otros ejemplos son los que siguen.
1. En el caso Ibercorp, la institución financiera estafadora simuló un mercado creando un grupo de empresas vinculadas con el fin de legitimar transacciones y evitar la caída de las cotizaciones utilizando información privilegiada. Este mecanismo permitía manipular los precios de las acciones, lo cual permitió estafar a la mayoría de los accionistas en beneficio de los directivos, de sus familiares y de sus amigos.
2. En el caso Gescartera una sociedad de valores que formalmente prestaba servicios de asesoramiento, captaba inversores para reinvertir sus fondos. En realidad sólo pagaba comisiones a terceros que no generaban rendimiento con lo cual se tuvo que vino abajo todo el esquema piramidal.
3. El caso de las Preferentes consistía en la venta de productos financieros que no eran exactamente tales pues no se trataba de acciones vendibles en cualquier mercado y en cualquier momento. También aquí aparece un mercado interno, ficticio o simulado, que es donde se compraba y se vendía, mercado que le permitía al banco declarar dichos productos como recursos propios y sanear de esta forma sus balances. Los responsables bancarios estafaron a los preferentistas aprovechando su escaso conocimiento de la verdadera naturaleza del producto que habían adquirido convenciéndoles de que se trataba de un producto financiero extremadamente seguro, con elevados rendimientos y cotizable en mercados abiertos o reales (Barrón Arniches 2012: 280s) .

(2) Las estafas inmobiliarias

En las estafas inmobiliarias intervienen, de una forma o de otra bienes inmobiliarios, arrendamientos o actividades de la construcción. Este es el caso, por ejemplo, cuando un estafador hace una doble venta del mismo inmueble ocultando que este tenía un gravamen hipotecario, de forma que el nuevo comprador -la persona estafada- tiene que hacer frente a dicho gravamen (AP CZ 26/2011). O de un estafador almeriense, y buen conocedor del mercado de subastas de bienes inmuebles embargados, que captaba a gente de su entorno ofreciéndoles la posibilidad de adquirir, por un precio inferior al del mercado, inmuebles embargados gracias a sus supuestos contactos con funcionarios judiciales. A cambio, les pedía una cantidad económica en concepto de reserva de cara a las cesiones de remate del procedimiento judicial. Los inmuebles jamás fueron adjudicados a los pagadores, con lo cual los estafados perdieron dicha reserva (AP AL 90/2011).
Las estafas inmobiliarias representan el 32% de todas las sentencias falladas por esta causa entre 2011 y 2013, y han sido otra de las estrellas delictivas en los años del boom financiero-inmobilario. El valor estafado medio se acerca a los 200.000€ -la misma cifra por año-, una cantidad que equivale, casi exactamente, al precio medio que tiene una vivienda en España.
Las estafas inmobiliarias han acompañado al modelo urbanístico del país inaugurado en los años del desarrollismo como demuestran los casos Nueva Esperanza (1963) con 11.000 personas afectadas, el caso Pueyo, con casi 300 familias perjudicadas y el caso Mavela, otras 200 familias perjudicadas en el mismo año de 1967. La reiteración los casos llevó al gobierno a elaborar una ley para la defensa del comprador en 1968, una ley que no pudo impedir el estallido de nuevos casos como el de la estafa financiero-inmobiliaria aún mucho más importante del caso Sofico, que tuvo a 3.200 perjudicados y del que participaron importantes cargos del Régimen: desde el ex-presidente del Consejo Superior de Justicia Militar, hasta un magistrado pasando por un coronel de la Guardia Civil (Montoliu 2017: 271s y 449ss.). En esos años, la mayor parte de las estafas inmobilarias se basaban en el pago de anticipos a empresas promotoras para la construcción y la adquisición de viviendas, pagos que luego no llevaba a la entrega de vivienda alguna pues no se llegaban a construir, muchas veces porque las inmobiliarias aplicaban -otra vez- esquemas piramidales para hacer frente a los compromisos adquiridos de forma que con el dinero de los primeros participantes se iba financiando la construcción de las viviendas subsiguientes.

(3) Las estafas comerciales, y entre empresarios y asalariados

Las estafas relacionadas con la actividad empresarial tienen como escenario las transacciones comerciales y las relaciones entre empresarios y asalariados. Este grupo incluye las estafas más tradicionales como el llamado Timo del Nazareno y su evolución posterior, es decir la financiación de pedidos con bienes de pago falsos: billetes falsos, créditos inexistentes, tarjetas de crédito sin fondos o ajenas, letras de cambio sin cobertura crediticia etc. produciéndose una transacción no equivalente entre las partes o acción predatoriacomo es el caso de un empresario que compra un camión pagando con pagaré sin fondos (AP MU 1/2013 - para los antecedentes del Timo del Nazareno ver Poveda (1953: 231).
Otro ejemplo es el de varias personas que simularon ser empresarios haciendo un importante pedido a una empresa fabricante de quesos que dejaron sin pagar (AP PA 12/2013). Representan el 10% del total y su valor medio asciende a 280.000€. El valor es más elevado que el de las anteriores, pero al tratarse de casos bastante más dilatados en el tiempo este no sobrepasa los 100.000€ de media al año por estafa.

(4) Las estafas informáticas

Las estafas informáticas -inglés: phishing- forman un grupo propio que se encuentra en proceso de crecimiento exponencial como parte del aumento -también exponencial- de la cibercriminalidad en todo el mundo. Las denuncias por todo tipo de conductas de este tipo tales como los delitos contra el honor, las amenazas y coacciones o los delito sexuales, casi se han multiplicado por cuatro en tan solo ocho años pasando a representar en 2018 el 7% de todas las infracciones penales y superadas sólo por las denuncias de los hurtos (MI 2018). Pero el rey absoluto de las actividades delictivas en la red lo ocupan las estafas informáticas que acaparan más del 80% de todas los hechos conocidos de cibercriminalidad, unos 90.000 (año 2018) sin contar los casos de Cataluña y el País Vasco que podrían elevar estas cifras un mínimo del 25% sumando total de más de 100.000 en toda España. Las estafas informáticas crecieron aún más rápidamente durante los años de la pandemia del Covid, que produjo un fuerte aumento del uso de la red para recabar información, recibir ayudas o hacer donaciones económicas desinteresadas en un contexto de fuerte incertidumbre y sensación de inseguridad, un ambiente que favorece la predisposición de las personas a ser estafadas
La mayoría de los casos de phishing consisten en el intento de acceder a datos personales y bancarios con el fin de realizar transferencias en perjuicio del estafado, y haciéndose pasar por instituciones tales como la Agencia Tributaria, una administración pública cualquiera o las autoridades sanitarias (por ejemplo AP M 164/2012). A esto se suma durante la pandemia por ejemplo la compraventa de material sanitario a través de la red que, o bien no es entregado nunca al comprador, o bien no reúne la calidad acordada en la compraventa, pero también la oferta de servicios de asesoramiento on line que, previo pago, no llevan a ser prestados nunca (ver, por ejemplo https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/03/27/top-10-fraudes-que-utilizan-covid-19-para-enganar-los-usuarios). Cualquier situación de temor, necesidad o desinformación similar es candidata a ser aprovechada para estafas informáticas similares.
Todos los datos sin excepción que se mueven por la red dejan, sin embargo, un rastro que puede ser interceptado, razón por la cual los estafadores requieren de terceras personas -los llamados “muleros bancarios”- a participar en las estafas con el fin de que borren dicho rastro a cambio de una comisión que suele ascender al 10% del valor transferido. Los muleros informáticos residen en el mismo país que la víctima, víctima que la mayoría de las veces son contactadas por el estafador a través de la red, con lo cual no se conocen entre sí. Su función es fundamental pues facilitan la circulación de los activos estafados, razón por la cual suelen ser imputados por blanqueo de capitales. Dicha circulación tiene como punto de llegada el bolsillo del estafador por la vía informática que la hace imposible o mucho más difícil de rastrear. Para ello, y siguiendo siempre las instrucciones del estafador, los muleros bancarios abren una CC que no levante sospechas a la que es transferido el importe estafado, proceden a retirar la cantidad para transferírsela luego a su destinatario final a través, por ejemplo, de empresas de transferencia de dinero previo descuento de la mencionada comisión del 10%.
Las cantidades medias estafadas de esta forma son comparativamente modestas -de unos 1500€-, aunque los escasos recursos requeridos para llevarlas a cabo le permiten al estafador repetirlas muchas veces. Hacia el año 2013 representaban el 15% de todas las estafas, aunque es posible que hoy dupliquen o tripliquen ese porcentaje en número de denuncias. Los protagonistas de muchos de estas conductas son personas con residencia fuera de España, muchas veces en países en vías de desarrollo y sistemas administrativos poco desarrollados y algunos de los llamados “criminales organizados” que utilizan las Tecnologías de la Información la Comunicación (TICs) para delinquir, son este grupo de actores relativamente modestos.

(5) Otras estafas entre particulares

Por fin está el grupo heterogéneo de las “otras” estafas entre particulares o entre particulares y empresas no incluidas en los supuestos anteriores tales como las sanitarias, que afectan a clientes y empresarios de empresas de este sector -por ejemplo las relacionadas con la venta de mascarillas no homologadas como si lo estuvieran- o las estafas en bebidas y alimentos como la cometida por varias bodegas por vender vino de reserva sin serlo realmente. Son extremadamente heterogéneas y muy frecuentes pues afectan al 27% de todos los casos, y su importancia ha sido siempre muy grande como se desprende de Kerner (1985). Su peso en la muestra es elevado aunque es probable que lo sea aún más en la realidad, sobre todo aquellas menos relevantes económicamente y que las víctimas prefieren no denunciar.
Una estafa sanitaria importante es la del caso AAN 17/2/2106 protagonizada por empresas vinculadas a la prestación de servicios sanitarios, y que se extendió a lo largo de un período de 4 años y afecta a un importe estafado de 2,2mi€ anuales. No obstante las diferencias económicas entre los casos de este grupo pueden llegar a ser muy importantes, pues incluye muchos casos modestos como el de un empleado despedido que utilizó la tarjeta de empresa para repostar gasolina utilizando el código PIN de otro empleado (AP BU 544/2013).

22. El valor económico de las estafas

A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los casos de corrupción, las estafas generan siempre víctimas concretas con lo cual, en principio, las denuncias son muchos más frecuentes y la cifra negra tiende a ser también más pequeña. Sin embargo, esto no sucede con tanta frecuencia como podría pensarse pues muchas víctimas prefieran no denunciar por vergüenza, porque piensan que nunca van a recuperar lo perdido o porque consideran que podrían ser imputadas ellas mismas por colaborar con los estafadores en la creación de situaciones irregulares. El que sigue es un cálculo del valor económico que generan anualmente las estafas en España a partir de los datos disponibles (ver el cap. 6 “La economia de las estafas”).

(1) La suma anual de los activos incriminados en todas las sentencias de nuestra muestra es de de 66 mill€, unos 28 mill€ al año incluyendo el caso AAN 17/2/2106. Si tenemos en cuenta que la tendencia a denunciar las estafas más importantes es más alta que las denuncias de las más modestas, podemos suponer que los 28mill€ anuales que suman las estafas de la muestra representan hacia un tercio del total de actos de este tipo que no son denunciados, con lo cual la suma de todos los casos reales podría ascender a unos 80mill€ al año.

(2) Como hemos visto, las estafas informáticas conocidas -unas 120.000 al año incluía Cataluña y el País Vasco- están infrarrepresentadas en la muestra dada su extraordinario crecimiento a partir de 2012, con lo cual conviene analizarlas por separado. Los casos más conocidos son los económicamente más importantes, que son los que tienden a denunciarse antes, como hemos señalado. Sin embargo, los más numerosos son, con diferencia, los menos importantes, lo cual alimentan la cifra negra en un porcentaje más elevado que aquellos. Si estimados cantidades medias por estafa informática en el entorno de los 1.500€ -mucho menos las hace poco atractivas, mucho más las hace más arriesgadas pues los estafados están más alerta-; si calculamos que los casos superiores a 400€ representan el 33% del total, y que al cifra negra podría moverse en el entorno de otro 30%, la cantidad resultante ascendería a unos 72mill€ anuales. Esta sería la cantidad que todos los años saldrían de los ordenadores de unos cien mil estafados informáticos españoles, mayormente en dirección a países en desarrollo, y dejando unos siete millones y medio en concepto de comisiones para los muleros informáticos con residencia en España.

(3) Por fin están las estafas bancarias y filatélicas que ha conocido el país desde finales de los años 1980. Suman 400mill€ al año como hemos visto, aunque sólo una parte muy reducida de esta cantidad llega a circular, pues el resto se volatiliza con el derrumbamiento de las pirámides financieras: unos 100mill€ como mucho. Sumando todas las modalidades, y tirando una vez por lo bajo, todas cantidades sumarían una cifra próxima a los 600mill€, de los cuales sólo algo más de la mitad -unos 300mill€- acabaría circulando realmente de unas manos a otros en actos predatorios. Es posible que la cifra real se acerque más a los 1.000mill€, pero preferimos dejarlo así en espera de datos más sistemáticos que intuitivos.

23. La cadena internacional del tráfico de cocaína y heroína

La reconstrucción de la cadena internacional de valor añadido (VA) del narcotráfico permite dimensionar económicamente esta actividad ilícita en sus diferentes eslabones, los actores que participan de cada uno de ellos, así como los beneficios que generan (ver el cap. 7 “La economía del narcotráfico en España”.

(1) Nuestra reconstrucción de la cadena de VA del tráfico de cocaína y heroína se apoya en los cálculos de Reuter y Trautman (eds 2009) y en en nuestra propia sistematización (ver tabla 6 y tabla 7, así como el capítulo 7 “La economía del narcotráfico en España”). La unidad de análisis para el estudio de estos estos autores es el precio del gramo en las calles de Chicago para la cocaína y de las calles de Londres para la heroína, un dato altamente fiable. Los autores no han elegido arbitrariamente los precios en las calles de estas grandes ciudades, pues el encargo de la Comisión Europea no era hacer un estudio de todo el narcotráfico en el mundo, sino solo de aquella parte que termina en las calles más caras de las ciudades occidentales con el fin de tener una cifra máxima antes que media. No hay duda de que se trata de dos grandes centros de consumo de drogas ilícitas. En las aguas residuales de Londres, por ejemplo, se ha detectado la mayor densidad de partículas de cocaína por 1000 habitante de todas las ciudades europeas estudiadas, lo cual apunta a un consumo particularmente elevado (Ahora 7-11/7/2016). La cocaína pura cotizaba en Chicago en el año 2009 a 120€ el gramo, y la heroína pura se compraba en las calles de Londres hacia finales de los años 2000 a 135€ por gramo.

(2) Pero estos precios no se deben extrapolarse en ningún caso al conjunto del narcotráfico en el mundo, ni siquiera al resto de los países más desarrollados, pues un gramo de cocaína pura cuesta justo la mitad -60€- en Madrid, menos de la mitad -50€- en Amsterdam y no más de 35€ en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), estos últimos dos de las zonas de desembarco de sustancia más importantes de Europa (para el precio en la localidad gallega: Carretero 2015: 103). Su precio no asciende a más de 2$ en las calles de Bogotá, y en la mayoría de los puertos de embarque colombianos como los del Pacífico como Buenaventura el precio por gramo podría estar aún por debajo de esa cantidad (todos año 2015) pues, en los primeros casos decaen los gastos de la gran distribución que acapara una buena parte del precio final y en los dos últimos casos, el del transporte y de la importación a los lugares de consumo.

(3) El número de actores que participan de cada eslabón es un dato de suma importancia pues permite calcular la concentración del negocio en más o menos manos y explorar los procesos de formación de fortunas. Dicho número es muy desigual dependiendo del eslabón de la cadena. Los datos, muy generales, de los que disponemos por ahora son los siguientes: en el eslabón de la producción y el procesamiento intervienen “entre bastantes y muchos” actores; varios centenares -muchos más para el cannabis- en el de la exportación; varios miles en el de la importación, aunque advirtiendo aquí que muchas veces importadores y exportadores son las mismas personas; varios miles también en la gran distribución; pero varias decenas de miles en la distribución minorista en un país como España o el Reino Unido.

(4) Los actores presentes en cada uno de los eslabones les vende a los situados en los inmediatamente superiores a un determinado precio por kilo o a su equivalente en gramos: los productores a los 300 exportadores por 650$ por kilo -o 65$ por gramo-, estos a los importadores por 1.000$ por kilo o 10$ por gramo, y así sucesivamente. Cada actor cosecha también márgenes distintos -la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta- márgenes que, a su vez, representan porcentajes variables del VA global: 350$ por kilo los primeros que equivale al 0,3% de VA de toda la cadena, una media de 16.000$ los segundos que equivale al 13% del total etc. El último eslabón de la cadena lo forman los minoristas que les compran la sustancia en gramos a 52.000$ el kilo a los distribuidores medios -”en onzas”- y se la venden, también en gramos, a 120.000$ el kilo a los consumidores finales que compran en las calles de Londres y Chicago en este caso, con lo cual se quedan con un margen de 68.000$ el kilo que equivale al 57% del VA de toda la cadena.

(5) En la tabla 7 se aprecia que la diferencia del precio de venta por kilo entre el primero (1) y el último (6) eslabón de la cadena asciende a 185 veces para la cocaína y a unas 250 veces para la heroína. Veinte años después de la realización de este estudio esta horquilla había aumentado aún un poco más en el caso de la cocaína, seguramente debido al hundimiento de los precios en los países de origen (GdC 2019). La horquilla más grande se da en la heroína debido al mayor número de fronteras que tiene que atravesar para llegar, en este caso, desde Afganistán a las calles de Londres. Sin embargo, estas diferencias son mucho menores en las rutas de la distribución de la mayor parte de las drogas consumidas en el mundo e incluso tienden a acortarse para la propia heroína, por ejemplo con las plantaciones de amapola en países como México, explicando en parte el estancamiento o incluso la reducción de los precios en la calle. La mayor proximidad física entre los centros de producción y los de consumo reduce los precios del producto final, lo cual favorece el consumo o abre la posibilidad de elevar los márgenes manteniéndose constante el precio final en la calle. El precio en las calles de las ciudades con los consumos más elevados de heroína en el mundo tales como Karachi o Teherán, es por ello mucho más bajo que en Londres y otros centros de consumo occidentales.

(6) Al menos para la cocaína, la cascada de distribución que se desprende de los cálculos de Reuter y Trautmann es coherente con otros datos disponibles sobre las diferencias de precios entre entre Bogotá o Barranquilla, donde se cotiza la droga a precios mayoristas de exportación, Vilagarcía de Arousa, donde se cotiza a precio mayorista de importación antes de proceder a su gran distribución- y un gran centro de consumo europeo como puede ser Madrid, donde se cotiza a 60€ el gramo, una tijera de precios que asciende a 1 a 92 -es decir 60.000€ frente a 650€ por kilo en origen-. Estas diferencias entre el primer y el último eslabón están muy por debajo de las propuestas hechas en los años 1980 por las autoridades norteamericanas que las elevaban a 2.000 veces para el caso de la heroína y a no menos de 400 veces para el caso de la cocaína (Cit en Couvart y Pless 1993: 60, 77). Estudios independientes más recientes apuntan a múltiplos aún menores que los señalados: de “sólo” 6 veces entre el valor de importación/desembarque en Europa y el valor minorista en la calle -año 2016- frente al múltiplo de 7 que se desprende del estudio de Reuter y Trautmann (El País 4/3/2016). Según Reuter y Greenfield la horquilla entre valor de exportación y valor en el mercado minorista en los lugares de consumo era, hacia el año 2.000, comparable a la del comercio de algunos productos agrícolas legales exportados por los países del sur a los grandes consumidores del norte tales como el té o el café, importados por los países occidentales desde países como Pakistán o Colombia (Reuter y Greenfield 2001).

(7) Todos los eslabones enumerados en la tabla 7 forman parte de una misma cadena de valor y están estrechamente unidos entre sí en términos económicos pues el precio final del gramo en la calle (eslabón 6) es el que alimenta toda la cadena aguas arriba. Su estructura, con algunas variaciones hacia arriba y hacia abajo, permanece relativamente constante, aunque los actores que participan de ella puedan llegar incursionar en varios de los eslabones a la vez -por ejemplo tanto en la exportación como en la importación de sustancia-. Lo más frecuente, sin embargo, es que cada eslabón tenga una economía y unos actores propios, o que, como tendencia general, tienda a descomponerse en varios sub-eslabones dependiendo de la represión del tráfico, de la situación sociolaboral de las comarcas, de la criminalización social del narcotráfico, de la evolución del consumo final o incluso de los cambios políticos en unos países y en otros. Pero el porcentaje de VA que recae sobre cada uno de dichos eslabones, incluido los márgenes bruto que cosechan, no cambien con su fragmentación con lo cual tienen que repartirse entre más actores reduciéndose así la rentabilidad del negocio para cada uno de los actores individuales.

(8) El primero de los seis eslabones es el de la producción en origen, que sólo genera entre el 1% y el 3% del VA de toda la cadena, un porcentaje muy similar al del valor añadido de un iPhone que recae en los países asiáticos donde están ubicadas las plantas de fabricación automatizadas del producto. Se trata de un porcentaje extremadamente bajo sin que esto quiera decir, sin embargo, que los países productores sólo reciban esta pequeña parte del VA total pues muchos grandes importadores y distribuidores -sobre todo de cocaína- residen en los propios países productores, con lo cual transfieren el grueso de sus excedentes a sus países de residencia una vez descontadas las cantidades que prefieren invertir en los países de consumo final y los costes que ocasionan dichas transferencias, bien en efectivo bien a través del sistema financiero (ver tabla 14 así como. “Mercado y costes del blanqueo”). En cualquier caso el cultivo de hoja coca, de opio y de cannabis, así como la elaboración de las tres sustancias no generan nunca ingresos importantes, aún cuando se trate de actividades más lucrativas, seguras y constantes que muchos cultivos tradicionales ubicados en zonas periféricas del planeta. La rápida liberalización del comercio internacional, que ha expuesto en poco tiempo a la agricultura tradicional de los países en desarrollo a la actividad agrícola industrial fuertemente subvencionada y productiva de los países del norte, ha degradado la sostenibilidad de muchas plantaciones agrícolas tradicionales haciéndolas económicamente inviables e incentivando el desarrollo de cultivos ilícitos como estrategia de subsistencia de muchas decenas de miles de pequeños campesinos en el mundo debido al progresivo empeoramiento de los términos de intercambio entre los países del norte y del sur para la mayoría de los productos agrícolas legales. Los cultivos ilícitos se producen a niveles muy bajos de productividad, con lo cual muchos habitantes rurales pueden participar de ellos al tiempo en que se incorporan a una economía monetaria en moneda fuerte de la que antes estaban casi totalmente apartados, y permitiéndoles acceder a formas de consumo no sólo superiores, sino también cualitativamente distintas, más “modernas”.

(9) Según cálculos de Naciones Unidas, un pequeño cultivador afgano de opio, ganaba en la segunda mitad de los años 1990 entre 475 y 950 US$ anuales, ingresos que habrían trepado hasta la astronómica cifra de 5.000$ anuales a raíz de la subida de precios a principios de los años 2000 que resultaron de las estrictas prohibiciones impuestas por el gobierno talibán al cultivo de adormidera. Coincidiendo con la intervención occidental en el país, el derrumbe de una buena parte de la economía tradicional producido por la guerra con el consiguiente aumento de los cultivos de opio, los precios volvieron a desplomarse de nuevo en años posteriores. Por otra parte, una familia cultivadora de cannabis del norte de Marruecos ingresa anualmente unos 3.800€ brutos. Se trata de una renta modesta incluso para una familia del norte de este país, pero en todo caso superior a la que obtendría dicha familia si se dedicara a la agricultura tradicional de subsistencia. Las divisas que fluyen hacia los recónditos centros de producción facilitan la compra de armas e insumos militares alimentando los conflictos regionales y degradando las condiciones de vida de muchas poblaciones locales a pesar -o mejor: debido- al incremento de sus ingresos monetarios.

(10) Varios grupos armados en Colombia, Afganistán, Ceilán, Myanmar o el Kurdistán han dependido o siguen dependiendo económicamente de los ingresos generados en este primer eslabón de la cadena del narcotráfico al que, a veces, se puede sumar el segundo, es decir, la exportación directa o, al menos, el transporte a las zonas fronterizas de embarque. Si dichos grupos pueden adquirir cantidades significativas de armas pequeñas y ligeras utilizando divisas generadas por el narcotráfico, esto no se debe a que ingresen cantidades astronómicos por esta actividad sino a la extraordinaria oferta mundial de esta clase de armas que tiende a abaratar el precio unitario de dichas armas, así como a la gran cantidad de traficantes y mediadores dispuestos a ofrecerse para llevar a cabo las transacciones a cambio de divisas generadas con narcotráfico (ver cap.11 “El mercado no autorizado de armas”).

(11) Los bajos precios que cobran los cultivadores se han mantenido o han tendido a disminuir también debido al aumento de la superficie cultivada. El área de cultivo de la hoja de coca aumentó un 275% entre 2010 y 2017 hasta alcanzar el récord de 180.000 hectáreas mientras, al mismo tiempo, disminuía la demanda de clorohidrato tras la crisis de 2008 provocado una reducción de los precios de la cocaína a escala mundial (entrevista D-11). Por lo general, los pequeños campesinos tienen que pagar tasas o impuestos de paso a poderes locales no estatales que controlan territorios de cultivo apartados y de difícil acceso. En Colombia los poderes que cobran dicha tasa -colombiano: gramaje- están formados por ejércitos irregulares financiados por latifundistas y/o por las guerrillas que los combaten militarmente. En Afganistán lo están por grupos armados, con o sin vocación política, financiados inicialmente por potencias extranjeras para combatir a las tropas de ocupación soviética en la primer mitad de los años 1980, muchos de ellos de ideología islamista y que han conservado parte de sus estructuras militares y logísticas

(12) Los aproximadamente 140.000 cultivadores y productores marroquíes de resina de cannabis -no queda claro si a este número habría que sumarle los miembros de sus familias- se concentran en las zonas menos desarrolladas y montañosas del Rif. Su actividad es tolerada por el gobierno marroquí, y los compradores y transportistas, que trasladan las cosechas mayoristas a los puntos de embarque, tienen que pagar cohechos a las autoridades locales y nacionales en porcentajes que pueden sumar el 40% del precio de compra mayorista en origen, porcentajes que acaban en los bolsillos de los funcionarios marroquíes (entrevista PE-3 así como COID 1996: 26ss. y también Blickman 2017). Las regiones de cultivo suelen estar siempre poco o muy mal comunicadas, lo cual constituye una suerte de proteccionismo natural que las esconde de las miradas y de la intervención de las propias autoridades nacionales.

(13) En Afganistán y en otros países productores de opio como Myamar el eslabón de la producción en origen se puede desagregar en varios subeslabones, pues los pequeños productores están insertos en complejas redes de dependencia crediticia de agricultores adinerados, una dependencia que reproduce las relaciones de poder y de subordinación, y que amplía el número de actores que se reparten los escasos excedentes reduciendo las cantidades que percibe cada cultivador. La producción en origen de cocaína puede repartirse entre el cultivo de hoja en el interior de la sierra o del altiplano, y la fabricación de cristales de cocaína en las llamadas “cocinas”, muchas de ellas situadas en zonas urbanas o periurbanas cercanas a las regiones de producción como el Valle del Cauca, pero también en ciudades más grandes como Bogotá (Escobar 1999).

(14) El que el valor económico de este primer eslabón de la cadena de VA sea casi residual con respecto al valor del mercado minorista en los países consumidores es un dato relevante para evaluar las consecuencias económicas de determinadas políticas de lucha o incluso de “guerra” contra las drogas en los países productores. Porque si la producción en origen genera una fracción tan pequeña del valor añadido total, por mucho que aumente el precio de producción -por ejemplo debido a la destrucción de cultivos-; por mucho que aumente el coste de la exportación debido al aumento de los decomisos en los países productores, o por mucho que aumente el precio de los reactivos, los incrementos sólo afectarán a entre el 1% y el 3% del precio final de ambas drogas, lo cual tiene pocas repercusiones sobre el precio final minorista en las calles de las ciudades consumidoras. La escasa repercusión que ha tenido la fumigación de cultivos sobre la evolución del precio y del consumo, tiene esta explicación (Rocha García 1997) y entrevista D-11). Además, los cultivadores de coca responden a las fumigaciones atomizando y escondiendo los cultivos con el fin de minimizar su impacto, así como recubriendo las hojas de coca con una capa protectora de origen vegetal para que no les afecten las fumigaciones. Esto repercute en la rentabilidad de los cultivos, pero apenas en el precio final de la sustancia. Aunque sus consecuencias medioambientales son difíciles de subestimar, pues la dispersión de los cultivos hacen más imprecisas las operaciones de fumigación obligando a usar cantidades crecientes de fungicidas altamente tóxicos y elevando así los daños ambientales colaterales.

(15) Los importadores mayoristas tienen que desembolsar entre 1.000$ y 4000$ para pagarle cada kilo a los exportadores -entre 10 y 40€ por gramo- pero pueden vender con márgenes sustanciosos de 14.000$ y 28.000$ por kilo para la cocaína y la heroína respectivamente. Estas cantidades representan casi el 12% del total del VA total para el caso de la cocaína, y el doble de este porcentaje para la heroína debido a la distancia y el mayor número de fronteras que tienen que atravesar los transportistas como hemos dicho (entrevista PE-2). Estos márgenes relativamente grandes se reparten entre un número mucho más pequeño de actores, aunque también se mueven en un contexto de mucho mayor riesgo que puede hacer peligrar las operaciones, que obliga a invertir cantidades adicionales en medidas de seguridad o incluso a organizar varias operaciones simultáneas con el fin de compensar las incautaciones. Ya hemos señalado en el texto principal que la tasa de incautaciones oscila entre entre el 20% en España y más del 40% en algunos países con menor extensión de costas, con lo cual las altas rentabilidades teóricas o potenciales de este eslabón pueden verse seriamente mermadas en la práctica. La costumbre de compartir fletes en barcos o camiones entre varios inversores con el fin de dispersar riesgos, de concentrar alijos para reducir gastos de transporte, o la costumbre de focalizar el pago de cohechos en determinados funcionarios bien “trabajados” previamente, está muy generalizadas en este eslabón pues sobre todo de esto último depende que la operación sea algo más que una mera lotería tal y como también sucede en los espacios del contrabando tradicional (ver cap. 9 “El contrabando de productos del tabaco”).

(16) El número comparativamente pequeño de actores que pueblan el eslabón de la importación, combinado con unos márgenes elevados explica que aquí se puedan producir las mayores concentraciones de actores con capacidad de imponerles los precios al resto de los actores mayoristas. Esto se debe, en primer lugar a que los lugares de paso más viables suelen concentrarse en determinadas zonas provocando un efecto embudo: hay menos territorio de actuación a repartir, lo cual puede generar episodios de violencia competitiva como sucede, de forma exacerbada en algunas fronteras como la que separa México y los EEUU, así como determinadas comarcas de Mesoamérica, un grado de violencia que, sin embargo, no se alcanza en las zonas de entrada masiva de drogas en Europa tales como las Rías Baixas, las costas del Estrecho o los puertos holandeses (Kilmer et al. 2010 y Carretero 2015). En segundo lugar está la importancia que adquieren determinados conocimientos geográficos, así como las redes sociales, los contactos y también determinadas infraestructuras e inversiones para que las operaciones tengan más posibilidades de acabar de forma exitosa: no todo el mundo puede trenzar de la noche a la mañana relaciones privilegiadas con las autoridades aduaneras y portuarias, con los gobiernos locales situados en las zonas de embarque y desembarque; no se improvisan los conocimientos de detalle de las zonas de navegación más peligrosas e intransitables para la policía; no es tan fácil crear una red mínima segura de informantes para saber cuándo van a soltar amarras las embarcaciones y los vehículos de las fuerzas policiales para hacer una redada o una inspección de rutina; no se puede improvisar una logística para el almacenamiento temporal y seguro de los alijos una vez rescatados del mar, un sistema destinado financiar embarcaciones, combustible o sistemas de navegación. Con todo, al menos en Europa Occidental -y quizás con la excepción de determinadas zonas controladas por las hermandades mafiosas italiano, cuando unos grupos adquieren capacidad de imponer precios de monopolio u oligopolio al resto de los actores, esto no suele durar mucho tiempo pues, a pesar o precisamente debido al riesgo siempre aparecen nuevos actores atraídos por las espectativas de lucro. Las rutas cambian así continuamente dependiendo de la dinámica de las interceptaciones, de los acuerdos y desencuentros entre los participantes en el mercado o de las coyunturas políticas y militares que provocan un aumento o una relajación de la represión. El resultado es un número elevado de actores, grupos y participantes que entran y salen de este eslabón del negocio, aún cuando su número total se mantenga relativamente constante en torno a una cifra de estimada en varios cientos.

(17) Los márgenes económicos se disparan en el eslabón de la distribución mayorista dentro de los países de consumo, en este caso dentro de los EEUU y del Reino Unido: entre el 20% y el 30% del total del VA que equivalen a entre 24.000$ y 26.000$ por kilo dependiendo de la sustancia. Los autores del estudio han optado por descomponer dicha distribución mayorista en “centenares de kilos” y “onzas” -o decenas de kilos- con el fin de distinguir entre la (muy) grande distribución, y la distribución “media” que suelen recaer sobre actores distintos. Esta diferenciación entre grandes distribuidores y distribuidores medios no es, sin embargo, obligatoria pues tampoco aquí se debe hablar de una división del trabajo estática y perdurable sino más bien de una continua redefinición de los mercados, actores y participantes con lo cual la división del trabajo que se establece de forma espontánea, ciega y competitiva siguiendo el principio de la mano invisible descrito por Adam Smith, división del trabajo, en este caso, entre importadores, grandes distribuidores y distribuidores medios. Estos dos últimos eslabones son, sin duda, los más lucrativos aunque no están libres de peligro, pues los actores se mueven en los territorios de consumo que son los más controlados por la policía y con más testigos potenciales. Esto les obliga a desarrollar continuamente nuevas estrategias, a subcontratar y sub- subcontratar operaciones -por ejemplo de logística y transporte- con el fin de evitar interceptaciones, a localización de los inversores principales (ver también el comentario 67 así como el cap. 17 “La organización del blanqueo”). Sin embargo la tentación a incursionar en varios eslabones a la vez con el fin de elevar la escala del negocio y de los beneficios netos está siempre presente, lo cual contrarresta en parte la tendencia a la fragmentación de la cadena. Pero lo que se tiende a imponer es la fragmentación pues esta tiene la ventaja, de que a pesar de generar márgenes menores, hace más difícil la interceptación, lo cual genera unos ingresos más bajos pero también más seguros. Los dividendos económicos de la seguridad son elevados: un factor más que empuja hacia la fragmentación de las cadenas.

(18) El punto de equilibrio en la gran economía del narcotráfico está justamente aquí, en las oscilaciones que se van imponiendo en torno a dos tendencias que actúan simultáneamente aunque en sentido contrario: la que lleva a la integración de varios eslabones y subeslabones con el fin de aprovechar las economías de escala -principio de racionalidad económica- y la que lleva a todo lo contrario, a la fragmentación de uno o varios de ellos en subeslabones diferenciados y repartidos entre más actores con el fin de elevar la racionalidad delictiva, de evitar la interceptación, una racionalidad esta última que provoca una maximización de los rendimientos económicos aunque a un nivel menor. El peligro y el coste económico que implica la interceptación de un gran alijo aumenta con el volumen de dicho alijo, pero también la rentabilidad, lo cual sólo se puede alcanzar pagando cohechos a más personas y subcontratando más operaciones de carga y descargara, es decir, elevando los costes. Pero todos estos riesgos también incentivan a actores más discretos y pequeños a arriesgarse y organizar la importación de cantidades más pequeñas y ramificadas -“en onzas”- que, aunque menos rentables, resultan también más seguras. El punto de equilibrio entre las dos tendencias está sobredeterminado, en definitiva, por el riesgo: cuando más probable sea la interceptación más compartimentada y fraccionada estará toda la cadena. Al menos en los países en los que la policía hace razonablemente bien su trabajo, la racionalidad delictiva tiende así a frenar la formación de “multinacionales del crimen” o de “cárteles de las drogas” debido a la mayor dinámica competitiva: la gran distribución es un mundo dominado por la “mano invisible” de Adam Smith y por los “mercados desorganizados” antes que por los monopolios, los oligopolios y los espacios económicos “organizados” (Reuter 1983, Reuter y Haaga 1998, Desroches 2005, este último para la gran distribución en Canadá, Thoumi comp. 2002, Savona y Riccardi eds. 2015 etc.).

(19) En realidad, los procesos de fragmentación/integración de operaciones se producen constantemente en función de circunstancias contingentes: los mayoristas que compran en lugares de desembarco, por ejemplo, pueden, o bien vender cantidades importantes -decenas o centenas de kilos- a otro mayorista y este a otros tantos en cantidades más pequeñas -en “onzas”- o hacer todo lo contrario, asumir ellos mismos la distribución en kilos y en onzas. De la misma forma, los exportadores pueden intentar convertirse ellos mismos en importadores subcontratando las operaciones de desembarco a terceros que se prestan, por ejemplo, a introducir la sustancia en el país haciendo uso de lanchas rápidas. Pero también pueden incursionar en la gran distribución que, en un momento determinado, puede llegar a resultar más segura y tendencialmente más rentable. En general, la posibilidad de mantener durante mucho tiempo el control sobre dos o tres de los grandes eslabones a la vez es difícil, pues obliga a crear grupos demasiado complejos y, por tanto, mucho más vulnerables y tendencialmente visibles. De hecho, las investigaciones recientes apuntan a que la tendencia es a la formación de redes de colaboración menos personalizadas y menos ceñidas a los criterios étnicos, familiares o nacionales que dominaban la conformación de esta clase de redes en el pasado. Esto eleva la eficiencia delictiva, aunque también abre nuevas rivalidades e inseguridades derivadas de la naturaleza más “moderna” y estrictamente mercantil de los lazos que se establecen entre los narcotraficantes en sustitución de los familiares (Maguire et al eds. 2012)

(20) El margen económico bruto con diferencia más importante -entre el 52% y el 57% del VA total que equivale a entre 62.000$ y 68.000$ por kilo- lo cosechan los distribuidores minoristas. Se trata de cantidades que reparten entre varias decenas de miles de pequeños distribuidores que venden en gramos, con lo cual tocan a cantidades más bien pequeñas: unos 80.000 en el Reino Unido para las tres drogas principales, un número probablemente similar en España que tiene menos población pero también menos paro juvenil. Si en algún eslabón de la cadena resulta difícil generar algo así como una posición de monopolio o de “cártel” es en este. Sus participantes son aquí, más que en ningún otro eslabón price takers, tienen que aceptar precios, antes que price setters, antes que poder fijarlos ellos mismos. Por mucho que en este eslabón se concentre el grueso del VA resulta imposible amasar fortunas sólo a partir de la pequeña distribución. Porque aunque el VA añadido agregado es alto, los gastos de distribución por gramo -o kilo- se disparan y los riesgos aumentan exponencialmente pues la venta se produce, literalmente, gramo a gramo, lo cual reduce los beneficios por gramo.

(21) Se puede dar el caso de que grandes distribuidores decidan montar un sistema de distribución minorista a gran escala como sucede en la serie norteamericana The Wire. Sin embargo, es improbable que este sistema se generalice, lo haga por mucho tiempo, o que pueda reproducirse en lugares alejados de las zonas de desembargo pues los costes del menudeo son altos y el riesgo de que la “organización” sea decapitada sólo depende de la capacidad, muchas veces de la simple voluntad de las autoridades de actuar contra ella. Pero nada de esto anula los incentivos para desarrollar actividades de menudeo, pues a pesar de todo, genera ingresos medios claramente superiores a los que se podría obtener una persona con pocos recursos en los espacios de la economía legal, sobre todo cuando los puestos de trabajo son precarios y están mal pagados. Reuter y Trautman resumen: “Aún cuando los mercados de drogas generan ventas de miles de mill de dólares, aún cuando hayan generado una gran fortuna para varios traficantes es importante comprender que la abrumadora mayoría de los que intervienen en el negocio de la droga generan ingresos muy modestos” (Reuter y Trautmann eds. 2009: 24).

24. La economía del narcotráfico en España

La estimación de la economía española del narcotráfico se puede apoyar en los cálculos de la cadena de valor (ver el comentario 25 y la tabla 7), así como en las estimaciones sobre consumo de drogas ilícitas en España (ver el cap. 7 “La economía del narcotráfico en España”).

(1) La economía española es una de las más afectadas por el narcotráfico dentro del espacio OCDE. El país es entre el primero y cuarto consumidor mundial de la mayoría de los estupefacientes en valor de mercado y el segundo o tercero para la cocaína después de los Estados Unidos, un puesto que comparte algunos años con Gran Bretaña, aunque recientemente hayan aparecido nuevos campeones europeos en consumo por mil habitantes como la República Checa. Además, debido a su situación geográfica y sus vínculos históricos con algunos países productores, es una vía de entrada de dos de las sustancias más consumidas en la Unión Europea -la cocaína y la resina de cannabis-, lo cual explica que la policía española esté detrás de la mitad de todas las incautaciones de drogas ilícitas en Europa. Las incautaciones son un dato políticamente sensible como hemos visto y no es manejado siempre con transparencia. Si los gobiernos dieran datos completos sobre las cantidades realmente incautadas, resultaría más fácil conocer las cantidades de drogas utilizadas para pagar confidentes o para otros destinos no siempre confesables, una realidad que afecta al modo de funcionamiento de los cuerpos policiales en todo el mundo y que explica la aceptación de la famosa “regla de oro” del 10% (entrevistas PE-2, O-1 y O-2).

(2) Hacia el año 2000 se consumían al año en España unas 2,5 toneladas de heroína, unas 32 toneladas de cocaína, unas 182 toneladas de cannabis y unas 15 millones de pastillas sintéticas (Fuentes González 2001: ver tabla 7). Si tenemos en cuenta que entre 2000 y 2009 el consumo aumentó un 50% para empezar a descender a partir de ese año coincidiendo con la crisis económica, podemos estimar un volumen de consumo para el año pico de 2009 de unas 3,8 toneladas de heroína, 48 toneladas de cocaína, 273 toneladas de cannabis y unas 23 millones de pastillas sintéticas. Estas cifras equivalen al 0,7% del consumo aparente de heroína en el mundo del año 2008, al 4% de la producción potencial mundial de cocaína del año 2008 según los cálculos de Naciones Unidas, así como al 10% de todo el cannabis consumido en Europa, un porcentaje que equivale aproximadamente al PIB español sobre el conjunto del europeo (calculado a partir de los datos de ONUCDD (vv.aa.) y de Reuter y Trautman eds. (2009).

(3) Las drogas de diseño son muy baratas, generan excedentes menores y acaparan una parte mucho más pequeña del mercado global. El cannabis es la más consumida después de las drogas legales alcohol y trabajo, pero no en valor. En valor es la cocaína la que domina el mercado con el 66% del total, muy por encima de la heroína que apenas suma el 5%. Hay que tener en cuenta, además, que una parte cada vez más próxima al 50% del consumo de cannabis no procede ya de la importación, sino de la producción nacional y del autoconsumo. El autoconsumo de cannabis no está penado en España aunque tampoco está despenalizado, tenga esta palabra el significado que fuere. Año tras años está disminuyendo así el mercado de cannabis importado en una cantidad equivalente a la suma del valor de mercado de las cantidades destinadas a autoconsumo y del valor de aquellas otras producidas en España y destinadas al mercado nacional e internacional.

(4) El consumo de cannabis se divide en consumo de hachís o resina de cannabis (aproximadamente 80% del total: 218 toneladas) y consumo de marihuana (20% del total: 55 toneladas). Prácticamente todo el hachís es de importación -un 95% procedente de Marruecos- y se adquiere íntegramente en el mercado, el 35% de las 55 toneladas de marihuana consumidas en España -19 toneladas- son autoconsumo con fuerte tendencia al aumento, un aumento que va a costa de las importaciones de hachís desde Marruecos (entrevista I-19 y El País 17/9/2014). Si esto fuera cierto, el mercado minorista del cannabis no sumaría la cantidad señalada, sino algo menos -unas 254 toneladas- mientras que el resto del consumo tendría su origen en la autoproducción de cannabis, mayormente en forma de marihuana.

(5) La unidad económica básica para calcular el valor del mercado de las drogas ilícitas son los precios por gramo puro en la calle. Estos han permanecido relativamente estables desde el año 2000 en términos nominales, aunque han caído desde entonces en términos reales a pesar del aumento del consumo (EMCDDA/MSSSI 2012). “Reales” quiere decir, en este caso, no descontando la inflación sino manteniéndose constante su pureza. El gramo de heroína y cocaína a precios minoristas en las calles de las grandes ciudades españolas ronda los 60€ por término medio y el de cannabis -media del valor del hachís y de la marihuana importada- los 5€, si bien el valor de mercado de la marihuana cultivada en España no supera los 2,5€ por gramo. Al tratarse de precios relativamente estables las fluctuaciones entre oferta y demanda se ponen de manifiesto en los índices de pureza antes que en los precios de venta final en la calle, pureza que tenemos que mantener constante para poder proceder a los cálculos. Multiplicadas estas cantidades por el precio del gramo en las calles, las cantidades consumidas se traducen en unos 4.320mill€ que representa el valor del mercado minorista de las tres drogas ilícitas principales en España. Redondeando recaerían así 230mill€ en la heroína, 2.880mill€ en la cocaína y 1.270mill€ en el cannabis (ver tabla 7). Estos 4.300mill€ equivalen a la suma de los valores añadidos parciales generados en cada una de las seis etapas o eslabones de la cadena de producción y distribución de las tres drogas analizadas, y equivalen al 100% del valor del mercado minorista en las calles españolas. A esta cantidad habría que sumarle 150mill€, que equivale al mercado mayorista de exportación con lo cual la cifra completa del mercado de las drogas en España ascendería a unos 4.500mill€

(6) Se aprecia en la tabla 7 que entre el 75% y el 80% de dicho VA total -menos para la heroína que para la cocaína- se genera en suelo español, concretamente en la distribución mayorista, media y minorista: los eslabones (4) a (6). El resto, unos 650mill€ -eslabones (1) y (2)- se reparte entre los países productores, en su mayor parte Colombia, algún que otro país andino y para la heroína Afganistán e Indochina, y los países de tránsito que van cambiando continuamente a medida en que son interceptadas las rutas. Los porcentajes de VA de las cadenas de distribución del cannabis no son imposibles de estudiar, pero requerían de un estudio monográfico de modo que los porcentajes que figuran en la tabla son simples medias entre los de la heroína y la cocaína, un procedimiento poco consistente que nos ha llevado a ponerlos entre paréntesis con el fin de remarcar la naturaleza gruesa e inicial de las estimaciones. Dejamos fuera el cálculo de las drogas sintéticas que podrían sumar no mucho más de un par de millones de euros más a pesar del fuerte aumento del consumo

25. ¿Cuántos pequeños distribuidores actúan en España?

El cálculo del número de distribuidores activos en España ilumina la realidad económica y organizativa del último eslabón de la cadena del VA del narcotráfico (ver tabla 7).

(1) No disponemos de datos satisfactorios para apuntalar la estimación del número de pequeños distribuidores en España, lo cual no quiere decir que sea imposible hacerlo aplicando técnicas conocidas de investigación social. La media anual de detenciones por consumo y tráfico -mayorista y minorista- es de unas 18.000, de las cuales el 7% se corresponden al tráfico con opiáceos, el 35% al tráfico de cocaína y el 50% de cannábicos (MS 2011: 214). La proporción que guardan estos casos entre sí -1/5/7- es muy distinta a la que guardan el consumo real de estas tres sustancias en España que es de 1/66/29 con lo cual no puede ser tomada como referencia: se consume mucha más cocaína y mucho más cannabis de lo que se desprende del número de detenciones por tráfico con cada una de estas sustancias, lo cual apunta a una distribución de cannabis particularmente dispersa, atomizada y también más visible. La cifra de detenciones recoge un porcentaje muy elevado de pequeños distribuidores reincidentes, así como un número también muy importante que se dedica sólo de forma esporádica al menudeo, lo cual reduce aún más su utilidad para abordar el cálculo del posible número de pequeños distribuidores activos en España a tiempo parcial y su equivalente a tiempo completo.

(2) Uno de nuestros informantes -minorista activo en la zona sur de la CAM durante varios años- calcula 4 menudeadores por cada localidad de 4.000 habitantes que sumarían unos 26.000 en toda España y para una ciudad de algo más de 200.000 similar a la suya, unos 7.000 (entrevista PE-14), unas cifras que se acercarían al medio millón de pequeños distribuidores en toda España, con lo cual se refieren a menudeadores a tiempo parcial. Esas estimaciones contrastan con las de un consumidor regular residente en una ciudad de 200.000 habitantes del norte de España en la que los consumos son más importantes que la media del país (entrevista PE-21) y según el cual, en dicha localidad no hay más de 100 camellos de cannabis. Las diferencias entre ambas estimaciones son, por tanto, demasiado grandes como para poder extraer una conclusión medianamente consistente para el conjunto del país con los datos disponibles, aunque todas ellas apuntan a un varios cientos de miles. Aunque no son incoherentes las unas y las otras pues el porcentaje de desempleo juvenil en dicha ciudad del norte es mucho más bajo que en el de dicha ciudad de la CAM y los informantes no pueden afirmar si sus estimaciones se refieren a distribuidores a tiempo parcial o completo.

(3) En espera de una investigación monográfica sobre este tema, nos quedamos, por tanto, en una cifra de minoristas a tiempo completo en España de unos 80.000 personas a tiempo completo, una cifra razonablemente coherente con los datos propuestos por Dorn et al. para el Reino Unido -también unas 80.000 personas- para un país con un consumo comparable al español pero con menos paro juvenil (citados en Levi 2012). Si damos por válidos los datos de los pequeños distribuidores de la zona de Washington publicados por Reuter et al (1990) y según los cuales dos terceras partes de los menudeadores tienen un empleo legal a tiempo completo, podemos concluir que el número de personas que realizan actividades de distribución minorista tanto a tiempo parcial como a tiempo completo en España podría ascender hasta unas 400.000, algunos de los cuales lo harían de forma muy puntual y esporádica.

(4) Si, según el entrevistado PE-14, los ingresos medios de un minorista de cannabis a tiempo completo en el sur de Madrid ascienden a unos 2.500€ al mes o 30.000€ anuales; si los de los minoristas de las tres drogas principales activos en 1990 en la zona Washington ascienden a unos 45.000€ al año; y si, a partir de estos datos, estimamos una media de ingresos para los minoristas de las tres drogas en España de unos 42.000€, obtenemos una cifra algo superior de 100.000 minoristas activos a tiempo completo en el país. Pero la cifra real seguramente esté por debajo de esta -los mencionados 80.000- pues el menudeo de cocaína representa el 65% del consumo de las tres drogas ilícitas, pero aquel sólo resulta rentable si se compran cantidades más importantes con el fin de conseguir precios mayoristas bajos. Esto genera un tipo de distribución minorista más arriesgada que requiere, además, de una inversión mayor y un número menor de minoristas implicados en ella.

26. Las re-exportaciones de drogas a terceros países

El mercado español de drogas incluye los consumos -minoristas y mayoristas- dentro de España, así como las re-exportaciones de las tres drogas principales hacia terceros países que, o bien pueden ser de tránsito, o bien pueden ser países de consumo final (ver cap. 7 “La economía del narcotráfico en España”).

(1) Los decomisos de cocaína en España equivalen al 44% de todos los realizados en el territorio de la Unión Europea (ver también Savona y Riccardi eds (2015: 128) y los de cannabis suman todos los años un volumen un 30% más elevado que el del propio consumo de esta sustancia en España, aunque no los decomisos de cocaína y heroína, que están casi siempre por debajo del consumo nacional. Si bien España es un importante lugar de tránsito de resina de cannabis, lo es mucho menos para la cocaína -una buena parte entra por ejemplo por los Países Bajos- y nada en absoluto para la heroína, que suele entrar en Europa preferentemente por otros países de la Unión Europea tales como Alemania donde residen muchos importadores de esta droga a Europa conectados con distribuidores turcos, muchos residentes en las profundidades de Anatolia, así como no pocos (re)exportadores de heroína hacia España: en “La economía ilícita internacional”, de próxima publicación, reconstruiremos estas rutas.

(2) El valor del mercado mayorista de exportación desde España hacia la Unión Europea se puede calcular multiplicando el 30% del consumo nacional de cannabis -83,4 toneladas-, que es el que podría tener como destino los mercados europeos después de desembarcar en España, por el precio de desembarco de esta droga en España que asciende a unos 963$ por kilo, lo cual da una cifra de unos 80mill€. Este mismo cálculo se puede hacer para la cocaína que sigue la misma ruta con destino a terceros países europeos. Suponiendo que, en ese caso, se trate del 20% de todas importaciones de cocaína a España -unos 9.600kilos- su valor a precios mayoristas de importación de 7000€/kilo ascendería en ese caso a unos 67mill€, con lo cual la suma de los ingresos obtenidos por los exportadores mayoristas españoles de cocaína y cannabis hacia Europa estaría en torno a los 150mill€ anuales. Este valor añadido también se genera en España y, en rigor, debe sumarse al valor del mercado minorista.

27. La cadena de valor del contrabando de productos del tabaco (PPT)

Los estudios sobre la cadena de valor de contrabando de PPT (ver el cap. 9 “El contrabando de productos del tabaco”) son muy escasos y los que conocemos se refieren sobre todo a actividad en Alemania. Tenemos, sin embargo, alguna información sobre los eslabones minoristas que operan en España con lo cual podemos hacer un primer esbozo de dichas cadenas.

(1) La compra a precios mayoristas

La cadena de valor comienza con la compra, a precios mayoristas, de cantidades relativamente grandes de PPT destinados a ser revendidos sin impuestos (eslabón I) El suministro de cigarrillos “estilo occidental” tiene casi siempre su origen en empresas legales, aunque también se dan algunos casos de contrabando de tabaco de imitación (por ejemplo AP B 470/2018). Lo que cambia son las rutas que siguen los cigarrillos desde que son comprados en las plantas de producción hasta que son distribuidos dentro de los países de consumo final una vez falsificados los documentos que acreditan su origen o su destino. Como sucedió también con el tráfico de cocaína en sus primeros años, los compradores pequeños y grandes hacen muchas veces de importadores, con lo cual sólo compran las cantidades que pueden importar por su propia cuenta al país de venta final.
Con el aumento de la escala de las compras mayoristas, sin embargo, se fue produciendo una cierta división del trabajo entre compra e importación, una división que obliga a repartir el margen entre más actores, pero que no afecta a los pequeños importadores que mantienen las formas de negocio tradicionales basadas en el movimiento de cantidades modestas. Los márgenes económicos de este eslabón, es decir, la diferencia entre la compra mayorista y la venta a los importadores o, en su caso, directamente a los pequeños distribuidores, dependen de la proximidad física que separa a los compradores mayoristas y a los vendedores minoristas: cuanto más largas estas distancias más grande tiende a ser el margen, pero también los gastos -por ejemplo destinados a desviar la carga a diversas jurisdicciones con el fin de hacerla más difícil de rastrear, así como los cohechos a pagar- de forma que la escala de la inversión tiene que ser relativamente grande para conseguir elevar la masa de beneficios y minimizar las consecuencias económicas de la interceptación.
En todo caso los márgenes parecen mucho menores que en los dominios del narcotráfico. Un cartón de 200 cigarrillos comprado en cantidades no muy elevadas por pequeños contrabandistas a finales de los años 1990 en Polonia y vendidos posteriormente a pequeños distribuidores en la zona de Berlín, por ejemplo, generaba un margen del 10% sin contar gastos (Lampe 2003). Al no ser muy grandes los márgenes entre los precios de compra mayorista y venta minorista se hace necesario recurrir a las economías de escala realizando inversiones importantes para adquirir grandes cantidades de cigarrillos a precios competitivos. Para ello hay que disponer de una infraestructura empresarial que incluya una red de contactos comerciales regulares, así como un capital, un “nombre” y unas estructuras logísticas importantes, lo cual explica que este primer eslabón esté relativamente concentrado en pocos actores, y sin que existan indicios de de cartelización o monopolización: cualquier empresario dispuesto a iniciarse en el contrabando de PPT puede hacer de intermediario en la compra mayorista de cigarrillos e incluso algunas empresas tabaqueras han sido condenadas por hacerlo ellas mismas desviando parte de su propia producción hacia el mercado negro.
Los contrabandistas contemporáneos tienen tres formas de suministro de cigarrillos. Cada una de ellas predeterminan los recorridos físicos desde los centros de producción hasta los espacios de distribución en los países de consumo final.

Eslabón I.a Los cigarrillos se pueden adquirir, primero, en plantas legales de fabricación -muchas de ellas multinacionales del sector- situadas en países con baja tributación, para luego ser introducidos clandestinamente en los países de consumo. En estos casos, los cigarrillos se producen fuera de la UE para luego ser introducidos en territorio comunitario sin pagar impuestos. Esta fuente de suministro viene siendo muy utilizada por los contrabandistas aficionados que operan con cantidades comparativamente modestas compradas en plantas situadas en los países que limitan con la Unión Europea: en los años 1990 Polonia o la República Checa, tras la incorporación de estos países a la UE sobre todo Bielorrusia, Ucrania y, para el mercado negro francés de PTT, que es de los más grandeS de la Unión Europea, Argelia.
En los últimos años ha aumentado la importación de PPT procedente de plantas situadas en países más alejados y muy baja tributación, así como un incremento de la falsificación de sus marcas, que introduce un problema añadido en este mercado. Algunas plantas situadas en Rusia, los Emiratos Árabes y, hasta su incorporación a la Unión Europea también en Chipre, se dedican exclusivamente a producir para esta forma de venta sumergida al por mayor (Drope y Schluger eds 2018: 17). Cuanto más alejados estén los fabricantes, más importantes serán los recursos económicos, logísticos y humanos requeridos para transportar la mercancía a los países consumidores, unos recursos que sólo están al alcance de contrabandistas profesionales, normalmente con actividad empresarial regular. Esta modalidad del primer eslabón es particularmente sensible al pago de cohechos a funcionarios de aduanas dispuestos a hacer la vista gorda, pues los papeles resultan más sospechosos y requieren de un mayor esfuerzo para falsificarlos.
Eslabón1.b Los PPT también pueden ser fabricados dentro de algún país de la Unión Europea aunque distribuidos en terceros países de la propia Unión con impuestos más elevados. La mayor parte de estos “cheap whites” son comercializados clandestinamente por los propios fabricantes comunitarios y también requieren del pago de cohechos a los funcionarios de aduanas que participan de la falsificación de los certificados de salida de la mercancía del territorio de la UE. El objetivo de la falsificación es simular su salida de territorio comunitario, una salida que no se produce realmente abriendo así la posibilidad de esquivar el pago de los impuestos perceptivos. Esta forma de suministro de cigarrillos de contrabando ha disminuido en los últimos años debido a la mejora de los sistemas de control que obligan a fabricantes y transportistas a proveerse de autorizaciones especiales para poder mover tanto PPT como también bebidas de alta graduación haciendo uso del sistema internacional de transporte bajo precinto -TIR-. En todo caso este método, basado en el desvío en origen hacia los mercados clandestinos por parte de los propios fabricantes a través de la falsificación de los datos referidos a los países de destino, es muy similar al utilizado por los traficantes no autorizados de armas (ver “Las metamorfosis legales del tráfico de armas” en el cap. 11).
Eslabón 1.c) La tercera forma de aprovisionamiento consiste en adquirir cigarrillos también producidos dentro de la Unión Europea, aunque después de haber sido exportados legalmente fuera de ella con el fin de reintroducirlos -esta vez clandestinamente- de nuevo para su distribución y venta a consumidores finales comunitarios. La ventaja de esta fuente de suministro es que no requiere del pago de tantos cohechos, pues la mercancía se puede camuflar en el ingente flujo de contenedores que entran en la UE, sólo una parte de la cual puede ser realmente verificada por las autoridades aduaneras. Además, los cohechos pagados en estos casos no persiguen falsificar papeles, sino inducir a que los funcionarios de aduanas se abstengan de verificar el contenido de un contenedor o de una determinada parte del muelle de carga, lo cual requiere de cohechos más modestos (ver el comentario 18 así como “Finalidad de las dádivas y cantidades pagadas” en el cap. 5). Es la forma de suministro más utilizada en los últimos tiempos, que afecta a muchos cigarrillos producidos en España exportados fuera de la UE y vendidos luego clandestinamente en países como el Reino Unido o Irlanda, donde los impuestos son más elevados y, con ellos, los beneficios que pueden obtener los productores.

(2) El transporte y la introducción de la mercancía en los países de consumo

La mercancías es transportada e introducida través de actividades de contrabando, en España preferentemente por las grandes vías de entrada de contenedores: los grandes puertos, especialmente los situados en zonas francas como los de Barcelona, Vigo, Gran Canarias o Cádiz, así como el entorno del Peñón de Gibraltar (El País 21/7/2012 y Savona dir. (2014: 10).
Hay que distinguir aquí, sin embargo, entre pitufeo y contrabando mayorista. En un camión no muy grande como los utilizados por los importadores medios, caben unos 50.000 cigarrillos, pero en un solo contenedor, cuyo movimiento requiere de operaciones comerciales más complejas, se pueden transportar varios millones. El pitufeo está particularmente extendido en el Campo de Gibraltar y La Línea de la Concepción, una de las comarcas con más paro de la Unión Europea. Cuando los importadores son mayoristas, este eslabón del contrabando genera conexiones con otros espacios delictivos vinculados al movimiento internacional de productos ilegales tales como coches y otros artículos robados o la importación de drogas ilícitas o de armas ligeras no autorizadas. La razón es que los ambientes y los procedimientos utilizados son muy similares, aunque puedan variar en función del modo aprovisionamiento mayorista. Cuando el aprovisionamiento tiene lugar en un país situado fuera de la UE a pesar de que los cigarrillos han sido producidos dentro de la Unión -procedimiento 1-c- se impone la necesidad de aprovechar las relaciones personales y administrativas que establecen los empresarios legales con los funcionarios de aduanas. Sin embargo, cuando los cigarrillos han sido fabricados fuera de la UE -procedimiento 1a- es necesario desarrollar métodos próximos al contrabando clásico para esquivar la atención de los funcionarios de aduanas.
En muchos casos la importación ilegal a la UE pasa por declarar productos falsos con un peso y un volumen similar al de los PPT tales como “productos de fibra de coco” o “bolsas de viaje”. Si tenemos en cuenta que las falsificaciones de los precios de exportación e importación son, literalmente masivas, es más que probable que dichas falsificaciones sean utilizadas también de forma generalizada por los grandes importadores clandestinos de tabaco a España (lo veremos extensamente en “La economía ilícita internacional” así como Euroactiv 7/2/2017). En cualquier caso sólo es posible desarrollar actividades de importación mayorista clandestina con un mínimo de seguridad cuando existe un vínculo previo con el sector exterior de la economía y, más concretamente con el de los transportes internacionales, ambos espacios de cuello blanco muy alejados de la imagen del contrabandista tradicional.
El de la importación es, por lo general, el eslabón más sensible de toda la cadena de valor y probablemente también el más rentable, aunque esto depende mucho de la intensidad de los controles aduaneros: si son laxos y espaciados, el negocio será menos lucrativo aunque más seguro, si son severos y sistemáticos habrá más interceptaciones, el riesgo será mayor y, como sucede también con el narcotráfico, los contrabandistas tendrán que que llevar a cabo varias operaciones para compensar las incautaciones y las multas, y con el fin de que sean rentables.
Cuanto más largo y complejo sea el viaje que tienen que hacer los PPTs desde los países productores hacia los países consumidores, más fronteras tendrán que atravesar, más grande será el riesgo y más caras resultarán también la operación de importación. La escala de la inversión tendrá que ser más elevada para compensarlo y más grande tendrá que ser también la diferencia entre el precio del tabaco de contrabando y el precio de venta final del tabaco legal con el fin de que la operación llegue a ser realmente rentable. Cuando el cartón de tabaco costaba en los estancos polacos tres veces menos que en los estancos de Alemania, los compradores mayoristas, que muchas veces eran también los propios transportistas, obtenían un margen del 100% del que tenían que descontar los costes de viaje -que eran bajos- así como los de logística, almacenamiento, carga y descarga etc-. Pero con la incorporación de Polonia a la Unión Europea, este margen disminuyó drásticamente, lo cual obligó a los importadores a comprar los cigarrillos en países más alejados tales como Ucrania o Bielorrusia, elevándose así los costes y los riesgos, la escala de las operaciones y, probablemente también los beneficios cosechados en las operaciones exitosas, que no en todas ellas.

(3) La distribución mayorista

Una vez que el tabaco ha entrado en el mercado negro del país consumidor, tiene que ser distribuido de forma mayorista (eslabón III) siguiendo una cadena más o menos larga hasta llegar a los consumidores finales. La importación y la distribución mayorista recaen muchas veces sobre los mismos actores, con lo cual esta última tiende a estar más concentrada y fuera de las manos de la pequeña distribución. Esto no demuestra necesariamente que se trate de estructuras cartelizadas controladas por “criminales organizados” con capacidad de impedir la entrada a nuevos actores y de controlar los precios durante mucho tiempo (así insistentemente Lampe 2002 y 2003).
Cuando las compras son de varios cientos de miles de cigarrillos y el transporte se realiza con ayuda de contenedores o camiones, la distribución se fragmenta en varios subeslabones que guardan una relación de tipo piramidal entre sí: cada distribuidor mayorista se relacionan con varios distribuidores medios y estos últimos con un número importante de distribuidores minoristas. A los importadores mayoristas no les interesa trabajar directamente con muchos pequeños distribuidores, razón por la cual les venden la mercancía a unos cuantos grandes distribuidores que, a su vez, se encargan de distribuirla entre los pequeños. Bien a través de nuevos distribuidores intermedios que también reivindican su parte de los márgenes totales, bien directamente a las redes de distribución minorista. Como principio general rige también aquí: cuantos más subeslabones tenga la cadena de la distribución, más pequeño será el margen que coseche cada uno de los que interviene en ella y entre más actores se tendrán que repartir los beneficios.

(4) La distribución minorista

Los pequeños distribuidores compran la carga a los distribuidores medios o también pueden convertirse en importadores ellos mismos como sucede con el contrabando tradicional en cantidades modestas pero muy reiteradas. En estos casos la cadena de la distribución se hace mucho más corta, lo cual hace aumentar la tasa de beneficios aunque no su masa, es decir, la diferencia bruta entre la suma de todas las compras más gastos menos las suma de todas las ventas. Como sucede en el narcotráfico, los pequeños distribuidores suelen compaginar esta actividad con otras legales desarrolladas en los espacios informales de la economía como era el caso de los vietnamitas lanzados al paro por el cierre de empresas en la República Democrática Alemana tras la caída del Muro de Berlín; o también de una parte de la población del campo de Gibraltar, donde se dan índices muy elevados de desempleo y de trabajo informal. Hemos visto que el valor del mercado minorista de PTT asciende a 1.000mill€ (ver cap. 9 “El contrabando de productos del tabaco”).
Una buena parte de esta pequeña distribución local próxima al Peñón, tiene su origen en el pitufeo legal de PPT entre la colonia y España. Este pitufeo explica mucho mejor la muy alta concentración de tabaco de contrabando consumido en la zona -hasta un 60% del total- que una pretendida presencia de “organizaciones criminales”. Los minoristas, asistidos o no por su familias, venden PPT en las calles -el 40% de todo el tabaco vendido en la zona tiene esta procedencia-, muchas veces a través de redes sociales ya constituidas como las que forman sus compañeros de trabajo o las comunidades de vecinos (Savona ed. 2014). Pero también lo hacen utilizando pequeñas infraestructuras empresariales como la que brindan los quioscos de prensa, las gasolineras, los supermercados, los bares y restaurantes o los mercadillos ambulantes.
La distribución minorista es la más visible, con lo cual está particularmente expuesta a las confiscaciones. Para evitarlas sus protagonistas almacenan los cartones de tabaco en dobles fondos, mostradores escondidos, pequeños almacenes repartidos en domicilios de amigos, familiares y comisionistas, incluido el efectivo acumulado de su venta cuando ente supera una determinada cantidad. El problema del ocultamiento favorece la conformación de redes informales de distribuidores minorista, así como la cooperación familiar y comunitaria que, dependiendo de la coyuntura laboral, puede tener una base étnica en no pocos casos, como fue el caso de los vietnamitas que controlaron durante años la distribución minorista de tabaco de contrabando en las calles de Berlín. La calle implica un mayor peligro de interceptación, razón por la cual se están creando nuevas formas de venta basadas en la entrega a domicilio, incluso a través de pedidos por internet.
El margen que cosechaban los minoristas por cada cartón de cigarrillos vendido en las calles de Berlín hacia finales de los años 1990 fluctuaba entre 1€ y 4€ por cartón, lo cual significaba para un distribuidor situado en una buena zona de la ciudad, hasta 300€ de ingresos diarios en un buen día de trabajo, unos ingresos que no incluyen los costes de distribución y que no pueden considerarse representativos del conjunto, pues lo normal es que los pequeños distribuidores no puedan vender de forma tan pública y directa como lo hicieron en aquellos años tan excepcionales.

28. Salud, impuestos y valor del contrabando de PPT en España

En el debate sobre las razones del contrabando de tabaco y las mejores formas de combatirlo intervienen, por un lado actores privados interesados en incrementar sus consumos, y por otro los actores públicos encargados de preservar la salud de los ciudadanos desincentivando su consumo (ver cap. 9 “El contrabando de productos del tabaco”).

(1) La respuesta a la pregunta sobre qué parte de los 12.000mill€, que los hogares españoles se gastan en tabaco, es desviada hacia los mercados clandestinos, es -otra vez- menos inocente de lo que sería deseable debido a la existencia de actores interesados en manipular las cifras en un sentido o en otro. En este caso se trata del enfrentamiento entre las autoridades sanitarias, que aspiran a reducir el consumo de tabaco, y la industria tabaquera que pretende todo lo contrario. Las autoridades españolas no hacen estimaciones oficiales sobre el valor de los PPT de contrabando sobre el consumo total, lo cual es considerado un punto negativo en la evaluación que hace Transcrime del compromiso de los diferentes gobiernos europeos en la lucha contra esta forma de contrabando, un compromiso considerado "no muy elevado” para el caso español (Savona ed 2014: 57).

(2) Según la Organización Mundial de la Salud -OMS- las tabaqueras “no conocen ningún límite cuando intentan presionar a los gobiernos o a los científicos” con el fin de evitar que disminuya el consumo de PPT en el mundo (El Periódico 25/9/2018), una política que se traduce en una marcada tendencia a sobredimensionar el contrabando, así como a buscar explicaciones poco rigurosas sobre su origen y sus razones de ser. Se trata aquí de una estrategia de oposición en toda regla a las medidas de los gobiernos que pretenden desincentivar el consumo de tabaco. El argumento de las tabaqueras es que los elevados impuestos provocan un aumento del precio de las cajetillas sin que por ello se reduzca el consumo, sino que, por el contrario, desvían dicho consumo provocando un “dramático aumento del contrabando” y, con él, de la propia economía ilícita y -naturalmente también- de los peligrosos “criminales organizados” que actúan dentro de ella (así, por ejemplo Stoklosa 2015 y Blecher et al 2013).

(4) Los estudios más completos y fiables son los realizados todos los años desde 2006 por la consultora KPMG para el instituto RUSI (Project Sun), y que abarcan el territorio de la Unión Europea, Suiza y Noruega (KPMG 2018). A pesar que dicho instituto está cofinanciado por la industria tabaquera, la metodología aplicada es rigurosa y fiable, e incluye el uso de una gran cantidad de fuentes públicas y privadas, así como el análisis anual de un número muy importante de colillas recogidas en todo el territorio de la Unión Europea, Suiza y Noruega que en 2017 ascendió a medio millón de unidades. Lo más valioso del informe es precisamente el hecho de que de las 35 páginas del estudio final, 33 se dedican exclusivamente a presentar la metodología aplicada y a discutir sus limitaciones. Según este estudio la media de tabaco de contrabando consumido en los países analizados fue del 8,8% en 2017, el porcentaje más bajo desde 2008. Esta disminución coincide con la fuerte caída del consumo de tabaco en general y con un aumento importante de los impuestos, si bien los países con los impuestos más altos en comparación con los que rigen en su entorno, es donde efectivamente más elevado es el contrabando por razones de rentabilidad del mismo : del 35% en Irlanda y del 29% en Reino Unido. Más importante ha sido el aumento de tabaco de marcas falsificadas en la Unión Europea y, por tanto, no sometido a los controles sanitarios oficiales: casi un 9% sólo entre 2016 y 2017. Todo ello ha llevado a una pérdida de ingresos fiscales de 10.000mill€ para el conjunto de los países analizados (año 2017).

(5) En España fueron recogidas y analizadas más de 30.000 colillas procedentes de 58 ciudades peninsulares en función de la ponderación de su población. La muestra no incluye ni las Islas Canarias, ni Baleares, ni Ceuta y Melilla, cuatro lugares con un consumo de tabaco ilícito por encima de la media, con lo cual los cálculos obtenidos probablemente estén por debajo de la realidad. A partir del recuento de estar muestra, la consultora Ipsos, subcontratada por KPMG para realizar el estudio en España, calculó el porcentaje de tabaco falsificado y de contrabando entre el 8,4% en 2011 y el 9,4% en 2018 con un pico máximo del 12,5% en 2014, lo cual sitúa la media de este período en el 10,1%, tal vez una o dos décimas más teniendo en cuenta las mencionadas regiones que no han sido incluidas en el estudio, y varios puntos menos si alargamos la serie temporal más hacia atrás KPMG (2018: 40). El porcentaje sería mucho más elevado en algunas zonas de Andalucía próximas a Gibraltar donde roza el 60% de todo el tabaco consumido en algunos años, aunque mucho más bajo en la mayor parte de las comarcas del país.

(6) No hay evidencia empírica que demuestre un aumento significativo del consumo de tabaco de contrabando en España entre 2011 y 2018, aunque sí existe una relación clara entre aumento del desempleo y consumo de tabaco de contrabando (Savona dir. 2014: 62). En ningún caso se puede decir que dicho aumento haya sido “dramático”, como han venido sosteniendo muchos medios de comunicaicón españoles, sin duda influidos por la narrativa y tal vez también por las generosaas ayudas económicas de las tabaqueras que no dudan en invertir cantidades importantes en generar un determinado estado de opinión, en definitiva en inversiones destinadas a obtener recursos simbólicos (ver “Las inversiones en recursos simbólicos” en el cap. 16). Si tenemos en cuenta que el consumo de tabaco viene disminuyendo de forma constante en España al menos desde el 2002 debido a varios factores que van desde las campañas antitabaco a las consecuencias de la crisis sobre el empleo, se pueden concluir dos cosas: (a) que a pesar del aumento de la carga impositiva, no se ha producido en España un aumento reseñable del porcentaje que representa el tabaco de contrabando sobre el conjunto del tabaco consumido y (b) que todo apunta a que, en ningún caso se pueda afirmar que haya aumentado el volumen absoluto del tabaco de contrabando en España, al menos aquella parte destinada a los consumidores finales españoles. Todo lo contrario: ha venido disminuyendo en los últimos años.

(7) Las cifras españolas están muy cerca de la media del mundo según los datos que maneja la propia OMS, y también de la media los países del la Unión Europea, Suiza y Noruega. Sin embargo, el contrabando de tabaco en España está muy por debajo del que se da en países como Suiza, Francia y, sobre todo, en el Reino Unido e Irlanda, donde el precio por cajetilla es considerablemente más alto que en España. Estos datos, recabados por KPMG-Ipsos, son coherentes con los del profesor Fernández Díaz que ha calculado el tabaco de contrabando en el 10% del consumo total (año 2012) en España aplicando una metodología propia, así como también con las estimaciones de la Aduana Española, que apuntan al 9% del consumo total de PPT ese mismo año (El País 30/10/2016, Fernández Díaz 2013 y MPD s.f.: 3 respectivamente). Dichos datos son, sin embargo, manifiestamente incoherentes con los publicados por la tabaquera Altadis, que los estimaron en una media del 39,5% para los años 2014 y 2015, un porcentaje casi un 400% más elevado que el realizado por la consultora suiza (Altadis nota de prensa 26/8/2016): ya hemos señalado las causas.

29. Personas prostituidas en España y la parte sometida a un régimen de explotación sexual

La mayor parte de las cifras sobre el número de personas prostituidas y la parte sometida a explotación sexual son más el resultado de “intuiciones creativas” que de la aplicación de metodologías transparentes y aceptadas por la comunidad científica internacional (ver el cap. 10 “Economía de la prostitución coactiva”).

(1) El número de personas prostituidas en España

Las primeras cifras de la prostitución “creativamente intuidas” por autodenominados expertos, salieron a la luz en España con el artículo firmado en 1971 por el entonces fiscal del Tribunal Supremo Fernando Herrero Tejedor. Según su autor, en aquellos años habría 600.000 prostitutas en España que equivaldrían al 6% de todas las mujeres entre 15 y 59 años de aquellos años (ABC 10/3/1972). La prensa y algunas ONGs se encargaron de mantener vivos esta clase de cálculos a lo largo de las décadas siguientes, entendiendo que era una buena forma de mantener la atención de la opinión pública sobre un fenómeno difícil de denunciar y abordar políticamente debido a la doble moral que muestra la sociedad hacia el mismo (por ejemplo El País 9/10/2002). Una parte de la sociedad necesitaba creerse estas cifras porque en ellas veía confirmado su propio discurso. A pesar de estar basadas en intuiciones extremadamente creativas, acabaron adquiriendo un carácter casi oficial en los últimos años con la publicación del “Estudio de la prostitución en España” encargado por una comisión mixta del Congreso de los Diputados, que se apoya en gran medida en ellas (CD 2006). Los productores de cifras mágicas han encontraron un aliado inesperado por parte de la patronal de locales de alterne (ANELA) que, desde posiciones liberales, también se muestra muy interesada en que los índices de consumo de sexo sean lo más altos posible con el fin de reforzar la influencia de su lobby y ser admitidos en la patronal empresarial CEOE. Un periodista invitado como “experto” para declarar recientemente en una comisión del Congreso de Diputados se limitó a citar fuentes periodísticas sin que nadie llegara a poner en duda afirmaciones como estas. “Para terminar, y de manera muy breve, voy a leer tres ejemplos más de nuestra prensa y radio, captados hace apenas unos días (…) «La prostitución mueve 200 millones de euros cada año en la provincia de Alicante. Un estudio de la universidad revela que 6.000 inmigrantes ejercen la prostitución en la provincia». Como decía anteriormente las dificultades para encontrar trabajo y su condición de ilegales son los motivos que impulsan a ello. En la Cadena Ser se denunciaba que las mafias extranjeras introducen cada año en España hasta 500.000 mujeres. En «El País», en su edición de Vigo, una ciudad que tiene 300.000 habitantes, se publicaba que solamente allí hay alrededor de 140 pisos de alterne, una treintena de clubes y más de 1.000 prostitutas” (Congreso de los Diputados 24/5/2007).
La imprecisión, derivada de la aplicación de metodologías poco transparentes, así como de la elevación tácita de algunas publicaciones periodísticas a la categoría de “científicas”, domina una buena parte de los estudios sobre prostitución en general y coactiva en particular. Por ejemplo: la Guardia Civil contó 15 clubs de alterne con 250 prostitutas en la provincia de Córdoba, pero el Defensor del Pueblo Andaluz dio una cifra de 254 clubs y casi 4.000 prostitutas activas en ellos para la misma provincia. Por otra parte, un estudio realizado por la Asociación de Mujeres Progresistas de Córdoba da una cifra de 21 clubs con 243 prostitutas en esta misma provincia, casi 20 veces menos que esta última cifra aunque más próxima a la primera (IAM 2005: 66). Etc. La imprecisión, aplicada esta vez al estudio del ámbito internacional, se reproduce en Kara (2010) según la cual “existen más de 300.000 esclavas sexuales” en Europa, el doble de las estimadas por Naciones Unidas. Algunos informes más recientes hablan de 400.000 personas prostituidas en España -no se dice si a tiempo parcial o completo- lo cual se traduciría en unas rentas de 18.000mill€ (FMP 2008: 210).
Más cercana a la realidad nos parece una horquilla de estimación entre 40.000 y 60.000 personas ejerciendo a tiempo completo, lo cual puede multiplicar varias veces la cifra ejerciendo a tiempo parcial. Esta cifra equivale a una tasa media de entre 1 y 1,5 personas prostituidas -mayormente mujeres- por mil habitantes (año 2005) con la excepción de la Isla de Mallorca, cuya elevada tasa de población flotante en temporada alta y fuerte densidad de turistas da unas cifras excepcionales elevadas de 3,3 prostitutas por mil habitantes (Mezo 2009 citando varios estudios regionales). La cifra más cercana a la realidad probablemente se encuentre en la proximidad de las 55.000 -quizás 45.000 en años “normales”- en los años álgidos del boom de la construcción durante los cuales se produjo un aumento significativo de la demanda de servicios sexuales en España, en gran parte pagados con dinero no declarado generado en el sector inmobiliario y de la construcción. Son datos coherentes con los que disponemos para Italia, un país con una cultura sexual comparable a la española y un 25% más de población en el que se ha estimado en 45.000 el número total de prostitutas en ejercicio a tiempo completo pero que no ha vivido el boom que conoció en España por aquellos años: unas 1,2 por mil habitantes (Monzini 2002). La cifra de 1,5 prostitutas por mil habitantes tampoco está muy lejos de las calculadas para algunos países del sudeste asiático (Lean Lim 2004) aunque sí lo está, y mucho, de las vertidas en debates parlamentarios, y que estiman el ejercicio de entre 300.000 y 400.000 prostitutas en España (ver http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG_A379.PDF.

(2) Las personas sometidas a un régimen de explotación sexual

Sólo una parte de estas 45.000 personas que ofrecen servicios sexuales en España a tiempo completo está sometida a un régimen relativamente claro de explotación sexual ¿qué parte? Los datos aportados por la Guardia Civil nos permiten ensayar un primer cálculo racional. De dichas 45.000 personas 20.000 trabajan en algo más de 1.000 locales de alterne de carretera según recuentos de la Guardia Civil en los que trabajan unas 9.000 mujeres (FMP (2008) mientras que el resto trabajaría en la calle o en pisos. Los locales del alterne son los principales escenarios del régimen de prostitución coactiva pues facilitan el aislamiento de las mujeres y refuerzan el poder de los tratantes. Muchos de estos locales salpican la geografía de ladrillo y del turismo de masas que se solapa en buena medida con la geografía de las altas denominaciones (CIMTM 2002 así como el cap 16 “Efectivo y altas denominaciones”). Otro grupo de clubs de alterne están repartidos por las comarcas rurales vinculadas a la agricultura intensiva como la zona del Ejido, donde hay una fuerte presencia de prostitutas latinoamericanas y del Este de Europa (entrevista PE-4) dos grupos comparativamente menos sometidos a régimen de coerción. En el estudio de la Guardia Civil no está incluido ni el País Vasco ni Cataluña, por lo que a esta cifra de mujeres activas en locales de alterne se le pueden añadir unas 5.000 más repartidas entre 300 locales adicionales en estas comunidades autónomas, con lo cual una cifra razonable para el conjunto de España podría ser de unas 25.000 activas en locales de alterne de carretera hacia el año 2010, el 90% de ellas extranjeras. De este colectivo activo en locales de alterne se recluta el grueso de las mujeres sometidas a coacción ¿Qué parte podrían ser víctima de la explotación sexual?

En 2005 fueron detenidas 126 personas por coacción sexual con ánimo de lucro, en 2012 tres veces este número debido al aumento de las denuncias y de la mayor criminalización social de estas práctica. El estudio de la Guardia Civil ofrece datos sobre el origen de las mujeres -coeccionadas o no- activas en los locales investigados, datos que nos pueden permitir acercarnos a una respuesta -naturalmente provisional- a esta difícil pregunta. Según la Guardia Civil, la mayoría de estas mujeres procedía hacia el año 2010 de América Latina (61%) y del Este de Europa (32%) mientras que el resto (7%) venía de Africa. Estos porcentajes permiten hacer una suerte de primera ponderación para calcular la cifra que estamos buscando.
El estudio de la Guardia Civil también proporciona algunos datos sobre el número de cada grupo por proxeneta detenido, un ratio que permite estimar el régimen de coerción al que pudieran estar sometidas unas mujeres y otras (GC 2005). En principio se puede decir, como regla general, que cuantas más mujeres por proxeneta, menos capacidad tendrán estos de coaccionarlas, excepto en los casos de las mujeres subsaharianas sensibles a los rituales del vudú que elevan drásticamente la capacidad de ejercer la coerción con un número inferior de proxenetas. Por otro lado muchas mujeres no sometidas a explotación llegan a acuerdos económicos voluntarios con los proxenetas -a veces engrasados por relaciones pretendidamente afectivas- a cambio de la protección de estos últimos. Según estos datos las mujeres europeas tocan a 17 mujeres por proxeneta, las africanas a 31 y las latinoamericanas a 73 lo cual querría decir que las primeras están -potencialmente- 2,3 veces más sometidas que las africanas y cuatro veces más que las latinoamericanas. Esto explicaría que, a pesar de que las mujeres subsaharianas representan sólo el 7% de todas las mujeres sometidas a explotación sexual en España, los procedentes de Nigeria representen no menos del 25% del total de los proxenetas detenidos (para Italia ver los cálculos de Savona y Riccardi eds. 2015: 131 que apuntan en un sentido similar). Con todo: hay que manejar estos datos con cautela pues si bien el porcentaje de mujeres marroquíes, que también son contabilizadas como “africanas”, sobre el conjunto de las mujeres que ejercen en dichos locales es muy elevado, las subsaharianas están mucho más expuestas a la coerción que las marroquíes a través de la presión que ejercen sus familiares residentes en los países de origen y del empleo de técnicas de vudú, una presión que reduce la necesidad de ejercer una coerción directa sobre ellas favoreciendo su actividad en locales menos alejados de los núcleos urbanos como es el centro de algunas grandes ciudades, y aún cuando son sometidas, en porcentajes elevados, a un régimen de explotación sexual (para España El País 21/7/2014, para los Países Bajos y, con cifras más contrastadas Baarda 2015).
Hay muchos factores que influyen en la capacidad de los proxenetas de prolongar el régimen de explotación sexual de las mujeres: desde las condiciones legales, económicas y geográficas de su acceso a España, al conocimiento o no del idioma por parte de estas últimas, la cualificación y la edad de las mujeres y las niñas traficadas, el paso previo por el servicio doméstico que suele proporcionar papeles y reforzar la posición de las mujeres frente a los proxenetas, un paso que sólo les está reservado a mujeres con dominio de las lenguas españolas, así como las tradiciones que en algunas regiones de África incluyen hábitos de esclavización de seres humanos y el uso de métodos de coerción de naturaleza ritual-religiosa: todos estos factores influyen poderosamente sobre la capacidad de los traficantes de explotar a las mujeres durante un período más o menos dilatado de tiempo (CIMTM 2002 y Guillemaut 2003). Teniendo en cuenta todos estos factores, así como el propio origen de los explotadores y explotadoras sexuales detenidos que, casi siempre proceden de los mismos países que las mujeres (Mapelli Caffarena 2012), se pueden aventurar la hipótesis de que el porcentaje de mujeres traficadas y además activas en los locales de alterne podría ser aproximadamente el siguiente: del 10% serían latinoamericanas, el 40% serían europeas -que incluyen un 80% de mujeres procedentes de Rumanía un país miembro de la Unión Europa pero del que procede más del 50% de los tratantes denunciados en España- y el 50% restante serían africanas de las cuales un 35% de mujeres serían marroquíes con mejores condiciones de acceso a España que las subsaharianas y, por tanto, con más capacidad de reducir el tiempo durante el cual están sometidas a explotación.
Todo esto podría sumar unas 5.600 mujeres sometidas a formas directas relativamente inequívocas de coerción con fines de explotación sexual. A ellas habría que añadirle un 10% de las mujeres que podrían ejercer fuera de los burdeles de carretera -unas 2.000 más, muchas subsabarianas por las razones señaladas- y que sumarían un total de 7.600 mujeres, una cifra tal vez demasiado elevada en comparación con la propuesta por los estudiosos italianos del fenómeno. Proponemos, por tanto, una algo menor con lo cual nos quedarían en un número redondo y conservador de unas 7.000 mujeres sometidas en España a un régimen de explotación sexual, de las cuales unas 1.500 estarían activas en las calles y los polígonos.
Estas estimaciones no tienen mucho en común con algunas publicadas en los últimos años. Así, el comisario jefe de la oficina central francesa para la represión de la trata de seres humanos proponía que un 80% de mujeres activas a tiempo completo en las calles francesas estaban sometidas a un régimen de explotación laboral aunque sin razonar por qué (Amiard 2000). El estudio de Sieber y Bögel (1992) encargado por la policía alemana y basado mayormente en fuentes policiales, da porcentajes similares para comienzos de la década de los años 1990, aunque sin especificar el lugar de ejercicio de la prostitución. En general, los cuerpos policiales y algunas ONGs, tienden a hacer estimaciones al alza del peso de la prostitución coactiva sobre el total de las mujeres que ofertan servicios sexuales sin estar sometidas a coerción, cifras que casi siempre son muy superiores a las que demuestran los estudios empíricos más precisos y sistemáticos, así como los relatos de las propias prostitutas y una buena parte de la bibliografía especializada (por ejemplo Guillemaut 2003, Xunta de Galicia 2004 y Neira 2012). Así, la Guardia Civil calculó que en 2006 había casi 20.000 “víctimas de la prostitución” sin incluir el País Vasco y sin que quede claro qué entiende exactamente por ello (cit. en FMP 2008: 205).

(3) Mis estimaciones se refieren a antes de la crisis de 2008 y resultan razonablemente coherentes con las conclusiones publicadas por Paola Monzini, coordinadora del equipo de investigación de Naciones Unidas sobre tráfico de personas, y según la cual entre 5.000 y 10.000 mujeres italianas -entre el 10% y el 20% de todas las prostitutas que ejercen en este país- estarían sometidas hacia 2005 a un régimen de explotación sexual en un país con una población un 25% superior a la de España (Monzini (2007: 165). Estas cifras también son razonablemente coherentes con las de Carchedi y Tola, según los cuales el 14% de las 50.000 prostitutas italianas adultas estarían sometidas a un régimen explotación sexual (cit en Savona y Riccardi eds. (2015: 294), un porcentaje que, extrapolado a la población española, se traduciría en unas 6.500 mujeres. Por su parte, la policía británica estima en entre 10.000 y 13.000 el número de víctimas del tráfico con fines de explotación tanto laboral como sexual en el Reino Unido, un país con una población un 40% por encima de la española. Aunque no aporta información alguna sobre las fuentes y la metodología empleada para llegar a dicho cálculo, las cifras de este último estudio no son completamente incompatibles con las nuestras pues incluye, como decimos, también a las personas sometidas a explotación laboral pero no sexual (HM 2015: 21). Aunque inferior a la propuesta por una comisión de Naciones Unidas, que eleva a 140.000 las víctimas europeas de trata con fines de explotación sexual, la nuestra tampoco es incoherente con esta última, pues si en España vive el 6,2% de la población europea cifrada en 740 millones (año 2015) a nuestro país le corresponderían matemáticamente unas 8.600 mujeres explotadas sexualmente (DP 2012: 93).

30. Costes, gastos y beneficios en la cadena de valor de la explotación sexual de mujeres

Para hacer un cálculo medianamente consistente de la cadena de valor de la explotación sexual hay que precisar tres magnitudes: (a) el valor de los gastos que tienen que adelantar los captadores/pasadores para trasladar a las mujeres desde sus lugares de origen a los países -normalmente más desarrollados- en los que van a ser explotadas sexualmente. Este valor equivale a la deuda real que contraen las mujeres y que es asumido normalmente por los tratantes; (b) los excedentes netos anuales que pueden generar las mujeres con su trabajo sexual; y (c) -derivado de las dos magnitudes anteriores- el tiempo que necesitan las mujeres para saldar tanto la deuda real como la ficticia, tiempo que permite fijar algo así como una tasa de explotación de dichas mujeres (ver el cap. 10 “La economía de la prostitución coactiva”).

(1) Los gastos que adelantan los pasadores

Los gastos adelantados por los pasadores incluyen los de viaje, los cohechos a pagar para conseguir papeles, el dinero que le adelantan a las mujeres con el fin de convencerlas así como los costes de su mantenimiento antes de empezar a trabajar ofreciendo servicios sexuales. Sabemos que los cohechos pagados para la tramitación de permisos de extranjería o a la Guardia Civil/Mossos de Escuadra para facilitar la inmigración clandestina son modestos: en España: unos 1.000€ por inmigrante (por ejemplo AP A 57/2011 y AP M 11/2002: ver también “Finalidad de las dádivas y cantidades pagadas” en el cap. 5, así como el comentario 18). A estas cantidades se suman otras para pagar informantes, colaboradores etc., todas por debajo de esta cifra. En Rusia era posible conseguir por no más de 600€ un pasaporte ilegal que acredita la mayoría de edad de una menor, una cifra considerable para un ciudadano medio de este país aunque poco importante para el de un país occidental (Poulin 2004: 89). Pasadores entrevistados encarcelados en prisiones británicas declararon que el coste total de llevar a una persona desde el Rumanía al Reino Unido ascendía a unos 1.800€, unos 4.000€ hacerlo desde América Latina, pero que superaba los 55.000€ traerla desde la China y una cifra sólo algo más baja desde África subsahariana (Levi 2012: 611). Con la excepción de los vuelos procedentes de África y del Lejano Oriente, los vuelos internacionales son relativamente baratos y los traslados en patera o en autobús tampoco sobrepasan un par de miles de euros por persona.
El valor medio de la deuda adelantada por los pasadores podría ser, por tanto, aproximadamente el siguiente. Si sumamos transporte, cohechos, papeles -casi siempre falsos- manutención temporal y enseres personales, y suponiendo que el porcentaje de mujeres subsaharianas sometidas a explotación sexual representa una quinta parte del total; y suponiendo también que no todas ellas llegan en avión, es probable que la deuda real media contraída por estas mujeres con los pasadores/tratantes esté en torno a los 7.000€, incluida la comisión que se lleva el tratante por hacerse cargo de la mujer, comisión que en España asciende a unos 2.000€ -algo menos que en el Reino Unido- y que fluctúa continuamente con el país de procedencia de la mujer traficada (Interview 24/4/2006, El Correo 21/4/2002 y Diario de Córdoba 10/3/2013). Así, la “compra” a un pasador de una mujer traficada en el Reino Unido cuesta entre 3.000 y 7.000 libras que equivalen a entre 2.500€ y 6.000€ (Levi 2012: 611). Esta cifra es más elevada para las mujeres subsaharianas, y más baja para las mujeres del norte de África y el Este de Europa. Cuantas más mujeres subsaharianas sobre el total, más elevada es la deuda real media, cuantas más mujeres procedentes del norte de África o de Europa del Este, más baja será esta (FMP 2008, La Vanguardia 16/4/2002, El País 14/10/2002, DP 2012, para las mujeres procedentes de los países del Este de Europa, ver Poulin 2004:80). Sólo las personas con residencia en los países con divisas fuertes, y que son el destino de las mujeres, pueden adelantar ese dinero, razón por la cual tienen que ponerse en manos del pasador.

(2) Los excedentes medios generados por cada mujer

Las mujeres tienen que devolver tanto la deuda real como también la deuda ficticia con los rendimientos de su trabajo sexual. En España podría ser realista el siguiente rendimiento medio anual por mujer calculado a partir de IAM (2005), Xunta de Galicia 2004, Pallaréz Gómez (2007), Neira (2012), DP (2012) y CIMTM (2002), así como por las exploraciones realizadas por los técnicos del INE con el fin de abordar el cálculo del gasto en prostitución en España (El País 7/6/2014).
En los años del boom inmobiliario el número de servicios diarios por mujer no sometida a una relación de explotación estaba en los 8, según empresarios del sexo entrevistados, mientras que en los tiempos “normales” más recientes son de 4 por lo que la cifra media podría estar en torno a dichos 5 servicios diarios. Si partimos de una media de 40€ por servicio sexual x 5 servicios por día x 20 días al mes x 12 meses al año- obtenemos un rendimiento bruto medio por mujer y año de unos 48.000€, una cantidad algo más alta entre las mujeres latinoamericanas pero probablemente más baja entre las mujeres africanas (FMP 2008: 210). En situaciones de explotación extrema esta cifra se puede llegar duplicar, aunque no durante mucho tiempo. Aplicadas a 7.000 mujeres esta cantidad de traduce en unos 340mill€ al año, que sería la cifra de la renta ilícita bruta generada con la explotación sexual en España. Esta cantidad también aumenta y disminuye dependiendo de factores tales como la nacionalidad de las mujeres, las situaciones de crisis o la evolución del turismo de masas y de sector de la construcción. Equivale a algo menos del 10% de todo el gasto de los hogares españoles en servicios de prostitución según los datos del INE, lo cual significa que de cada 10 euros gastados por un ciudadano español en servicios de prostitución casi 1 euro acabaría alimentando la prostitución coactiva. Esta cifra es razonablemente compatible con los cálculos de Paola Monzini para Italia, aunque probablemente refleje o bien una cierta subestimación del número de mujeres sometidas a explotación sexual o una sobreestimación del número de mujeres totales prostituidas a tiempo completo en España: sólo una investigación monográfica permitiría afinar esta cifra.
La cifra puede ser considerablemente superior en locales, períodos y zonas particularmente prósperas y una gran cantidad de clientes, pero también puede ser bastante inferior en las zonas más apartadas o un mercado de servicios sexuales deprimido como sucedió tras la crisis económica de 2008. En todo estos casos los rendimientos están muy por debajo de los de algunos macroburdeles situados a pie de autopista en la frontera con Francia y Portugal, así como en otras grandes rutas logísticas frecuentadas por un ejército diario de camiones y cuya actividad es mucho más importante, pero poco representativa (ver, por ejemplo http://www.youtube.com/watch?v=hkxBqfpxp1U&feature=em-hot-vrecs). En uno de los macroburdeles más grandes de Europa erradicado en La Junquera, las chicas declaraban frente a las cámaras alrededor de 70 servicios sexuales por semana, el doble de nuestra media (La Sexta 20/8/2013). Esta cifra, cargada sin duda de interés informativo, es, en caso de que fuera cierta a todas luces excepcional y no puede servir de base para los cálculos generales. También sabemos que en algunas zonas de los Países Bajos algunas mujeres tienen que generar 1.000€ diarios en condiciones coactivas, lo cual equivale a unos 240.000€ al año- (Levi y Soudijn 2020: 14) aunque no conocemos el grado de representatividad de esta cifra.
De los 48.000€ brutos generados por las mujeres todos los años tirando por lo bajo hay que descontar los gastos. Es frecuente que las mujeres paguen un canon fijo por día a los propietarios de los clubs que asciende a entre 40€ y 80€ dependiendo del negocio y su ubicación. Esta cantidad sumarían unos 20.000€ al año -aproximadamente el 40% de los rendimientos anuales brutos (MSSS 2014: 72)- e incluye la comida y la manutención. Acaba íntegramente en los bolsillos de los propietarios de los locales o empresarios del sexo, si bien estos últimos tienen que descontar de esta cantidad sus propios gastos de todo tipo (limpieza, luz, alquileres, gastos de cocina etc.). A ellos se suman los gastos en ropa, maquillaje y complementos, los gastos médicos y en muchas veces también en drogas legales -tales como tabaco, psicofármacos y alcohol- e ilegales como cocaína y otras drogas estimulantes destinadas a forzar al máximo la actividad de las mujeres, muchas veces por insistencia de los clientes, gastos que suelen administrar los tratantes, que las mujeres necesitan para sacar adelante su trabajo en momentos puntuales, y cuyo pago asumen ellas mismas muchas veces (El Mundo 26/4/2017). Kara ha calculado que en Italia todos estos gastos ascienden al 15% de los ingresos brutos de las mujeres, un porcentaje que damos por extrapolable a la realidad española con lo cual la suma de todos los gastos ascendería al 45% de sus rendimientos brutos Kara (2010: 324). Los rendimientos netos representan el resto que equivale al 55% del valor de su trabajo sexual, unos 26.000€ al año. Este margen o rendimientos netos abre la posibilidad de una rentabilidad muy elevada y permite cancelar en poco tiempo tanto la deuda real como la ficticia (ver TS 4123/2015).

(3) La explotación laboral de las mujeres

Pero durante el tiempo en la que está sometida al tratante no es la mujer la que ingresa dicho margen neto sino este último. Los 26.000€ anuales son destinados íntegramente a saldar tanto la deuda real como la deuda ficticia pero a la mujer le resulta imposible saber en qué momento ha conseguido cancelar la deuda real contraída con el captador o traficante y comprada por el tratante, y en qué momento empieza a trabajar íntegramente para este último. El grado o mejor, la tasa de explotación de la mujer es así inversamente proporcional a la relación entre deuda real y deuda ficticia. Cuando más baja sea la primera en relación con la segunda manteniéndose constante el tiempo de duración de la relación de dependencia, mayor será grado de explotación y al revés de la misma forma que la tasa de explotación depende de la relación entre tiempo de trabajo necesario y plustrabajo en Marx (Marx 1976: cap.7). La relación entre deuda real y deuda ficticia se traduce en una proporción entre un determinado número de meses que la mujer dedica a saldar cada una de las dos “deudas”. Cuando antes consiga la mujer saldar la deuda real permaneciendo constante el período que trabaja para el tratante, un período que suele acordarse aproximadamente de antemano, más elevada será la tasa de explotación en beneficio de este último, pues antes empezará a trabajar la mujer íntegramente para el tratante sin saberlo pues no conoce el valor exacto de la deuda real contraída aunque sí puede imaginárselo o calcularlo aproximadamente hablando con sus compañeras. Cuanto más intensamente trabaje las mujer antes saldará la deuda real y antes empezará a hacerlo exclusivamente para el tratante, lo cual explica el intento de este de alargar el máximo tiempo posible la relación de dependencia utilizando todo tipo de recursos tanto blandos como duros.
El valor documentado de la deuda total -la suma entre la real y la ficticia- contraída con los pasadores oscila entre un mínimo de 3.000€ para las mujeres del Este de Europa debido a la pertenencia del país a la UE y a su proximidad geográfica y un máximo de 80.000€ para alguna de las mujeres nigerianas que han llegado a España atravesando el desierto siguiendo el destino de otros emigrantes subsaharianos (MSSS 2014: 79). Estos son cifras típicas, pero ha habido mujeres de Europa Oriental que han contraído una deuda total de entre 10.000€ a 25.000€ durante el boom de la trata de mujeres hacia principios de los años 2000, probablemente debido a las elevadas comisiones pagados por los tratantes a los captadores (Marcu 2008, FMP 2008, La Vanguardia 16/4/2002, El País 14/10/2002, DP 2012, MSSS 2014 y Poulin 2004: 80 así como AP BU 836/2001). Lo mas frecuente es que la deuda total contraída por las mujeres subsaharianas se mueva en el entorno de los 50.000€ con lo cual podemos calcular una media para este colectivo próxima a esta cantidad. Supongamos que las mujeres subsaharianas representen el 15% de todas las mujeres sometidas a explotación; supongamos que las latinoamericanas representan el 10% del total y que su deuda total media asciende a 4.000€; supongamos también que las europeas asciendan al 40% del total con una deuda media de 5.000€; y supongamos, por fin, que las norteafricanas representen el 35% del total y su deuda media ascienda a 4.000€. En ese caso podríamos situar la deuda media para todas las mujeres en el entorno de los 30.000€ al año de los cuales 7.000€ equivaldría a la deuda real -que incluye las comisiones para el pasador- y el resto -23.000€- a deuda ficticia, más de tres veces la primera. Esta sería una proporción de más de 1 a 3 en favor de esta última o una tasa de explotación del 75%, lo cual significa que por cada mes que destina la mujer a pagar la deuda real a lo largo del período que dura su sometimiento al tratante, dedicaría tres a trabajar íntegramente para este último.
Por tanto las mujeres subsaharianas son las que contraen una deuda total mayor. Primero porque su deuda real es más elevada debido a el mayor coste asociado a su venida a España. Y segundo porque disponen de muchos menos recursos para poner fin a la situación de explotación debido a varios factores que las hacen particularmente vulnerables: no hablan el idioma, su condición racial las sitúa en mayor desventaja, su realidad cultural es totalmente ajena a la española, proceden de un país sin conexiones históricas y culturales con España etc. Esto no quiere decir que estas mujeres sean automáticamente las más explotadas pues la proporción del tiempo que tienen que dedicar a saldar la deuda real es más importante, lo cual reduce el período de pago de la deuda ficticia.
Pero, a parte de su mayor vulnerabilidad, los tratantes de mujeres subsaharianas tienen guardada una segunda cartas debajo de la manga para prolongar el medida de lo posible el período de pago de la deuda ficticia: el uso de sistemas simbólico-rituales basados en el vudú que permiten someter a las mujeres sin necesidad de recurrir a la violencia física. Esto explica el menor ratio de mujeres subsaharianas por proxeneta que se desprende de los datos aportados por la Guarda Civil (ver arriba), así como la menor “rentabilidad” de estas mujeres para los tratantes a pesar de poder recurrir a dichas técnicas. Ambas tendencias -el menor grado de explotación nacido de la mayor proporción de deuda ficticia y los dos factores contrarrestantes señalados que elevan de nuevo la tasa de explotación de las mujeres- se compensan en parte empujando la tasa de explotación de este grupo de mujeres hacia el entorno de la media de todas las mujeres o incluso sobrepasarla en algunos casos.
La regla general es que cuanto más intensifiquen las mujeres su actividad laboral, antes podrán desvincularse de las obligaciones económicas contraídas con los tratantes. Este deseo explica que la autoexplotación de las mujeres sea más la normalidad que la excepción, que su ritmo de trabajo sea particularmente intenso que el de aquellas otras que ejercen la prostitución al margen de este tipo de relación y que los 70 servicios diarios declarados por algunas mujeres del Este de Europa activas en macroburdeles de carretera sea probablemente un ritmo puntual destinado a deshacerse de la deuda real lo antes posible. El trabajo de los tratantes consiste no sólo en crear las condiciones para que las mujeres puedan ejercer -buscar locales interesados, hacerlas rotar por varios de ellos, intentar evitar que la policía las intercepte, proporcionarles asistencia médica y protección física frente a otros etc.- sino además crear las condiciones para que la mujer devuelva, primero la deuda real en el menor tiempo posible y luego mantenga el ritmo de devolución de la deuda ficticia a lo largo del mayor tiempo posible. Para conseguirlo intentan crear, primero, una dependencia psicológica o afectiva lo más fuerte posible pero, cuando este procedimiento ya no funciona, aplican (segundo) otros procedimientos más expeditivos y violentos. Esta mecánica parece haber cambiado bastante poco a lo largo del tiempo como demuestran los estudios periodísticos realizados en los años 1930 y 1940 en Francia en los años 1970 en España, los realizados en Alemania por el Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional para el período inmediatamente después de la caía del Muro de Berlín, o incluso los trabajos históricos de Pike para la la Sevilla del siglo XVI (para la Francia posterior a la segunda guerra mundial ver Van Der Meersch 1953, para la España de los años 1969 y 1970 Viader 1978, para la Alemania de los años 1990 Sieber y Bögel 1993 y para la Sevilla del siglo XVI, Pike 1978). Los traficantes saben que el tiempo juega en su contra, pues están interesados en recuperar el dinero adelantado lo antes posible pues sólo así conseguirán que aumente la tasa de explotación, es decir, que el período de cobro de la deuda ficticia se alargue lo más posible y a un coste lo más bajo posible, sin que la mujer proteste demasiado. Esto lleva a los tratantes a intentar construir un discurso del que parece desprenderse una afinidad de intereses entre ellos y las mujeres, una afinidad que pasa por aprovisionar a estas últimas de drogas estimulantes, drogas que tienen la ventaja adicional para el tratante, de que permiten alargar la situación de dependencia de las mujeres debido a la adicción de estas últimas y sin tener que recurrir a métodos coercitivos.
Si partimos de un ritmo de ingresos netos por año de 26.000€ tirando por lo bajo como hemos hecho -en momentos coyunturales más próximo quizás una tercera parte más- las mujeres sólo necesitarían un poco más de un año para liberarse de la deuda total, un tiempo que equivale aproximadamente al tiempo medio de reemplazo de mujeres en los locales de alterne, y que fluctúa entre unos cuantos meses y un máximo de dos años (El País 7/11/2009, MSSS 2014: 74 y Van der Meersch 1953). Esta cifra demuestra que las mujeres no tardan más de tres meses en saldar su deuda real -los 7.000€ mencionados- y que durante los 10 o 12 meses restantes están trabajando por término medio íntegramente para los tratantes generándoles a estos últimos unos ingresos anuales limpios anuales de casi 30.000€ -y tirando por lo bajo- por cada mujer prostituida.
Las mujeres desconocen todos estos números, aunque sin duda los intuyen. No saben a cuánto asciende el valor de la deuda real sobre el total que el tratante le ha dicho que tiene que devolverle. Saben, probablemente porque lo han negociado, que su situación de dependencia durará en torno a un año pero no saben que no debería durar más de tres meses. Las mujeres subsaharianas, cuyo rendimiento tiende a estar por debajo de la media, pueden llegar a tardar hasta tres años en devolver la deuda total contraída. Las latinoamericanas, y aquellas otras procedentes del Este de Europa, por el contrario, sólo pueden llegar a tardar unos cuantos meses en cancelar el conjunto de su deuda, lo cual les permite desvincularse mucho antes, y normalmente de forma más amistosa, de sus tratantes, pues la correlación de poder entre ellas y estos últimos está menos desequilibrada. Esto último no quiere decir que los tratantes no intenten y no consigan prolongar la situación de dependencia durante más de un año, bien utilizando técnicas blandas basadas en argumentos afectivos, u otras más duras tales como el amedrentamiento físico o con la amenaza de denunciarlas para que las devuelvan a sus países de origen. Pero sucede con menos frecuencia.
La rotación de unos burdeles a otros genera tareas de gestión y de búsqueda y negociación de contactos con diferentes empresarios del sexo distribuidos por toda la geografía, tareas que también realizan los tratantes ofreciendo “sus” chicas. La necesidad constante de proveerse de nuevas mujeres lleva muchas veces a los propios dueños de los clubs a contratar pasadores directamente para que les procuren mujeres nuevas con el fin de ahorrarse las comisiones a pasadores y tratantes, y organizando ellos mismos el traslado de mujeres a España, así como la propia explotación convirtiéndolos en tratantes a ellos mismos. Esto sucede, sobre todo, con las mujeres latinoamericanas que son más sensibles a las ofertas que hacen directamente los pasadores españoles en sus viajes por los barrios deprimidos de la República Dominicana, de Colombia, del Brasil o del Paraguay pues la lengua común y la familiaridad con la cultura hace más innecesaria la contratación de intermediarios nativos.

(4) Los propietarios de los locales de alterne

Sabemos que los propietarios de los clubs de alterne de la costa mediterránea pagaron en un caso 6.000€ a los pasadores y/o tratantes por poner una mujer a su disposición (La Vanguardia 16/4/2002), aunque los datos aportados por la investigación de uno de los locales de alterne más grandes y prósperos del país situado en la frontera francesa da una cifra tres veces inferior en tiempos de crisis: 2.000€ por mujer (año 2013). La tarifa media que tienen que pagar los empresarios del sexo a los traficantes por proporcionarles nuevas mujeres se podría mover así en el entorno de los 3.000€, un dinero que se ahorran y que puede hacer rentable la operación de captación directa mujeres, sobre todo cuando se trata de un grupo numeroso, pero a la que tendrían que sumar los costes de viaje, quizás el pago de algún cohecho, la falsificación de algunos papeles etc.
Los empresarios del sexo también invierten en las infraestructuras físicas necesarias para facilitar la situación de explotación sexual a cambio de lo cual ingresan unos 135mill€ brutos al año. De esta cantidad tienen que descontar el alquiler de sus locales o el pago de las hipotecas, los impuestos asociados a los servicios de restauración vinculados a esta clase de locales, los costes de mantenimiento del local incluido el personal contratado que incluye limpieza y servicios de seguridad, pero también -al menos algunas veces- el pago de dádivas en dinero -la mayor parte de las veces en especies- a agentes dispuestos a hacer la vista gorda y ex-policías que ejercen algunas veces como autoridad en la sombra en favor de esta clase de empresarios. Según Kara, todos estos gastos suman hacia el 30% de los ingresos brutos de los empresarios (2010: 324), lo que les generaría casi los mismos beneficios que a los tratantes. Este supuesto, basado en cálculos muy gruesos y excesivamente generales, no nos parece, excesivamente plausibles. Nuestros cálculos también difieren de los realizados por el Instituto Transcrime porque se apoyan en los cálculos de Kara que basados en un análisis bastante menos desagregado que el nuestro. Nuestas cifras son, sin embargo, razonablemente coherentes con las obtenidas por la policía española a raíz de un caso Caso Prostíbulos, vinculado a la explotación sexual de muchas mujeres por parte de los propios empresarios del sexo. En dicho caso 400 mujeres fueron explotadas presuntamente de forma coactiva generando 1,3 mill€ de beneficios netos al año que equivaldrían a unos beneficios netos de 3.300€ por mujer (La Voz de Galicia 5/3/2013). La policía no da detalles, pero los que aporta sugieren que los acusados tenían que ser necesariamente tanto empresarios del sexo como cumplir también funciones -total o parcialmente- de tratantes o incluso de pasadores/traficantes.

31. El valor de los mercados españoles no autorizados de armas

Las estimaciones del valor de los mercados no autorizados de armas es uno de los ejemplos más claros de la aplicación de “hipótesis creativas” que tanto proliferan entre los expertos y opinadores sobre economía ilícita. Antes de hacer los cálculos económicos es necesario aclarar varias cuestiones importantes sin las cuales estos últimos pierden toda su consistencia (ver el cap. 11 “El mercado no autorizado de armas”).

(1) A pesar de que existen varios institutos de investigación independientes que monitorizan los mercados de armamentos, las dificultades metodológicas que surgen a la hora de abordar su estudio siguen siendo muy grandes dada la fuerte opacidad de muchos gobiernos y las propias características del sector. A pesar de que muchos países productores son razonablemente transparentes a la hora de hacer públicas sus exportaciones, las licencias concedidas y las rechazadas, así como los países de destino de las mismas, sigue siendo realmente difícil abordar la cuantificación de la parte no autorizada o ilícita de este mercado. El mercado español de armas no autorizadas -tanto ligeras como pesadas- tiene que ser en cualquier caso la suma de dos mercados particulares: (1) la del mercado de armas de todo tipo producidas en España que salen hacia terceros países, mayormente sufriendo una metamorfosis legal; y (2) la del valor que suman las armas incorporadas todos los años al stock de armas ligeras no autorizadas ya existente y que tiene un valor mucho menor.

(2) El equipo del Small Arms Survey con sede en la Universidad de Ginebra -SAS- ha calculado, utilizando metodologías complejas, que el comercio mundial de armas pequeñas y ligeras -incluida su munición-. asciende, entre su parte autorizada y su parte no autorizada a 8.500mill$ al año, de los cuales el 54% se corresponde sólo a munición y accesorios. Esta cifra no incluye dos partidas centrales sobre las que los investigadores no han podido encontrar dato fiable alguno: las partes y componentes de misiles guiados, y los componentes y accesorios de la munición para armas ligeras, ambos muy utilizadas por ejemplo en las guerras de Afganistán, Irak y Siria. Si sumáramos las cifras de estos dos grupos de armas el valor total de dicho mercado ascendería, así los investigadores del SAS, a unos 10.000mill€, tal vez un poco más. Los gobiernos son muy reticentes a dar información veraz sobre el volumen de exportación de munición, pues de él se desprende su participación efectiva en conflictos regionales, una participación que contrasta muchas veces con sus posicionamientos públicos oficiales.

(3) Mientras la exportación de armas ligeras está dominada por unos cuantos productores -15 países concentran el 83% de todas las exportaciones-, la importación autorizada pero sobre todo la no autorizada están mucho más repartidas y cambia rápidamente dependiendo del mapa de los conflictos. La mayor parte del valor de las armas ligeras no declaradas pertenecen a la subcategoría de “armas y sistemas de armamento ligeros de guerra”, que son las más utilizadas en conflictos armados y es donde se concentra el grueso de este mercado ilícito en el mundo. La parte no autorizada del este mercado está estimada en 3.200mill$, pero si le sumamos los 1.500mill$ equivalentes a las dos partidas señaladas arriba, y que son de las más opacas -las partes y componentes de misiles guiados y los componentes y accesorios de la munición para armas ligeras-, el comercio no declarado de este grupo de armas alcanzaría los 4.700mill$ al año SAS (2012: 242ss). Las estimaciones del porcentaje no declarado del tráfico de esta categoría de armas a nivel mundial sobre el conjunto del comercio es del 38%, aunque esta es una media para todos los países en la que están incluidos tanto los más como los menos opacos.

(4) En España tenemos noticia de 180 empresas fabricantes de productos de defensa en porcentajes variables de su producción total, si bien sólo disponemos de datos sobre facturación y empleo para unas 50 (CDEP vv.aa.). El presupuesto anual medio del Ministerio español de Defensa (años 2000-2017) asciende a 8.000mill€ y el valor anual medio de las exportaciones autorizadas españolas de todo tipo de armamento (años 2004-2013), es de unos 1.500mill€. Sólo el 11% de esas exportaciones -170mill€- equivalen a armas pequeñas y ligeras de las cuales dos terceras partes son munición en el sentido amplio -municiones y componentes, bombas, torpedos, misiles etc-. El resto equivale a armamento pesado/sistemas de armamento, con lo cual la proporción entre este último y las armas pequeñas y ligeras es, como ya hemos visto, de 1:9 en favor de los últimos (CDEP vv.aa. y ATb 2009). Teniendo en cuenta que los índices de transparencia del sector en España son “medios” -de 14,25 sobre 25 puntos en el año 2005 y de 16 puntos sobre 25 en 2013 (SMS vv.aa)- y utilizando los porcentajes mundiales medios calculados por los investigadores sobre la parte no autorizada de este mercado -38% del total del mercado- podemos concluir que la aportación de los 180 fabricantes españoles al comercio internacional no autorizado de armas pequeñas y ligeras ascendería a unos 104mill€ al año.

(5) Se puede contrastar esta cifra recurriendo a nuestros propios cálculos basados en la falsificación aparente de los datos declarados del comercio exterior de armas pequeñas y ligeras por parte de los fabricantes españoles. Los exportadores de este grupo de armas (códigos 9301 a 9306 de la nomenclatura arancelaria) declararon exportaciones por valor de 72€ anuales. Sin embargo los precios por kilo declarado entre 1993 y 2008 fueron un 330% inferiores que la media de dicho valor en todos los países europeos. Aunque las discrepancias en las estadísticas de exterior pueden obedecer a causas técnicas, la declaración falsa de datos está particularmente extendida en este sector y la variable tecnológica es más bien poco importante, con lo cual esta cifra no debería ser el resultado de problemas estadísticos (Javorsek 2016: 11). Estos porcentajes equivalen a la infrafacturación de los exportadores españoles de este grupo de armas, una cifra razonablemente coherente con la anterior aunque más exacta que aquella, sobre todo si descontamos el porcentaje razonable de de errores y omisiones.

(6) A esta cifra habría que sumarle la equivalente a los sistemas de armamento exportadas sin autorización o que no llegan a sus usuario final declarado pues son desviadas por el camino. Dadas sus dimensiones y los fuertes controles gubernamentales no parece realista estimar en más del 5% el valor anual de este mercado, aquel que consigue esquivar los controles oficiales, bien en origen, es decir en la aduana española, bien en algún momento de su transporte internacional. Teniendo en cuenta que el valor de los sistemas de armamento exportadas asciende a unos 1.300mill€ nos queda una cantidad de unos 66mill€ que, sumada a la anterior, nos daría una participación de España en el comercio no autorizado de armas de todo tipo de unos 190mill€ al año. La mayor parte de este valor recae en las manos de intermediarios que obtienen su margen de la compra y la venta a terceros países, preferentemente hacia regiones y países en conflicto, que es donde se encuentra una buena parte del mercado mundial. Pero una parte importante del mismo -desde luego el que afecta a los mercados clandestinos de sistemas de armamento- no se realizan totalmente al margen del conocimiento de los gobiernos, en este caso bien del gobierno español, bien de los gobiernos que los adquieren.

(7) La cifra de los mercados internos de armas clandestinas, prácticamente todas ellas pequeñas y ligeras, es mucho más modesta. En España circula un número suficientemente importante de armas no autorizadas como para hacer frente a la demanda de la delincuencia común, de forma que no hay mucha necesidad de importarlas de fuera. La tasa de homicidios en España es comparativamente baja y las acciones armadas ETA, que fue durante años un importante comprador de este tipo de armas aunque mayormente fabricadas fuera de España, han concluido. El narcotráfico también es un demandante importante de armas aunque no todo él, sino sólo los distribuidores medios y grandes de heroína y, en menor medida, también de cocaína, a cuyos participantes se les intervienen frecuentemente armas de fuego, la mayoría de las veces sin haber sido usadas (ver tabla 6). Con todo: las dimensiones del mercado de pequeñas armas de fuego alimentado por los narcotraficantes no debería ser muy importante si tenemos en cuenta su escasa presencia en la distribución de cannabis y un número de distribuidores grandes y medios de drogas que no deberían sobrepasar unos cuantos miles (para el Canadá ver Desroches 2005).

(8) Aunque el número de armas no declaradas que circulan por España es todo menos despreciable. Según datos de la Guardia Civil en el país hay unos 3,5 millones de armas de fuego registradas en manos de civiles, el 90% de las cuales son deportivas (Público 7/12/2010). Sin embargo, “se calcula” -la prensa no da las fuentes de cómo se ha realizado el cálculo- que circulan clandestinamente unas 300.000 no registradas por el país, de las cuales 50.000 son robadas y más del 90% son antiguas, muchas utilizadas en la Guerra de España (entrevista I-16). Este arsenal no sólo alimenta los espacios ilegales de la economía, sino también el mundo del coleccionismo que es relativamente importante. Muchas armas como las pistolas Astra, que tienen su origen en el ejército republicano, habían sido guardadas por los contendientes y estos se las han legado a sus descendientes o vendido en algún momento a terceros. Muchas de ellas siguen siendo operativas, pues las armas de fuego bien conservadas pueden tener una vida útil muy larga con lo cual pueden seguir cumpliendo su acometido muchos años después de ser fabricadas. De hecho, una fracción del mercado de armas pequeñas y ligeras es de doble uso: son armas de coleccionismo pero que son utilizadas ocasionalmente para fines delictivos. No pocos asaltos a mano armada se realizan con esta clase de armas antiguas, entre otras razones porque en España el propósito más frecuente de los asaltantes es el de intimidar antes que el de usarlas: el tiro fácil del tipo que conocemos en los Estados Unidos y otros países americanos, no forma parte de la tradición delictiva española (ver también la tabla 13).

(9) Si el arsenal no declarado asciende a 300.000 armas y el valor medio unitario ronda no más de los 500€ dada la fuerte antigüedad de muchas de ellas (El Mundo 28/3/2017), el valor total de los arsenales o stocks clandestinos no puede superar en mucho los 150mill€. Suponiendo que un 5% de dicho arsenal cambie todos los años de manos, un porcentaje muy elevado pues una parte del stock de armas no declaradas no se vende, sino que se “alquila” lo cual reduce su rotación. Pero dando a pesar de todo este porcentaje por bueno, nos pondríamos en unos 8mill€ que sería el valor anual del mercado interno de armas ligeras no autorizadas en España, de aquellas que cambian de manos todos los años. Este mercado está sufriendo algunos cambios con la aparición de clientes vinculados a grupos armados islamistas de forma que, probablemente haya aumentado algo en los últimos años, pero es muy improbable que las cifras reales superen estas. Si sumamos las tres -armas ligeras de exportación clandestina, sistemas de armamento de exportación clandestina y mercado interno de armas ligeras- llegamos a un mercado no declarado de armas en España por un valor -más máximo que mínimo- de unos 200mill€, un valor al que habría que sumarle otro indeterminado equivalente al de las municiones.

(10) Los datos sobre alijos interceptados refuerzan la modestia de nuestros cálculos. El mayor alijo interceptado nunca en España incluía 9.000 fusiles Cetme, 500 armas largas como subfusiles, rifles y escopetas, más de 400 pistolas y revólveres, 300 ametralladoras, y más de 400 obuses y granadas. Salvo medio centenar, todas ellas eran armas inutilizadas supuestamente destinadas al coleccionismo, pero "fácilmente reactivables” pues en dicha reactivación consiste buena parte del negocio. Si valoramos cada una las 10.000 unidades interceptadas -sin contar la munición- en un valor de venta minorista medio de 600€, nos queda un valor total de 6mill€. Las dimensiones del alijo y el tipo de negocio del armero detenido demuestran que este valor no salía al mercado en un sólo año, sino que se repartía a lo largo de un número indeterminado de años generando unas ventas anuales de no mucho más de 1,5mill€: una cifra coherente con la que acabamos de calcular (Operación Portu). Por otra parte, en 2012 fue interceptado un alijo considerado “muy importante” de armas ligeras no declaradas aunque con un valor total de no más de 400.000€. Dos años después se interceptó “uno de los mayores arsenales de armas en España” incluido un libro de registro sobre entradas y salidas. Estaba compuesto por 148 armas de fuego cuyo valor cifró la policía en unos 600.000€: unos 4.000€ por unidad, un valor que nos parece muy sobredimensionado. En los años de actividad armada de ETA los alijos interceptados era más importantes en cantidad y calidad: había más fusiles y subfusiles de asalto, así como cantidades mucho más importantes de munición pero su valor no sobrepasó prácticamente nunca el millón de euros. Por fin, en 2014 fueron detenidos 15 personas en Valencia por tráfico de armas. Pero el arsenal no comprendía más de ocho pistolas, dos revólveres, una pistola lanza bengalas, un subfusil, tres escopetas de caza, dos rifles de balines y 3.927 cartuchos de distintos calibres (El Mundo 28/3/2017, El Periódico 21/2/2012, Público 25/7/2014, El País 16/9/1985 y Europa Press 29/5/2014 respectivamente). Etc

(11) Nuestros datos son bastante más precisos aunque también están bastante por encima de las estimaciones del equipo de universidades europeas coordinado por el Università Cattolica del Sacro Cuore, aunque no son incompatibles con ellas. Sus autores estiman el valor del tráfico ilegal de armas para Italia en una banda del 300% que va entre los 46 y los 141mill€ en un país con una producción y un mercado exterior de armas entre dos y tres veces más importante que el español, así como una demanda interna de armas no declaradas posiblemente también bastante superior a la española debido a la presencia de cuatro organizaciones mafiosas en su territorio que, en buena medida, se financian con extorsión.

(12) La razón de que las cifras de los investigadores italianos sean tan bajas en comparación con las nuestras son tres. (a) En primer lugar sus autores, que no han desarrollado metodologías de análisis propias, se apoyan en los primeros estudios de SAS publicados en 2001, que daban cifras mucho más modestas para el mercado internacional de armas no autorizadas -de 1.100mill$ para todo el mundo y de 500mill$ para la Unión Europea-. Estos estudios fueron muy mejorados en trabajos posteriores realizados por los propios investigadores del SAS, cuyos resultados se publicaron en ediciones más recientes de sus informes anuales, ediciones en las que sus autores revisan al alza sus propios cálculos anteriores y que no han podido ser tenidos en cuenta por el equipo coordinado por la Università Cattolica del Sacro Cuore de Trento. (b) En segundo lugar el estudio mencionado no tiene en cuenta las armas de guerra, aún cuando pertenezcan a la categoría de armas ligeras, entre las que figuran, por ejemplo, los fusiles de asalto. La razón es que los bajos fondos italianos no suelen interesarse por las armas ligeras, sino por las armas llamadas “pequeñas”. Esta exclusión no parece apropiada para España pues contrasta con la naturaleza de los alijos interceptados en nuestro país y en otros europeos, y que también incluyen en muchos casos armas ligeras aunque -es verdad- en cantidades menores. (c) En tercer lugar dicho estudio deja completamente fuera a las armas pesadas que, si bien están mucho más controladas, es poco probable que no sufran, aunque en grado mucho menor, las metamorfosis jurídicas que hemos descrito. Con todo: nuestros datos son razonablemente coherentes con las dimensiones económicas de los alijos interceptados por la policía española en los últimos años, así como con los porcentajes estimados que representan dichas interceptaciones sobre el conjunto del mercado clandestino y que asciende a entre el 10% y el 20% (Marsh 2002: 220 cit en Savona y Riccardi eds. 2015).

(13) Las cifras del tráfico no autorizado de armas puede generar preocupación, pero no porque permita acumular grandes fortunas por muchos que algunos brokers, que canalizan grandes cantidades de armamento ligero usado de unos conflictos regionales a otros, puedan alcanzar puntualmente este objetivo. Dada la situación de sobreoferta creada en las últimas décadas la rentabilidad del negocio del tráfico de armas pequeñas y ligeras tiende a ser más bien pequeña en épocas normales (así también Savona y Riccardi eds. 2015: 62). No así las operaciones de grandes alijos destinadas a países en conflicto o, más aún, las comisiones de intermediación cobradas de forma más puntual que continuada por los actores vinculados al tráfico de armas pesadas, la mayoría de ellos activos fuera de nuestras fronteras, aunque quizás con presencia intermitente en nuestro país. Pero el que se trate de una cifra modesta no le resta a este mercado un ápice de importancia debido a sus conexiones con el mundo de la delincuencia y su relación con la proliferación de conflictos armados. Ambas cosas le atribuyen a unas cifras modesta un efecto palanca similar al que tienen las dádivas pues en ambos casos cantidades económicas más bien poco importantes pueden promover conductas de consecuencias muy dañinas. Además, el valor de las armas es inversamente proporcional a la velocidad de su difusión: cuanto más baratas sean las armas ligeras, y cierto lo son y mucho en la actualidad, más personas pueden acceder a su uso y más rápido crece su mercado. Nuestras cifras confirman, en todo caso, que el blanqueo de las cantidades ilícitas generadas con el comercio transnacional de armas no autorizadas no tienen capacidad alguna de desestabilizar el sistema financiero internacional, como han venido afirmando algunos autores particularmente “creativos” en los últimos años. A pesar de que existen varios institutos de investigación independientes que monitorizan los mercados de armamentos, las dificultades metodológicas que surgen a la hora de abordar su estudio siguen siendo muy grandes dada la fuerte opacidad de muchos gobiernos y las propias características del sector, y a pesar de que muchos países exportadores son razonablemente transparentes a la hora de hacer públicas sus exportaciones, las licencias concedidas y las rechazadas, así como los países de destino de las mismas, siguen generando cifras negras importantes.

(14) Mientras la exportación de armas ligeras está dominada por unos cuantos productores -15 países concentran el 83% de todas ellas-, la importación autorizada, pero sobre todo la no autorizada están mucho más repartidas y cambia rápidamente dependiendo del mapa de los conflictos. La mayor parte del valor de las armas ligeras no declaradas pertenecen a la subcategoría de “armas y sistemas de armamento ligeros de guerra”, que son las más utilizadas en conflictos armados. Es en el comercio con esta clase de armas donde se concentra el grueso de este mercado ilícito en el mundo. La parte no autorizada del este mercado está calculada en 3.200mill$. Pero si le sumamos los 1.500mill$ equivalentes a las dos partidas señaladas arriba, y que son de las más opacas -las partes y componentes de misiles guiados y los componentes y accesorios de la munición para armas ligeras-, el comercio no declarado de este grupo de armas alcanzaría los 4.700mill$ al año (SAS 2012: 242ss). Las estimaciones del porcentaje no declarado del tráfico de esta categoría de armas a nivel mundial es del 38% aunque esta es una media para todos los países del mundo en la que están incluidos tanto los más como los menos opacos.

32. La organización terrorista ETA y su financiación

ETA (Euskadi ta Askatasuna) es la única organización ilegal con fines políticos que llegó a generar cantidades significativas de activos ilícitos durante un período dilatado de tiempo con actividades de extorsión y secuestros (ver el cap. 12 “La extorsión y los secuestros”).

(1) Fue fundada en 1958 por un grupo de estudiantes militantes de la rama juvenil el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que apostó por la violencia armada para alcanzar la independencia del País Vasco y Navarra (ver “Dinero ilícito y financiación del terrorismo” dentro del cap.16). Sufrió varias escisiones y ramificaciones tales como ETA militar(m), ETA político-militar (p-m), los Cabras, los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), los Komando Bezeriak (Comandos Especiales) o la organización Iraultza (Revolución). Algunas de estas ramas acabaron enfrentadas entre sí, otras desarrollaron acciones y formas de recaudación económica y de uso de recursos en parte propias, en parte coordinadas aunque la mayoría de los sus miembros se fueron integrando con el tiempo en ETAp-m. Alrededor de ETAp-m se fue creando, además, un entramado de organizaciones político-sociales agrupadas genéricamente en el “Movimiento de Liberación Nacional Vasco” (MLNV) coordinado por la “Koordinadora Abertzale Socialista" (KAS) quede facto pilotaban política y también económicamente alrededor de ETA (TS 480/2009).

(2) En su IV Asamblea celebrada en 1964, ETA optó por el modelo de “guerra revolucionaria” basada en el intento de activar una espiral de acción-reacción-acción destinada a provocar una reacción represiva por parte de la dictadura, reacción que incitase a una sublevación de toda la sociedad vasca. Poco tiempo después se impusieron las tesis tercermundistas y etnonacionalistas frente a las más obreristas, tesis que apostaban por desarrollar en el Pais Vasco y Navarra una guerra de guerrillas similar a la que se venía teorizando y practicando en algunos países extraeuropeos. Esta estrategia colocó el problema de la financiación en un lugar central, pues requería de muchos más recursos económicos que los que se venían recaudando con contribuciones voluntarias.

(3) ETA no habría podido desarrollar su actividad si no hubiera conseguido financiarse de forma regular a lo largo de sus casi 50 años de existencia, por mucho que el presupuesto con el que lo hizo en relación con su capacidad de influir en el clima social y político del país fuera más bien bajo. En sus mejores momentos hacia mediados de los años 1980, dicho presupuesto no sobrepasó los 7 mill€ anuales en momentos puntuales -en valor equivalente al de 2006- y su media de ingresos anuales está en unos 5mill€ a lo largo de todo su período de vida. Esto no es mucho dinero en comparación, por ejemplo, con el presupuesto de la organización irlandesa IRA por esos mismos años que era casi cinco veces más elevado (Domínguez Iribarren 2018). Pero dichas cantidades, tampoco menores, fueron suficientes para modificar parcialmente la agenda política que deseaba la mayor parte de la sociedad española y vasca en particular, para reforzar a los sectores menos democráticos del Estado, mejorar la posición negociadora de los nacionalistas vascos en Madrid en detrimento de una visión más simétrica y solidaria de la configuración territorial del país, y también debilitó la posición negociadora de España de cara a su entrada en la Comunidad Económica Europea. Además, creó un clima de degradación moral de una parte importante de la sociedad inmunizándola frente al dolo ajeno, al tiempo que generaba una sensación de miedo y amedrentamiento entre personas inocentes (Díaz Morlán 2018).

(4) La capacidad de ETA de conseguir tanto con tan poco dinero se explica con el acerbo político-organizativo que consiguió acumular en la sociedad vasca, lo cual obliga a relativizar el componente económico del delito, y de los delitos con finalidad política en particular. En sus inicios, la organización se pudo consolidar debido a la falta de legitimidad del régimen franquista. Pudo hacerlo también debido a la ausencia de un estado redistributivo provisto de recursos económicos suficientes y un sistema fiscal moderno que le permitiera crear infraestructuras públicas -educativas, culturales, comunicaciones, subvenciones a la actividad productiva etc- en todos sus territorios siguiendo el ejemplo de otros países a lo largo de los siglos XIX y XX (ver también el comentario 20 “Las causas de la corrupción”). A su alrededor, ETA consiguió generar una red estable de apoyos a sus objetivos políticos que incluía partidos políticos, un sindicato, organizaciones culturales y sistemas de recaudación capilares -por ejemplo a través de las herriko tabernas- que, si bien no iban siempre dirigidos a financiar directamente a la organización armada sino también a su entorno político, estaban directamente conectados con ella. La capacidad de generar dicha red de apoyos es un dato tan llamativo como relevante pues los secuestros y la extorsión están muy criminalizados por la ciudadanía pues no sólo ponen en duda el monopolio estatal en el uso de la violencia, sino que afectan casi siempre a personas inocentes. Su represión es así particularmente intensa y suele contar con la colaboración ciudadana, lo cual obliga a trenzar lazos interpersonales de fidelidad entre los delincuentes particularmente fuertes y estables en comparación con otras actividades delictivas pues a mayor criminalización social más fuertes tienen que ser necesariamente dichos lazos (por ejemplo Lampe 1999 para el contrabando de productos del tabaco, ver también el comentario 61 y el comentario 62).

(5) El conjunto del entramado vinculado a ETA y a sus objetivos consiguió un notable arraigo en una parte de la sociedad vasca, así como una considerable implantación electoral y sindical, en parte gracias a la financiación ilegal de sus actividades política (Merino Pacheco 2018). En 1968 ETA cometió su primer atentado mortal y desde entonces hasta su disolución en 2018, mató a 845 personas, hirió a 2.533, de los cuales 709 con gran invalidez, y amenazó directamente al menos a 15.649. A estas cifras hay que sumarle un número indeterminado de exiliados forzosos y de damnificados económica y psicológicamente (Fernández Soldevilla 2018: 30). Los objetivos de la organización y los métodos utilizados para conseguirlos requirieron de la comisión de delitos predatorios continuados destinados a mantener su capacidad operativa, así como también su influencia mediática y social. Los dos principales fueron los secuestros y la extorsión (ver el capítulo 12 “La extorsión y los secuestros”).

33. Los ingresos económicos de ETA

Los rendimientos económicos no explican por sí mismos la capacidad operativa de una organización terrorista con fines políticos, pero influyen de forma decisiva en la misma (ver el comentario 53 así como el cap. “Dinero ilícito y financiación del terrorismo”).

(1) Hacia mediados de los años 1960, ETA empieza a teorizar la necesidad de extorsionar a empresarios vascos y navarros (ver “Dinero ilícito y financiación del terrorismo” en el cap. 16). A principios de la década siguiente una escisión de su frente militar ideó el llamado “impuesto revolucionario”, un eufemismo destinado a denominar las prácticas de extorsión a empresarios y profesionales, y que fue adoptado por ETAp-m, ETAm así como también por los Comandos Autónomos. Los robos resultaban económicamente insuficientes y excesivamente inestables e inseguros y las nuevas estrategias, inspiradas en la de los tupamaros uruguayos, exigían una fuente de financiación más importante y estable. En 1970 el grupo de “los Cabras” estrenó el nuevo sistema enviando las primeras cartas a empresarios exigiendo el pago de una ”módica cantidad” de unos 250€ por cada trabajador que tuviesen contratado advirtiendo que, en caso de impago, la organización “se vería obligada a tomar represalias reales”. La iniciativa no tuvo éxito, los Cabras fueron desarticulados y la mayoría de sus miembros no detenidos se acabaron integrando en ETApm.

(2) Hacia 1975 ETAmp generalizó el envío de cartas a empresarios y, en la primera mitad de los años 1980, la extorsión. Facilitada esta última por la falta de colaboración del gobierno francés y por la situación de transición política esa conoció por aquellas fechas sus años dorados. Fueron los “años de plomo” también para el resto de la sociedad vasca y las campañas de ETA resultaron tan exitosas que sus propios miembros quedaron sorprendidos de su éxito en la captación de recursos económicos por esta vía (Santos Diego 2018). En el año 1983 se alcanzó la cifra récord del número de atentados directamente relacionados con la extorsión con un total de 22 (Diaz Morlán 2018: 277). La debilidad del Estado, su tierna legitimidad aún en construcción así como la falta de colaboración del gobierno francés, generaron un miedo generalizado entre los empresarios extorsionados y una mayor predisposición a pagar el llamado impuesto revolucionario. La facilidad en el cobro fue tal, que se generó un descontrol y una notable confusión sobre la autoría real de las cartas enviadas a empresarios y profesionales. Porque resultaba tan fácil extorsionar que diferentes fracciones de ETA, pero también grupos sin intencionalidad política alguna, empezaron a mandar avisos de extorsión a los empresarios para lucrarse y sin fin político alguno, una situación que llevó a ETA a reactivar la práctica de los secuestros como forma de financiación para así dar un golpe encima de la mesa destinado a visibilizar que la organización no estaba dispuesta a aceptar la pérdida de su monopolio en estas lucrativas prácticas ilícitas.

(3) El objetivo que perseguía la organización con la reactivación de los secuestros era efectivamente recuperar el monopolio sobre las prácticas de extorsión, pero también mejorar los rendimientos económicos obtenidos a través de la práctica de los secuestros. Los secuestros elevaron la rentabilidad de la extorsión -el margen entre los recursos obtenidos y los costes de la misma- que pasó a estar controlada más directamente por el núcleo dirigente de ETAmp, y consiguiendo con ello acceder a una fuente de financiación relativamente estable que permitía disponer de recursos suficientes, no sólo para adquirir armas, pagar la manutención del sus miembros y la logística de los atentados, sino también para financiar su entorno civil, el llamado MLNV. El hecho de que el naciente estado democrático se viera incapaz, por aquellos años, de proteger a todos los extorsionados también redujo el coste económico de estas prácticas disparando los ingresos netos de la organización. Gracias a la colaboración y el silencio de una parte considerable de la sociedad vasca descritos por Fernando Aramburu en su novela “Patria” -precedida, por cierto, por la también excelente novela de Raúl Garrido Guerra “Lectura insólita de El Capital” que recibió el premio Nadal en 1977-, la construcción de un clima de miedo y amedrentamiento redujo la necesidad de enviar cartas amenazadoras simplificando la negociación de las condiciones de entrega del dinero. El coste del sistema de extorsión fue aumentando, sin embargo, en la segunda mitad de los años 1980 debido a la activación de la colaboración del gobierno francés con el español, una colaboración que empezó a dificultar seriamente el cobro de las cantidades exigidas elevando el riesgo de detención y a reducir la capacidad de presión que ejercían los etarras sobre los extorsionados.

(4) El debilitamiento del flujo financiero a partir de la segunda mitad de los años 1980 se tradujo en una reducción de las actividades civiles y de la propia lucha armada empujando a la organización a intentar mejorar su financiación por otros medios. Para ello intensificó los secuestros con finalidad económica -entre ellos los llamados “secuestros express” (ver abajo)-, creó un sistema interior de recaudación basado en la organización de células activas en España con finalidad exclusivamente económica, extendió la extorsión a empresas situadas fuera del Pais Vasco y Navarra, exploró la profesionalización y la burocratización de los procedimientos utilizados para captar y recaudar fondos, flexibilizó las condiciones de pago admitiendo los pagos fraccionados, y empezó a cometer el error de usar las TICs para racionalizar la gestión de su economía.

(5) Pero no solo, pues a partir de ese momento también incluyó a los familiares de las víctimas en el sistema de amenazas, así como a otros colectivos tales como deportistas, cocineros o incluso simpatizantes de la propia izquierda abertzale y al grupo cooperativo Mondragón. El objetivo era mejorar su financiación a toda costa para poder mantener su agenda política. Sin embargo, el resultado obtenido fue el contrario: el aumento del coste político, económico y también simbólico de la extorsión, así como un a pérdida importante de los apoyos -activos y pasivos- con los que podía contar hasta entonces. ETA intentó responder a esta situación reactivando los secuestros sin finalidad económica destinados a mejorar la deteriorada imagen de la organización tales como el del funcionario de prisiones Ortega Lara en 1996 con el que ETA pretendía hacerle un guiño a los familiares de los presos y a sus simpatizantes con el fin de reforzar su fidelidad y su activismo económico y político. Pero tampoco esta estrategia dio los resultados esperados, lo cual llevó a ETA a iniciar en el año 2000 una nueva ola de atentados contra empresas y empresarios que se prolongó varios años más, y que incluyó al presidente de la patronal guipuzcoana cuyo asesinato resultó lo suficientemente amedrentador para los empresarios vascos, que ETA consiguió mejorar temporalmente el flujo de ingresos procedentes de la extorsión.

(6) El total de ingresos conocidos obtenidos hasta el año 1986 a través de la extorsión asciende a unos 21,5mill€ de 2006 acumulados mayormente en los años 1985 y 1986, una media de 2,6mill€ anuales de 2006 para el período 1980-1986 que se puede considerar la edad de oro de la larga vida de ETA. Pero en los años 1990 los ingresos de la extorsión no sobrepasaban ya los 500.000€ anuales debido a las dificultades nacidas de la colaboración entre los gobiernos francés y español. Entre 2001 y 2010 la organización sólo consiguió obtener 900.000€ -90.000€ anuales- a través de este procedimiento a pesar del aumento de los atentados a comienzos de esta década y del incremento de los secuestros unos cuantos años antes. En total la organización extorsionó a casi 10.000 personas, preferentemente empresarios y profesionales liberales y sus crecientes problemas de financiación, unidos a su aislamiento político, explican el aumento de las detenciones y la propia declaración de la tregua definitiva en 2011 (Domínguez Iribarren 2018: 128ss).

SEGUNDA PARTE: LA CIRCULACIÓN NACIONAL DE ACTIVOS ILÍCITOS

34. El efecto descontaminador de las amnistías fiscales

Las amnistías fiscales contribuyen a reducir el stock de ilícitos en la economía de un país (ver “Flujo y stock de la economía ilícita” en el cap. 14.). ¿Cuántos ilícitos ha descontaminado la última amnistía fiscal en España?

(1) Sólo afectan a los activos ilícitos que aún no han prescrito, es decir a un máximo de una fracción de aquellos activos acumulados a lo largo de los seis últimos años, en el caso de la amnistía del 2011 de los tres anteriores a dicha amnistía (2009, 2010 y 2011) (ver “Delito fiscal y blanqueo de capitales” en el cap. 14). La cantidad aflorada en esta última fue la diferencia entre los 87.000mill€ declarados por los contribuyentes en 2012 en concepto de depósitos colocados en el extranjero, y los 47.000mill€ de dichos depósitos que ya se conocían antes de esa fecha, en definitiva a unos 40.000mill€ que hasta entonces permanecían ocultos en el extranjero. Esta cantidad no equivale a todo el dinero español oculto fuera de España, pues una parte de él -normalmente la de los delincuentes más adinerados- prefirió seguir oculto en el extranjeros sin hacer uso de la amnistía pues sus tenedores, aunque residentes en España, no necesitan disponer de él sino que se conforman con cobrar las rentas generadas por su patrimonio oculto depositándolas en fundaciones familiares (muchas erradicas en Liechtenstein y cada vez más en Panamá), o en otros espacios que, aunque costosos de mantener, resultan muy seguros para sus tenedores. A ello se suma la posibilidad de hacer retornar dicho patrimonio a España a través del movimiento de grandes denominaciones previa contratación de brokers de efectivo y transportistas profesionales (ver el cap. 16 “Los grandes billetes en España”).

(2) Resulta imposible conocer el origen de dichos 40.000mill€ aunque el haber sido ocultados los hace en todo caso sospechosos. Pero no toda esta cantidad es dinero ilícito pues incluye, además: a.) las bases imponibles de los delitos fiscales- y b.) la suma entre bases imponibles y las cuotas defraudadas equivalentes a los casos de fraude fiscal no incriminables penalmente, es decir, por debajo de 120.000€ anuales por cada un de los delitos. Tanto el dinero del fraude fiscal como el dinero del delito fiscal tiene una fuerte tenencia a salir del país para ocultarse, pues al viajar siempre unidas las cuotas defraudadas y las bases imponibles, suma cantidades muy elevadas que resultan más difíciles de ocultar o de transformar dentro del país pero sin que todas estas cantidades tengan que ser por ello necesariamente ilícitas.

(3) La presión fiscal media efectiva del dinero que sale del país para ocultarse y transformarse está por debajo de la media estimada para todo el país por Peláez Martos en 36%. Esto se debe a la mayor capacidad de las grandes empresas y de los muy grandes patrimonio, que son los actores más activos en el ocultamiento de activos fuera del país, de beneficiarse de toda clase de exenciones (De la Torre 2014). Todo ello nos lleva a admitir como aceptable la fijación de una media del 25% -tirando bastante por lo alto- equivalente a la presión efectiva a la que están sometidos los activos españoles ocultos en terceras jurisdicciones. Suponiendo que el 85% de dichos 40.000mill€ tienen un origen fiscal, y suponiendo que sólo una cuarta parte de dicho dinero equivale a cuotas no ingresadas -el resto serían bases imponibles, es decir, dinero legal- en ese caso nos ponemos en unos 8.500mill€, que sería la suma entre la cantidad estrictamente no legítima -ilegal- y de la cantidad equivalente a la evasión fiscal por debajo de 120.000€ por año y delito, y que ha sido efectivamente amnistiada en 2012. En esta cantidad habría que descontar los activos que, tras ser investigados por el SEPLANC, pudieron ser identificados como procedentes de delitos no fiscales, probablemente una parte bastante pequeña: los cohechos que pudieron abandonar el país, el dinero del (gran) narcotráfico que ni regresa a los países exportadores de drogas ni se queda en España para blanquearse, sino que se aparca en cuentas opacas situadas en terceros países etc. Si tenemos en cuenta que los activos afectados por la amnistía fiscal fueron generados sólo a lo largo de los tres años anteriores dicha amnistía, no quedamos en unos 3.000mill€ en ilícitos amnistiados generados a lo largo de un solo año, una cantidad que representa no más del 6% de toda la renta ilícita anual del país. Aunque ni siquiera esta cantidad es todo dinero ilícito, pues incluye las cuotas no ingresadas por importes inferiores a los 120.000€ anuales, con lo cual la cantidad de los ilícitos efectivamente descontaminada habrá ascendido en este caso a una fracción no determinada de dicho 6%. Estos datos permiten hacer una estimación del ritmo de salida anual de activos ilícitos en busca de su ocultamiento o su transformación fuera del país, ilícitos que en algún momento hacen un viaje de ida y vuelta al extranjero después de haber sido generados en activos ilícitos dentro de España: los mencionados 3000mill€ a los que habría que sumar una cantidad indeterminada equivalente a los ilícitos que no aspiran a regresar a España a medio plazo.

35. El blanqueo como delito autónomo: jurisprudencia en contra y a favor

La jurisprudencia ofrece tanto argumentos en contra como a favor de la consideración del blanqueo de capitales como delito autónomo con respecto a los delitos precedentes (ver “El autoblanqueo” en el cap. 14).

(1) Jurisprudencia en contra de la consideración del blanqueo como delito autónomo

“No es posible la penalización autónoma de la ocultación o transformación de los efectos del delito a quien a su vez ha sido castigado como autor del primer delito, pues el art. 368 CP ya contempla actos de tráfico, en los que van implícitas las ganancias, que en un afán de agotamiento del delito, el sujeto agente trata de aprovechar y ocultar” TS 575/2003. Ver también AP LP 413/2009.

(2) Jurisprudencia a favor de la consideración del blanqueo como delito autónomo

En sendas sentencias leemos argumentos como los que siguen: “Si se produce la coincidencia de autores en actividades de generación y blanqueo nos encontraremos ante un evidente concurso real y no ante un modalidad de absorción ya que las conductas adquieren relevancia penal y criminológica autónoma y permiten su aplicación conjunta como suma de actividades delictivas de distinto carácter y con bienes jurídicos de distinta naturaleza afectados. En consecuencia estimamos que no existe duplicidad sancionadora y que la decisión adoptada respecto de la participación de incriminación doble de los delitos contra la salud pública y blanqueo de dinero está ajustada a la más estricta legalidad”
O también: “No se pretende con la punición del blanqueo castigado directamente el delito base o delito de origen (aquel que genera los bienes que luego se tratan de transformar en el mercado lícito), delitos que tienen una respuesta penal distinta y autónoma. En la persecución del delito de blanqueo se trata, fundamentalmente, de dificultar el agotamiento de dichos delitos en lo que se refiere a la obtención de un beneficio económico extraordinario (auténtica finalidad perseguida con su ejecución)” LP 138/2006 y AP M 255/2010 respectivamente. En un sentido similar TS 575/2003 y TS 928/2006.

36. Ingresos y gastos de los distribuidores minoristas de drogas

Los pequeños distribuidores, menudeadores o “camellos” son los actores más numerosos que intervienen en el tráfico de drogas (ver “La economía del menudeo” en el cap. 15 y la tabla 13).

(1) Hemos visto que el porcentaje del VA que recae sobre la distribución minorista asciende a entre el 52% y el 57% del valor de las ventas finales dependiendo de la sustancia traficada (ver tabla 6). Los datos de la tabla 12, que recoge el destino que los pequeños distribuidores de las calles de la zona de Washington le daban a sus ingresos hacia principios de los años 1990, y que, con algunas modificaciones, son aplicables a la pequeña distribución en la zona sur de la Comunidad de Madrid, nos proporcionan datos valiosos sobre este particular. Los precios reales de las sustancias se han reducido a la mitad desde el año 1990 en que se hizo el estudio señalado y el consumo se ha duplicado desde entonces en España. Esto quiere decir que, si bien el valor de las ventas que recaía sobre cada distribuidor en aquellos años -algo más de 4.000$ al mes- ha permanecido probablemente constante en términos nominales, el porcentaje que representan los beneficios han caído de forma significativa tal y como se recoge en el estudio encargado por la Comisión Europea (Reuter y Trautmann eds. 2009) y como también nos confirman nuestros informantes que calculan unos beneficios medios en el menudeo de cannabis y de cocaína de entre el 45% y el 60% para el entorno de la periferia sur de Madrid. A esto se suma que la inflación acumulada ha reducido al menos el 50% del poder de compra de los 4.200$ a principio de los años 1990, aunque nada de esto afecta a los porcentajes calculados por Reuter et al. (1990), que son lo que interesa aquí.

(2) Se aprecia que los distribuidores minoristas de la zona de Washington ingresaban hacia el año 1990 unos 4.200$ mensuales en concepto de ventas y que casi el 33% de dichos ingresos se dedicaban a adquirir sustancias nuevas destinadas a la reventa, bien con fondos propios (29%) bien con fondos ajenos a través de préstamos (4%): unos 1.400$ mensuales. Este dato demuestra la importancia que tienen las relaciones crediticias en los espacios de la pequeña distribución, relaciones van ganando importancia a medida en que se sube en la escala de la distribución mayorista. Los impagos de estas deudas están precisamente en el origen de una buena parte de la violencia armada -o en la amenaza de ejercerla- que se vive en estos espacios. Esta violencia no es muy elevada en España y tiene su mayor presencia en los espacios de la distribución de heroína, sobre todo en sus eslabones medios y altos, así como, en menor medida, en los espacios de la gran distribución de cocaína, aunque es residual en la del cannabis.

(3) El 22% de las ventas y un tercio de los beneficios de los pequeños distribuidores norteamericanos -casi 900$ al mes- se destinaban a autoconsumo de drogas, es decir, acaba alimentando el propio narcotráfico. Las cifras de la tabla 12 demuestran que el margen del negocio era muy importante hacia 1990 -del 67%- y los beneficios también -62% de las ventas- pues los gastos asociados a la distribución minorista eran pequeños -del 5% de la ventas-. Hacia el año 2015 estos beneficios han disminuido debido al incremento de la represión y el riesgo, así como a la reducción del precio del gramo en la calle: hace falta mover más droga para alcanzar la misma cantidad de ingresos brutos y netos, lo cual eleva el riesgo de ser interceptados y, con ello, los propios gastos a desembolsar por cada gramo vendido. De los 2.600$ en concepto de beneficios, algo más de 1.000$ se destinaban a consumo corriente, unos 430$ a ayuda familiar y un resto -150$- a la concesión de créditos a otros pequeños distribuidores. De hecho, muchos pequeños traficantes viven “con su mamá” (Levitt 2006), un dato importante para España, país en el que la edad de emancipación de los jóvenes es una de las más altas de Europa.

(4) En rigor, sólo la suma entre consumo propio y ayuda familiar -el 37% de las ventas y el 60% de los beneficios- tienen que ser transformados, es decir, “blanqueados” en el sentido etimológicamente estricto de la palabra, en ambos casos a través del consumo corriente (ver “Consumo regular y consumo suntuario” en el cap. 16). Los datos de la tabla 12 son algo superiores a los del menudeo en España pues en 2018 un distribuidor minorista de cannabis a tiempo completo vendía por unos 3.000€ mientras uno de cocaína sobrepasa los 4.500€ -no tenemos datos para la heroína-, lo cual da una media próxima a los 4.000€ (entrevista PE 14). Según nuestros informantes el porcentaje de las ventas destinado al autoconsumo podría ser más elevado en España que en los ambientes norteamericanos analizados por Reuter y su equipo en 1990: del 30% en los grandes municipios del sur de Madrid. Los datos de Letizia Paoli sobre el autoconsumo en los espacios del menudeo de heroína en Rusia y de diversas drogas en Alemania hacia el año 2000, son en todo caso similares a los españoles, pues en dichos países el porcentaje de las ventas dedicadas a autoconsumo superaba el 30% de los ingresos brutos (Paoli 2002, así como Sieber y Bögel 1993 y, más recientemente, http://www.ign.com/boards/threads/how-much-does-the-average-drug-dealer-make-a-week.193409258/). También los datos del estudio realizado en 1990 son razonablemente coincidentes en este punto con los aportados por nuestro informante, un pequeño distribuidor de cannabis del sur de Madrid que desarrolló esta actividad a tiempo completo durante varios años, y que también maneja información directa sobre la pequeña distribución de cocaína. Los 100€ que se gastan un distribuidor en adquirir cannabis en Cádiz, se convertían en unos ingresos de 250€ producto de su venta en la capital y alrededores, lo cual da un margen del 60%, un 7% menos que en el Washington de 1990.

(5) Dicho margen se dedica, en primer lugar, a pagar los viajes de ida y vuelta y otros gastos menores de compra t distribución que, en cualquier caso, están claramente por encima del 5% que declaraban los menudeadores de la zona de Washington. Por el contrario, 100€ invertidos en comprarle cocaína a un distribuidor medio sólo se convierten en unos 110€ de ingresos en España reduciéndose el margen al 10% con lo cual sólo elevando la cantidad invertida puede aumentar el porcentaje de valor añadido y los beneficios netos gracias a los descuentos obtenidos por la compra de mayores cantidades. Esto explica que en la distribución minorista de cocaína también se asocien muchas veces varios pequeños distribuidores con el fin de reunir el capital suficiente para comprar mayores cantidades, y una situación similar en la que unos márgenes escasos llevan al aumento de las compras con el fin de obtener descuentos también se da en la distribución de drogas sintéticas (entrevista PE-14).

(6) La similitud de los porcentajes entre ambos países y en fechas tan separadas demuestra que, a pesar de la naturaleza cambiante y compleja del menudeo, este se mueve en unas dimensiones económicas y unas estructuras de comportamiento razonablemente estables. No cabe duda que la tasa de beneficios -que no la masa de beneficios- del menudeo es decididamente alta, lo cual explica el la constante entrada en el negocio de nuevos actores a pesar del elevado número de detenciones: unas 18.000 al año en España -unos 170.000 en toda la Unión Europea-, en su inmensa mayoría pequeños distribuidores MS (2011: 214). Los minoristas contrarrestan la caída de las ventas reduciendo el índice de pureza y poniendo en peligro la salud de los consumidores, lo cual hace aumentar los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas, sobre todo, con el consumo de cocaína (MS 2016: 188).

(7) En definitiva: si aplicamos a España los datos de la tabla 12 modificándolos con nuestros propios hallazgos, obtenerlos los siguientes flujos económicos de la distribución minorista: de los 4.000€ anuales que obtiene cada pequeño distribuidor de la venta minorista de las tres principales drogas (1) unos 1.500mill€ -el 35%- se reinvertirían en la compra de nuevas sustancias con lo cual acabarían en las manos de los distribuidores medios; (2) unos 500mill€ -el 13%- se traducirían en gastos de distribución y (3) unos 2.000mill€ -el 50%- equivaldría al margen de beneficios limpios. De dicho margen (4) al menos unos 1.400mill€ se destinaría a autoconsumo, el resto, es decir unos 600 mill€, acabaría en autoconsumo de drogas y el 13% restante en ayudas familiares así como en préstamos a otros narcotraficantes.

37. El control de los mercados mayoristas de drogas en España

La distribución mayorista y la importación genera un margen económico importante. Dependiendo del lugar de residencia de los distribuidores y de sus estrategias de blanqueo, este margen puede, o bien transformarse en España en consumo, activos inmobiliarios y financieros, automóviles etc. o ser transferida parcial o íntegramente a los países de residencia de importadores y distribuidores. ¿Qué parte? (ver “La circulación de los activos de cuello azul” en el cap. 16).

(1) En la tabla 14 se aprecia que el tráfico mayorista de heroína es controlado sólo en un 49% por no residentes en España, mayormente turcos erradicados en Alemania y Turquía, y menos aún el tráfico mayorista de cannabis que es controlado sólo en un 33% por no residentes, mayormente marroquíes. En todo caso es más que probable que los no residentes sean menos de los que sugieren estas cifras, pues es más fácil interceptar el dinero que sale de España en dirección a otros países que el que se queda, oculta o transforma dentro del país.

(2) Una parte muy importante de la actividad mayorista es “mixta”, es decir, está en manos de grupos en los que intervienen tanto personas que tienen su residencia fuera de España como de otras que invierten los activos ilícitos en nuestro país, sea cual sea su nacionalidad. Esta colaboración entre residentes y no residentes se refleja también en la nacionalidad tanto española como no española de los imputados en algunos grandes casos de blanqueo. Esto sucede en mayor medida con el tráfico mayorista de cannabis probablemente debido a la mayor participación de españoles en el mismo, con lo cual una parte mayor de los activos cosechados por este negocio se quedan en España antes que en Marruecos. Los mayoristas -españoles o no- que invierten todos sus activos en España acaparan así una parte no despreciable del negocio mayorista, sobre todo de la heroína.

(3) Si repartimos a partes iguales los porcentajes controlados por las tramas compuestas tanto por residentes como por no residentes podemos llegar a la conclusión razonable de que los no residentes controlan hacia el 70% del tráfico mayorista, un porcentaje que llega hasta el 77% en caso de la cocaína pero que no sobrepasa el 50% en el caso de la heroína, aunque el real seguramente esté algo por debajo de estos porcentajes por las razones señaladas. Si esto fuera cierto, todos los años no saldrían más de 1.300mill€ hacia los países productores -de tránsito en el caso de la heroína-, de los cuales algo más de 900mill€ lo hacía hacia Colombia y unos 330mill€ hacia Marruecos. Es un viaje arriesgado que no sólo genera costes relacionados con el envío en efectivo o a través del sistema financiero, sino que además está expuesto a nuevas confiscaciones que también reducen la rentabilidad media del negocio. Sabemos que dichas confiscaciones pueden ascender al entorno del 15% de los ingresos brutos, lo cual quiere decir que no mucho más de 1.100mill€ llegarían efectivamente a los países señalados.

38. Los flujos económicos de otros delitos de cuello azul

La circulación de los activos procedentes del contrabando de productos del tabaco, de los grandes robos y hurtos, de los coches robados, de los rendimientos de la prostitución coactiva y del tráfico no autorizado de armas, se suman a los recorridos de aquellos otros procedentes de los delitos de cuello azul (ver “La circulación de los activos de cuello azul” en el cap. 16).

(1) Los flujos del contrabando de productos del tabajo (PPT)

Como mínimo la mitad de los activos generados en España con la venta minorista de tabaco clandestino -unos 600mill€- acaba en manos de familias con ingresos modestos para las que esta actividad constituye un complemento económico importante a sus ingresos legales obtenidos casi siempre en la economía informal.
En el Berlín de los años 1990 se podían ingresar diariamente un par de cientos de euros brutos por dedicarse a tiempo completo a la venta minorista de PPT de contrabando sin contar los gastos, pero este volumen de ingresos, obtenido en una situación excepcional como la de la Alemania del Este en los años 1990 no se puede extrapolar a situaciones más normales y menos aún a la España actual.
Se trata, en todo caso, de cantidades muy diseminadas entre muchos actores que se transforman mayormente en consumo corriente de familias modestas, la mayoría residentes en zonas fronterizas como el campo de Gibraltar o las inmediaciones de Andorra. Los grandes distribuidores e importadores que compran y venden en grandes cantidades están mejor situados socialmente y tienen contacto con el mundo de la actividad empresarial legal -preferentemente los negocios de importación y exportación- lo cual les permite mezclar los beneficios ilícitos con ingresos lícitos, por ejemplo consolidándolos en las cuentas de resultados de sus empresas, que es lo que persiguen.
Prácticamente no existen investigaciones para determinar el número estimado de mayoristas activos en el contrabando de PPT, algo que no parece fácil pues la mayoría son empresarios legales que compaginan esta actividad con otras legales. La rentabilidad de esta actividad ilícita en España es, en cualquier caso, menor que en otros países con impuestos al tabaco más elevados.

(2) Los flujos de los grandes hurtos y robos

De los 2.000 mill€ de activos generados con robos y hurtos por un valor superior a 400€, 1.000€ proceden de grandes hurtos en tiendas, una cantidad que probablemente se traduzca casi en su totalidad en diversas formas de consumo. Solo el 20% del valor de los robos en edificios -unos 250mill€ de un total de 1.100mill€- equivalen a valores líquidos o casi líquidos tales como dinero, joyas, diamantes o relojes mientras que el resto son preferentemente ropa y electrónica de consumo.
Si tenemos en cuenta que estos objetos se pueden vender a un máximo del 30% de su valor en el mercado de segunda mano -cada vez más a través de páginas web- los importes de las ventas no dan para mucho más que para transformarse en consumo corriente y, de forma puntual, suntuario, quizás también en algún utilitario. Esto es así cuando el delincuente vive en España, aunque a medida en que cae el valor de los productos nuevos en el país una parte creciente de los productos robados se vende fuera de la UE, mayormente en Marruecos o en países del Este de Europa donde pueden generar mayores márgenes, márgenes que, en todo caso, también son desviados mayoritariamente hacia diversas formas de consumo antes que a inversiones.

(3) La circulación del valor de los coches robados

Los 350mill€ que representa el valor de los vehículos no recuperados por la policía circulan de una forma más compleja que depende de si sus autores son delincuentes organizados en grupos o delincuentes individuales asistidos, si acaso, por algún que otro cómplice. Los últimos, que perpetran robos de forma más ocasional, acumulan cantidades menores, mientras que los grupos organizados lo hacen de forma (algo) más estable y reiterada. En Alemania, una parte muy importante de los vehículos robados se destinaban en los años 1990 a la exportación, una operación que requiere de grupos más estables. En la primera mitad de los años 1990, un período en el que eclosionó la demanda de vehículos de gama alta de segunda mano en los países del Este de Europa, el 40% de todos los robos de coches los realizaban esta clase de grupos, y en la España de hoy este porcentaje no debería ser muy superior al 20%, lo cual equivaldría a una cantidad no muy superior a 100mill€ anuales, y que recaería sobre este grupo de actores.
El estudio de los usos y las costumbres de los ladrones de coches alemanes revela un perfil comparable al de los grandes narcotraficantes del segundo grupo pues traducen los activos delictivos en consumo regular y suntuario de forma similar: “literalmente se dilapida en ropa, alimentación, juego, en la compra de automóviles (nuevos) y de joyas” (Sieber y Bögel 1993: 111). Según el estudio de Sieber y Bögel referidos a la Alemania de principios de los años 1990, el 75% de los beneficios obtenidos por estos grupos se repartían entre los jefes/organizadores -para España estos serían unos 70mill€- y el resto -unos 30mill€ para España- entre los miembros rasos de la “tropa”: personas de contacto, localizadores de vehículos, falsificadores de documentos, los propios ladrones de vehículos, los conductores y depositadores de vehículos etc..
En la Alemania de los años 1990 estos actores solían recibir una cantidad fija por vehículo de entre 500€ y 2.000€ dependiendo del modelo y de la cotización del mismo, una cantidad que no da para mucho mas que para consumo, preferentemente corriente. Con lo cual sólo los “jefes” tienen capacidad de acumular cantidades potencialmente transformables en bienes duraderos una vez descontados los gastos de consumo suntuario propios de una vida derrochadora. Otra parte de los activos procedentes de los robos organizados de vehículos circula a través de los servicios de intermediación comercial ofertado por exportadores legales dispuestos a falsificar documentación. Estas transacciones son importantes, pues una parte probablemente mayoritaria de los vehículos robados tiene mejor salida fuera que dentro de España debido a la elevada oferta de vehículos baratos y lealmente limpios de segunda mano. No deberían ser, en ningún caso, cantidades superiores a los 150mill€ que también acabarían mayormente en consumo, en algún vehículo de segunda mano y, quizás, en algún que otro bien inmueble ubicado en el barrio popular de algún país en vías de desarrollo.

(4) Los flujos económicos de los rendimientos de la prostitución coactiva

El elemento central para poder explorar los designios de los entre 300mill€ y 400mill€ que generan las mujeres explotadas sexualmente en España depende del número de actores que se reparten estos ingresos por cada nivel de la cadena de VA, o mejor: sobre el número de mujeres que recae sobre cada pasador, sobre los tratantes y sobre los empresarios del sexo. Como sucede con el narcotráfico, la diferenciación entre estos tres eslabones es analítica y los cambios y los procesos de concentración y desconcentración de eslabones en unas manos y en otras, son constantes. Estos cambios dependen, también aquí, de la evolución del mercado del sexo, de la presión policial, de la criminalización social de esta clase de prácticas y también de la propia situación en los países de origen de las mujeres: cuanta más miseria, inseguridad, hambre o peligro más mujeres habrá dispuestas a iniciar la aventura y menos será su capacidad de presión a la hora de liberarse del tratante.
Pero así como la distribución mayorista de drogas tiende a concentrarse en un número más bien pequeño pero cambiante de actores que, en cualquier caso, resultan insuficientes para crear o mantener estructuras cartelizadas, sólo es posible también generar concentraciones económicas importantes cuando la función de la trata y la del empresariado del sexo recaen sobre las mismas personas o los mismos grupos. La razón es que, mientras el grueso del excedente recae sobre los tratantes -muchos con residencia en España y nacionalidad española- los propietarios de los locales de alterne -prácticamente todos con residencia en España- se llevan el 40% de los ingresos brutos generados por el trabajo de las mujeres. Si bien los gastos de estos últimos son superiores a los de aquellos, también tienen muchos más gastos tales como el pago de alquileres, gastos de limpieza, guardias de seguridad. En todo caso la combinación entre trata y explotación de los locales de alterne genera la mayor concentración de ingresos en menos manos, razón por la cual algunos empresarios ambiciosos del sexo intentan incursionar en el campo de la captación y la trata de mujeres.
Para gestionar sus inversiones los empresarios del sexo tienen que manejar un horizonte de planificación y una cultura de la contabilidad similar a la que se da en el mundo de las empresas legales, lo cual no es el caso de los tratantes que simplemente intentan alargar lo más posible el tiempo de “devolución” de la deuda ficticia. Esto explica que en todos los casos económicamente relevantes que conocemos, los imputados cumplan tanto las funciones de los tratantes como de empresarios del sexo: son personas que regentan locales pero que además participan del sometimiento de las mujeres a un régimen de explotación, en algunos casos acompañado por tareas de captación de mujeres.
En el caso Prostíbulos los acusados explotaban aparentemente -no disponemos de la sentencia- a 400 mujeres en 3 locales próximos a la frontera con Portugal, y entre ellos se encontraban tanto empresarios del sexo como de tratantes. En otro caso (AP BU 836/2001) el propio propietario del prostíbulo se encargaba de organizar las operaciones de captación de mujeres en países de América Latina. Sólo en estos casos, en los que tratantes y empresarios del sexo actúan conjuntamente, se han podido intervenir cantidades de activos importantes: de efectivo, de coches de lujo o varios pisos, incluso alguna embarcación de recreo de gama más bien baja (ver tabla 13).
Pero los casos más frecuentes no son estos, sino aquellos otros en los que los empresarios del sexo se limitan a alquilar sus instalaciones tanto a mujeres “libres” como a otras sometidas a la explotación de tratantes. Los captadores y algunas veces también los propios tratantes -dos funciones que a veces recaen sobre la misma persona- tienen fuertes vínculos con sus localidades y países de origen de forma que una buena parte del dinero que ingresan -unos 7mill€- acaba en dichos países, países que suelen ser también los lugares de origen de las propias mujeres tratadas. Esta cantidad se suele convertir en la mayoría de los casos en negocios de subsistencia, así como en consumo corriente y suntuario, muchas veces en beneficio de las familias de las mujeres tratadas. Las cantidades generadas cada año por esta actividad representan, en cualquier caso, una cifra menor que sólo puede llegar a sumar cantidades importantes si las actividades se van manteniendo con los años y si, una vez familiarizados con el país de destino, los traficantes o pasadores optan por convertirse en tratantes ellos mismos. Esto último sucede con alguna frecuencia, pues la relación de confianza que tienen con las mujeres les permite convencerlas de que la deuda ficticia no lo es realmente, con lo cual no necesitan hacer uso de la violencia consiguiendo elevar así la tasa de explotación.
El uso que hacen los pasadores de estos activos suelen obedecer a los cánones de las personas de cultura tradicional que han accedido en poco tiempo a un dinero fácil: consumo suntuario altamente simbólico que refuerza su nuevo estatus económico, juego, gasto en drogas ilegales, acciones de beneficencia destinadas a acumular recursos simbólicos en las localidades de origen de las mujeres con el fin de facilitar la captación de otras nuevas, fiestas ostentosas y, en general, comportamientos poco o nada racionales económicamente. Son prácticas, una vez más, casi idénticas a los que conocemos de los grandes narcos del segundo grupo, y que sugieren una fuerte afinidad cultural entre ambos ambientes de cuello azul (ver “Grandes importadores y distribuidores” en el cap. 15.

(5) Los flujos económicos del tráfico de armas no autorizadas son particularmente opacos aunque conviene diferenciar dos.

(a) En primer lugar está la circulación de los aproximadamente 200mill€ exportados que no han sido declarados por los 180 fabricantes españoles de armas tanto pequeñas/ligeras como también pesadas, y que son vendidas por encima de su precio en los mercados legales y los beneficios adicionales acaban consolidados en la contabilidad de dichos fabricantes. Los personajes que más ganan en estas operaciones son los intermediarios -españoles y no españoles- que compran a las empresas españolas y venden a grupos armados y a gobiernos embargados, bien directamente bien a través de segundos o terceros intermediarios. El domicilio principal de estas personas es incierto, pero sabemos que no pocos de los ofertantes de servicios black office invierten y gastan sus ingresos limpios en las costas españolas donde destinan sus recursos sociales y simbólicos a abrir nuevas oportunidades de negocio y donde, además, traducen sus ingresos en consumo suntuario e inversiones inmobiliarias (ver tabla 13).
Los beneficios de la intermediación pueden ser aquí porcentualmente importantes, pero sólo se traducen en cantidades realmente significativas cuando aumenta el volumen de las operaciones, algo que no sucede probablemente de forma continuada. Este sector es particularmente sensible al pago de dádivas a las autoridades de tránsito, dádivas que requieren de un trabajo de relaciones públicas previo que obligan a moverse cerca de los ambientes de la oficialidad de muchos países, y de los lugares en los que esta y sus familias gastan su tiempo libre como sobre todo la Costa del Sol. Además, obliga muchas veces a entrar en contacto con delincuentes locales que también piden sus comisiones a cambio de no bloquear el transporte de un alijo, contactos en todo caso arriesgados que se traduce en las altas comisiones que ingresan los traficantes. Por lo general, los mediadores en operaciones de compraventa de sistemas de armamento suelen estar sólidamente integrados en el mundo de la legalidad: en el tejido empresarial legal pero también en los espacios políticos y administrativos de los gobiernos a los que intentan vender sus servicios de mediación.
(b) En segundo lugar están los actores que se reparten los 8mill€ equivalentes a las ventas clandestinas de armas ligeras y municiones dentro de España. Los beneficios de dichas ventas los ingresan los actores que ofrecen este tipo de armas, muchas veces una vez descontado el coste de su puesta a punto tras ser adquiridas como chatarra, cantidades menores, en cualquier caso que no dan para mucho más que para mejorar los niveles de consumo. También aquí actúan intermediarios y actores interpuestos como los que consiguen sacar piezas clandestinamente de las fábricas de armas ligeras para vendérselas luego a los que se ocupan de ensamblarlas y ponerlas a la venta minorista. En todo caso, los traficantes de armas pequeñas no tienen mucho que ver con los ambientes empresariales y oficiales en los que se mueven los actores del primer grupo, pues aquí estamos hablando sobre todo del submundo del cuello azul, que es donde tienen sus principales clientes y donde más funciona la economía de acuario: los ambientes de los traficantes de estupefacientes que, a su vez, linda con el de determinadas formas de corrupción, el sub-mundo de los llamados “delincuentes comunes” que no da para mucho más que para generar ingresos transformables en consumo suntuario o en algún algún utilitario. La tendencia a alquilar armas no autorizadas para cometer actos delictivos puntuales en vez de comprarlas también reduce la rentabilidad de este negocio.

39. Construcción, transacciones inmobiliarias y altas denominaciones

Hemos visto que los sectores de la construcción y de las transacciones inmobiliarias son los principales usuarios de grandes billetes en España (ver “Efectivo y altas denominaciones” en el cap. 16).

(1) Sin embargo, en el gráfico 2 se aprecia que el aumento de la demanda conocida de esta clase de billetes en la década anterior a la creación del euro no se puede explicar solamente con la evolución del sector de la construcción pues mientas el PIB de la construcción -línea azul- cae de forma importante entre 1988 y 1992 la demanda de altas denominaciones en pesetas se dispara justamente en esos años hasta alcanzar récords históricos. Este fenómeno que se explica con la demanda inducida por la inestabilidad monetaria en Latinoamérica, como hemos visto.

(2) Se observa también que a partir de 1992 aumenta la superficie construida -línea verde- coincidiendo con el aumento de la demanda de grandes billetes. Si tenemos en cuenta que la serie histórica de las transacciones inmobiliarias tiene un desfase de dos años, la línea de puntos, que recoge la evolución de las transacciones inmobiliarias, se desplazaría dos años a la izquierda solapándose casi exactamente con la de la evolución de la superficie construida y con la propia demanda de grandes billetes (para un comentario de las estadísticas españolas sobre construcción ver el comentario 30).

(3) El PIB de la construcción -línea azul- sufrió un fuerte aumento interanual ya antes de la creación del euro -de +19,6% en 1994 así como de +32,5% y + 22% en 1997 y 1998 respectivamente-, aumento que también coincide con la elevada demanda de altas denominaciones, en esos años aún anotadas en pesetas. La caída puntual de las transacciones inmobiliarias en 1998 probablemente tenga su origen en la crisis financiera de 1997/98 que se desencadenó en Asia y que repercutió muy negativamente sobre las economías rusa y latinoamericana, las dos zonas del mundo que demandaron la mayor cantidad de grandes billetes en pesetas con el fin de sacar activos legal o ilegalmente de sus países para llevárselo a España. A partir de ese momento el gobierno ruso de Putin consiguió frenar la salida de activos como hemos visto, lo cual no repercutió en la evolución de la superficie construida pero sí en la evaluación de las transacciones inmobiliarias de aquel año.

(4) Pero los grandes billetes no son utilizados sólo para pagar transacciones inmobiliarias en B, sino también para hacer frente a las transacciones no declaradas entre los actores que intervienen en los propios procesos productivos del sector, es decir, para pagar servicios especializados, materiales, áridos etc, así como para hacer frente a los sueldos y salarios de los trabajadores, más de una tercera parte de los cuales son sumergidos en este sector (HOAC 2001). Está demostrado que los principales usuarios de billetes de 500€ en la UE son los trabajadores autónomos entre 24 y 50 años, un 18% de los cuales declaran haber recibido dichos billetes en pago por servicios prestados BCE (2010), un perfil muy parecido al del empresario y del autónomo españoles vinculados a los sectores inmobiliario y de la construcción. Todo esto explica que, tras un breve período de adaptación a la nueva moneda en 2001 y 2002, se incrementara la demanda de estas denominaciones en paralelo al incremento de la superficie construida y del propio PIB de la construcción.

(5) Muchas de estas denominaciones se transformaron en dinero debajo del colchón y acabaron aparcadas en las cajas de seguridad privadas de empresarios y trabajadores del sector convirtiéndose en ahorro no bancarizado. Este ahorro les permitió a muchas familias afrontar los difíciles años posteriores a la crisis, pues la quiebra de muchas empresas de la construcción a partir de 2008 obligó a sus -muchos pequeños- empresarios a utilizar este efectivo escondido en grandes billetes para saldar deudas, compensar pérdidas o para mantener a sus familias a flote. También las familias de los obreros de la construcción, que habían recibido esta clase de billetes a cambio de su trabajo sumergido, pudieron echar mano de ellos para transformarlos en consumo tras la fuerte pérdida de poder adquisitivo provocada por la crisis de 2008, para pagar deudas y compensar la falta de ingresos durante un tiempo determinado. En 2010 no menos del 37% de todas las familias españolas recibieron apoyo económico de otros familiares no sólo para hacer frente a los gastos corrientes, sino también para arrostrar la quiebra de sus negocios Meil (2011). Si tenemos en cuenta la enorme cantidad de negocios familiares quebrados vinculados al sector, es más que probable que las altas denominaciones sirvieran para activar los mecanismos de solidaridad familiar propios de las sociedades meridionales europeas, mecanismos que resultan particularmente funcionales en épocas de penuria y sobreendeudamiento.

(6) También esto explicaría, que el desplome de la superficie construida a partir de 2006 no llevara a una caída equivalente de las altas denominaciones, como se aprecia en el gráfico, sino que estas fueran disminuyendo poco a poco a medida en que los grandes billetes fueron saliendo de debajo de los colchones de las familias y de las empresas españolas durante los primeros años de la crisis para ir transformándose en consumo e ir saldando deudas acumuladas. Sólo a partir de 2010 se produce una reducción significativa de estos billetes debido a su retirada de la circulación por parte del Banco de España a un ritmo anual del 10% -unos 4.000mill€- hasta alcanzar los niveles históricamente bajos de la actualidad que ascienden a menos del 4% del PIB. A partir de 2011 se observa una desvinculación entre la demanda de altas denominaciones y los indicadores asociados al sector de la construcción: la primera disminuyó mientras la actividad de la construcción empieza a recuperase poco a poco, aunque sin que esto quiera decir que dicho vínculo no pueda volver reactivarse con la recuperación del sector a partir de 2016.

40. El caso Emperador de compraventa de efectivo (ANN 16/2018)

El llamado “Emperador” (ANN 16/2018) es un importante caso en el que intervino el uso masivo de grandes denominaciones (ver “El mercado negro de grandes denominaciones” en el cap. 16).

(1) principió siendo una ramificación española de una trama de blanqueo internacional -la vamos a llamar “trama Levi”- que venía funcionando desde hace décadas, y que tenía su epicentro en los ambientes de Tel Aviv y Amberes vinculados a la comercialización de joyas y brillantes. Una ciudadana hispano-israelí residente en España contactaba con grandes empresarios y personas acaudaladas españolas y de otros países, preferentemente defraudadores de hacienda que disponían de grandes cantidades de efectivo escondidos debajo del colchón y que querían integrarlos en el sistema bancario sin levantar sospechas: eran los donantes de billetes. También contactaban con personas, también residentes en España pero con activos no declarados, que deseaban repatriarlos al margen del sistema bancario -los y llamados receptores de billetes-. Los receptores realizaban transferencias a CC en Suiza, Panamá o Hong Kong y, a cambio, recibían los grandes billetes en su domicilio en España. Los billetes procedían de donantes que se los habían vendido a los brokers a cambio de una comisión. Algunos donantes y receptores eran personas políticamente expuestas, algunas otras con relaciones de parentesco con miembros de la Casa Real.

(2) La parte hispana del caso estaba protagonizada por un importador mayorista de productos chinos que, con el tiempo, se fue convirtiendo en uno de los principales clientes de la red belga-israelí en su condición de delincuente fiscal. Dicho importador cobraba en efectivo y pequeñas denominaciones a las tiendas minoristas de “todo a cien” a las que vendía sus mercancías importadas desde China. El valor declarado en Aduanas estaba por debajo del real, lo cual le permitía evadir parte de los impuestos aduaneros, si bien repercutía el IVA no pagado a sus destinatarios finales, dichos comercios de “todo a cien”. La extraordinaria acumulación de efectivo que genera este sistema obligaba a nuestro importador a trasladarlo físicamente a Andorra y China de forma regular donde era ingresado en CCs.

(3) Sin embargo, las leyes antiblanqueo que entraron en vigor en 2011 convirtieron la vía andorrana en demasiado arriesgada, con lo cual decidió contratar a la trama Levi que se antojaba segura y profesional. Nuestro empresario se dio cuenta rápidamente que podría darle salida él mismo al efectivo recaudado en pequeñas denominaciones de sus minoristas poniéndose directamente en contacto con españoles con grandes billetes escondidos en sus cajas fuertes que preferían denominaciones más bajas y menos sospechosas, o también con otros que necesitaban grandes billetes. Estos últimos llamaban por teléfono haciendo sus encargos y recibían bolsas en efectivo en lugares poco comprometidos como hoteles de lujo o, incluso, enfrente a sus propios domicilios situados mayormente en urbanizaciones exclusivas. Nuestro empresario garantizaba un suministro rápido de varios cientos de miles de euros tanto en grandes, pero cada vez más también en billetes de 50€ entregados directamente en los domicilios de sus clientes, billetes estos últimos cada vez más demandados debido a su mayor liquidez. No es casualidad que el propio domicilio de nuestro evasor y broker estuviera situado en Somosaguas, un prestigioso barrio residencial del término municipal de Pozuelo de Alarcón, la localidad con la renta per capita más alta y una de las mayores concentración de activos ilícitos por 1000 habitantes del país (ver tabla 29), en definitiva, el lugar de residencia de muchos de sus clientes potenciales, algunos de ellos políticamente expuestos. Pero los ingresos en efectivo era muy superiores a la demanda -unos 4mill€ al año según datos provisionales- y su transporte físico implicaba riesgos, lo cual le llevó a nuestro empresario a crear un sistema destinado a facilitar ingresos masivos de efectivo en CCs con la complicidad de los directores de varias sucursales de Caixabank recientemente convertida en banco, aprovechando el uso continuado de identidades y facturas falsas y transfiriendo dichos ingresos a bancos situados en China (AAN 16/2018).

41. La circulación de los grandes billetes en España: una visión de conjunto

Lo que sigue es una visión de conjunto de las principales formas que adquieren los grandes billetes en España (ver “Los grandes billetes en España” en el cap. 169. Muchas de estas conclusiones podrían ser precisadas si dispusiéramos de información sobre el transporte provincial de efectivo por parte de las empresas de seguridad contratadas por los bancos.

(1) Una parte, aparentemente importante, de los billetes de 100€ -un máximo de 5.000mill€- llegan a España en las carteras de los turistas europeos. Estos se transformarían en servicios turísticos, restauración pero también alimentarían la demanda de servicios de prostitución, de cocaína y de cannabis de dichos turistas en España: el caso de Baleares es probablemente el más claro y extremo. Los ofertantes de estos productos y servicios erradicados en España los van transformando en consumo corriente y suntuario, en automóviles y en algún que otro bien inmueble mayormente enclavado en su propia provincia. Dichos billetes van retornando, poco a poco al Banco de España a medida en que los comercios y negocios legales los van ingresando en sucursales bancarias.

(2) Gracias a la alta calidad de las estadísticas españolas del sector de la construccion (ver “De la demanda externa a la demanda interna de altas denominaciones” en el cap.16) sabemos que entre los años 2007-2014 cambiaban de manos todos los años una media de 800.000 viviendas en España con un valor de transacción -sólo vivienda libre- de 177.000mill€ al año (serie histórica de Ricardo Verges así como I-10). Los inspectores de hacienda calculan que una tercera parte el valor no escriturado de las transacciones inmobiliarias se paga regularmente en B y en grandes billetes, de forma que si reducimos esta proporción a sólo una cuarta parte por aplicar el principio de prudencia, esto generaría una demanda anual de alta denominaciones destinadas sólo a facilitar transacciones inmobiliarias no declaradas de unos 40.000mill€ al año. Esta cifra no incluye, ni las transacciones de bienes inmobiliarios no residenciales, ni las transacciones de patrimonio rústico (“tierras”), con lo cual es probable que la cifra real esté más cerca de los 50.000mill€ teniendo en cuenta que en las zonas rurales, que es donde se produce la mayor parte de las compraventas de terrenos rústicos, el índice de informalidad es particularmente elevado. Los billetes pagados en “dinero B” por los compradores a los vendedores e intermediadores los inmuebles acabarían en las cajas fuertes de las empresas inmobiliarias que, o bien los van devolviendo al Banco de España que los va retirando como sucedió a partir de 2007, o bien los transforman en nuevas inversiones pagadas B en el propio sector inmobiliario, por ejemplo a través de la compra de bienes inmuebles y reiniciado así su andadura circulatoria.

(3) Otra parte, aunque menos importante, de los grandes billetes son utilizados por los empresarios de la construcción, sobre todo por aquellos situados en los niveles inferiores y más sumergidos de las cadenas de subcontratación (ver ejemplos en el comentario 42). Utilizan grandes billetes para pagar bienes y servicios intermedios -áridos, servicios subcontratados- así como para sueldos y salarios no declarados a sus propios trabajadores con el fin de evitar los pagos con tarjeta o las transferencias desde CCs y así ahorrarse impuestos simulando una menor base imponible y un menor nivel de actividad. La mayoría de los empleados no están interesados en esta forma de pago, pues prefieren que sus ingresos coticen a la Seguridad Social, pero saben que se mueven en un mundo sumergido y aceptan sus reglas porque no les queda otra. Este grupo de billetes acaban en las cajas de seguridad de los empresarios, autónomos y trabajadores de la construcción donde duermen un sueño seguro hasta que son despertados por sus tenedores para transformarlos en consumo regular y suntuario, para pagar deudas o también para pagar la entrada en efectivo de un piso o comprar suelo destinado a su acaparación en espera de su recalificación o una subida de precios

(4) En estos 50.000mill€ están incluidos aquellos procedentes de delitos fiscales, aduaneros y monetarios, así como las cantidades de los ahorradores procedentes de países afectados por la inestabilidad monetaria y política de sus países. Estos billetes, comprados bien en los mercados legales, bien en el mercado negro de sus países de origen, llegaron a España procedentes preferentemente de Latinoamérica y de Rusia para adquirir bienes inmuebles españoles. Desgraciadamente no sabemos cuál es el volumen real de la inversión extranjera en bienes inmuebles españoles debido a la inexistencia de datos de acceso público sobre la nacionalidad de los compradores individuales de esta clase de activos.

(5) Las estadísticas de inversiones extranjeras en bienes inmuebles de acceso público sólo incluyen las inversiones realizadas por sociedades no residentes a través de sociedades residentes españolas -mayormente pertenecientes a aquellas- con lo cual no es público el valor de las inversiones inmobiliarias realizadas por sociedades y por particulares no residentes en bienes inmuebles individuales. Las estadísticas de acceso púbico tampoco incluyen las inversiones inmobiliarias por debajo de tres millones de euros, que son las más susceptibles de proceder de actividades delictivas (A-25), lo cual entorpece la tarea de la investigación. Pero incluso los datos agregados publicados por el Ministerio de Economía y Hacienda sobre inversiones extranjeras en el sector de la construcción a través de sociedades y por un importe superior a 3 mill€, reflejan la procedencia opaca de una parte muy significativa de las inversiones extranjeras en este sector pues llegan al país a través de jurisdicciones offshore como Londres, Suiza, los Países Bajos y Luxemburgo. Muchas de estas cantidades son ilícitos españoles que realizan su viaje de vuelta a España camuflados en inversiones procedentes de dichas jurisdicciones (SEC vv.aa.).

(6) Al grupo de los principales usuarios de grandes billetes -mayormente autónomos y empresas con menos de 6mill€ brutos de ingresos anuales vinculados a la construcción- hay que sumarle aquellos profesionales urbanos -dentistas, abogados, arquitectos, médicos de la sanidad privada y propietarios de clínicas- que, o bien dados de alta como autónomos, o bien como sociedades con menos de 6mill€ de ingresos anuales, cobran una parte de sus servicios especializados en altas denominaciones. Por dos razones. La primera y principal es que estos pagos en efectivo permiten reducir las bases imponibles y las obligaciones fiscales de los propios profesionales (paradigmático en este sentido el caso Vitaldent). La segunda es que una parte de sus clientes son evasores fiscales ellos mismos, así como delincuentes -perceptores de cohechos, evasores fiscales etc.- que van transformando sus altas denominaciones ilícitas contruyéndose una nueva casa y pagando a arquitectos y aparejadores con estos billetes, financiando una cirugía estética en una clínica privada, pagando un costoso tratamiento odontológico o cualquier otro servicios técnico, jurídico o sanitario especializado.

(7) Una parte de las altas denominaciones que salen de las cajas fuertes de evasores y delincuentes vuelve a ingresar así en las de los abogados, arquitectos, dentistas o asesores fiscales que prestan dichos servicios. Desde ellas se transforma de nuevo en consumo corriente y sobre todo suntuario dada el elevado poder adquisitivo de muchos de estos profesionales mientras los ingresos declarados de estos profesionales se acumulan en sus cuentas corrientes. Otra forma de deshacerse de estos billetes es su venta a brokers de efectivo a cambio de una comisión, brokers que los vuelven a inyectar en los circuitos clandestinos donde son reutilizados por transportistas, mayormente por evasores fiscales o perceptores de dádivas y de cantidades malversadas que quieren hacer retornar activos desde el extranjeros hacia España al margen del sistema internacional de pagos.

(8) No es fácil determinar qué parte de los 50.000mill€ sirve para ocultar cantidades obtenidas con actividades decididamente ilícitas como son las generadas condelitos fiscales, la percepción de cohechos, con estafas o, en menor medida con malversación. El grueso de los valores de la malversación no circula en efectivo sino en forma de contratos inflados de inversión y de prestación de servicios y, en menor medida, de contrataciones irregulares de personal de forma que sólo la malversación, en su modalidad de servicios no prestados o sobrefacturados se transforma en efectivo ilícito. Por su parte, hay muchas evidencias de que los delincuentes fiscales hacen un uso importante de las grandes denominaciones pues la suma entre bases imponibles y cuotas defraudadas multiplican por tres o por cuatro los activos potencialmente afectados. Los ejemplos que ilustran la conexión del uso de grandes billetes con los delitos de cuello blanco no son fáciles de encontrar (ver el comentario 42).

(9) La mayor parte de los 800mill€ equivalentes al pago en metálico de los (grandes) cohechos se hace en altas denominaciones. Se trata de un dinero particularmente sensible y expuesto políticamente, con lo cual sus tenedores están dispuestos a no escatimar esfuerzos para opacitarlo sabiendo que en la era post-Snowden el efectivo sigue siendo el mejor procedimiento para conseguirlo. Esto quiere decir, que una parte de dichos 800mill€ es dinero durmiente escondido en cajas de seguridad privadas y dobles tabiques, o se mueve para ocultarse fuera del país. Los pagadores son, mayormente, promotores inmobiliarios -ver punto (3)- así como sociedades anónimas vinculadas a la ejecución de servicios municipales. Sus perceptores so en menor medida, funcionarios públicos que han metido la mano en la caja. Los primeros tienen fácil acceso a esta clase de billetes por su vinculación al sector, aunque muchos de los segundos tienen que adquirirlos en el mercado negro a cambio de una comisión. Los perceptores de los sobornos -funcionarios públicos, arquitectos y técnicos similares, miembros de partidos políticos- también guardan estos billetes en cajas de seguridad de las que salen para convertirse en consumo suntuario o para desviarse hacia la financiación ilegal de partidos políticos y de otras organizaciones. Tampoco aquí resulta difícil encontrar ejemplos (ver el comentario 42).

(10) El uso de grandes billetes también tiene una presencia importante en el narcotráfico mayorista (por ejemplo AN 32/2007 y AN 26/2004) aunque dicha presencia está completamente sobrevalorada en el imaginario colectivo. Ya hemos visto que un máximo de 70% de los márgenes que ingresan los grandes distribuidores e importadores activos en España son trasladados fuera del país, lo cual genera una demanda significativa de altas denominaciones, pero nada que se le pueda comparar a los usos mencionados (ver tabla 7 así como los comentarios 24 y 37). La cocaína es, con mucha diferencia, la droga de las tres realmente afectada por el traslado de sus rendimientos a los países productores en grandes denominaciones ya que los márgenes que reúnen los mayoristas del cannabis en España -unos 600mill€- pueden trasladarlos a Marruecos sin necesidad de cambiarlos por grandes billetes aprovechando el intenso flujo de viajeros a través del Estrecho, y lo mismo sucede con una buena parte de los activos generados con la venta mayorista de heroína que pueden viajar por tierra hacia Alemania o Turquía. Esto quiere decir que sólo una fracción de los márgenes de los grandes importadores y distribuidores de cocaína con residencia fuera de España -la parte de los 700mill€ que no se blanquea en España sino que vieja hacia los países productores- son susceptibles de demandar altas denominaciones en cantidades significativas.

(11) El uso de grandes billetes en el mundo del cuello azul ha ido en aumento debido al incremento de las notificaciones de sospecha por parte de los bancos. Pero el peligro de incautación de los billetes del narcotráfico es alto, pues afecta a uno de cada 5 casos, al menos cuando el retorno se produce desde los aeropuertos holandeses, algo menor probablemente cuando se organiza desde otros aeropuertos como los españoles que parecen estar algo menos controlados. La necesidad de fraccionar las cantidades y distribuirlas entre varias personas para que los lleven a los países productores y de tránsito intentando no ser interceptadas multiplica el número de colaboradores requeridos por los organizadores de dichos traslados y, con ello, las posibilidades de interceptación así como el propio coste del blanqueo (por ejemplo AN 54/2006: ver también el comentario 67). Es de suponer, por tanto que con el fin de esquivar este peligro, cada vez menos activos retornen a Latinoamérica en efectivo, y que lo hagan cada vez más a través otros mecanismos como manipulando los precios del comercio exterior, si bien el uso de contenedores que llevan mercancías desde España a Colombia probablemente pueda servir para transportar grandes billetes ocultos en mercancías legales. Todo esto podría situar la demanda de grandes billetes por parte de grandes distribuidores e importadores de drogas a unos niveles situados en el entorno de los 500mill€ al año, una cifra que equivale a menos del 1% del valor de todos los grandes billetes que circulaban por el país en los años álgidos, un porcentaje que probablemente haya aumentado a partir de 2008 debido al hundimiento del sector de la construcción. También esto explicaría que los Bin Laden no sólo son mucho más conocidos de lo que se piensa, sino que además guardan una relación más bien residual con el narcotráfico si se compara con la importancia que tienen -o han tenido- en el sector de la construcción y en el inmobiliario, así como para mover ilícitos de cuello blanco.

(12) Una parte, aunque también más bien pequeña, del dinero durmiente escondido en cajas de seguridad procedente mayormente de los delitos y de las infracciones de cuello blanco desaparece en los robos y los hurtos perpetrados en casas particulares, robos que no son siempre denunciados por miedo a que la policía haga preguntas sobre su origen, pero que acaban en los bolsillos de los atracadores: en torno a 100mill€ descontando los valores no líquidos depositados en las cajas, y quizás una cantidad similar encuentre un uso en las diversas formas de contrabando mayorista de tabaco.

(13) Los burdeles de carretera, que, al menos hasta la irrupción de la pandemia del Covid son los más sensibles a la prestación de servicios de prostitución en condiciones de coacción, metabolizan otra parte de los valores ilícitos que viajan en altas denominaciones, burdeles que no por casualidad proliferan en la geografía del ladrillo y también en la de las grandes vías de comunicación por carretera. Algunos servicios de prostitución que incluyen, drogas, bebidas y comidas, pueden ascender a más de 500€ por sesión, lo cual los convierte en buenos candidatos a ser pagados en altas denominaciones. Muchos de los clientes que pasan por estos espacios -transportistas, empresarios de la construcción, autónomos vinculados a dicho sector etc- son algunos de los destinatarios principales de los pagos en “B” que proliferan en los numerosos niveles de subcontratación propios del sector de la construcción, pero también en los espacios dispersos relacionados con la obra civil en los que circulan los cohechos con cierta profusión. También esto favorece la circulación de estos billetes por los ambientes de la prostitución: tanto de la coactiva como de la no coactiva.

(14) Por otra parte, el tráfico no autorizado de armas también hace uso masivo de estos billetes, sobre todo en las transacciones exteriores, aunque sus modestas dimensiones hace que se trate, también en este caso, de un uso más bien residual.

(15) Tampoco los miembros de ETA tuvieron mucho contacto con grandes billetes para engrasar la economía de sus secuestros y actividades extorsionadoras. Cuando recaudaban el dinero desde Francia en los años 1980 a los secuestrados y extorsionados se les exigía expresamente el pago en denominaciones pequeñas y los activos recaudados en los años 1990 debían entregarse en bolsas de billetes de no más de 100€, preferentemente de 20€ y 50€ con el fin de esquivar el riesgo asociado al fraccionamiento de grandes en pequeñas denominaciones. Antes de la creación del euro el dinero se exigía en pesetas, pero también en divisas dada la fuerte internacionalización de muchas empresas vascas extorsionadas, divisas que permitían adquirir armas en los mercados clandestinos internacionales y financiar a los etarras huidos.

(16) En definitiva: es improbable que, con la excepción de los grandes importadores de cocaína, por las manos de todos los protagonistas de la delincuencia de cuello cuello azul llegaran a circular cantidades próximas a los 1.000mill€ en grandes denominaciones. Otra cosa es que en determinados ambientes de cuello azul -por ejemplo en los espacios de la prostitución o del juego ilegal- estos billetes puedan llegar a tener una presencia importante debido a su elevada rotación en el interior de la economía de acuario (ver “Inversiones delictivas y recursos simbólicos: la economía del acuario” en el cap.16).

42. Efectivo, grandes billetes y delitos de cuello blanco: algunos ejemplos

El uso de grandes billetes está muy extendido en los ambientes del cuello blanco (ver “Los grandes billetes en España” en el cap. 16). Lo que siguen son algunos ejemplos

(1) Un pequeño constructor y también propietario de un invernadero de la zona del Ejido recibió un pago en negro y altas denominaciones de algunos de los edificios terminados, los depositó en su caja fuerte para ir gastándolos, poco a poco, en los salarios pagados a los trabajadores de sus invernaderos y activos en sus obras, así como para comprar áridos sin factura o con facturas falsas. Pero también los utilizaba en la compra mensual que realiza su familia en grandes almacenes del sur de Andalucía que aceptan estos billetes sin hacer preguntas (entrevista P-4).

(2) Muchos pequeños promotores de las costas de Cádiz realizaron durante años prácticamente todos sus pagos en dinero B y altas denominaciones. Son proyectos urbanísticos ilegales que se levantaron sin necesidad de acudir a los bancos pues toda la inversión circulaba en forma de efectivo captado a través de participaciones en actividades sumergidas previas dentro del mismo sector. Muchos chalets eran construidos sin autorización y algunos se llegaron a vender sin los papeles en regla, un juego arriesgado que puede acabar en los tribunales cuando es denunciado como estafas inmobiliaria en los casos en los que los vendedores incumplen sus obligaciones (entrevista E-2).

(3) En el caso de un gran fraude fiscal con epicentro en Barcelona se transportaron varios millones en altas denominaciones a un paraíso fiscal (Caso Mito).

(4) En un caso de malversación de caudales, que incluían delitos contra la planificación del territorio, fraudes y conductas de evasión fiscal, fueron interceptados 150.000€ en altas denominaciones en el domicilio del principal imputado (AP MA 535/2013).

(5) En el caso Púnica de malversación de caudales, los 10mill€ ilícitos fueron transformado en billetes 500€ previo descuento de una comisión de blanqueo (AN 37/2017).

(6) La cantidad más importante de efectivo interceptada en España en una sola operación son los 9,5mill€ que uno de los principales acusados en la estafa filatélica Afinsa tenía escondidos detrás de un doble tabique de el barrio residencial de La Moraleja cercano a Madrid. El efectivo servía para ir pagando extravagantes coches de marca, joyas y cuadros de prestigiosos artistas, así como para financiar un suntuario consumo comprando regularmente en los numerosos y bien surtidos centros comerciales situados en los alrededores de la urbanización de la Moraleja (TS 23/2018). No disponemos de información sobre las denominaciones, pero es altamente probable que una parte significativa de estas cantidades fuera anotada en ellas

(7) En una operación destinada a detectar el fraude fiscal en el sector de las clínicas estéticas se concluyó que no menos del 40% de todas ellas tenían instaladas cajas de seguridad en sus instalaciones para hacer frente a la obligación, a la que sometieron a sus clientes, de pagar en efectivo (El Mundo 17/10/2019).

(8) El principal condenado por un delito de malversación (AP MA 179/2013) gestionaba dos partidas diferenciadas de cohechos: una la tenía guardada en una caja fuerte ubicada en su despacho donde iba depositando las dádivas pagadas por las empresas constructoras, dádivas que luego repartía entre los miembros del consistorio que habían colaborado en las operaciones ilícitas -unos 3 mill€-. La otra partida estaba guardada en un zulo excavado en una finca de su propiedad y sumaba un millón de euros destinados a su propio consumo, preferentemente suntuario, o también a guardarlo en espera de tiempos mejores (AP MA 535/2013).

(9) En otro caso los 6 mill€ trasladados de unas cuentas a otras procedentes del pago de cohecho, lo fueron en altas denominaciones (AN 20/2018b) y los cohechos pagados para recalificar unos terrenos de un espacio natural protegido se ingresaron en 30 operaciones de 1.000€ y billetes de 500€ (Caso Novo Carthago).

(10) En principal imputado por delitos contra el territorio y alcalde de una localidad de la Costa del Sol almacenaba en su casa no menos de 762.000€ en billetes de 500€ procedentes del pago de cohechos (AP MA 514/2012).

(11) En la empresa Ericsson se estableció un sistema de pago de cohechos que incluía la apertura de una CC en la filial que el banco UBS tenía abierta en el aeropuerto de Zürich, cuenta de la que los directivos de la multinacional sueca podían retirar los importes de las dádivas previamente presupuestados y consolidados en el balance como “gastos comerciales”, aunque destinados todos ellos a sobornar a clientes institucionales de todo el mundo (Müller 2006: 166).

(12) Los pagos desviados para financiar un partido de ámbito autonómico y también hacia los bolsillos particulares de un administrador camuflados en subvenciones al Palau de la Música, también se realizaron en altas denominaciones (Santamaría 2014: 496

43. El dinero inyectado por el narcotráfico en los mercados financieros

En los discursos sobre "criminalidad organizada” asociada al narcotráfico aparece con frecuencia el supuesto intento de los delincuentes de transformar sus inmensas fortunas en productos financieros -preferentementearriesgados- poniendo en peligro la estabilidad del sistema financiero internacional (ver el cap.”Sistema financiero y circulación de ilícitos” así como tabla 17) ¿qué hay de esto?

(1) Como hemos visto el valor total del narcotráfico en España a precios minoristas apenas llegan a 4.500mill€ anuales de los cuales unos 1.000mill€ serían destinados anualmente a consumo, la mayor parte del resto a bienes inmuebles, así como a vehículos y a nuevas inversiones delictivas. Los activos financieros documentados en las sentencias españolas no representen más del 4,7% de todos los activos incriminados generados con actividades de narcotráfico, un porcentaje que se reduciría a más de la mitad si incluyéramos el VA cosechado por los decenas de miles de menudeadores que no tienen presencia en las sentencias. Esto quiere decir que los activos financieros adquiridos con actividades de narcotráfico probablemente apenas lleguen al 2% del VA generado por el narcotráfico en España: no más de 100mill€ al año, una cantidad muy superior a la de los ilícitos procedentes del cuello blanco inyectados en el sistema financiero

(2) Supongamos ahora que la estructura de precios y beneficios del narcotráfico que se dan en España son similares en el resto del mundo. Y supongamos también, que el comportamiento financiero de los grandes narcotraficantes españoles es comparable a la media de los narcotraficantes del resto del mundo, que es mucho suponer. Si el volumen económico de todo el narcotráfico español a precios minoristas representara el 5% del total mundial -media calculada a grosso modo a partir del porcentaje del mercado español de cocaína, cannabis y heroína sobre el conjunto estimado del mercado mundial de estas tres sustancia- los narcotraficantes del todo el mundo inyectarían un máximo de 1.000mill€ todos los años en los mercados financieros internacionales. Si tenemos en cuenta el extraordinario volumen de los mercados financieros internacionales -muchas miles de veces superior a esa cantidad-. Y teniendo en cuenta, además, que una buena parte de los activos financieros adquiridos por los grandes narcotraficantes en un país como España, que es un lugar muy destacado de tránsito y de consumo de drogas ilícitas, son conservadores, es decir, incluyen productos financieros poco aptos para desestabilizar el sistema financiero como cuentas a plazo fijo o planes de pensiones (ver tabla 17) resulta más que dudoso que esta clase de afirmaciones, repetidas una y otra vez por numerosos autores, puedan contener ni siquiera una pizca de realidad.

44. La cultura financiera de los delincuentes económicos

Para explorar la cultura financiera de los delincuentes económicos españoles hemos dividido en dos grupos los productos financieros documentados en función de su naturaleza “más arriesgada” o "más conservadora” (ver tabla 17).

(1) Destacan los productos “más arriesgados” que suman cantidades casi cinco veces más importantes que los productos “más conservadores”. El 92% de su valor estaba en manos de los delincuentes de cuello blanco destacando los fondos de inversión inmobiliaria que se mencionan en un total de 22 casos. A ellos se suman los 109mill€ de activos financieros sin especificar incriminados en el caso (AN 20/2018b) que, casi con toda seguridad, fueron transformados en su mayor parte a productos financieros “más arriesgados” aproximando este porcentaje aún un poco más al 100% del total. El principal imputado en este último caso era un buen conocedor de los mercados financieros internacionales y consiguió generar dividendos próximos al 5% anual en operaciones que sólo podían ser arriesgadas. Su cartera también incluía activos más conservadores tales como divisas y bonos del Banco Europeo de Inversiones -1 mill€- así como 400.000€ en títulos de renta variable de una empresa española de comunicación afin al partido político del acusado, aunque prácticamente todo el resto estaba integrado por inversiones en fondos de inversión inmobiliaria.

(2) Otro imputado en una trama de fraude fiscal transformó una parte considerable de los activos ilícitos en una sociedad de inversión de capital variable -SICAV- domiciliada en Madrid que incluía a otros 240 inversores de paja destinados a camuflar la naturaleza no colectiva de dicha sociedad. Esta realizaba inversiones -nacionales e internacionales- de renta variable y fija en la que se incluían activos conservadores tales como bonos autonómicos españoles y títulos de deuda soberana, con participaciones en empresas tales como Groupama, Novo Banco o Telecom Italia, y en fondos no españoles de inversión colectiva como Goldman Sachs India y United States Oil Fund (ValenciaPlaza 17/2/2016).

(3) Otra cartera financiera, también muy diversificada, fue creada por un despacho de abogados a favor de varios de sus clientes acusados de delito fiscal. No tenemos datos numéricos pero sabemos que incluía deuda pública, títulos de renta variable y participaciones en fondos de inversión por un valor próximo al millón de euros (Operación Relámpago).

(4) Otro acusado, ex gerente del máximo organismo financiero del mundo y que recibió comisiones ilegales destinadas a favorecer una contratación relacionada con la salida a bolsa de un nuevo Banco, adquirió con activos ilícitos participaciones en un fondo de inversión “muy arriesgado” según dictan los autos, aunque no consta su valor (ATS 20751/2017).

(5) Un caso similar es el de ATSJC 5/2013 en el que el hijo de una saga delictiva se mostraba muy activo en la colocación de activos en productos arriesgados domiciliados en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) aunque gestionadas desde Suiza y Luxemburgo tales como fondos de cobertura -hedge fonds- considerados particularmente arriesgados (El Confidencial 14/8/2019).

(6) En todos estos casos de cuello blanco se trata de cantidades importantes invertidas por personas con un elevado nivel de renta. Su perfil social es entre “alto” y “muy alto” e invierten una media de 2,5mill€ en esta clase de fondos, una cantidad que contrasta con los 150.000€ que invierten de media los delincuentes de cuello azul que deciden adquirir participaciones en algún fondo de inversión mobiliaria (AP MA 179/2013, AN 20/2018c, AAN 17/2/2106, ATS 20751/2017, AP Z 291/2016 etc.).

(7) Las participaciones en empresas y ampliaciones de capital -12 casos- también suman cantidades significativas. En este caso se trata no pocas veces de inversiones delictivas destinadas a mantener el control de empresas en las que trabajan y utilizadas para blanquear activos (por ejemplo AP MA 179/2013 y AP MA 535/2013 aunque también los de cuello azul AN 30/2010 y AN 2/2015). Si fuera esto cierto no podríamos hablar en este caso -y probablemente en otros muchos- de una “infiltración” desde fuera o exógena con dinero ilícito, sino desde el interior de las propias corporaciones (ver “La instrumentalización de organizaciones legales con fines delictivos” en el cap. 17)

(8) Por tanto: si hay que atribuirle algún grado de realidad a las tesis iniciales del AMLR hay que explorar preferentemente los ilícitos financieros de cuello blanco transformados en fondos de inversión y, dentro de ellos, en fondos de cobertura que son los más arriesgados y opacos (en “La economia ilícita internacional” abordaremos de forma detallada su relación con el blanqueo). Son, sobre todo, los delincuentes fiscales -7 casos-, pero también los pagadores de cohechos -5 casos- y los malversadores de caudales públicos -3 casos- los más inclinados a hacer esta clase de inversiones financieras, actores que en más del 85% de los casos hacen uso de servicios offshore, sobre todo ofertados por profesionales erradicados en Suiza. Prácticamente todos ellos disponen de perfiles sociales y profesionales “muy elevados”, algunos, como un presidente de la Generalitat imputado, con cargos políticos ejercidos durante varias décadas de forma ininterrumpida.

(9) Mientras los productos más arriesgados seducen más a los delincuentes de cuello blanco los más conservadores, tales como las pólizas de seguros, las cuentas y depósitos de ahorro a plazo fijo, las acciones de renta fija y, en menor medida, los planes de pensiones, gozan de más predicamento entre los de cuello azul, lo cual confirma el mayor conservadurismo financiero de estos últimos. Suman cantidades mucho más modestas, aproximadamente el 10% de todos los activos financieros sin contar los no especificados que fueron adquiridos casi íntegramente por los delincuentes de cuello blanco. Los productos financieros adquiridos por este grupo de delincuentes tienen como objetivo la seguridad antes que la rentabilidad, una necesidad que la mayoría de los de cuello blanco ya tienen cubierta. Los activos financieros particularmente conservadores como los de renta fija son los que suman los valores más elevados dentro de este grupo seguidos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo, aunque llama la atención que los planes privados de pensiones atraigan mucho más a los delincuentes de cuello azul que a los de cuello blanco, seguramente porque aquellos se pueden asegurar sus pensiones por medios legales. Las cuentas y los depósitos a plazo fijo, otro producto muy conservador, se reparte a partes casi iguales entre los dos grupos de delincuentes confirmándose así su importancia generalizada. Por tanto no hay evidencia alguna de que los narcotraficantes españoles tengan ni voluntad ni mucho menos capacidad de intervenir los sistemas financieros en su propio favor. No sólo por la escasa importancia de las sumas que destinan a inversiones financieras, sino también por el tipo de producto financiero adquirido y el perfil cultural y financiero de sus protagonistas.

45. La colaboración de los bancos con la investigación académica del blanqueo

Los bancos y las cajas de ahorro ocupan un lugar centran en la circulación de los ilícitos, razón por la cual es importante conocer su punto de vista sobre dicha circulación.

(1) Los empleados de los bancos contactados se han mostrado reticentes a colaborar en la realización de esta investigación, mucho más que los ex-narcotraficantes entrevistados, por ejemplo, que se han mostrado abiertos y elocuentes, o que los despachos profesionales que también han accedido a sentarse a hablar con este entrevistador, aunque siempre intentando responder a las preguntas de forma lo más diplomática, vaga y general posible. Los bancos han sido, con diferencia, los entrevistados más fríos y tajantes con los que nos hemos puesto en contacto pues se han limitado a remitirnos en todos los casos a sus páginas web sin dejar posibilidad alguna para la concertación de una entrevista destinada a hablar de estos temas. No así la mayor parte de los consejeros de cajas de ahorro entrevistados que se han mostrado abiertos, con la excepción de un consejero de una importante caja de ahorros que después fue condenado en el caso de las tarjetas black.

(2) La conclusión que cualquier investigador tiene que que extraer de esta actitud es que el blanqueo sigue siendo un tema altamente sensible para estas instituciones y que la inquietud y el secretismo de sus directivos y responsables no se explica tanto por su compromiso de preservar la identidad de sus clientes, que obviamente no correría peligro alguno con nuestra investigación, como por el temor a proporcionar cualquier tipo de indicio, información o idea que pudiera conducir a clarificar su verdadera relación con la circulación de los ilícitos. A cualquier investigador independiente que se precie, este tipo de situaciones le lleva a redoblar esfuerzos por desentrañar lo que pudiera esconderse detrás de una actitud así pues, al menos en una sociedad democrática que debería valorar la transparencia como un activo fundamental para su funcionamiento, y el de un sector financiero en particular que se ha beneficiado de la transferencia de miles de millones procedentes de los impuestos de sus ciudadanos, parece lógico pensar que las instituciones financieras no deberían mostrar objeciones a explicar su política de lucha contra el blanqueo de capitales a un académico que realiza su actividad investigadora con dinero público (ver “Sistema financiero y circulación de ilícitos”).

46. El uso de cajas y bancos por parte de los delincuentes españoles

¿Qué uso hacen los delincuentes de las cajas y los bancos para hacer circular los ilícitos? (ver "Bancos y cajas de ahorro en la circulación de los activos ilícitos” en el cap. 16).

(1) Como se desprende de la tabla 18 y de la tabla 19, los bancos españoles no sólo atraen casi la mitad de todos los ilícitos, sino que además aparecen en el mayor número de tramas a pesar de tener casi cinco veces menos sucursales abiertas en el país que las cajas antes de que la mayoría de estas últimas desaparecieran como tales tras la crisis de 2008. En todos los casos en los que interviene alguna institución financiera aparece, al menos, un banco español frente sólo al 68% de los casos en los que interviene al menos una caja, o al 35% en el que se menciona al menos un banco extranjero.

(2) Los bancos no españoles con filiales abiertas en España son sin embargo los que atraen el mayor volumen de ilícitos por caso -1,8mill€- seguidos de los bancos españoles con 1,2mill€- y, a mucha distancia, por las cajas y las cooperativas de crédito, que atraen a delincuentes envueltos en tramas mucho más modestas y un valor medio de 180.000€ por caso, la mayoría de narcotráfico. El incentivo económico que obtienen los bancos por incumplir las medias de autocontrol y de “conoce a tu cliente” que impone la legislación vigente y por no hacer todo lo posible por evitar el blanqueo es, por tanto, considerablemente mayor que el de las cajas, lo cual no excluye que estas últimas se puedan ver envueltas también en casos económicamente importantes, o que los bancos puedan aparecer en otros más modestos.

(3) La distribución de los ilícitos entre bancos y cajas/cooperativas de crédito no es proporcional a su peso dentro del sistema financiero español: las cajas son mucho más numerosas, tenían muchas más sucursales abiertas y concentraban en 2009 un porcentaje algo superior de los activos ahorrados que los bancos españoles y no españoles, a pesar de lo cual sólo el 9% de los ilícitos han pasado por sus CC en algún momento, unos datos que son razonablemente coherentes con las estadísticas publicadas por el SEPBLANC (vv.aa.). Que el número de sucursales no sea proporcional a los ilícitos que circulan por bancos y cajas no se puede deber a la casualidad o a la mera proximidad física de unas sucursales y de otras a los espacios de actuación de los delincuentes, sino a factores menos aleatorios como es la preferencia de los delincuentes por los bancos antes que por las cajas. La casi total liquidación del sistema de cajas tras la crisis de 2008 debido a su fuerte exposición al sector de la construcción y al posterior incremento de la bancarización del sistema financiero español, ha sido, por tanto, una pésima noticia para la lucha contra el blanqueo en España: en el capítulo “La particularidad de las cajas” explicamos por qué.

(4) El 94% de los ilícitos que han apostado por las cajas se concentra en tan sólo 10 de ellas -ver tabla 19A-, una lista que encabeza la Caixa que ha atraído casi 25% del total. Esta concentración en determinadas instituciones financieras es algo menor entre los bancos, tanto españoles como no españoles que se reparten de forma más proporcional los ilícitos captados por todas ellas. Cuanto más años duran las tramas, más bancos y cajas distintas intervienen en ellas pues los delincuentes van migrando de unas a otras por razones de seguridad. Los casos en los que aparecen más instituciones financieras diferentes son los más internacionalizados, aquellos en los que los delincuentes utilizan el sistema pagos internacional para enviar activos a terceros países, bien en un viaje definitivo, bien en viajes de ida y vuelta a/de una jurisdicción extranjera. En un caso extremo los acusados llegaron a utilizar 37 instituciones financieras distintas, la mayoría de ellas no españolas, con el fin de transferir activos desde España a Panamá, y después de hacerlos circular por muchas jurisdicciones e instituciones intermedias. Se trata de un condenado que abrió CC en pesetas y en dólares para ingresar el efectivo entregado por narcotraficantes con el fin de transferirlo a Colombia a través de cuentas intermedias situadas en ciudades de tres continentes -preferentemente de los EEUU-, muchas de ellas asociadas a empresas tapadera y siempre siguiendo las instrucciones de los exportadores/importadores de cocaína residentes en Colombia (AN 10/2006).

(5) Las diferencias entre las dos familias de delitos son, una vez más, importantes. Por lo general, los de cuello blanco prefirieren los bancos españoles y extranjeros, aunque sin desdeñar las cajas de ahorros/cooperativas de crédito, mientras los segundos se decantan por el uso preferente de cajas y un uso mucho más restringido de bancos extranjeros. El cuello blanco es más proclive a instrumentalizar el sistema financiero que el cuello azul: una media de 4 instituciones financieras frente a sólo dos en las tramas de cuello azul. Los delincuentes de cuello blanco que hacen un uso más intensivo de los bancos son los malversadores -9 de 11 casos- los perceptores de cohechos y en tercer lugar los delincuentes fiscales. Todos ellos utilizan un número realmente elevado de bancos diferentes por trama destacando el caso de los cohechos, en los que aparece una media de no menos de 10 bancos por caso, lo cual demuestra la particular necesidad que tienen los delincuentes de borrar las pistas del dinero debido a su elevada exposición política y mediática. Son casos que exigen una ingeniería financiera más sofisticada sin que esto sea incompatible con un uso relativamente importante de efectivo como hemos visto. Cuando aparecen bancos no españoles en las tramas de narcotráfico es sobre todo porque son utilizados para repatriar activos a los lugares de residencia de importadores y distribuidores. Los recorridos internacionales de esta clase de activos pueden ser, o bien directos -por ejemplo a través de transferencias directas desde un banco español a la sucursal de un banco norteamericano erradicado en Florida- o bien indirectos, como la realización de múltiples transferencias en forma de zig-zag pasando por diversas cuentas, bancos y jurisdicciones antes de acabar en los lugares de destino final: Colombia, EEUU o Panamá para la cocaína, y Alemania y Turquía para la heroína. No se detecta una complejidad comparable en la circulación de los ilícitos del cannabis importado de Marruecos.

(6) La mayor parte de los bancos extranjeros utilizados para hacer circular activos del narcotráfico por el mundo están situados en jurisdicciones distintas, aunque no siempre y necesariamente en exóticas islas, sino en países como los Estados Unidos o el Reino Unido. Algunas veces se trata de bancos pantalla sin actividad real alguna creados ad hoc por los propios delincuentes y erradicados en jurisdicciones sin supervisión bancaria, aunque vinculados a bancos corresponsales a través de los que pueden operar internacionalmente. Algunos de estos bancos-pantalla tienen nombres tan llamativos como “Miguel Angel Bank I”, “Manuel National Bank” o “Susana Bankers Trust” (por ejemplo AN 4/2003) aunque esta clase de imprudentes veleidades están perdiendo peso a medida en que se agudiza la persecución de estas prácticas. Las tramas en las que intervienen muchos bancos internacionales no tienen que ser necesariamente sofisticadas como sugieren algunos autores, si bien la realización de transferencias desde unas cuentas a otras requieren de una mínima organización de la que pueden participar varias personas. En la época de internet crear un banco de forma anónima y abrir una cuenta corriente a su nombre es extremadamente fácil y barato, y se puede hacer de forma anónima y segura desde cualquier terminal de ordenador (extensamente en el capítulo “Mercados y costes del blanqueo”).

(7) Los bancos también son importantes para los grandes narcotraficantes porque antes de la creación del euro tenían que realizar muchas más operaciones de cambio de moneda, como era el caso de aquellos erradicados en España pero que re-exportaban cocaína a Francia cobrando en francos franceses, o los mayoristas europeos que venían a comprar cocaína y hachís a España, o los mayoristas de heroína erradicados en Alemania que venían a venderla a nuestro país. Esta situación les hacía más dependientes de las sucursales bancarias y las empresas de cambio de moneda exponiéndose más a la interceptación. Otra razón que explica el uso de bancos por parte de los narcotraficantes es su necesidad de alquilar cajas de seguridad en varias instituciones distintas con el fin de diversificar los riesgos y evitar los robos entre ellos, así como para facilitar las operaciones de ingreso de efectivo en cantidades por debajo de los límites sospechosos.

(8) En las comarcas rurales vinculadas a la importación de cocaína y hachís, los delincuentes recurren a las cajas simplemente porque estas son las únicas sucursales abiertas en dichas zonas, un comportamiento que sugieren una cultura financiera más bien poco sofisticada. De todas formas llama la atención que dos cajas gallegas -Caixa Galicia y Caixa de Vigo- hayan tenido tan poca participación en el blanqueo de ilícitos del narcotráfico. Esto apunta a un comportamiento financiero más complejo y sofisticado entre los importadores y grandes distribuidores de cocaína que optarían por hacer los ingresos en comarcas más alejadas de las costas, una práctica que algunos teóricos del blanqueo de capitales han elevado a un comportamiento general en todos los espacios del blanqueo. Otra posibilidad, naturalmente, es que las cajas gallegas estén mucho más implicadas en el lavado de activos sin que hayan saltado las alarmas, sin que las autoridades hayan podido interceptarlo: lo veremos cuando abordemos la geografía de los flujos ilícitos (ver cap.19 “La geografía interior de los ilícitos”).

(9) Pero aunque el sistema financiero sea importante para los narcotraficantes, sin duda lo es mucho más para los delincuentes de cuello blanco, una realidad que no encaja demasiado con la mayoría de los protocolos de actuación basados en la errónea e imaginativa suposición, de que el narcotráfico es la principal y más desestabilizadora fuente de contaminación del sistema financiero internacional. Los programas de formación de empleados bancarios se inspiran en las prácticas financieras de los narcotraficantes que son relativamente sencillas, así como en una serie de indicios destinados a identificar a clientes sospechosos de estar vinculados con prácticas de cuello azul, tales como el aspecto, la nacionalidad, la extracción social, las formas de consumo, el pitufeo o el uso de grandes cantidades de efectivo. Por contra, los empleados están mucho menos preparados para detectar la circulación de ilícitos de cuello blanco, sobre todo cuando proceden de buenos clientes, estos tienen un elevado poder adquisitivo, y utilizan formas de blanqueo más sofisticadas y disponen de CCs abiertas con dinero legal.

(10) Los conflictos de intereses que se generan en estas situaciones suelen acabar en una actitud más benevolente hacia esta clase de clientes con el resultado de una mayor captación de pasivos ilegales por parte de bancos y cajas: en el 12% de los casos de cuello blanco hay al menos un empleado o director de sucursal imputado frente a sólo el 3% de los casos de cuello azul. A esto se suma que resulta más difícil técnicamente que el responsable de una sucursal pueda identificar movimientos sospechosos cuando los delitos precedentes son la evasión fiscal, la malversación o el desvío de subvenciones pues los procedimientos de blanqueo se pueden camuflar mucho mejor detrás de las actividades normales y regulares de los delincuentes. Además, los casos de cuello blanco son más lucrativos que los de cuello azul como hemos visto, lo cual representa un incentivo adicional para que los bancos se muestren menos beligerantes con aquellos.

47. Blanqueo e instituciones financieras: algunos ejemplos

Lo que siguen son algunos ejemplos en los que los acusados han utilizado instituciones financieras para, casi siempre, mover activos ilícitos (ver “Bancos y cajas de ahorros en la circulación de los activos”).

(1) Efectivo producto de la evasión fiscal y del cobro continuado de cohechos es transportado físicamente a Andorra. Ahí es transferido desde unas cuentas a otras, muchas veces en forma de zig-zag de unos bancos enclavados en unos países y otros siguiendo los esquemas propuestos por un profesional contratado: 16 bancos afectados, entre ellos 9 extranjeros (ATSJC 5/2013)

(2) En un importante caso de malversación de patrimonio inmobiliario, en el que interviene el pago masivo de cohechos, aparecen 21 bancos, 8 de ellos extranjeros (AP MA 535/2013).

(3) Cantidades menores procedentes del narcotráfico obtenidas con la venta mayorista de heroína en España son transferidas a Francia desde Archena y Murcia haciendo uso de dos bancos españoles y de una caja (AN 60/2005)

(4) Grupo integrado por ciudadanos españoles y colombianos se pone en contacto con empresarios legales y abren CCs a su nombre con el fin de utilizarlas para realizar transferencias al exterior de dinero del narcotráfico. En total se vieron afectados 7 bancos españoles y 6 cajas de ahorros así como no menos de 20 bancos no españoles (AN 37/2009)

(5) Bajo la supervisión directa de dos narcotraficantes, una mujer y dos hermanos realizaron operaciones de cambio de pesetas por dólares, libras esterlinas, francos franceses y liras italianas en casas de cambio para después transferirlas a Colombia a través de la empresa Maxcoorp Exact Change (AN 70/2005)

(6) Compañera sentimental de un distribuidor medio de cannabis en un entorno comarcal y administrador único de una empresa de construcción sin apenas actividad real pero con contactos profesionales con CajaEspaña y la Caja de Cantabria, es acusada de blanqueo por poner activos a su nombre (AP CA 9/2009).

48. Los bancos y las cajas preferidos por los delincuentes españoles

En la tabla 19 figuran los nombres de las entidades financieras y las empresas de transferencia de dinero mencionadas en los hechos probados de más de 400 sentencias por blanqueo de capitales juzgados en España entre 1995 y 2017

(1)Los bancos españoles preferidos por los delincuentes

Por determinados bancos y cajas han pasado más activos ilícitos que por otros, la mayoría con antecedentes por blanqueo y otras prácticas ilícitas (ver también “Blanqueo y situación financiera de bancos y cajas”). El banco español preferido por los delincuentes es el BBVA, que ha atraído 53mill€ repartidos entre 51 casos. En 1987 ese banco ofreció servicios de opacidad a grandes clientes a través de la creación de entramados societarios. En total fueron incriminados 22 fondos de pensiones secretos que comprometían a 19 miembros de su consejo de administración. Este valor no estaba reflejado en las cuentas oficiales de la entidad hasta que la fusión con Argentaria las sacó a la luz y el banco fue condenado al pago de multas muy elevadas. Al BBVA le sigue el Banco Popular Español, que captó 51 millones en 25 tramas, y el banco suizo UBS, con casi 49mill€ repartidos entre sólo 8 grandes episodios, este último banco acusado en varias ocasiones por tribunales no españoles por sus prácticas ilícitas.
Si le sumáramos a los ilícitos acumulados por el BBVA, por el Sabadell y por el Santander-Open Bank aquellos otros “heredados” de los bancos que estos fueron absorbiendo a lo largo de los años, las cantidades se elevarían a 85, 79 y 79mill€ respectivamente. La política de adquisiciones del Sabadell es la que más se ha beneficiado de los ilícitos acumulados por los bancos absorbidos en sucesivas operaciones. Heredó los 31mill€ acumulados por el Banco Atlántico, los 16mill€ del Banco Urquijo, los 14mill€ del Banco Herrero y los 1,5mill€ del Solbank adquirido en 2001. Por su parte el Santander-Open Bank absorbió el Central-Hispano, el Banesto y últimamente el Popular con sus respectivos ilícitos por un valor total de unos 50mill€ de los cuales 43mill proceden sólo de este último. El Banco Atlántico formó parte del grupo Rumasa nacionalizado en los años 1980 y ha tenido tradicionalmente una fuerte presencia en los paraísos fiscales preferidos por ciudadanos españoles tales como Suiza, Nueva York o Panamá. Fue adquirido por la Arab Banking Corporation en 1984 acabando en 2003 también en manos del Banco de Sabadell (https://en.wikipedia.org/wiki/Banco_Atl%C3%A1ntico). Solbank era el nombre de la antigua red de sucursales del banco británico Natwest y también fue adquirida por el Banco de Sabadell antes de la crisis de 2008. Por su parte Natwest fue comprado por Royal Bank of Scotland (RBS) en el año 2000, un banco rescatado con dinero de los contribuyentes británicos tras la crisis financiera de 2008, y condenado en varios países por manipulación de operaciones con divisas y por dar información incorrecta a sus clientes en el momento de la concesión de hipotecas (El País 31/4/2013).

(2) Las cajas preferidas por los delincuentes

Las cajas, los montes de piedad y a las cooperativas de crédito han conformado durante casi 200 años el núcleo de las finanzas populares en España. Una y otra vez salieron victoriosas de los avatares económicos y políticos del país: desde las guerra carlistas pasando por la crisis de 1929 y los intentos del General Franco de romper su independencia intentando acceder a sus activos. Tras la liberalización del sector en los años 1990, que provocó la llegada de grandes bancos extranjeros a España, consiguieron retener, en contra de las previsiones, más de la mitad de los ahorros de los españoles (Comín 2008).
Las cajas han sido utilizadas mucho menos que los bancos con fines de blanqueo y sólo son mencionadas en 229 sentencias frente a las 263 en las que aparecen los bancos. Además, las cantidades de activos ilícitos por caso son diez veces más modestas que las captadas por los bancos extranjeros y seis veces más modestas que las captadas por los bancos españoles (ver la tabla 18 y la tabla 19). Otro indicio de que han tenido un perfil mucho más bajo en los entramados de blanqueo, es que poco tiempo después de que las dos principales cajas del país -Caixa Bank y Bankia- se convirtieran en bancos aparecieron implicadas en varios casos de blanqueo de dimensiones cualitativamente superiores a la de aquellos en los que se habían visto envueltos hasta ese momento en su condición de cajas: 3,8mill€ cada una (AP B 78/2016). Unos años después, varias sucursales de Caixa Bank en Madrid se vieron implicada en un nuevo caso, el de las llamadas “Mafias Chinas” conectado con el Caso Emprerador-Levi (ver comentario 40) por colaborar en el blanqueo de 99mill€ procedentes de la evasión fiscal y de delitos aduaneros (AAN 16/2018). Antes de convertirse en banco, la caja preferida por más delincuentes españoles era La Caixa, aunque las cantidades incriminadas eran comparativamente menores: 11,3mill€ repartidos entre 56 casos -200.000€ por caso- seguida de CajaMadrid con 9,1mill€ repartidos entre 41 casos -220.000€ por caso-.
Aunque presentados así, estos datos engañan pues La Caixa y CajaMadrid sumaban en 2009 casi el 25% de todas las sucursales que tenían abiertas las cajas y las cooperativas del crédito del país, un porcentaje casi idéntico al de los ilícitos que canalizaron antes de convertirse en bancos, con lo cual no se puede decir que hayan sido preferidas por los delincuentes por razones distintas a su mera cercanía física a los lugares de actuación de los delincuentes. Las 3 cajas que les siguen en importancia -Bancaja, Caixa Cataluña y Caixa Manresa- no superan los 5mill€ de ilícitos captados, todas ellas, junto con la Caixa, envueltas en un importante caso de malversación y financiación ilegal de un partido político (AP B 78/2016). El resto de las cajas apenas alcanzan el millón de euros de activos ilícitos captados y la mayoría de ellos apenas suman 100.000€ cada uno.

(3) Los bancos no españoles y las empresas de transferencia de dinero

Los bancos no españoles tienen un protagonismo sobresaliente en la economía ilícita española pues por ellos han circulado no menos del 43% de todo los ilícitos incriminados y porque aparecen en casi el 25% de los casos a pesar de tener muchas menos sucursales abiertas en España que los bancos y las cajas (ver la tabla 19-C y la tabla 19-D). No obstante hay que diferenciar aquí entre aquellos con sucursales en España -por ejemplo Deutsche Bank, Barclays o Citibank- y aquellos otros cuyas sucursales utilizadas por los delincuentes españoles están situadas fuera del país con el fin de hacer circular bien activos de cuello blanco -como la Banca Gotardo, UBS o la Banca Privada de Andorra- bien de cuello azul como muchos bancos norteamericanos o prácticamente todos los bancos colombianos mencionados en las sentencias.
Los bancos suizos han sido, con diferencia, los preferidos por los delincuentes españoles pues han captado el 35% de todos los activos de este grupo seguidos por los británicos, con el 21%, y los alemanes con el 16%, aunque han sido los segundos los que han protagonizado los casos más lucrativos: el Anglo Irish Bank, -principal banco irlandés- ocupa aquí un lugar destacado pero también la Banca Gotardo y el HSBC-Midland Bank.
La elevada participación del banco suizo UBS con casi 49mill€ no debería ser una sorpresa teniendo en cuenta que este banco ha sido acusado por varios gobiernos occidentales de promover la salida no declarada y el blanqueo de activos procedentes de delitos de cuello blanco (por ejemplo El Mundo 26/2/2016). Se trata de uno de los grandes grupos financieros occidentales con más antecedentes de prácticas irregulares que van desde sus negocios con oro robado a las víctimas del holocausto que le costó la obligación de pagar más de 1.200mill$ en indemnizaciones a sus víctimas, su incitación a la evasión fiscal a ciudadanos norteamericanos, su manipulación del Libor y de la tasa de referencia del mercado mundial para los préstamos interbancarios, hasta su participación en operaciones de fuga y blanqueo de capitales rusos y varios casos más, todos ellos muy importantes económicamente.
Algo parecido sucede con el banco británico HSBC implicado en el caso Swissleaks y condenado a pagar una multa récord de 1.500mill$ por violar las leyes de regulación del sistemas financiero y por su implicación en casos de blanqueo muy importantes (El País 3/7/2013). Por su parte, el Deutsche Bank ha sido multado en varias ocasiones por las autoridades a ambos lados del Atlántico por haber manipulado los tipos de interés hipotecarios de referencia y a finales de 2018 sus oficinas fueron registradas por incitar al blanqueo y al delito fiscal (Cinco Días 29/11/2018 y 6/1/2019).
Significativo también el atractivo que ejerce la Banca Gotardo para los delincuentes españoles, un banco familiar de gestión de grandes patrimonios que se caracteriza por el trato individualizado, en este caso tanto de los imputados de un importante caso de narcotráfico (AN 25/2008) como también de otros imputados en delitos fiscales, cohechos, malversación y delitos urbanísticos (AP MA 535/2013 y AN 20/2018b).
En general los bancos no españoles y los narcotraficantes españoles muestran menos interés los unos por los otros, y cuando lo hacen son utilizados sobre todo para hacer circular activos hacia los países de residencia de los narcotraficantes. Por número de menciones destacan los bancos norteamericanos, muchos de ellos erradicados en el estado de Florida -por ejemplo el Republik Bank of Miami o el Barnett Bank of Central Florida- e implicados en la transferencia de activos de la droga a Colombia, Panamá y los EEUU. Pero en consonancia con las dimensiones económicas del narcotráfico las cantidades por caso son mucho más modestas que en los de cuello blanco -unos 400.000€- aunque esta media, que afecta a los bancos no españoles está por encima de las de los activos de narcotráfico que circulan por los bancos y las cajas españoles. Este dato refuerza la hipótesis de que no sólo la importación, sino también una parte de la gran distribución de cocaína está controlada por no residentes que intentan transferir las ganancias obtenidas en España a sus países de origen haciendo uso del sistema financiero internacional (ver la tabla 14).
La razón del elevado número de bancos norteamericanos se debe el lugar que ocupa el sistema financiero norteamericano en la circulación de los activos del tráfico de cocaína con Europa. Muchos de los distribuidores e importadores activos en España tienen residencia en los EEUU o canalizan, a través de este país, una buena parte de los activos que hacen retornar a su país de origen. Los bancos latinoamericanos mencionados -Banco Continental de Lima, Banco de Colombia, Corporación Financiera del Tolima, Corporación Financiera Ganadera etc- adquieren importancia en relación con las inversiones, mayormente inmobiliarias, de los narcotraficantes colombianos en su país aunque, tanto el número de casos en los que están implicados como las propias cantidades son comparativamente modestas.
De entre todos los bancos no españoles destacan, por número de casos -que no por activos incriminados-, claramente el Deutsche Bank y el HSBC-Midland Bank, que son preferidos por los blanqueadores de casi 15 tramas. Pero a diferencia del banco alemán, con más de la mitad de los casos mencionados procedentes del narcotráfico (por ejemplo AP S 267/2005, AN 26/2004) la presencia del HSBC-Midland Bank parece obedecer a una suerte de división del trabajo: mientras HSBC sólo tiene presencia en, sobre todo grandes casos de cuello blanco (AN 20/2018b, ATSJC 5/2013, AP GUI 22/2010, AAN 16/2018) el Midland Bank, absorbido por HSBC en 2015, sólo tiene presencia en tramas de cuello azul, lo cual sugiere la posibilidad de un boca a boca dentro del mundo del blanqueo relacionado a esta institución (AN 64/1995 y AN 2/2005).
El interés que tiene el HSBC para la investigación académica radica en que, gracias a las revelaciones de un ex-empleado, disponemos de una información de gran calidad sobre sus prácticas de incitación al delito fiscal, así como de la identidad de los delincuentes fiscales españoles que han hecho uso de sus servicios. De hecho, el HSBC sólo aparece vinculado en España a casos con imputaciones por delito fiscal (AP GUI 22/2010, AN 20/2018b y AAN 16/2018) lo cual confirma su especialización en la canalización de esta clase de ilicitos, así como las importantes dimensiones económicas de dichos casos. El HSBC también ocupó un lugar central en la trama que ofrecía servicios de intermediación entre ofertantes y demandantes de efectivo -AAN 16/2018- que hemos descrito en el comentario 40). En dicho caso, el principal imputado organizó una suerte de doble contabilidad para que ofertantes y demandantes de grandes billetes pudieran realizar operaciones de compensación internacional de forma segura y eficiente, y también intervenía cuando había que realizar algún transporte de efectivo desde España a Suiza (Falciani 2015: 202s).
Hemos visto que las empresas de transferencia de dinero tienen una importancia comparativamente menor. La mayoría están enclavadas en grandes centros de consumo o de distribución de drogas, y son utilizadas para enviar el dinero ilícito procedente principalmente del tráfico de cocaína hacia Colombia y, en menor medida, también del tráfico de heroína hacia terceros países como Alemania o Turquía. Sin embargo, hay pocos casos de envío de dinero del cannabis a través de estas casas de cambio a pesar del extraordinario volumen del comercio de esta sustancia entre Marruecos y España (por ejemplo AP AL 337/2008). Esto tiene , varias explicaciones posibles. En primer lugar se debe a que los activos de este tipo de tráfico mayorista circula fuera del sistema financiero pues resulta más seguro transportar el dinero en efectivo utilizando los transbordadores que cruzan el Estrecho. En segundo lugar una parte importante los grandes importadores y distribuidores de cannabis tienen su residencia en territorio español (ver tabla 14) con lo cual no necesitan transferir sus ganancias a Marruecos sino que las hacen circular por España. En tercer lugar las formas de pago de las grandes transacciones de cannabis no se suelen hacer nunca a crédito, como en el caso de la cocaína, sino que se pagan por anticipado en el momento en el que los importadores hacen el encargo directamente en los lugares de cultivo, con lo cual el dinero no tiene que retornar en ningún momento después de hacerse la transacción, sino que el pago se hacer por adelantado en Marruecos Entrevistas (PE-2 y 3). En todo caso en la mayoría de los casos en los que los ilícitos del cannabis se mueven a través del sistema internacional de pagos, estos siguen procedimientos más bien simples. En los casos más complejos el uso de bancos y cajas se combina con el de empresas de transferencia de dinero. El caso de Maxcoorp, una empresa española con esta actividad, es la excepción pues ella sola concentra no menos 24mill€ procedentes de varias operaciones de narcotráfico (AN 70/2007, AP M 103/2005).

49. Situación financiera de bancos y cajas, y actitud frente al blanqueo

Este apartado aporta información sobre la relación entre la situación económico-financiera de cajas y bancos, y la utilización de sus servicios por parte de los delincuentes económicos con residencia en España. Se trata de una información indiciaria que permite explorar la relación entre dicha situación económico-financiera y su mayor o menos permisividad aparente a la hora de hacer notificaciones de sospecha (ver las tablas 19A-D así como “Blanqueo y situación financiera de bancos y cajas” en el cap. 16).

(1) La rentabilidad media del sector bancario español -calculada en términos de resultados antes de impuestos/(activos totales/100)- fue del 0,77% en 2009 mientras que la de los 26 bancos que aparecen, en mayor o menor medida en algún caso de blanqueo de capitales asciende casi la mitad: al 0,47%. Ambas cifras no son del todo comparables, pues la primera se refiere a un solo año y la segunda a años diferentes. Para esquivar este problema hemos comparado sólo los rendimientos de los bancos con mayor densidad de activos del año 2009, con la media del conjunto del sector de ese mismo año. Esta comparación, algo más precisa aunque basada en una muestra más pequeña, también da un desempeño económico claramente inferior de los bancos más utilizados por los blanqueadores con respecto a la media del sector: 0,52% frente al 0,77%. La conclusión es que los bancos, que se han intentado beneficiar -voluntaria o involuntariamente- de los dividendos de la circulación de la economía ilícita tienen unos rendimientos claramente por debajo de la media del sector, lo cual podría contribuir a explicar que los primeros 17 de los 20 bancos con más densidad de activos ilícitos de la lista ya no existan en 2019. Las políticas más laxas de colaboración con el SEPBLANC podrían obedecer así al intento de mejorar una situación financiera adversa incurriendo con ello en prácticas de competencia desleal con respecto a aquellos bancos que se muestras más colaborativos con el SEBLANC.

(2) Pero las prácticas más laxas no parecen haber podido impedir la desaparición de la mayoría de estos bancos como entidades independientes. En la tabla 19-B se aprecia que hay tres bancos con una densidad de ilícitos cualitativamente superior al resto: los desaparecidos Banco Meridional, Atlántico y Herrero, todos ellos con un porcentaje de ilícitos interanuales sobre los activos totales anotados en su última declaración oficial del 0,3%. Encabeza la lista el Banco Meridional, un pequeño banco de Ceuta envuelto en un caso puntual aunque muy importante de tráfico de cannabis (AN 39/1999) a pesar de lo cual su instrumentalización -activa o pasiva- por parte de los blanqueadores no le permitió evitar ser absorbido por el BBVA en 1994 aún cuando la media de sus rendimientos, calculados en términos de resultados antes de impuestos sobre los activos totales, no era tan desfavorable antes de desaparecer -0,65% de su activos-. Los Bancos Herrero y Atlántico tampoco cosecharon resultados excesivamente adversos, lo cual no pudo impedir que fueran absorbidos por el Sabadell. El cuarto de la lista es el Banco Simeón, que se incorporó a un grupo extremeño-portugués tras cosechar rendimientos negativos en 2004 (-1,14%). En densidad de activos ilícitos les sigue la Banca March, un banco especializado en gestión de patrimonio -un sector particularmente sensible a las grandes operaciones de blanqueo- que aparece reiteradamente en varios casos de narcotráfico con epicentro en las Islas Baleares (casos AP IB 207/1999, AP IB 14/2006, AP IB 25/2010 y AP MA 253/2013, este último uno importante de cuello blanco, ver también Falciani 2015), pero también en un caso importante de cuello blanco (AP MA 535/2013). Llama la atención que la Banca March, fundada por el Juan March en 1926, sea el único banco que aún existe como entidad independiente de entre los 17 con más densidad de activos ilícitos.

(3) A los ya mencionados hay que sumarle el Banco Zaragozano implicado en 5 casos importantes y que fue comprado en 2003 por el Barclays; el Banco de Andalucía, el Urquijo y Solbank adquiridos por el Sabadell con su elevada carga de ilícitos incluida y que, como los anteriores, podrían haber influido en sus aceptables rendimientos económicos antes de desaparecer como bancos independientes en los primeros años 2000; la Banca Catalana adquirida por el BBV tras fracasar el intento de convertirlo en un banco al servicio del proyecto de “construcción nacional” en Cataluña (Santamaría 2014), así como los Bancos de Galicia, de Castilla y el Banco Pastor, que fueron absorbidos por el Popular en 2004 también a pesar de sus buenos rendimientos. Este es el caso también del Banco Popular años después que no pudo soportar su política de concesión de créditos a promotores no solventes y fue absorbido por el Santander en 2018 tras acumular 44mill€ de ilícitos procedentes de 24 casos de blanqueo de cuello blanco. La incorporación de la peseta a la zona euro es seguramente el principal motivo de la fuerte reestructuración bancaria que se produjo a partir del año 2000, pero no deja de ser llamativo que a fecha de hoy hayan dejado de existir como entidades independientes 17 de los 20 bancos con la mayor densidad de ilícitos del panorama bancario español. Parece por tanto confirmarse la hipótesis, de que los bancos con problemas financieros tienden a adoptar posiciones más laxas en la lucha contra el blanqueo de capitales, que estas posiciones mejoran sus rendimientos a corto plazo pero que las mejoras no son suficientes para compensar sus problemas estructurales, problemas que les acaban llevando a su desaparición como entidades independientes.

(4) Todo apunta a que la situación en las cajas y las cooperativas de crédito es o ha sido bastante distinta. La densidad media de sus activos ilícitos es sustancialmente menor que la de los bancos españoles -0,004% frente a 0,102%- y sólo una de ellas se acerca de lejos a los bancos: la Caixa de Manresa con una densidad de 0,058 debido a su elevada exposición, al igual que Bancaja y Caixa Cataluña, a una trama importante de malversación y financiación de un partido político con epicentro en Barcelona. La cajas que le siguen -Bancaja- con 0,018 y a mucha distancia Caixa Cataluña y la Caja de Ahorros de Granada- tienen todos una densidad de ilícitos mucho más baja que la de los primeros bancos de la lista. Llama la atención, también, que las diferencias en la densidad de los ilícitos entre todas las cajas y cooperativas de crédito sea mucho más pequeñas que la que se da entre los bancos, lo cual sugiere un uso más contingente de sus servicios financieros por parte de los delincuentes que no parecen acudir tanto a determinadas cajas por ser más permisiva en la política de notificaciones de sospecha, sino simplemente porque tienen abiertas las sucursales que les quedan más cerca. Incluso las dos cajas preferidas por los delincuentes aunque con un número muy importante de sucursales -La Caixa y CajaMadrid- tienen densidades de activos bastante bajas y similares a la media del sector, y hay indicios de que incluso la Caja Castilla-La Mancha, que en 2009 cosechaba pérdidas considerables, no intentó compensar su mala situación financiera reduciendo la laxitud en las políticas de notificación de sospecha.

(5) En general, la densidad de los ilícitos no sólo es más baja y uniforme en el mundo de las cajas, sino también las cantidades ilícitas totales, en definitiva los rendimientos económicos que les aporta una colaboración laxa con el SEPBLANC. Así, los más de 400mill€ de pérdidas de la Caja de Castilla-La Mancha en 2009 no impiden que la (pequeña) cantidad de ilícitos atraídos hacia sus CCs tuviera un valor similar al de la de la próspera Caja de Ahorros de Navarra, que ese mismo año cosechaba rendimientos excepcionales por encima del 0,6%. Se aprecia, además, que a diferencia de los que sucede entre los bancos, la media de los rendimientos de las cajas y cooperativas de crédito que aparecen en los casos de blanqueo es casi idéntica a la de la media del sector -0,30 frente a 0,29%-, lo cual apunta en el mismo sentido, a que son elegidas por los delincuentes de forma más bien aleatoria y casual. Hemos visto que los activos medios que han captado cajas y cooperativas de crédito no superan los 180.000€, aunque algunas cajas catalanas marcan aquí la excepción: la Caixa de Manresa con 3,8mill€ seguida a cierta distancia por la Caixa de Cataluña con 0,7mill y Caixa de Estalvis de Girona (ver tabla 19-D). Pero todo el resto sólo ha captado menos de 350.000€ por caso, incluida la propia Caixa, que encabeza la lista de cajas y cooperativas de créditos preferidas por los blanqueadores, a pesar de lo cual la cantidad de activos por caso es bastante modesta: algo menos de 250.000.

50. Grado de actividad real de las empresas incriminadas

Lo que llamamos aquí el “grado aparente de actividad real” (ver la tabla 20 así como “Las empresas no financieras en las rutas del blanqueo” en el cap. 16) intenta cuantificar hasta qué punto una sociedad implicada en los procesos de circulación de ilícitos es una simple cáscara legal, si está registrada en algún sitio o si su constitución va unida a una actividad productiva real sea esta más o menos exitosa. La fuente utilizada para determinada dicho grado es la información depositada en los registros mercantiles españoles y no españoles sobre las empresas mencionadas en los hechos probados de las sentencias, y que, a su vez, es recogida en varias páginas comerciales (en España por ejemplo http://www.einforma.com o http://www.axesor.es/Informes-Empresas/), y cuyas bases de datos se nutren de la información proporcionada por los registros mercantiles oficiales. La información contenida en dichas bases de datos se puede clasificar a partir de una escala de puntuación que van del 0 -que equivale al de aquellas empresas que aparecen en las sentencias pero que ni siquiera han sido inscritas en algún registro conocido-, al 4 -que equivale al de una empresa que no sólo ha sido inscrita sino que además ha depositado sus balances y sus cuentas de explotación al menos a lo largo de los dos años últimos años- (ver nota metodológica en tabla 20). Esto no quiere decir que dicha información se ajuste siempre y en todos los casos a su actividad real, pero sí que hay indicios evidentes de que este es el caso.

(1) En los casi 430 casos analizados aparece un total de 2.260 sociedades no financieras repartidas entre 165 casos aunque aunque sólo el 41% -exactamente 934- están listadas en algún registro mercantil español o no español integrado en la red internacional de registros mercantiles de acceso público. El 59% restante -1.333 sociedades- no aparecen en ninguno de ellos, con lo cual su puntuación es directamente “0”. Un poco menos de la cuarta parte -el 23%- de las 2.260 empresas mencionadas lo han sido en registros no españoles aunque no tenemos información precisa sobre la mayor parte de ellas, con lo cual no podemos puntuarlas realmente aunque del relato de los hechos probados se puede desprender que una parte muy mayoritaria de dicho 23% de empresas no españolas tampoco tiene actividad real alguna. La mayor parte de las empresas que ni siquiera han sido registradas son probablemente “empresas-cuenta corriente” aunque no hay información suficiente para afirmarlo de forma más precisa (ver “Cinco tipos de empresas vinculadas al blanqueo dentro del capítulo 16).

(2) La puntuación media de las empresas registradas -934- es de 1,96. Esto quiere decir que se acerca por abajo a la puntuación “2” que equivale a la de las empresas “cuyo nombre figura en los listados de empresas nacionales o internacionales consultados pero existen indicios evidentes de que no ha tenido nunca actividad real alguna pues no han constancia de que hayan depositado nunca sus balances de situación y sus cuentas de explotación”. La mayor parte de este grupo son “empresas-velo” o “empresas patrimoniales (ver también “Cinco tipos de empresas vinculadas al blanqueo dentro del capítulo 16), lo cual no excluye la posibilidad de que muchas puedan ser empresas-CC.

(3) Se aprecia que el índice de actividad real es algo más bajo en los casos de cuello blanco que en los de cuello azul -1,67 frente a 1,99-. La razón es el mayor número de “empresas-velo” y “empresas-cuenta corriente” utilizadas para opacitar la identidad de los imputados en delitos de cuello blanco. Sus protagonistas son muchas veces personas políticamente expuestas que han acumulado un patrimonio ilícito importante, patrimonio que ha aparcado en empresas-velo. La mayor parte de las sociedades creadas por los delincuentes de cuello azul, sin embargo, las utilizan para transferir los ilícitos de vuelta a los países productores, razón por la cual se conforman con la creación de empresas-CC

(4) Se aprecia también que las de cuello blanco incluyen un porcentaje considerablemente mayor de sociedades domiciliadas fuera de España que los de cuello azul -21% frente al 13%-, aunque es más que probable que esta diferencia sea mucho más grande aún en la realidad debido al elevado porcentaje de empresas vinculadas a tramas de cuello blanco para las que no tenemos datos más detallados: 56% de las empresas vinculadas a tramas de cuello blanco son no españolas frente a sólo el 22% de cuello azul. La razón es -otra vez- la importancia de las sociedades-velo así como la creación de grupos empresariales con proyección internacional, grupos en los que aparece normalmente una empresa vinculada con actividad real en España pero al que pertenecen muchas otras: tanto empresas-velo, CC como también empresas vinculadas (por ejemplo AN 7/2013, ver también El Correo 24/12/2017).

51. Sectores de actividad de las empresas incriminadas por blanqueo

Las empresas que figuran en las sentencias por blanqueo de capitales pertenecen, aunque sólo sea formalmente, a un determinado sector de actividad según la información depositada en los registros mercantiles. Cuando se trata de meras cápsulas jurídicas y ni siquiera han sido registradas, es posible derivar de su nombre en muchos casos el sector de actividad en el que los acusados pretenden vincularlas, lo cual genera indicios sobre el tipo de actividad económico-delictiva en la que se mueven (ver tabla 21 así como “Las sociedades envueltas en actividades de blanqueo” en el cap. 16).

(1) En dicha tabla se aprecia que casi la mitad de las empresas incriminadas para las que tenemos datos pertenece al sector de la construcción y afines, tales como el sector inmobiliario o el de la reformas de edificios y del interiorismo, un ejemplo mas de la naturaleza criminógena o criminosa que ha llegado a adquirir este sector en España (ver “La malversación de patrimonio público inmobiliario” en el cap. 5). La suma de las empresas envueltas en actividades comerciales mayoristas y minoristas de todo tipo no sobrepasa el 17% aunque predominan las vinculadas al comercio al por mayor y menor de alimentos y bebidas (4% del total). El resto se reparte de forma relativamente uniforme entre muchos (sub)sectores de actividad que van desde la “actividad agrícola” hasta la “organización de eventos”.

(2) Con dos excepciones: los sectores de la “restauración y el comercio de maderas, plantas y electrodomésticos” envueltos en varios casos de blanqueo de activos del narcotráfico; y del “asesoramiento legal y financiero a empresas y particulares, despachos de abogados y notarías” que tienen una fuerte presencia en las tramas de cuello blanco, ambos con más del 5% de todas las sociedades de la muestra. Llama la atención, en todo caso, la escasa presencia de sectores estrictamente “productivos” como demuestra ese 3% de empresas vinculadas al sector agrícola, ganadero y forestal, así como un modesto 2% vinculado a la actividad industrial. Los sectores productivos despiertan mucho menos interés entre los delincuentes. Bien porque sus cuentas económicas son más difíciles de maquillar, bien porque requieren de mayores inversiones, bien porque no está sometidos a las dinámicas de revalorización propias del sector de la construcción en España (para Alemania ver Suendorf 2001).

(3) El caso con más empresas activas -real o formalmente- y distribuidas entre más sectores de actividad es ATSJC 5/2013. Las más de 50 empresas documentadas, la mayoría de ellas domiciliadas en el centro de Barcelona, tienen presencia en casi 30 sectores de actividad diferentes, y muchas participaron tanto de la generación como de la circulación de los activos incriminados. Dichos sectores van desde la “Obtención y el desarrollo de concesiones administrativas para la explotación de servicios públicos” o las “Perforaciones, cimentaciones y pavimentaciones para la construcción de edificaciones civiles” -Iberoamericana de Business and Marketing SA-, hasta la “realización de estudios económicos y financieros, y de ingeniería” -Active Translation-; desde la “compraventa de fincas rústicas, su parcelación y urbanicación”, la “distribución y comercialización de productos relacionados con el sector de la dietética, perfumería, droguería, cosmética, bebidas y alimentación” -Iniciatives Marketing i Inversions, S.L.- hasta la “prestación de servicios portuarios” - Inter Rosario Port Services, S.A.. Los sectores afectados son el de la construcción e inmobiliario, el de la gestión de casinos, las telecomunicaciones, la gestión portuaria, las fabricación de mármoles, la explotación de campos deportivos, la refinería de petróleos, la distribución eléctrica, el tratamiento de residuos, el comercio exterior, la explotación de peluquerías y salones de belleza, la comercialización de equipos informáticos, la telefonía, los objetos de regalo, la importación de productos alimentarios, el estudios y asesoramiento en arquitectura, ingeniería y finanzas, el comercio de obras de arte y antigüedades, la gestión de patentes y marcas, asesoría fiscal y financiera: es imposible encontrar un caso con tantas ramificaciones por toda la geografía productiva del país.

52. Cinco tipos de sociedades vinculadas al blanqueo: algunos ejemplos

Las empresas no financieras que intervienen en la circulación de los ilícitos, se pueden agrupar en cinco categorías dependiendo de la función que ocupan dentro de dicha circulación, es decir, en el ocultamiento, el movimiento y/o la transformación de los ilícitos (en “Cinco tipos de sociedades vinculadas al blanqueo” explicamos sus diferencias). Lo que siguen son algunos ejemplos de empresas pertenecientes a cada uno de dichos grupos.

(1) Sociedades-velo destinadas a ocultar activos

Alcalde y su esposa implicados en un delito urbanístico, adquieren todas las participaciones de las sociedades Mafasa Kim, SL, Ureña Iberia, SL y Kinium Fir, SL, sociedades que habían sido constituidas un año antes por la mercantil empresas Urgentes 24H SL. Todas ellas estaban carentes de actividad y habían sido constituidas exclusivamente para poner activos a su nombre y transmitirlos a terceras personas. En el Registro de Mercantil no se hizo constar dato alguno que vinculara a los acusados con dichas sociedades siendo nombrado administrador una persona de confianza de los acusados. (AP MA 278/2017).
Aldevega Inversiones, Algaida Santillana SL y Barinia-Consultoría Económica LDA, una de ellas puesta a nombre de la mujer del principal imputado, son sociedades patrimoniales a las que iban a parar los activos ilícitos generados con una importante estafa filatélica (TS 23/2018).
Santa Ana 1 es el nombre de la empresa creada por un profesional erradicado en Marbella que ofertaba servicios de opacidad a clientes de todo el mundo con el fin de poner a su nombre -al nombre de dicha empresa- participaciones de otras empresas que, a su vez, participaban de otras y así sucesivamente, al final de las cuales estaban sus clientes vinculados a la comisión de delitos. Para hacer retornar activos depositados fuera de España dicho profesional creó Finj 2010 SL registrada también en Marbella, a donde eran transferidos los activos depositados, con titular real falso, fuera de España (DDPP 1455/2006).
Naviera del Pilar SL es una empresa familiar que llevaba inactiva varios años y que recibió casi 2mill€ generados con cohechos. Estaba domiciliada cerca de la casa del principal acusado en Madrid, pero formalmente era propiedad de Lacarna BV domiciliada en Ámsterdam que, a su vez, pertenecía a Lamartine Beheermaats Chappinj, nombre que no alude ya a la nacionalidad de su beneficiario último. Esta última pertenecía, a su vez, a Sarasino Corporation NV domiciliada en Curaçao, desde donde el acusado intentó hacer retornar a España 1,2mill€ en activos ilícitos (ATS 20751/2017)

(2) Sociedades-cuenta corriente destinadas a mover ilicitos

A través de las empresas Agrojardín Guadalmansa, Cronwagen Ibérica y Navarro Publicidad SL, todas ellas sin actividad alguna conocida, se realizaron los pagos con dinero ilícito destinados a la financiación irregular de un partido local de una localidad cuyo alcalde fue acusado de malversación de caudales públicos (SP Estepona 2/1/2008).
En el caso Petromiralles-Walker las empresas pantalla creadas por todo el mundo a nombre de testaferros tenían más de 100 CCs asociadas a ellas y una vida particularmente efímera. La razón es que su única función era canalizar activos ilícitos que acabaron en bancos sevillanos desde donde, en parte, eran transportados en maletines al lugar de residencia de los encausados residentes en Barcelona (Caso Petromiralles-Walker).
La empresa creada por el principal encausado y puesta a nombre de un despacho de abogados movía dinero ilegal en viajes de de ida y vuelta a Suiza y, a través de sus CCs, se realizaban pagos de los bienes inmuebles adquiridos con dicho dinero (AP MA 535/2013).
Un grupo de delincuentes transfirieron a España los beneficios de sus actividades de extorsión, tráfico de drogas y armas en Rusia a través de sociedades interpuestas radicadas en Letonia, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Se trataba de sociedades-CC que funcionaban como estaciones de paso de los activos incriminados. Los activos acababan transformados en bienes inmuebles puestos a nombre de sociedades-velo cuya titularidad era de un asesor fiscal español que hacía de testaferro (AN 40/2010).

(3) Sociedades-mezcladoras utilizadas para transformar ilícitos

La empresa Zalgar Grupo es una franquicia de Adolfo Domínguez, se dedicaba al comercio al por menor de prendas de vestir. Pero además era una de las receptoras de los activos generados en actos de malversación de caudales (AP MA 179/2013).
La empresa Azuche 88 SL, domiciliada en Murcia capital, fue creada por un gran malversador y ex-constructor quebrado con el fin de construirse su propio chalet y otros tantos destinados a la venta real de bienes inmuebles (AP MA 535/2013).
Un conseguidor de contratos públicos con una larga actividad empresarial previa en el sector del comercio al por mayor de juguetes y de los servicios geriátricos, pone una de ellas, que tenía una actividad real, a nombre de su esposa con el fin de que pudiera recibir activos generados con malversación y así mejorar sus rendimientos económicos (AN 23/2017).
El llamado Proyecto Twain Jones SL era una empresa legal erradicada en Madrid y con actividades reales de promoción inmobiliaria. Estaba participada por algunos acusados y su cuenta de resultados se beneficiaba del dinero ilegal generando con delitos de malversación en España después de que estos hicieran un viaje de ida y vuelta al extranjero (AN 20/2018c).
Un ganadero asturiano pone su explotación con actividad real a nombre de su hijo con el fin de mezclar activos ilícitos generados con operaciones de importación de drogas con activos legales vinculados a la actividad de su explotación, así como de un negocio, también legal de transporte propiedad del hijo (AP AS 44/2001).
Los 72mill€ en concepto de cuotas defraudadas de otro caso circulaban por sociedades anónimas del sector agroalimentario con actividad real y propiedad del acusado, incrementando los dividendos de sus accionistas, entre los que figuraba el propio condenado y sus familiares (DDPP de la AN 214/09).

(4) Sociedades vinculadas utilizadas para mover y ocultar ilícitos

Wanplais SL domiciliada en Barcelona y especializada, aparentemente, en actividades inmobiliarias, en la prestación de servicios administrativos y contables, y en la explotación y el comercio de productos agrícolas, simuló la prestación de servicios con el fin de mover activos procedentes del pago de cohechos (Caso Innova).
El primer anillo societario de una trama basada en el uso de sociedades vinculadas recibía el dinero procedente de la malversación y otros delitos afines facturando trabajos especializados de muy diversa índole, pero que no se prestaron nunca. Al tratarse de servicios de contenido difícilmente objetivable se podían emitir facturas falsificando los importes (TS 277/2018).
Una empresa del sector de la inversión filatélica pone en marcha una estafa basada en un esquema piramidal que necesitaba de la revalorización constante de los sellos vendidos a sus clientes. Para conseguirlo, los estafadores pusieron en marcha un grupo empresarial internacional con sociedades a nombre de parientes y personas de confianza, con el fin de autocomprarse los sellos a precios ficticios y siempre crecientes. A través de la sobrefacturación los estafadores conseguían inflar artificialmente el valor de los sellos vendidos a los estafados, con lo cual podían seguir incorporando nuevos participantes al esquema piramidal. Sin embargo, el objetivo que perseguía la creación del grupo de empresas también era el sacar ilícitos de España generados con dichas estafas hacia otras jurisdicciones manipulando para ello los datos de las operaciones del comercio exterior dentro de su propio grupo empresarial aprovechando justamente la naturaleza vinculada de los compradores y los vendedores (AN 23/2018).
Un acusado recibe 100.000€ de activos ilícitos camuflados bajo un contrato de prestación de servicios por parte de una empresa -Conosur Land- puesta a su propio nombre y con la razón social de "informar, asesorar y gestionar actuaciones en la Unión Económica Europea”. Sin embargo estos servicios fueron pagados sin contraprestación alguna por la empresa de un segundo acusado relacionado con el primero, empresa que tenía el nombre de “La Moraleja SA” y que estaba vinculada a la primera (AN 20/2018-B)

(5) Sociedades-cliente asociadas a la transformación de ilícitos

Un grupo de malversadores de caudales públicos y perceptores de cohechos realizaron obras de rehabilitación de sus propios domicilios particulares a cargo del presupuesto de la fundación cultural que presidían. Las empresas contratadas- Trioba SA, Clos 9 SA, Clos Interiors SL, Inspección y Mantenimiento SA y otras tantas cambiaron el nombre de sus clientes para que pareciera que habían realizado dichas obras en beneficio de las entidades públicas pagadoras. El objetivo era beneficiarse de la contratación de servicios con dinero ilícito generado por terceras personas y, al mismo tiempo, transformar los ilícitos declarándolos como dinero destinado a dichas obras (Caso Palau de la Música).
La empresa de explotaciones ganaderas Agrazul SA domiciliada en Alcalá de los Gazules arrendaba tierras a los encausados en delitos urbanísticos, de forma que el dinero ilícito acumulado por estos acababa en su propia cuenta de resultados (AP MA 179/2013).
Granitos Turquesa SL de Ribadumina (Ponteverdra) fue contratada por un narcotraficante para realizar obras en su extravagante casa. A cambio, esta se prestó a sobrefacturar sus servicios en un 60%. Al hacerlo se convirtió en una empresa-cliente beneficiada por el dinero del narcotráfico pero también en una empresa vinculada con el propio pagador de sus servicios con el fin de transformar los ilícitos (AN 51/2006).

53. Análisis contable de empresas-mezcladoras vinculadas al narcotráfico

El estudio económico-financiero de las empresas que han utilizado recursos procedentes del narcotráfico para el desarrollo de su actividad productiva -todas ellas “empresas-mezcladoras”- ha sido realizado por el gabinete Asesores y Consultores Australia SL cuyos servicios han sido financiados a cargo del presupuesto de proyecto de investigación SEJ 2006-05099 (Estructuras del Blanqueo de Capitales en España) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (ver “Análisis contable de las empresas-mezcladoras” en el cap. 16, así como la tabla 22). Los principales resultados de dicho estudios son los siguientes:

(1) En total fueron analizadas las cuentas económicas de 31 empresas mencionadas en los hechos probados de sentencias con imputaciones por narcotráfico y blanqueo, 26 de ellas habían sido registradas como sociedades de responsabilidad limitada (86%) y 5 (15%) como sociedades anónimas. Todas ellas tenían un índice de actividad “4” (sobre esta escala ver comentario 50 así como la tabla 20)

(2) Los balances analizados abarcan entre dos y tres años consecutivos que coinciden con los años en los que tuvieron lugar los hechos descritos en las sentencias. La muestra no sólo es razonablemente representativa por la proporción entre SSLL y SSAA, sino también porque abarca casi el 50% de las 66 empresas con actividad “4” para las que hemos podido reunir datos más o menos completos, todas ellas implicadas en delitos de narcotráfico. Esto no quiere decir que la contabilidad presentada sea consistente o económicamente racional, pero los datos contables depositados en los registros mercantiles sí que permiten calcular ratios para extraer conclusiones de contenido contable y financiero.

(3) En total fueron examinados 74 Balances de Situación y un número igual de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, 3 Estados de Cambio en el Patrimonio Neto y 2 de Flujos de Tesorería depositados por las empresas en los Registros Mercantiles. No se ha utilizado ninguna memoria a pesar de que habría resultado de gran valor para la interpretación de los datos económicos. Además se ha contrastado la información financiera referida a dichas empresas con 47 balances proporcionados por la Central de Balances del Banco de España correspondientes a los grupos de la CNAE a los que pertenecen las 32 empresas de la muestra con el fin de comparar su comportamiento financiero con la media del subsector. Esta información no ha resultado tan positiva como se esperaba debido a la falta de rigor de las cuentas depositadas en los Registros Mercantiles. A pesar de ello se han examinado dicha documentación de la Central de Balances con el fin de buscar indicios de comportamientos financieros específicos y diferenciados con respecto a las empresas “normales”, por ejemplo en lo que se refiere a las inversiones.

(4) El objetivo era averiguar el destino contable del dinero ilícito inyectado en empresas legales y actividad real -“empresas-mezcladoras”- , así como los criterios utilizados para hacerlo. Para ello se han analizado los ratios de garantía, de solvencia y liquidez, y se han calculado los coeficientes de endeudamiento con el fin de compararlos con la media del (sub)sector. Se han analizado los resultados económicos del ejercicio, las subvenciones o donaciones y las operaciones entre empresas pertenecientes a un mismo grupo, en caso de existir dicho grupo. También se ha examinado el número de trabajadores empleados y las operaciones realizadas con otros países tanto intra- como extracomunitarios.

(5) Las preguntas a las que se ha intentado dar respuesta a partir de este todo este material son: ¿Existe un incremento de ventas coherente con la estructura económica de la empresa? ¿Es coherente la variación de existencias de un año a otro, es decir, se corresponde tal variación con un incremento o disminución equivalente de la actividad comercial? ¿Está bien estructurada la financiación ajena y la composición de la misma? ¿Se han realizado inversiones inmobiliarias? ¿Se ha producido un cambio en la plantilla de personal de forma injustificada? ¿Qué relación existe entre la financiación a corto plazo y la aparición de inmovilizado y operaciones comerciales financiadas a largo plazo? ¿Existen ingresos financieros importantes, ingresos o gastos a la explotación exagerados?¿Aparecen acreedores a largo plazo o a corto plazo no relacionados con un incremento de una masa patrimonial activa? No se ha entrado en el análisis de los posibles fraudes de IVA conocidos como “trucha” y “carrusel”, y sólo ha sido posible analizar los ratios de rentabilidad financiera debido a la evidente falta de coherencia de aquellos otros referidos a la rentabilidad económica y de explotación. Todos los datos contables se refieren a la actividad de las empresas durante el período que va de 2005 a 2008.

(6) Los ingresos ilícitos que inundan la contabilidad de estas empresas suelen ser declarados como donaciones y normalmente se hacen en efectivo. Su destino es muchas veces la adquisición de inmovilizado pero también el pago de deudas contraídas en compras ficticias, compras que se reflejan en un aumento muy rápido del stock de existencias justamente debido a su carácter ficticio. Estos esquemas generan una gran liquidez, liquidez que resulta del todo innecesaria para el desarrollo de una actividad productiva normal y que se hace fácil de detectar en los balances. Las deudas comerciales se intentan pagar haciendo uso de cheques o transferencias, que son los medios de pago exigidos por la Inspección Tributaria, pues permiten simular una corriente equivalente de bienes y servicios. Las presuntas donaciones quedan contabilizadas como masa patrimonial pasiva, masa que está desprovista de una contrapartida de activos pues esta, simplemente, no existe. Después de muchos asientos contables dicha masa se va transformando contablemente en pérdidas perpetuas sólo compensables con beneficios futuros.

(7) En algunas de estas empresas beneficiadas por la inyección de dinero procedente del narcotráfico se produce un fuerte aumento de las reservas sin que existan beneficios suficientes para justificarlo. En estos casos aparece un inmovilizado o unos deudores por compras que, al ser ficticios, no se pueden reclamar a ningún cliente, con lo cual se va acumulando una masa patrimonial activa “no reclamable”, en definitiva, un aumento del incobrable tácito y permanente.

(8) En algunas empresas aparecen acreedores a largo plazo que vuelven a aparecer en balances sucesivos sin que, en momento alguno, pasen a convertirse en acreedores a corto plazo. El objetivo pretendido aquí tal vez sea establecer una deuda prorrogable de forma indefinida con el fin de compensar partidas de activo inexistente. En el caso de existir tesorería el objetivo contable podría ser el de pagar una serie de deudas ficticias contraídas por la empresa, es decir, sin que vayan unidas a la recepción de mercancía o servicio alguno.

(9) Por lo demás, hay muchas empresas que declaran haber recibido préstamos a pesar de disponer de una liquidez más que suficiente para la actividad que vienen desarrollando, a pesar de lo cual mantienen sus deudas sin pagar devengando por ello incluso gastos financieros. Esto se ve con claridad comparando los coeficientes de endeudamiento de las empresas de la muestra con el de aquellas otras recogidas en el estudio financiero de la Central de Balances y actividad similar. Esta anomalía está muy generalizada y afecta a cerca del 70% de las empresas examinadas. Se percibe nítidamente que algunas deudas financieras no se corresponden con operaciones reales y que, a veces, dichas deudas ni siquiera son a largo plazo. Algunas empresa incrementan su deudas con proveedores en una cantidad superior a las ventas del año, con lo cual el saldo aumenta de forma artificial, probablemente pensando en la posibilidad de saldar dichas deudas en un futuro con dinero limpio.

(10) En algunas empresas se produce, además, un aumento desproporcionado de los gastos de personal. Esto puede deberse a que, en lugar de optar por la creación de deudas ficticias, se apuesta por esta estrategia de disminución de la liquidez generada con dinero ilícito a través de nóminas infladas, tal vez pagadas a los propietarios de tales empresas o a los familiares que permanecen en la sombra, y que reciben dinero de la empresa a través de relaciones laborales fingidas. También se observa en algunas empresas un aumento de la partida de consumo de explotación en relación con el tráfico real que desarrollan.

(11) Todos estos aspectos no sólo sugieren la existencia de prácticas de blanqueo, sino también de fraude de IVA, por ejemplo en actividades de compra de bienes inmuebles probablemente adquiridos a un precio inferior al del mercado o por medio de la emisión de documentación falsa.

54. Inversiones delictivas con ilícitos por delitos precedentes

En la tabla 23 figuran las inversiones delictivas con dinero ilícito por grupo de delitos precedentes (ver “Inversiones delictivas y recursos simbólicos: la economía del acuario” en el cap. 16).

(1) En primer lugar se aprecia que el pago de cohechos con dinero ilícito afectan al 4% de todos los casos aunque a casi el 90% de las tramas de delitos urbanísticos y a casi la mitad de los casos de malversación y desvío de subvenciones. Los cohechos no representan cantidades muy elevadas pues equivalen a porcentajes que fluctúan entre el 1% y el 5% de los valores desviados como hemos visto, pero su funcionalidad en dicho desvío resulta esencial cuando el beneficiario de los activos malversados no es el propio malversador sino una tercera persona o una sociedad. Del pago de cohechos en cantidades suficientes depende, además, la posibilidad de mantener la discreción sobre los activos ilícitos y sobre los participantes en las operaciones, lo cual explica el fuerte blindaje identitario de los primeros a través del uso masivo de sociedades-velo (ver comentario 52). Hay muchos casos en los que no sólo se pagan cohechos sino que además se destina una parte de los ilícitos desviados con su ayuda a financiar nuevos cohechos. Se aprecia también que los casos de cohechos pagados por narcotraficantes parecen bastante residuales (excepciones p.ej. los casos AN 16/2005 o AP IB 14/2006). Aunque estos datos engañan, pues una parte importante de los cohechos que se pagan en los ambientes del narcotráfico tienen como destinatarios no tanto los políticos como los agentes de la autoridad con el fin de que se abstengan de intervenir en operaciones de desembarco de sustancias ilícitas o de interceptación de redes de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual por ejemplo, cantidades que no siempre aparecen en las tramas pues resultan más difícilmente detectables pues se trata de cohechos más pequeños y ramificados -“pequeña corrupción” (ver tabla 5), cantidades que sin embargo pueden llegar a sumar cantidades muy importantes cuando las tramas se van alargando (ver por ejemplo AP IB 14/20069

(2) El pago a proveedores ilegales en el mundo del narcotráfico es una inversión delictiva importante aunque afecta exclusivamente a este particular segmento del universo delictivo. El 25% de casos que reflejan los “hechos probados” tampoco se ajustan aquí totalmente a la realidad, pues prácticamente todos los actores que intervienen en la cadena del narcotráfico tienen que destinar una parte de sus ingresos brutos a comprar nuevas drogas, excepto en aquellos casos en los que deciden abandonar el negocio y que no son infrecuentes pues la tasa de rotación de entrada y salida en el negocio es alta. Hemos visto que los pequeños distribuidores le dedican no menos de una tercera parte -algo más de 800mill€- a estos menesteres, un porcentaje que va disminuyendo aguas arriba hasta llegar a la producción de sustancia donde las compras son económicamente despreciables en relación con el VA del conjunto de la cadena. Esto quiere decir que no sólo en el 25% de los casos como se aprecia en la tabla, sino en todos aquellos en los que distribuidores deciden permanecer en el negocio estos tienen que destinar una parte de sus ingresos ilícitos a comprar nuevas sustancias: también este es dinero negro que retorna al negro sin pretender lavarse en ningún momento en una suerte de “economia de acuario” (ver “Inversiones delictivas y recursos simbólicos”).

(3) Las “otras” inversiones delictivas no incluyen los gastos en blanqueo, que trataremos con detalle más adelante. Si incluyen, sin embargo, todo tipo de bienes y servicios necesarios para alimentar nuevos ciclos delictivos: desde inversiones en medios de transporte destinados a mover drogas al por mayor (p.ej. AN 60/2005) o a hacerlas llegar a las costas españolas, hasta los locales destinados a almacenar cargamentos (AP S 267/2005) o a explotar mujeres sexualmente (Caso Prostíbulos); desde la compra de armas no declaradas destinadas a la comisión de robos con intimidación o de actos de extorsión (AP B 983/2005), hasta la compra de reactivos para fabricar drogas (AN 4/2003). Hay que mencionar aquí específicamente la compra de embarcaciones hinchables destinadas a transportar cannabis desde Marruecos a España. Se trata, en la mayoría de los casos, de embarcaciones de poca manga con un valor medio de algo más 40.000€, aunque con tendencia a aumentar con el cambio tecnológico y el aumento de la potencia de los motores, embarcaciones que muchas veces son abandonadas en las playas una vez culminado el desembarco (para más detalles sobre este nutrido grupo de sentencias dictadas por la AP de Cádiz ver el comentario 55).

(4) La lista de servicios ilícitos en los que puede transformarse los activos negros también puede llegar a ser muy larga. Puede incluir desde el pago de los gastos destinados a traer nuevas mujeres de terceros países con la finalidad de explotarlas sexualmente, hasta el alquiler de bienes inmuebles destinados a perpetrar atentados terroristas (AN 26/2003). Los narcotraficantes, más que los delincuentes de cuello blanco, son los que tienen que desviar una parte mayor de sus ingresos ilícitos a inversiones delictivas tales como embarcaciones, reactivos, almacenes para esconder la droga, locales para organizar la prostitución coactiva etc, inversiones que pueden llegar a ser importantes y que reducen la rentabilidad neta de las operaciones. La razón es que, mientras los delincuentes de cuello blanco utilizan en muchos casos infraestructuras organizativas, tecnológicas y humanas legales para cometer delitos, los de cuello azul tienen que invertir cantidades significativas en “combinar nuevos factores de producción” (J. A. Schumpeter) específicos con fines delictivos aún cuando no lleguen a convertirse nunca en “sociedades” estrictamente hablando. En dicha lista hay que incluir también los pagos en especie -mayormente con drogas- que resultan muy comunes dentro del mundo de la ilegalidad: el intercambio de cocaína por servicios de prostitución en condiciones coercitivas, el pago de cohechos con sustancias ilícitas o también de armas no autorizadas etc. (Kilmer et al 2010).

55. Las sentencias por blanqueo de la AP de Cádiz

Las sentencias por blanqueo de capitales dictadas por la Audiencia Provincial de Cádiz, que juzga los delitos cometidos tanto en esta provincia como también en la ciudad autónoma de Ceuta, se refieren en su mayor parte a hechos relacionados con el transporte de cannabis desde el norte de África a la Península (ver “El funcionamiento de las tramas: los círculos concéntricos” en el cap. 17 así como “Las embarcaciones y joyas” en el cap. 16).

(1) Entre los años 2002 y 2010 la Audiencia Provincial de Cádiz dictó 135 sentencias por blanqueo de capitales, todas ellas relacionadas con el narcotráfico. Casi en todas los activos incriminados son embarcaciones hinchables utilizadas para transportar cannabis desde Marruecos a la Península, y en todas ellas se juzgan sólo conductas de blanqueo y no los delitos precedentes, el tráfico mayorista de cannabis. Los hechos suceden en casi siempre en Ceuta, ciudad autónoma incluida en la jurisdicción de la AP de Cádiz. Hasta el año 2004 los acusados son condenados por “pertenencia a organización criminal” -casi siempre miembros de la misma familia- a partir de esa fecha dejan de serlo a pesar de que las conductas son idénticas antes y después de dicha fecha. El valor medio de las embarcaciones hinchables incautadas es de menos de 50.000€, embarcaciones que son abandonadas muchas veces en las playas una vez descargados los alijo (ver “La transformación en bienes de consumo duraderos” en el cap. 16).

(2) Se trata de sentencias idénticas las unas y las otras hasta el punto de que parecen haber sido redactadas en cadena y en algunas de ellas ni tan siquiera se incluye una descripción de los hechos pretendidamente probados (por ejemplo AP CZ 352/2005, AP CZ 46/2006 etc). Típico aquí es el caso de un ceutí sin ingresos suficientes y perteneciente a una “organización” dedicada al narcotráfico que adquiere embarcaciones y motores fuera de borda utilizados por “miembros de una organización delictiva” y utilizando para ello el dinero de la misma. Por ejemplo: "El acusado, sin ingresos suficientes procedentes de actividad laboral, profesional o empresarial lícita en 2001 adquirió en el mencionado periodo una embarcación neumática semirrígida marca Crompton Marine, modelo Sea Phantom 9.0 con nº de serie NUM001. Objetos cuyo valor de mercado es 56.603.32 € y ello teniendo conocimiento de que el dinero utilizado para efectuar tales provenía del tráfico de drogas" (AP CZ 70/2007). O también el caso de la compañera sentimental de un narcotraficante, que presta para adquirir embarcaciones con dinero ilegal y a ponerlas a su nombre, así como a realizar pagos y envíos de dinero de la droga (AN 5/2006) Los acusados tienen prácticamente todos un perfil y un poder social entre bajo y muy bajo, la mayoría son de origen marroquí, y aunque estas conductas reciban el nombre de “blanqueo”, muchos de los acusados no pretenden en ningún momento transformar la apariencia ilícita de los activos generados en actos previos de narcotráfico, en bienes y servicios “legales” pero tampoco ocultarlos ni moverlos, pues se limitan a abandonar las embarcaciones en las playas y, cuando esto no es el caso, las reutilizan para acciones ilícitas con lo cual se mueven en una economía del acuario y no necesitan ser transformados, aunque quizás sí ocultados y movidos. Los mismos hechos fueron enjuiciados de forma de diferente según el magistrado. Así, mientras antes de 2008 este grupo de sentencias de la AP de Cádiz son todas condenatorias, a partir de esta fecha se inicia una racha de otras absolutorias, un cambio que coincide con el relevo del Juez Tesón Martín por Carlos Bestardés en su condición de vocal de la Audiencia Provincial de Cádiz.

56. La financiación de partidos políticos con dinero ilícito: algunos ejemplos

Los partidos políticos tienen un protagonismo en España que trasciende su sistema político, y que afecta también a su sistema de administración de los recursos públicos. Los actos de corrupción basados en el pago de las dádivas más elevadas interviene algún partido político (ver “La economía de las dádivas” en el cap. 5 así como el comentario 18). Lo que sigue son algunos ejemplos de financiación irregular de partidos políticos tanto con dinero ilícito como con dinero ilícito a lo largo del período democrático.

(1) El primero y más largo ejemplo de financiación ilícita de partidos políticos afecta a la financiación de un partido abertzale con dinero generado con extorsión y secuestros. ETA había decidió en 1967 crear cuatro frentes interrelacionados: el militar, el político, el cultural y el obrero, los tres últimos agrupados en el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) dirigido por la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS). Uno de los objetivos de su estrategia era desarrollar una actividad político-institucional por medio de la creación de una coalición de partidos y ONGs. Como se desprende de la documentación incautada a ETA en relación con el llamado Proyecto Udadexe, el menos el 25% de los 155mill€ (de 2006) acumulados por ETA a lo largo de 35 años con extorsión y secuestros -un total de 40mill€- fueron destinados a financiar las organizaciones integradas en el MLNV, preferentemente un partido de ámbito autonómico que concurrió a las elecciones durante décadas obteniendo resultados electorales importantes, en parte gracias a dicha financiación (TS 338/2015). La influencia de ETA sobre dicha coalición electoral no sólo se producía a través de su financiación, sino que esta también intervenía en la definición de su línea y su estrategia políticas. Las donaciones de ETA al MLNV aumentaban regularmente durante las campañas electorales alterando durante décadas el juego electoral y el proceso de formación de la opinión pública tanto dentro del País Vasco, como en Navarra y en el resto de España.

(2) El caso Filesa (año 1989) fue el primero que afectó a un partido de ámbito estatal. El origen del dinero no era ilícito en este caso, sino que procedía de varios bancos y otras empresas legales, un dinero que circulaba hacia dicha organización a través de la emisión de facturas falsas destinadas a pagar servicios especializados que nunca se llegaron a prestar (Castañón et al 2016: 143).

(3) El primer gran caso de financiación de partidos con ilícitos, en este caso procedente de delitos de cuello blanco es caso Naseiro (1990), que sentó un precedente importante. El origen del dinero eran los cohechos y las comisiones pagadas por empresas constructoras con intereses en la costa mediterránea (Martín de Pozuelo et al 1994: 78). Este caso definió un canon que luego se repetiría en muchos otros, y que está relacionado con el origen inmobiliario de muchos de los activos que fluyeron ilegalmente hacia sendos partidos políticos en España

(4) El caso Pallerols (1994) fue un caso de financiación de un partido autonómico con dinero procedente del desvío del 10% de las subvenciones europeas concedidas por la Unión Europea para cursos de formación (Garzón 2015:177ss.).

(5) Otro, ya en fechas más recientes, es el de un funcionario de hacienda que cobraba cohechos de empresas a cambio de cancelar deudas fiscales certificando la existencia de insolvencias falsas. Una parte del dinero obtenido de esta forma por dicho funcionario era desviado para financiar un partido político autonómico, así como la actividad desarrollada por personas afines al mismo (AP GUI 22/2010).

(6) El gestor y tesorero de un consorcio encargado de financiar con fondos públicos una entidad privada de actividades musicales desvió parte de dichos fondos, a los que se sumaron los procedentes de los cohechos pagados por la empresa Ferrovial-Agromán a un partido autonómico en el gobierno, a hacer frente a las deudas contraídas por un partido hoy desaparecido (AP B 78/2016)

(7) Miembros del consistorio de una localidad de la Costa del Sol encabezados por el alcalde, destinaron una parte de los ingresos generados con la malversación de patrimonio inmobiliario público a financiar el partido local del que formaban parte (SP Estepona 2/1/2008).

(8) Un grupo de empresarios legales organizaron un sistema de pagos de cohechos a funcionarios y autoridades pertenecientes a una organización política, a cambio de concesiones y recalificaciones urbanísticas en favor de sus propias empresas o de terceras y una parte del dinero pagado era desviado para la financiación ilegal de un gran partido estatal. En este caso, las conductas adquirieron unas dimensiones sólo alcanzadas por la financiación con dinero de ETA pues fueron decenas los alcaldes que recibieron formación durante años sobre cómo financiar sus respectivas campañas electorales con ilícitos, mayormente procedentes de empresas inmobiliarias y de la construcción. La institucionalización del sistema llegó a ser tal que la dirección central del partido preparó material didáctico para hacer presentaciones en power point a sus afiliados con los procedimientos a seguir. Los responsables nacionales del partido trasladaban verbalmente a los dirigentes regionales las directrices y los trucos procedimentales para que las cantidades procuradas pudieran superar el límite legal de gastos electorales sin ser descubiertos por el Tribunal de Cuentas. Además, en dichas sesiones de formación se instaba a los cargos del partido a desviar los donativos a cuentas corrientes ordinarias para, desde allí, camuflar gastos electorales con el fin de que no tuvieran que pasar por las cuentas oficiales de las campañas, pues los fondos transferidos por la sede central a sus secciones territoriales agotaba muchas veces el tope legal de financiación permitida. Así, con el fin de esquivar dicho límite, se sugería, por ejemplo, comprar vallas o publicidad en prensa falseando las facturas con el fin de infrafacturar dichas compras AN (20/2018) (El Mundo 3/6/2018).

57. Las FARC: apoyo político y estrategia de financiación

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron una organización insurgente fundada en 1964 con el objetivo de implantar por las armas una sociedad de tipo socialista en Colombia. Su financiación no sólo ha estado siempre en el centro de sus debates internos y en el de los gobiernos que las han venido combatiendo (ver “Dinero ilícito y financiación del terrorismo” en el cap. 16), sino también en la estrategia norteamericana de “Lucha contra las drogas” (ver Fernández Steinko 2013b)

(1) Como también sucedió en el seno de ETA, en la dirección de las FARC se dio siempre un encendido debate entre los seguidores de la línea más “militar” y los que apostaban por otra más “político-militar”, que incluía un intento más decidido de conservar y de ampliar los apoyos políticos entre una parte de la población colombiana con el fin de alcanzar los objetivos políticos de la organización (ver el comentario 32 así como “Dinero ilícito y financiación del terrorismo”). La muerte de su fundador Jacobo Arenas en 1990, que era partidario de la línea político-militar, provocó un cambio de rumbo hacia la mayor militarización de la organización. Antes de su muerte, las FARC habían venido rechazando su financiación con actividades de narcotráfico, las relaciones con los narcotraficantes eran muy malas e incluso hubo varios fusilamientos de algunos de sus miembros por participar en operaciones de este tipo pues la dirección consideraba, que el narcotráfico contradecía los principios políticos de la organización y dificultaba el acercamiento de posibles simpatizantes.

(2) La dirección que sucedió a la de Jacobo Arenas apostó, sin embargo, por reforzar el flanco militar a costa del civil, lo cual la llevó a aprovechar el hueco que había dejado la caída de varios grupos de narcotraficantes para implicarse directamente en este negocio ilícito dentro de Colombia, es decir en el primer eslabón de la cadena de VA (ver tabla 6). La financiación de la organización mejoró considerablemente gracias al cobro de un peaje o “granaje” a los narcotraficantes erradicados en los territorios controlados por la organización, lo cual permitió aumentar sus efectivos armados a 18.000, el reclutamiento tácito de 60.000 milicianos no armados, y el control militar del 40% de todos los municipios de Colombia.

(3) Pero la “narcotización” de la actividad guerrilla provocó también el aumento de la represión por parte de los gobiernos colombiano y norteamericano, obligando a las FARC a acumular recursos adicionales para mantener la capacidad operativa alcanzada, y a implicarse aún más en actividades de narcotráfico hasta el punto de que la organización se llegó a financiar en un 80% con activos procedentes de ella. Sin embargo, el coste político de esta estrategia fue aumentando progresivamente provocando su aislamiento político de una parte de su antaño importante base social, un aislamiento que acabó siendo decisivo para que su dirección decidiera optar por abandonar la lucha armada (entrevista U-11).

58. La financiación de los grupos islamistas en el mundo

El terrorismo yihadista no es un fenómeno único. Tiene una vida relativamente larga y no obedece a la acción de una sola organización que se haya mantenido a lo largo de los años, sino a la de varias de ellas (ver “Dinero ilícito y financiación del terrorismo” en el cap. 16 así como el comentario 60).

(1) Por ejemplo obedece a la acción del Grupo Islámico Armado fundado en Argelia en 1992, a la de Al Qaeda fundada aparentemente en 1993, a la del Grupo Salafista de Predicación de Combate o, más recientemente al Daesh fundado en 2003. Algunos de sus miembros han ido cambiando su pertenencia de unas a otras en función de los acontecimientos y los frentes yihadistas abiertos en el mundo que han sido varios y cambiantes: Argelia, Chechenia y Afganistán, Bosnia, Indonesia, Siria etc (AN 36/2005). Estas organizaciones no guardan necesariamente una relación estable entre sí: pueden coordinarse en forma de red, pueden no estarlo realmente sino sólo compartir objetivos o incluso rivalizar entre ellas. Las acciones terroristas también pueden ser el producto de la iniciativa de individuos aislados -los llamados “lobos solitarios”- que no están integrados en organización ni red alguna. Lo que une a todos estos actores no es la pertenencia a una única especie de megaorganización con un funcionamiento en red y relativamente bien comunicada y extendida por todo el planeta, sino su pertenencia a una “comunidad imaginada” internacional como las descritas por Benedict Anderson (1993).

(2) Las comunidades imaginadas -la mayoría pacíficas, pero algunas violentas- han existido siempre. Lo nuevo es que hoy sus miembros se puede relacionar por internet, con lo cual pueden generar redes comunicativas muy eficaces y baratas sin tener que conocerse personalmente, vivir en zonas próximas o compartir el mismo país. La creación de comunidades imaginarias fuertemente apoyadas en el uso de redes sociales no es, sin embargo, un fenómeno sólo propio de actores con objetivos yihadistas, sino que afecta a muchos otros grupos e iniciativas políticas tales como los movimientos independentistas o los supremacistas blancos, algunos de los cuales también incluyen actividades violentas contra las personas o las cosas. Muchos supremacistas norteamericanos, libertarios convencidos aislados y poco dados a relacionarse directamente con otras personas, estás detrás de la mayoría de los tiroteos indiscriminados cometidos en los Estados Unidos, y el protagonista del tiroteo más mortífero cometido en suelo europeo, el que tuvo lugar en la isla noruega de Utoya en julio de 2011 que dejó casi 80 muertos y varios cientos de heridos, también obedece a un perfil de este tipo.

(3) En los espacios islamistas las comunidades imaginadas se basan en una determinada interpretación del Corán que exacerba la violencia. Sus objetivos políticos son poco realistas, sus miembros se cohesionan y emocionalizan a través de internet (por ejemplo TS 2802/2017) y su motivación a participar en la lucha se ve retroalimentada periódicamente por iniciativas arbitrarias y torpes errores geopolíticos cometidos por gobiernos occidentales cuando infringen la legalidad internacional y contradicen sus propios discursos políticos y diplomáticos. Las comunidades imaginarias pueden conducir a la creación de organizaciones con base territorial propia, bien estructuradas y financiadas como el Daesh activo en territorio sirio e iraquí o Ansar-al Suna que intentar generar una base territorial en el norte de Mozambique. Lo más frecuente tras la derrota del Daesh es que dichas comunidades se alimenten de individuos aislados y grupos sueltos relativamente espontáneos y formas artesanales de autofinanciación destinadas a cometer atentados en la medida de sus posibilidades y apetencias, sin que tenga que existir necesariamente una coordinación entre ellos aún cuando puedan seguir directrices generales de procedencia difusa. El resto es un espacio más desorganizado y espontáneo que espontáneo: “toda la operativa internacional de terrorismo es mucho más caótica de lo que piensa la gente”, una afirmación hecha en los años 1980, pero que sigue siendo válida para el tipo de grupos que estamos analizando, y que enlaza con el carácter más bien desorganizado de la mayoría de los actores que operan en los espacios ilícitos.

(4) Al Qaeda no pertenecía a la categoría de actores sueltos que actúan sin conexión entre sí. Debido a su participación en los atentados del 11-S disponemos de más información sobre su modo de financiación, lo cual no quiere decir que sus prácticas económicas fueran representativas o extrapolables a los espacios más desestructurados que hemos visto en el punto anterior. Su fundador y principal mentor, Osama Bin Laden, pertenecía al núcleo del poder político y económico de Arabia Saudí y decidió fundar la organización tras la intervención norteamericana en la primera guerra de Irak. El ambiente político era altamente favorable a todo el mundo árabe y las iniciativas y propuestas encaminadas a oponerse a dicha intervención se multiplicaron en poco tiempo despertando muchas simpatías no sólo en el mundo musulmán. Ha habido cientos de investigaciones oficiales y periodísticas destinadas a aclarar las formas por las que se financiaron los atentados de las Torres Gemelas, el más sangriento y espectacular llevado a cabo por esta organización. Sólo algunas se basan en fuentes verificables y la mayoría son de calidad menor. Las más importantes son citadas por WaWacqar Hasib (2004) en cuyo trabajo nos basamos aquí preferentemente. Según este autor, Al Qaeda tenía tres fuentes de financiación: (a) los ingresos legales procedentes de empresas con actividad regular generadoras de excedentes económicos; (b) los ingresos procedentes de actividades ilícitas tales como el narcotráfico, los secuestros y, en mucha menor medida, también la falsificación de tarjetas y la comisión de pequeños hurtos por parte de sus simpatizantes y miembros y (c) las donaciones voluntarias de sus simpatizantes.

(a) El grueso de los activos utilizados para financiar los atentados de las Torres Gemelas eran de origen legal. Osama Bin Laden había heredado tanto de su padre como de su hermano mayor, ambos muertos en sendos accidentes de aviación, la propiedad de una importante empresa de construcción erradicada en su país Arabia Saudita. Esta empresa -BinLadin Group- estaba muy bien relacionada con la familia real saudí, recibía contratos emblemáticos para el acondicionamiento de sus palacios y se beneficia de contratas multimillonarias para la realización de obras en la capital del país, así como para ampliar las instalaciones de recintos sagrados del islam en la Meca. La fortuna personal de Bin Laden resulta casi imposible de calcular dada la extrema opacidad que reina en las finanzas de la mayoría de los países del Golfo, aunque se ha estimado en una horquilla muy amplia que va de los 30 a los 300mill$. Parece demostrado que Bin Laden había invertido parte de su fortuna en la creación de un holding de empresas en Jartum -Wadi al Aqiq- del que dependían varias empresas legales vinculadas a diversos sectores de actividad, todas ellas activas en Sudán.
- La primera -Hijra Construction- era una empresa de construcción que recibió contratas importantes del gobierno sudanés como la construcción de un aeropuerto en la capital, contratas que permitieron legitimar la importación de explosivos destinados a volar rocas con fines de obra civil.
- Una segunda empresa del holding -Ladin International Company- se dedicaba a la importación a Sudán de toda clase de productos: artículos de alimentación, insumos para la actividad constructora, madera, cuero etc.
- La tercera empresa del grupo era una financiera -Taba Investment- dedicada a cambiar libras sudanesas por dólares y libras esterlinas, así como a realizar inversiones financieras en todo el mundo.
- Varios artículos periodísticos publicados inmediatamente después de los atentados desvelaron que existían otras empresas propiedad del holding dedicadas al comercio internacional de miel, y que podrían haber sido utilizadas para transportar armas y efectivo de unos países a otros, así como una empresa agrícola erradicada también en Sudán con unas 25.000 hectáreas de terreno dedicado al cultivo de maíz y frutos secos, aunque utilizados también como campos de entrenamiento militar y laboratorios de fabricación de bombas.
- A estos ingresos legales cedidos a la organización se suman los negocios inmobiliarios de simpatizantes sirios de la organización en España, pero también los ingresos generados por una agencia de hawala erradicada en Somalia, aunque ninguno de estos ingresos pudieron ser demostrados con pruebas concluyentes en los tribunales españoles y canadienses.
(b) Una parte de la financiación de Al Qaeda, probablemente minoritaria, procedía de fuentes ilegales.

La primera de dichas fuentes procedía de la cesión de una parte de los peajes recaudados por los grupos paramilitares talibanes, que ejercían el control sobre la producción y la exportación de opio y heroína en Asia Central. Este sistema de peajes puede considerarse ilícito sólo en función del color del gobierno en Kabul, uno de los cuales -el talibán- fue derrocado después de los atentados de las Torres Gemelas tras la invasión del país por parte de varias potencias occidentales. El sistema de peajes impuestos al tráfico de estupefacientes había sido tutelado hasta entonces por los EEUU con el fin de darle a los mujahedines opuestos al régimen laico de Najibulá una financiación militar estable y continuada al margen de las leyes y de la opinión pública norteamericanas.
Que sepamos, Al Qaeda no ha estado directamente envuelta en actividades de narcotráfico, si bien tenía fuertes afinidades ideológicas con los talibanes y compartía muchos de sus objetivos. La financiación a través de secuestros también era indirecta. Esta vez se trataba de una cesión de ingresos ilícitos producto de los secuestros perpetrados por otra organización ideológicamente afin, un grupo islámico filipino separatista sin vínculos orgánicos con Al Qaeda.
La información de la que disponemos sobre otras formas de financiación ilegal -fraude de tarjetas de crédito y pequeños hurtos- afecta a cantidades mucho menores y no pudo ser probada, aunque generó varios titulares de prensa e incluso algunas imputaciones en España. Más importante es el contrabando de tabaco que, aunque genera excedentes menores, es más seguro pues no está estigmatizado y no llama tanto la atención de la policía, lo cual permite acumular cantidades modestas a lo largo de períodos largos de tiempo aunque sin que se pueda excluir que puedan llegar a ser muy importantes. Algunos periodistas han insistido en la importancia de esta fuente de financiación para explicar los atentados perpetrados en Francia, un país por el que hoy circulan cantidades significativas de ilícitos procedentes del contrabando de tabaco. Sin embargo no se han encontrado indicios de que Al Queda utilizara esta fuente de financiación, una financiación que se apoya en la proximidad a los espacios productivos y aduaneros occidentales.

(c) Al Qaeda tenía muchos simpatizantes en el mundo islámico entre los que se encontraban no pocos miembros de la propia familia real saudí y de las élites de otros países de Oriente Medio. Se pueden dar por seguras las aportaciones económicas multimillonarias, entre ellas las de los propios hermanos de Bin Laden que lo hicieron a través de la financiación de varias fundaciones caritativas. Las aportaciones voluntarias tienen una particular importancia en los ambientes yihadistas, pues todos los musulmanes están obligados por las leyes islámicas a donar un porcentaje de sus ingresos a obras benéficas. Las redes de ONGs creadas alrededor de estas donaciones son, literalmente, infinitas y existen facilidades para hacer los pagos voluntarios a través de internet, lo cual facilita su movimiento por el mundo, incluida naturalmente aquella parte que va a parar a organizaciones yihadistas. En ningún caso se puede decir que la mayor parte de los donantes con fines caritativos pretendiera o supiera que sus aportaciones pudieran ser utilizados para cometer atentados.

(5) ¿Cómo llegaron estos tres grupos de activos a las manos de los que cometieron los atentados de las Torres Gemelas? Por dos vías: (a) por medio del transporte de efectivo y (b) haciendo uso de los procedimientos de desconexión identitaria y financiera utilizados de forma generalizada en las jurisdicciones extraterritoriales.

(a) El uso de efectivo forma parte de la cultura financiera de los países islámicos y su transporte físico no despierta sospecha alguna (ver “Sociedades tradicionales y uso de efectivo” en el cap. 16). Un acusado por los atentados cometidos en la embajada norteamericana en Jartum y miembro de Al Qaeda confesó haber transportado personalmente 200.000$ en billetes pequeños y en avión desde la capital de Sudán a Amán en Jordania, una operación que contó con la complicidad -no necesariamente pagada- de un trabajador o funcionario del aeropuerto de la capital jordana. El efectivo también está en el centro de las transferencias realizadas a través del sistema hawala, pues las cantidades se pagan y se cobran en efectivo una vez saldadas. El hawala aparece una y otra vez en los sumarios y a través de él se mueve una gran cantidad de aportaciones voluntarias a las organizaciones caritativas legales, pero también a los grupos terroristas vinculados a las comunidades imaginadas yihadistas. El sistema hawala se basa en operaciones de neteo similares a las que se dan en el sistema internacional de pagos, un sistema basado en el saldo de posiciones globales en el que sólo se registran temporalmente los movimientos individuales pero que, a diferencia de este último, no está sometido a regulación alguna y no deja huellas documentales cuando así lo desean las partes pues ni siquiera requiere del uso de internet (ver “Los mercados de blanqueo” en el cap. 16).
(b) El movimiento en efectivo es suficiente para financiar atentados poco costosos como son la mayoría de los perpetrados por los heterogéneos miembros de la comunidad imaginada de la yihad. No así, sin embargo, para pagar el espectacular y particularmente costoso atentado de las Torres Gemelas que requirió de una larga y compleja preparación y del uso de infraestructuras bancarias situada en la parte regulada del sistema internacional de pagos. Según un detallado informe del FBI citado por Waqar Hasib, los secuestradores de los aviones tenían residencia en los EEUU en cuyos bancos abrieron sendas CCs con importes no superiores a 5000€ y utilizando tarjetas de crédito emitidas en Arabia Saudí, un procedimiento nada sospechoso excepto, quizás, por el hecho de que dichas cuentas tenían todas entre tres y cuatro titulares. Las direcciones postales aportadas eran itinerantes e incluían el uso de apartados postales ubicados en instituciones financieras reguladas situadas en los EEUU. A esas cuentas llegaban en forma de transferencias por importes pequeños desde cuentas abiertas en bancos de los países del Golfo y de Alemania, en parte utilizando empresas de envío de dinero. Los importes individuales no eran importantes o sospechosos pero, poco a poco, fueron sumando 100.000€ a lo largo de los meses. Los secuestradores usaron cheques de viajes normales para pagar sus gastos y hacer frente al coste de los cursos de vuelo, su comportamiento financiero podría tildarse de normal y discreto, su intencionalidad delictiva literalmente indetectable.

(6) La utilización que hicieron estas personas del sistema financiero era idéntico al que realizan muchos particulares y empresas legales con actividad internacional, y que incluye el uso regular de bancos erradicados en jurisdicciones no reguladas como Sudan, pero con cuentas abiertas en bancos correspondientes pertenecientes en este caso a grupos bien conocidos y acceso al sistema internacional de pagos tañes como el Citibank, Barclays Bank o el alemán Commerzbank. En la relación rutinaria que se establece normalmente entre los bancos correspondientes y los corresponsales, estos últimos prefieren desconocer deliberadamente la identidad última de los clientes a los que ofertan sus servicios, un procedimiento, el de la colaboración con los bancos correspondientes, utilizado por la mayor parte de los grupos financieros con el fin de captar activos sea cual sea su origen, y facilitar las operaciones financieras ocultas a los reguladores: son operaciones de desconexión financiera que abordaremos en “La economía ilícita internacional” de próxima publicación. Otro procedimiento utilizado por los miembros de Al Qaeda para acceder a los activos requeridos para perpetrar este aparatoso atentado, fue el uso de empresas vinculadas (ver arriba) destinadas a simular transacciones de servicios que nunca se llegaron a prestar, pero que sí se pagaron, probablemente a un coste sobrefacturado (ver “Cinco tipos de sociedades vinculadas al blanqueo” en el cap. 16). La operación vinculada consistía en este caso, en que un grupo empresarial con sede en Suiza -Al Taqwa Group- creado por un súbdito egipcio vinculado a la organización, cotizaba presuntos servicios especializados a empresas de Oriente Medio que, en realidad no se prestaron nunca, aunque transfiriendo su importe desde Suiza a CCs de varios bancos situados en Oriente Medio en concepto de “pago de servicios de consultoría”.

(7) Otra forma que tuvo Al Qaeda de mover activos fue domiciliando ONGs en jurisdicciones offshore como Panamá y la Isla de Man, organizaciones que funcionaban como receptoras de donaciones procedentes de personas adineradas y convicciones islamistas de origen seguramente legal, cuyos dueños deseaban permanecer anónimos pero no necesariamente porque conocieran el uso que se le iba a dar a sus aportaciones, sino simplemente con el fin de preservar el anonimato del donante. Por fin, la empresa Al Taqwa Group abrió una cuenta en la selecta Banca Gotardo, un banco familiar conocido por su discreción en la gestión de activos no declarados de personas muy adineradas - los HNWI y UHNWI- de todo el mundo, por cierto uno de los banco más beneficiados por los blanqueadores españoles (ver tabla 19-C).

59. Los activos desviados hacia el entorno político de ETA

Como tarde hacia principios de los años 1990 la lucha policial contra ETA ha incluido la exploración de su modo de financiación. El concepto metafórico de “blanqueo”, que sugiere sólo una de las tres formas que adquiere la circulación de los activos ilícitos -la transformación- dejando fuera el ocultamiento y el movimiento, no ha facilitado, sin embargo, la comprensión de dicha financiación (ver “Dinero ilícito y financiación del terrorismo”).

(1) Para empezar no hay ninguna sentencia en la que se hayan podido probar actividades de “blanqueo” de los ilícitos generados por ETA o desviados hacia su financiación entendidas como transformación. La razón es doble. Primero: ETA y su entorno político agrupado en el MVLN se han financiado con dinero de origen principalmente ilegal que no ha necesitado ser blanqueado pues se ha movido en una economía de acuario. Segundo: las investigaciones han estado dirigidas a descubrir actividades de transformación de activos, mientras que la realidad es que el grueso del dinero manejado por ETA, sea el que fuere su origen, se ha ocultado y movido mayormente en efectivo, y en mucha menor medida a través del sistema nacional e internacional de pagos.

(2) Recordemos que las organizaciones terroristas tienen tres formas de financiación posible: pueden hacerlo (a) a cargo del presupuesto de un gobierno legítimo, (b) de aportaciones voluntarias de sus simpatizantes e ingresos de procedencia legal, y (c) cometiendo delitos con finalidad lucrativa. En el caso de ETA no hay evidencias de que ningún gobierno del mundo le prestara apoyo económico directo, al menos que lo llegara a hacer de forma relevante y regular (punto a). Quedan las dos fuentes restantes.

(3) La primera -su financiación con ingresos legales- ha sido compleja y los espacios afectados por ella guardan una relación de “vasos comunicantes” entre sí. Hacia principios de los años 1960 ETA recaudaba una cuota voluntaria equivalente a un euro semanal (en valores del año 2006) entre sus simpatizantes y solicitaba apoyo económico por parte de empresarios y personas bien situadas económicamente e ideología abertzale. Estas aportaciones eran voluntarias, aunque ya en esos primeros años se aprecia cierta ambigüedad en lo que se refiere a su carácter realmente voluntario, carácter que poco a poco se fue haciendo más coercitivo hasta rozar la extorsión o instalarse plenamente en ella. En los años 1980 las cuotas denominadas “voluntarias” incluían la costumbre de pasar un sobre vacío a los propietarios de los bares y los comercios afines para que estos los llenaran con “aportaciones a la lucha vasca”. Estos ingresos llegaron a sumar varios cientos de miles de euros todos los años -siempre en valor de 2006- aunque este ritmo de recaudación no pudo mantenerse en años posteriores (Domínguez Iribarren 2018: 166s.). En la primera mitad de los años 1980 algunos miembros de ETA erradicados en Francia y un trabajo estable, donaban el 5% de sus ingresos legales a la organización y en 1997, ya con serios problemas de financiación, la organización intentó reactivar la venta de bonos emitiendo un total de 10.500 por un valor de 700.000€, así como amuletos, camisetas y toda clase de símbolos de ideología abertzale, aunque sólo consiguió vender el 1% de todos ellos reuniendo cantidades económicas despreciables (TS 977/2012).

(4) Las Gestoras pro Amnistía han tenido una mayor capacidad de reunir de forma más continuada recursos de origen legal a través de la organización de rifas y loterías, o poniendo casetas de hostelería en las fiestas locales del País Vasco y Navarra. Pero a pesar de que esta y otras organizaciones guardaban una relación de “vasos comunicantes con ETA y ETA con ellas“ (TS 480/2009 y TS 338/2015), lo cierto es que, a partir de cierto momento la mayor parte, si no todos los recursos obtenidos de esta forma por las Gestoras primero y por su sucesora Herrira después, se destinaban a ayudar económicamente a los presos.

Estas ayudas, que incluían el pago de desplazamientos de las familias a las cárceles alejadas del País Vasco y de abogados, la asistencia sanitaria con médicos ajenos al sistema penitenciario, el abono de una publicación diaria o semanal y las pagas que se le asignaba a cada encarcelado, crecían año a año con el aumento de los condenados y creando un problema financiero cada vez más agudo a las Gestoras y al MVLN en su conjunto. Cada preso en las cárceles españolas recibía mensualmente entre 100€ y 200€ en los años 1990, y los reclusos en cárceles franceses algo más, lo cual representaba un desembolso anual no inferior a un millón de euros que equivale a una quinta parte de todo el presupuesto medio interanual de ETA entre 1980 y 2010 (id:164s.).
Al principio, una parte de estos pagos procedían de la extorsión y los secuestros, lo cual llevó a la Audiencia Nacional a ilegalizar las Gestoras pro Amnistía. Pero a medida en que fueron aumentando sus gastos debido al incremento del número de presos, y dadas las crecientes dificultades de financiación de ETA, las Gestoras tuvieron que redoblar esfuerzos para generar beneficios propios obtenidos con actividades lícitas para destinarlos a los presos recabando con más insistencia cuotas voluntarias a sus simpatizantes, muchos de ellos emparentados directa o indirectamente con algún preso. Con el tiempo, prácticamente todos los ingresos de origen legal obtenidos por las Gestoras tuvieron que ser desviados a financiar, no tanto a ETA como las consecuencias de sus acciones: a pagar abogados y fianzas destinadas a poner a miembros de su entorno en libertad provisional y, cada vez más también a pagar los gastos de un número cada vez más grande de presos.
En los papeles intervenidos a la organización en Bidart (Francia) los responsables económicos de ETA insisten en la necesidad de crear negocios -trozna- destinados a financiar estos gastos crecientes. Para ello la organización acordó la creación de una red de empresas -el proyecto Udaletxe- con el de tener una nueva fuente legal de ingresos económicos (TS 480/2009). Estas empresas incluían una agencia de viajes -Ganeko- que generó unos prometedores 70.000€ de beneficios -no sabemos si brutos o netos- el primer año; una empresa de alquiler de sillas y mesas -Aulki-; una empresa de serigrafía -Lau-: una agencia de seguros -Azki-; una empresa comercializadora de productos vascos -Azkapena- y una empresa inmobiliaria -Marcelino Etxea-, así como alguna otra más de importancia menor. El objetivo de esta red de empresas legales no era la financiación operativa de ETA, sino en primer lugar proporcionar puestos de trabajo e ingresos económicos para los etarras huidos a países latinoamericanos (TS 480/2009 y AN 73/2007), es decir otra vez hacer frente al coste de la actividad terrorista que no la propia actividad. El resto de los excedentes netos eran desviados en un 50% al partido político que constituía el núcelo del MVLN, el 30% a cofinanciar a las Gestoras pro Amnistía, y el 20% a cofinanciar el resto del entramado del MLNV (TS 338/2015), una financiación que incluía el pago de los sueldos de los liberados de las organizaciones legales, la organización de actos políticos o la cofinanciación de las campañas electorales del mencionado partido de ideología aberzale.

(5) La red de herriko tabernas. A los ingresos generados por estas empresas, que llegaron a ser razonablemente elevados en los primeros años, hay que sumarle los excedentes de las herriko tabernas, una red bien estructurada de bares diseminados por todo el País Vasco y Navarra creada en 1976, y que realizaban sus compras de suministros de forma conjunta a través de una central de compras -Eustatza- con el fin de reducir costes y poder desviar los ahorros hacia la financiación del MVLN. Con el fin de organizar la recaudación de estas donaciones se creó una asociación con fines aparentemente culturales -Eustatza- cuyo objetivo real era la organización del desvío de dichos excedentes hacia el entorno político y asociativo del MVLN. Aún cuando las tabernas, tomadas individualmente, no generaran excedentes significativos, su elevado número -más de 80 en total- permitió reunir cantidades considerables, si bien su principal contribución a la causa abertzale fue su condición de soporte logístico y organizativo del MVLN. Este soporte incluía la organización de actividades delictivas como las de la “kale borroka” y también la transmisión de activos -lícitos e ilícitos-, mayormente en efectivo de unos lugares a otros dentro del propio entramado (AN 16/2014), aunque una buena parte de su financiación era de origen legal. Se puede decir, en todo caso, que la geografía de las herriko tabernas es razonablemente representativa de la distribución del apoyo político a ETA, con lo cual puede servir para rastrear la circulación de los activos generados con sus actividades de extorsión y secuestros en el espacio geográfico español (“La geografía interior de los activos ilícitos” en el cap. 19).

(6) Los delitos predatorios de cuello azul. Queda entonces el supuesto (c), la financiación por medio de dinero ilícito. Es evidente que no quedaba mucho para financiar tanto la logística de la actividad armada como sobre todo también la manutención de los liberados de ETA recurriendo a dinero legal, con lo cual la organización intentó financiarse con delitos predatorios de cuello azul, con atracos, secuestros y con actividades de extorsión. Los robos, que llegaron a ser la primera fuente de ingresos ilícitos de ETA, fueron perdiendo importancia en los años 1970, con lo cual el 80% de ingresos anuales de la organización a lo largo de la mayor parte de su vida procedían de secuestros, mientras que el 20% restante lo hacía de la extorsión a los que había que sumarle un resto menguante que tenía su origen en ingresos procedentes de actividades legales como hemos visto. En total, la organización consiguió reunir unos 155mill€ con delitos predatorios a largo de 35 años -1975 a 2010- que equivalen a una media de 5mill€ anuales. En la primera mitad de los años 1980 -los “años de plomo”- la cantidad obtenida estaba muy por encima de esta media, pero en los años 2000 se quedaba ya muy por debajo de ella pues no sobrepasaban el medio millón de euros anuales. Este flujo financiero permitió mantener viva su actividad, pagar a sus liberados, su logística y sistemas de información, las armas y los explosivos, aunque durante algún tiempo dio también para co-financiar el MVLN, las campañas electorales del partido vinculado a este y que concurría a las elecciones y, aunque cada vez menos, las organizaciones encargadas de ayudar a los presos que cumplían condena en cárceles españolas y francesas.

(7) ¿Cómo circulaban estos 5mill€ anuales, cómo se ocultaban, llegaban a los distintos comandos de ETA o al entorno del MVLN? Los trabajos de Rodríguez Iribarren (2018) basados en el estudio del material incautado a la organización nos permiten dar algunas respuestas a estas preguntas. Sabemos que tres cuartas partes, es decir, casi cuatro millones de euros anuales, eran destinados a financiar el propio funcionamiento de la organización -en algunos años de particular actividad terrorista incluso un porcentaje superior a este- mientras que el resto iba a parar al MVLN y a las Gestoras (El País 16/9/1985 y Domínguez Iribarren 2018: 129). La mayor parte de los ingresos se recaudaba en efectivo, que es la forma más segura y anónima de hacerlo. En los años que duró la no colaboración francesa los representantes de las víctimas tenían que hacer la entrega del efectivo en localidades del sur de Francia como Hendaya, Cibourne, Bayona o San Juan de Luz. Se hacía en lugares públicos como bares, cines, campos de fútbol, parques y frontones, pero también en domicilios particulares no sospechosos, como el de un conocido sacerdote que acabó convirtiéndose en el punto de entrega más importante de las cantidades ilícitas exigidas por los secuestradores y los extorsionadores. Las aportaciones -muchas veces todo menos voluntarias- exigidas a los pequeños comercios y bares se organizaban recolectando el efectivo que depositaban los establecimientos en sobres -por lo general por un valor de unos 100€- y que luego eran recogidos por los colaboradores de la organización

(8) A partir de principios de los años 1990 ETA se vio obligada a recaudar los importes exigidos a sus víctimas actuando desde el interior de España, lo cual dificultó las entregas de efectivo y produjo más detenciones por cada unidad económica recaudada, y es probable que las herriko tabernas adquirieran aquí un nuevo protagonismo como espacios de generación y de circulación de activos. Tras el fin de la no colaboración francesa, el efectivo se empezó a entregar en bolsas relativamente grandes, muchas veces depositándolas en los maleteros abiertos de los coches estacionados en aparcamientos para que los etarras pudieran acceder a ellos sin ser vistos. El dinero se pedía en billetes de no más de 100€, preferentemente de 20€ y 50€ con el fin de esquivar los riesgos que emanan del fraccionamiento de grandes en pequeñas denominaciones, y aun cuando esto hacía aumentar considerablemente el volumen del efectivo recaudado. Antes de la creación del euro el efectivo se solía exigir en pesetas, pero también en divisas aprovechando la fuerte internacionalización de muchas empresas vascas extorsionadas, divisas que permitían adquirir armas en los mercados clandestinos internacionales y financiar el mantenimiento de los etarras huidos (ver el cap. 11 “El mercado no autorizado de armas”).

(9) Pero el dinero no sólo se pedía en efectivo sino que además se movía y ocultaba también preferentemente en este mismo soporte, con lo cual no necesitaba ser transformado en ningún momento. Santiago Arróspide, por ejemplo, guardaba en el domicilio de un simpatizante francés una cantidad equivalente a 480.000€ en efectivo anotado en divisas de varios países (El País 1/10/1987), en la sede de un sindicato abertzale se intervinieron 90.000€ en billetes de cinco y diez euros, probablemente procedentes de la venta de amuletos y símbolos aberzaltes, y un liberado erradicado en París le hizo llegar en 1993 a una organización integrada en el MVLN un millón de pesetas -6000€- en un “paquetito de kilo”, es decir también en efectivo (Domínguez Iribarren 2018: 121s.). El dinero circulaba en efectivo también porque muchas veces las cantidades eran poco importantes y, por lo general, razonablemente manejables pues la media entregada por los representantes de los secuestrados y los extorsionados era de 400.000€ y 120.000€ respectivamente. ETA insistía en recibir los pagos en efectivo, y no pocas veces les permitía a sus víctimas fraccionarlos a lo largo de varios meses o incluso años. Cuando las cantidades percibidas eran más elevadas que la media, la entrega del dinero se seguían haciendo en el extranjero o a través de intermediarios, aunque también en estos casos en efectivo (Santos Diego (2018: 199).

(10) ETA también hizo uso del sistema financiero para hacer circular los activos con los que se financiaba, aunque todo apunta a que en mucha menor medida que en efectivo. En los años 1980, cuando ni siquiera existía una legislación antiblanqueo, resultaba poco arriesgado ingresar efectivo ilícito en una CC, una práctica muy generalizada en toda clase de ambientes delictivos, incluido el narcotráfico. Hasta los atentados de las Torres Gemelas muchos bancos y cajas seguían sin tomarse demasiado en serio su obligación de hacer notificaciones de sospecha y no organizaban cursos de prevención del blanqueo dirigidos a sus empleados. A esto se suma que en muchas, sobre todo pequeñas localidades vascas, ETA contaba con muchos apoyos, con lo cual la posibilidad de que algún empleado de sucursal bancaria colaborara activamente con la introducción de efectivo en el sistema financiero sin hacer notificaciones de sospecha y ni arriesgarse demasiado, era bastante alta (TS 480/2009).

(11) Todo apunta a que las operaciones de transformación eran poco frecuentes, especialmente aquellas mínimamente complejas. La razón no parece ser la falta de recursos técnicos y profesionales, pues entre los simpatizantes de ETA se encontraban no pocos profesionales del derecho y algunos llegaron a fundar una asesoría -Banaka- integrada en el entramado empresarial destinado a generar y gestionar recursos económicos. Además, disponían de una distribuidora -Eneko- que controlaban y administraban los recursos económicos generados por las herriko tabernas, con lo cual estaban familiarizados con muchas de las técnicas destinadas a transformar activos ilícitos a través de la actividad empresarial legal. La razón por la que las actividades de transformación ocuparon un lugar más bien secundario, es que simplemente no había necesidad de ellas para alcanzar los objetivos económicos en las condiciones de seguridad requeridas: había que mover y ocultar dinero, pero no había necesidad de transformarlo.

(12) Las únicas operaciones de transformación documentadas son la compra, en 1977, de bonos de un banco español con sucursal en Bayona por un importe de 800.000€, un producto financiero anónimo que fue prohibido algunos años después. Poco después ETA dio la orden de transformar de nuevo dichos bonos en efectivo con el fin de hacer una compra importante de armamento. Otro caso de transformación documentada se refieren al intento de aflorar pesetas ilícitas aprovechando el efecto euro: unos 400mill de pesetas que se transformaron en 2,2mill€ de dinero “blanco” en 2002. Un tercer caso conocido fue el intento de realizar una operación lucrativa cambiando 160.000$ en euros utilizando los canales clandestinos por peligro de ser interceptados al hacerlo de forma regular. Esta operación tenía sobrecoste del 10%, con lo cual la organización llegó a la concusión de que era poco interesante económicamente y se abstuvo de llevarla a cabo (Dominguez Iribarren 2018: 151, 156 y 161: ver también tabla 25-C así como “Los mercado de blanqueo” en el cap. 16).

(13) Todo el resto de la información que apareció en los medios sobre las presuntas operaciones de blanqueo en el sentido de transformación realizadas por ETA -la inversión de bienes inmuebles en la provincia de Alicante, el blanqueo de activos en la misma red que las llamadas “mafias chinas” o que algunos narcotraficantes- no han podido ser demostradas o se reducen a delitos fiscales que sólo podrían relacionarse indirectamente con el blanqueo (Dominguez Iribarren 2018: 121 y 482, así como 20 Minutos 11/5/2015). Naturalmente: es posible que las operaciones de transformación hayan sido mucho más numerosas y sofisticadas con lo cual habrían permanecido ocultas a la investigación policial dada su elevada complejidad técnica, debido a la profesionalidad de los etarras o de los profesionales contratados por ellos. Pero el SEPBLANC abrió casi 300 investigaciones entre 2003 y 2007 para explorar esta posibilidad sin obtener resultados, al menos resultados de dominio público. Algo similar sucedió con la comisión especial creada por el parlamento de los Países Bajos y mandatada por los grupos políticos para que explorara las presuntas conexiones entre blanqueo y terrorismo, comisión que llegó a la conclusión de que no se podía establecer de forma inequívoca una conexión entre blanqueo y los atentados del 11-S en Nueva York (TKSG 2008). Ni ETA, ni los grupos con objetivos similares tienen necesidad de someter los activos de origen ilícito que utilizan para sus actividades a arriesgados procesos de transformación, sino que optan por la forma más barata, simple y segura de hacerlo: ocultando y moviendo efectivo, una buena parte del mismo de origen legal.

60. La financiación de los grupos yihadistas activos en España

Las conexiones entre blanqueo y terrorismo yihadista en España han sido exploradas y comentada a partir de la conexión que las autoridades del AMLR (Anti Money Laundering Regime o "Régimen Internacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales") establecieron en caliente después de los intentados del 11-S en Nueva York (en “Dinero ilícito y financiación del terrorismo” en el cap. 16, así como el comentario 58 y el comentario 59).

(1) Pero sería un error asociar todo esto a los acción de los tentáculos de una única organización dirigida y financiada desde Sudán o las montañas de Afganistán por un multimillonario barbudo de nacionalidad saudí. Los casos documentados pertenecen a diferentes grupos yihadistas que actuaron en momentos distintos, y no todos ellos están vinculados a Al Qaeda. El grupo que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils estaba vinculado al Daesh, el que protagonizó los atentados de Madrid fue el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y sólo dos de los tres grupos imputados por desarrollar labores de apoyo económico a esta clase de organizaciones trabajaban para Al Qaeda. Es verdad que todos ellos pertenecen a la misma comunidad imaginada de la yihad (ver arriba) y que algunos de los imputados en sumarios distintos estaban vinculados entre sí. Pero se trata de organizaciones diferentes, a veces incluso enfrentadas. El Daesh es una organización más estructurada que Al Qaeda y fue creada en 2003 para oponerse a la invasión norteamericana de Irak. Recibió temporalmente el apoyo de Bin Laden pero, consciente de la importancia del poder territorial y económico que consiguió acumular, se acabó desvinculando de la tutela de este último para reivindicar la representación de todos los grupos vinculados a la comunidad imaginada del yihad en el mundo.

(2) El modo de funcionamiento del Daesh se corresponde a su condición de director de un protoestado, como el que logró crear en suelo sirio e iraquí entre 2006 y 2013. En dicha creación participaron no pocos militares suníes de alta graduación mandados al desempleo por la torpe política de desbaatificación del país aplicada por los invasores norteamericanos en Irak (http://www.arabtrans.eu/files/), militares sin cuya colaboración el Daesh nunca habría podido realizar sus conquistas territoriales y mantenerlas durante tanto tiempo. Logró desplegar un poder organizativo mucho más importante que Al Qaeda, aunque su poder también se basaba en su vinculación informal a grupos semiautónomos que operaban por varios territorios del planeta (SU AN 5/2008).

(3) En cualquier caso las conexiones con el blanqueo de las dos manifestaciones del terrorismo yihadista más letales en España son decepcionantes, si las comparamos con la rotundidad del discurso oficial post 11-S y nos basamos en la información fiable disponible sobre la preparación de los atentados yihadistas cometidos en España. Esta información no es muy abundante pero existe. Hasta el año 2018 se habían fallado tres sentencias por blanqueo con fines de terrorismo yihadista en España (AN 26/2003, AN 39/2007 y AN 36/2005), a la que habría que sumar dos sentencias más (AN 36/2005 y TS 2802/2017), un auto (AAN 328/2008) y el sumario de los atentados de Barcelona y Cambrils (SU AN 5/2008), que proporcionan información primaria adicional sobre la economía de estos grupos. Lo que se destila de este material probatorio es que el grueso del dinero utilizado (1) era -una vez más- de procedencia legal y (2) que la parte ilegal procedía de delitos predatorios menores como el tráfico de drogas y los robos.

(4) Los activos de procedencia legal

Los pagos a los grupos yihadistas procedentes de ingresos legales son mucho más importantes que los ingresos procedentes de los delitos predatorios de cuello azul. Los imputados españoles por colaborar con la financiación de Al Qaeda, algunos de los cuales tuvieron contacto personal y económico con los secuestradores de los aviones estrellados contra las Torres Gemelas, también apuntan en esa dirección (AN 36/2005). Un procesado proporcionaba trabajo en una empresa legal de su propiedad erradicada en Madrid a miembros de Al Qaeda facilitándoles una fuente estable de ingresos que no sólo les permitían cubrir sus gastos de manutención, sino también preparar atentados. Otro imputado tenía un negocio de distribución de productos de artesanía en Granada. Un tercero trabajaba como traductor en la agencia EFE, y un cuarto erradicado en Madrid disponía de una “considerable fortuna” en su condición de propietario de varias empresas inmobiliarias españolas con actividad real y aparentemente rentables, así como otra en Arabia Saudí.
Está demostrado que este último realizó donaciones por importe de 50.000€ a la causa yihadista borrando el rastro del dinero por medio de la manipulación de la contabilidad de sus empresas siguiendo los procedimientos conocidos en los espacios del cuello blanco (“La circulación de los ilícitos de cuello blanco” en el cap. 15) y además pagó 1.000€ todos los meses a un liberados de la organización con residencia en Turquía a lo largo de medio año. Otro más, propietario esta vez de una pequeña tienda en el barrio madrileño de Lavapiés, realizó una colecta entre personas conocidas y simpatizantes de la yihad para financiar los desplazamientos por Europa de algunos miembros de la organización. Un tercer empresario erradicado en Castellón, propietario de dos empresas con un total de 150 trabajadores, realizó un ingreso de ayuda a la organización de algo más de 1.000€. Otro acusado, que alimentaba las páginas web de la comunidad imaginada del yihad, consiguió ahorrar 10.000€ para la causa con su propia actividad de venta ambulante en mercadillos (TS 2802/2017) y, por fin, un imputado directamente vinculado a los atentados de Madrid también había realizado colectas en efectivo de apoyo a la causa (AN 65/2007).

(5) La financiación con delitos de cuello azul

Las cantidades generadas con delitos -todos de cuello azul- son menores aunque aparecen con mucha frecuencia en los sumarios y en las noticias de prensa. Los delitos más importantes son, en orden de prioridad, el narcotráfico, los robos y la falsificación de tarjetas.

Los organizadores del atentado del 11-M en Madrid estaban vinculados, probablemente antes de incorporarse a la yihad, a la distribución de cannabis y drogas sintéticas en cantidades medias, una actividad que generó ingresos -que no necesariamente excedentes susceptibles de traducirse en importantes inversiones ilícitas- en cantidades próximas a los 20.000€. Las drogas traficadas no se transformaban todas en dinero, sino que también se utilizaban para hacer pagos en especies a alguno de los colaboradores españoles en el suministro de explosivos y su transporte desde Asturias a Madrid, uno de estos últimos perteneciente a los espacios sociales marginales dedicados al menudeo de cannabis en el norte de España (AN 65/2007).
Por su parte, el organizador y principal encausado por los atentados de Barcelona y Cambrils era un marroquí que había cumplido una condena de cuatro años por distribución de drogas en España (Cadena Ser 23/8/2017). Un grupo de pakistaníes erradicados en Barcelona también había consiguió reunir más de 20.000€ con actividades de distribución de heroína de los cuales unos 2.000€ fueron enviados a un cómplice preso en Italia y otros 15.000€ a otros miembros de la organización erradicados en Pakistán (AN 39/2007).
Los robos no habían generado cantidades excesivamente importantes, aunque tienen una presencia reincidente en las tramas. Los autores del atentado del 11-M robaron varios vehículos, aunque no para venderlos, sino para transportar parte de los explosivos desde Asturias a Madrid, con lo cual los activos robados no tuvieron que ser transformados sino solo utilizados para cumplir una función no económica sino logística. Unos ciudadanos argelinos pertenecientes al Grupo Islámico Armado (GIA), que se habían desplazado a España en 1997 con el fin de crear una infraestructura de captación de miembros para su organización, asaltaron un almacén de electrodomésticos en la zona de Valencia con el fin de financiar la actividad de su grupo con la venta de dichos electrodomésticos por un valor estimado inferior a 7.000€ (AN 23/2006). También está documentado el uso de tarjetas falsificadas de teléfonos móviles por importes individuales nunca superiores a los 100€ por parte de un grupo de apoyo logístico y económico a A Qaeda con residencia en Madrid, el mismo que compró tarjetas Visa robadas para sacar el equivalente a 1.200€ de sendos cajeros automáticos (AN 36/2005).

(6) La forma por la que se han movido y ocultado preferentemente tanto cantidades como también aquellas otras de procedencia lícita ha sido, sin duda y al igual que en ETA, el efectivo que aparece una y otra vez en las tramas.

En un piso londinense, en el que se hospedó uno de los imputados por colaborar en la financiación de Al Qaeda, se encontraron 30.000€ metidos en sobres y otros imputados aprovechaban sus viajes a diferentes países y dentro de España para entregar en mano varios miles de euros a otros miembros de la organización (AN 36/2005).
Un acusado dedicado a alimentar la comunidad imaginada del yihad con contenidos incitadores al odio desde su domicilio en un pueblo de Ciudad Real, tenía guardados en una caja de caudales casi 10.000€ en efectivo (TS 2802/2017) y en la casa alquilada por los autores del atentados del 11-M en Madrid se encontraron casi 20.000€ en metálico. Estos últimos pagaron 600€ a un colaborador por transportar en autobús una bolsa de explosivos, una cantidad que también se pagó en efectivo (AN 85/2007).
Los 20.000€ que se enviaron desde Barcelona a Lahore y Gujarat en Pakistán con el fin de apoyar económicamente a Al Qaeda, se hizo utilizando el sistema tradicional de compensación hawala desde un locutorio que regentaba el acusado en el barrio de El Raval, una forma de mover dinero que también se basa en el pago y el cobro en efectivo sin que tenga que intervenir en ningún momento movimiento físico de un país a otro (ver “Los mercados de blanqueo” en el cap. 16). Este mismo procedimiento fue el utilizado por un ciudadano pakistaní detenido en España reclamado por la justicia norteamericana por haber participación en la financiación de Al Qaeda, y que había enviado 35.000€ a los EEUU desde España procedentes del tráfico de drogas y del contrabando de tabaco. Además, y según las declaraciones de un arrepentido y testigo protegido por las autoridades norteamericanas, este había entregado “grandes sumas de dinero” procedentes de actividades ilegales inespecíficas que fueron transmitidas también a través del sistema hawala (AAN 328/2008).
Por fin, las colectas reunidas por uno de los participantes del atentado de Madrid tampoco tuvieron contacto alguno son el sistema de pagos, sino que también fueron ocultadas en forma de efectivo (AN 65/2007).

(7) Pero no todo el dinero se movió en efectivo por una razón: simplemente no era necesario hacerlo porque un parte era de origen legal, con lo cual pudo circular sin problema por el sistema internacional de pagos de una a otra parte del mundo. En una cuenta abierta en Hamburgo a nombre del mencionado empresario de la construcción erradicado en España, por ejemplo, se realizaron ingresos por unos 15.000€, ingresos que luego fueron transferidos a diferentes lugares a través del sistema internacional de pagos. En otro caso se menciona la transferencia de una cantidad modesta -1.500€- desde una cuenta CajaMadrid al Arab Bank del Líbano, así como la libranza de varios talones por un valor de 4.000€ contra la cuenta abierta en dicha caja española, uno de los cuales fue cobrado en la capital del Yemen poco tiempo después etc.

61. Cantidades blanqueadas en el mercado

Los 50.000mill€ ilícitos inyectados todos los años en la economía con actos delictivos necesitan ser blanqueados, de una forma o de otra -es decir, transformados, ocultados o movidos- por aquellos que han cometido los delitos precedentes (ver el cap. 13: “La renta ilícita anual en España: resumen y conclusiones” así como la tabla 8) ¿Hasta qué punto tienen que adquirir los delincuentes servicios de blanqueo en los sub-mercados de blanqueo para poder disfrutar de los ilícitos? ¿cuál es el volumen aproximado de los mercados de blanqueo de capitales en España? (ver el cap. “Los mercados de blanqueo” en el cap. 16, así como la tabla 24, 25 y 26).

(1) En la tabla 24 se aprecia que sólo el 5% de los activos se blanquea exclusivamente fuera del mercado, bien de forma individual, bien de forma colectiva y no más del 1% de los 2.100mill€ ilícitos recogidos en las sentencias lo hacen exclusivamente contratando servicios de blanqueo. Todo el resto, es decir el 94%, se blanquea de forma “mixta” es decir -tanto dentro como fuera del mercado- confirmando las intuiciones de Levi y Reuter (2006). La muestra de las sentencias no es del todo representativa en este aspecto, pues sólo recoge los casos interceptados y no, por ejemplo, los robos y hurtos, el menudeo, el contrabando minorista de tabaco cuyos activos no han acabado nunca en un juicio penal aunque es más que probable que una cantidad próxima al 100% procedente de estas conductas -el equivalente a al menos 5.000mill€- circule enteramente fuera de los mercados de blanqueo.

(2) Supongamos que el 94% de los activos que se blanquean tanto fuera como dentro del mercado lo hacen a partes iguales en ambos espacios, lo cual es mucho suponer. Esto querría decir que un 52% de los activos blanqueados fuera del mercado y un 49% lo harían a través de la compra de diferentes formas, más o menos sofisticadas de servicios ilícitos comprados en el mercado. Descontemos de los 50.000mill€ los 13.200mill€ autoblanqueados a través del consumo, y que incluyen los 5.000mill€ anotados en el punto anterior. También habría que descontar de dichos 50.000mill€ una cantidad indeterminada -aún por calcular con precisión- equivalente a los activos de la malversación, de los delitos urbanísticos y, en mucha menor medida, también de las subvenciones desviadas, activos ilícitos que se transforman directamente en los balances de las empresas beneficiadas -casi siempre pagadoras de cohechos- sin apenas reflejarse en los hechos probados de las sentencias. Estas cantidades ascienden con toda seguridad a bastantes miles de euros, con lo cual la cifra que suman los activos transformados tanto fuera como dentro del mercado, se reduciría a unos 20.000mill€. En este caso el mercado español de servicios de blanqueo -que representan el 49% del total según la información que hemos podido extraer de las sentencias- ascendería a un máximo de 10.000mill€ al año. Si a esto le añadimos, además, que los casos conocidos y juzgados son más bien importantes y que los más pequeños y difíciles de interceptar están fuertemente infrarrepresentados en la muestra, nos pondríamos en una cifra situada en el entorno de los 8.000mill€ anuales que seria la de los ilícitos que se reciclarían anualmente a través del mercado en España, una cantidad que equivale a las dimensiones del mercado español de servicios de blanqueo.

(3) Si ahora estimamos las tarifas o comisiones medias resultantes de los seis sub-mercados de blanqueo para los que disponemos de datos mínimamente solventes en el entorno del 8% apostando aquí una vez por lo alto (ver tabla 26 así como el comentario 62), podríamos decir que los ingresos brutos cosechados por los actores que prestan servicios de blanqueo en España ascenderían a unos 600mill€ al año, una cantidad equivalente a un poco más del 1% de todos los ilícitos generados anualmente en España. Ciertamente no se puede decir que el “sector” del blanqueo genere unos ingresos brutos y netos tan extraordinarios como señalan algunos autores como Castells (1998) o Bongard (2001).

62. Los costes del blanqueo

La tabla 25 contiene toda la información mínimamente solvente a la que hemos podido acceder sobre el precio de los diferentes servicios de blanqueo ordenados por operaciones de ocultamiento, de transporte o de transformación, en función de si dichos precios se han pagado en España o fuera del país y que, además, está ordenada cronológicamente con el fin de poder hacer un seguimiento de la evolución de las tarifas.(ver “Los mercados de blanqueo” en el cap. 16)

(1) Se aprecia también que las diferencias de los precios pagados por los mismos servicios pueden ser llegar a ser muy grandes. El coste de una transferencia bancaria de dinero ilícito puede fluctuar un 400% y el de la compra de un premio de lotería o de la apertura de una cuenta corriente un 300%, la diferencia entre el porcentaje más elevado pagado por el cobro de talones bancarios y el más bajo puede ser de 13 veces, y el transporte de altas denominaciones desde los Países Bajos a América Latina a lo largo de un mismo período puede costar entre el 0,9% y el 4,75% del importe transportado que equivale a una diferencia del 500%. Estas horquillas tan grandes confirman la particular naturaleza de los mercados ilícitos y que se refleja en un modo propio de formación de los precios, mercados en los que intervienen todo tipo de factores contingentes y extraeconómicos imposible de conocer por adelantado, y que generan serios problemas a la hora de hacer algo parecido a una previsión y una planificación económica (ver “La particularidad de las organizaciones delictivas” en el cap. 17).

(2) Como principio general, cuando mayor es el importe a blanquear más baja tiende a ser la tarifa en términos porcentuales aunque no necesariamente más bajo su valor. Portar 200.000€ en grandes billetes a América Latina se paga con una comisión del 4%, pero transportar 400.000€ sólo cuesta un 2% (Soudijn y Reuter 2015). Las cantidades absolutas medias que se pagan por los diferentes servicios -movimiento de efectivo, movimiento a través del sistema financiero, creación de sociedades etc- oscilan en el interior de una franja más estrecha -entre los 3.000€ y los 4.000€- que los porcentajes que tienden a oscilar mucho más: entre el 2% y el 12%. Las tarifas que regulan el mercado de la gestión de patrimonios ilícitos son particularmente bajas. Su baratura tiene su origen en una dinámica competitiva más fuerte nacida de la ambigüedad jurídica que envuelve estos mercados, y que hace que muchos de sus servicios se oferten de forma más abierta. Las tarifas, mucho más altas, que se pagan por mover efectivo o para introducirlo en el sistema financiero, dependen del número de personas dispuestas a colaborar en esta clase de operaciones a cambio de un máximo de unos 3.000€. Como puede apreciar el lector, con la excepción del porte de efectivo y de lingotes de oro desde América Latina a Suiza en fechas tan remotas como es la de principios de los años 1970, no hay ningún dato documentado que se aproxime a ese “30% o más” propuesto tan imaginativamente por Vittorio Tanzi. Se aprecia también que la mayor parte de los servicios de blanqueo adquiridos en el mercado son bastante simples. Hacer varios ingresos en CCs o llevar una bolsa de efectivo de un lugar a otro, no requieren de la intervención de ningún profesional, pero tampoco la creación de sociedades-velo en jurisdicciones offshore, lo cual obliga a relativizar afirmaciones del tipo “el blanqueo internacional de activos a escala internacional requiere de una preparación técnica y de una sofisticación de la que disponen pocos individuos” Tanzi (1996). Los casos complejos a los que seguramente se refiere este autor se concentran en un segmento muy particular del mercado -una parte de la transformación y la propia gestión de activos-, un sector que ni tiene precios tan altos ni es tan representativo del conjunto pues los servicios profesionales de blanqueo son, tanto en España como en otros países “sorprendentemente escasos” (Reuter y Truman 2004: 39).

(3) Las tarifas más elevadas de las que tenemos noticia se pagaban en los primeros años del período para el que disponemos de datos como hemos dicho: casi un 30% por sacar oro y efectivo de países latinoamericanos para ponerlo a ocultarlo en Suiza a comienzos de la década de los 1970, un porcentaje diez veces superior al que se les paga hoy a los porteadores de activos por hacer el recorrido inverso. En los años 1980 un agente de cambio de Miami cobraba una comisión entre el 15% y el 20% por aceptar dinero en efectivo sin preguntar su origen y por notificar la libranza del pago por el mismo importe a un banco de Colombia o hacer una transferencia a una cuenta off shore (proc. 10), unos porcentajes bastante más elevados a los que se pagaban en fechas más recientes como ilustran los procedimientos 1 a 4, 6 a 8, 14 etc.

(4) En los ambientes del narcotráfico mexicano de los años 1980 se pagaban comisiones de entre el 10% y el 15% -no se precisa para qué exactamente- pero años después se pagaban otras tres veces más bajas en los mismos ambientes delictivos. Transportar efectivo a Suiza desde Francia costaba hacia principios de los años 1980 entre el 5% y el 10%. Tras el reforzamiento de las medidas de control aduanero en la era Mitterrand, su coste aumentó aún más pero en fechas más recientes carácter este mismo procedimiento costaba una media de 4,3% (proc.16). Un informe del CESID español filtrado a la prensa, pero al que no han tenido acceso los investigadores independientes, señala que por "introducir el dinero en el sistema el sistema financiero simulando una operación comercial o financiera, por hacerlo circular electrónicamente a través de varios paraísos fiscales y, finalmente, por ponerlo a disposición del narcotraficante en un país con controles fiscales de tal forma que se dificulte una posible investigación que pretenda llegar al origen del dinero” se pagaban en los años 1990 comisiones entre el 12% y el 25%” (porcs. 13 y 14), sin embargo estas mismas operaciones costaban quince años más tarde entre el 7% y el 2,9% respectivamente. Investigadores académicos también mencionan comisiones más entre el 7% y el 10% para el del “blanqueo” -así, de forma general- del dinero de las drogas en los años 1990, porcentajes que otros autores, también académicos, rebajaban al 5% diez o quince años después.

(5) Hacia el año 2015 crear una sociedad-velo o una sociedad-CC sólo costaba unos cuantos cientos de dólares, pero quince años antes los grandes evasores fiscales norteamericanos tenían que pagar entre 3000 y 8.000€ por crear una empresas-CC con cuenta en un banco correspondiente de las Islas Caimán, una tarifa que, aunque incluía los costes de mantenimiento durante un año, era varias veces más elevada que en la actualidad. Desde el año 2006 los costes de la creación de ambas formas societarias han venido bajando y hoy podrían estar más cerca de los 500 que de los 1.000€. También parece cada vez más más barato ceder una identidad para escriturar bienes de origen ilícito a cambio de una comisión media del 4%, si bien las diferencias que se han venido pagando en los últimos años se mueven en una horquilla amplia que va del 1% al 13%.

(6) Hay excepciones a esta tendencia general a la reducción de los precios. Por ejemplo: el precio de la venta de premios de lotería con fines de desconexión identitaria parece que ha ido en aumento (proc. 27) de la misma que el transporte transfronterizo de efectivo desde España a un tercer país (proc. 5) o el ingreso de efectivo en una CC (proc. 6): el aumento de la presión sobre los bancos y el mayor control sobre los delegados de loterías y apuestas parece que ha dado resultados. Pero todo apunta a que la tendencia general se ha movido en dirección contraria, hacia la caída continuada de los precios del blanqueo.

63. Definición legal de una “organización criminal”

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, para que una acción ilícita organizada se traduzca en una estructura organizada con fines delictivos, en definitiva en una organización criminal, tienen que concurrir, al menos, tres circunstancias (ver el cap. 17 “La organización del blanqueo en España”).

(1) Número de participantes.

En primer lugar tiene que tratarse de una acción conjunta y coordinada perpetrada por más de dos personas, como señala la legislación de la Unión Europea, así como la legislación austríaca, belga, alemana y luxemburguesa; o bien entre “más de tres", como proponen las Naciones Unidas y en Consejo de Europa (ONU 2000 y CE 2001); o bien de “todo un grupo” como propone la Interpol (Interpol 1988, Sánchez García de Paz 2005: 35s y De la Cruz Ochoa 2004: 132ss.).

(2) Estructuración.

Pero la coautoría o codelincuencia sólo es condición necesaria, que no suficiente pues tiene que darse además una estructura jerárquica con “jefes” y “administradores” o “encargados”, es decir, una mínima división jerárquica del trabajo, así como una distribución de tareas encomendadas a cada uno de sus miembros o división técnica del trabajo (TS 59/2000). Esta parte de la definición también debería considerarse más una condición más necesaria que suficiente pues, como hemos visto, todo grupo organizado funciona siguiendo siempre y en todos los casos una división jerárquica y técnica del trabajo, haya cristalizado o no en una organización estable.

(3) Duración.

La tercera condición que, así la mayoría de los sistemas penales, se tiene que dar para poder hablar de una “organización criminal” es que los espacios organizados tienen que ser mínimamente estables en el tiempo, tener una mínima permanencia o continuidad. Esto quiere decir que, o bien no pueden “ser meramente ocasionales” (Art. 515 del Código Penal Español. CP español), o bien tienen que operar “por un período prolongado o indefinido de tiempo” (CE 2001), o “durante un cierto período de tiempo” (UE 1998): o “por largo tiempo” (CP austríaco). La prolongación de las tramas en el tiempo es un factor central pues la continuidad o permanencia es lo que permite transformar acciones colectivas efímeras, en soportes o estructuras perdurables utilizables para la comisión de acciones delictivas de categoría cualitativamente superior e independientes de los ocupantes ocasionales de dichas estructuras: “La supervivencia del proyecto criminal (tiene que conservar) cierta independencia de las personas integrantes de la organización” reza una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga apuntan en este sentido (AP MA 103/2005). La continuidad en el tiempo más allá de la acción puntual de unos individuos y de otros, es una aportación esencial al valor añadido delictivo por parte de las organizaciones como hemos visto, pues sólo así es posible que estas vayan acumulando un acerbo o unos recursos delictivos trasladarles a nuevos participantes y utilizables en nuevos actos delictivos. De la misma forma que la muerte de un general, del padre de una familia o de un director general no llevan al final de un ejército, de una familia o de una empresa, la muerte o la desaparición de un delincuente -aunque no así la de todo su “equipo dirigente”- no debería llevar a la extinción del grupo cuando hablamos realmente de una organización (ver TS 12/4/1996 y 3/12/1998).

(4) Finalidad.

En cuarto lugar, y todo según las leyes vigentes, una organización criminal tiene que tener además una finalidad delictiva que le dé un sentido específico y propio, una especie de intencionalidad genésica. Esta intencionalidad está presente en todas las definiciones, aunque queda expresada de forma distinta: o bien tiene que perseguir el “propósito de cometer uno o más delitos graves”, o bien el “objetivo de perseguir beneficio” -entendemos que económico AFS- y/o “poder” -entendemos que político AFS- (así el Consejo de Europa), o de “cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad” (como señala la Unión Europea), o bien estar “orientada a la comisión de delitos particularmente graves” (como figura en el CP austríaco), “a la comisión de crímenes violentos o a enriquecerse por medios criminales” (CP suizo) o a la “obtención de dinero mediante actividades ilegales” (Interpol) (CE 2001, UE 1998, Sánchez García de Paz 2005 e Interpol 1988 respectivamente).

64. Duración y participantes de las tramas españolas de blanqueo

Los hechos probados de las sentencias judiciales indican o deberían indicar siempre el año de iniciación de los actos juzgados, así como el final de los mismos, por ejemplo a través de la detención de los acusados. No se especifican los meses, con cual una trama de un año de duración es posible que sólo haya durado realmente algunos meses. Con todo esta información, así como el número de imputados listados al comienzo de las sentencias, permite reunir una información contrastada sobre la duración de las tramas y los participantes en las mismas (ver también los comentarios a la tabla 27).

(1) La duración de las tramas

En la tabla 27 se aprecia que la duración media de todas las tramas con imputaciones por blanqueo asciende en España a tres años, si bien la mediana, que recoge la duración de los casos más típicos, es de un máximo de 12 meses. La distinción entre media y mediana es importante pues mientras la primera es el resultado de un cálculo matemático que incluye casos extremadamente atípicos, la segunda es la cifra situada en medio de todas las reales, con lo cual también es la más representativa. Y las diferencias entre media y mediana son importantes: la media de duración de las tramas está en tres años mientras que la mediana en un máximo de 12 meses.
La trama del blanqueo de activos procedentes la extorsión y los secuestros de ETA, es la más larga de la historia del país, e incluso si dejamos fuera los primeros años en los que la organización apenas consiguió generar ingresos significativos, esta se prolongó a lo largo 35 años (1975-2010) (TS 480/2009 y Ugarte Gastaminza (coord) 2018). Le sigue el caso, también excepcional, de la estafa piramidal del Forum Filatélico que, por su propia naturaleza y la pericia de sus imputados, consiguió perdurar durante 28 años. Por su parte, los casos ATSJC 5/2013 y AN 20/2018B que, como en parte el de ETA tenían como objetivo la financiación ilegal de sendas organizaciones políticas, se dilataron a lo largo de 23 y más años.
Con la excepción de las extorsiones y los secuestros de ETA todos los casos más largos son de cuello blanco. De hecho, la duración media de estos últimos es casi tres veces más grande que la de los de cuello azul -7 años frente a 2,4 - y su mediana cuatro veces más -4 frente a 1-. En general, las tramas más largas son también las más complejas y están protagonizadas por más profesiones sensibles al blanqueo (ver tabla 2b). Además, las 14 tramas de cuello blanco con una duración superior a diez años incluyen todas al menos un cargo público en activo y su índice de profesionalidad es de 7,1 sobre 8. En el 71% de dichas tramas con una duración superior de 10 años también aparece, al menos un gestor de patrimonio o un directivo de alguna empresa legal, en el 64% de ellas al menos un miembro de un partido político, la mayoría de las veces un cargo dirigente, en el 50% un asesor jurídico, financiero o un asesor de gestión de patrimonio, y en el 43% de las tramas particularmente largas aparece al menos un alcalde o concejal.
El panorama temporal y humano del submundo económico de cuello azul es bastante distinto. El 83% de todos los casos -que suman casi 300- dura un máximo de 3 años pero el 57% no sobrepasa los doce meses de pasa duración. Si dejamos fuera el caso excepcional de las extorsiones y los secuestros ETA que ya hemos comentado, hay sólo tres que se consiguieron prolongar por un período superior a 10 años: el Casos Nécora de importadores de cocaína, y los casos IB 25/2010, AP S 458/2009 de narcotráfico que duraron 11 años. Su índice de profesionalidad sólo es de 4 sobre 8, y en sólo la mitad de los casos hay un empresario legal incriminado, en ninguno un miembro de partido o de un consistorio, aunque sabemos que en alguno de estos casos los acusados intentaron blindar sus actos buscando la complicidad de políticos locales. Llama la atención, además, que los tres casos más largos tuvieron lugar antes de 2006. Esta tendencia a la reducción de la duración de las tramas puede deberse a la eficacia de la represión policial, así como a la tendencia a la creación deliberada de espacios delictivos más efímeros y “horizontales” -así las palabras del fiscal general antidrogas entrevistado- que son considerados más eficaces desde el punto de vista delictivo (entrevista D-7). Sea cual sea la explicación: nuestros datos confirman el carácter más bien efímero y “desorganizado” de la mayor parte de las tramas de cuello azul (así también Reuter (1983) y Desroches (2005). Para los importadores gallegos de drogas ver Carretero (2015), para la distribución de drogas en Milán y Frankfurt ver Paoli 2002, para la trata de personas con fines de explotación sexual en España ver ACCEM 2006). Es verdad que la prolongación en el tiempo es una condición necesaria -que no suficiente- para poder hablar de organización criminal y que hay que valorar también otros aspectos, pero este es, sin duda, uno de los más importantes.

(2) El número de participantes

Hemos visto que el número de participantes es otro elemento que influye a la hora de poder hablar de una organización o de un simple espacio organizado pues cuando más personas intervengan en ellas, más “organizadas” necesitarán estar necesariamente. En la tabla 27 se aprecia que el número medio de personas por trama es de 3,5 siendo la mediana, otra vez, de una sola persona. La explicación es la misma que acabamos de ver en relación con la duración temporal de los casos: hay algunos que, aunque poco representativos, reúnen a un número realmente importante de imputados -57 para el caso relacionado con las finanzas de ETA; 52 para el caso, aunque ña cifra final de imputados en este caso probablemente sea menor pues en el momento de cerrar el manuscrito se acababan de abrir las diligencias del mismo. AAPM 91/2006; otros 52 imputados -de los cuales 46 absueltos- en un gran caso de distribución de cocaína en la zona de Madrid (AP M 4/2006) o 44 imputados en el caso AP MA 535/2013. La correlación entre duración y número de participantes es evidente, pues cuando más duran las tramas más personas se vinculan a ellas aprovechando lo que se antoja como una aventura delictiva relativamente segura a medida en que van pasando los años sin ser interceptada, una seguridad que les lleva a ir ampliando la escala del delito y también de los participantes.
Las diferencias entre cuello blanco y azul son casi igual de significativas que en la duración de las tramas: 7,2 investigados frente a 3 de media y 4 frente a 1 de mediana respectivamente. Hemos visto que hay varios códigos penales en los que la presencia de más de dos personas es consideradas suficiente para constituir una organización criminal (ver el comentario 63). Pero si aplicamos el criterio de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que fijan en 3 el número mínimo de imputados para que se cumpla otra de las condiciones necesarias para poder hablar de “organización criminal” hay que descartar, de entrada, el 65% de todos los casos que tienen menos de 3 imputados.

(3) Si cruzamos ambas variables necesarias -que tampoco suficientes- es decir la prolongación de las tramas durante tres o más años y además la participación de tres o más personas en las mismas- el número de casos susceptibles de constituir teóricamente organizaciones criminales se reducen al 15% del total. No es una cifra despreciable, sobre todo si todos esos casos reunieran efectivamente las características requeridas para constituir organizaciones criminales, pero es evidente que sólo una parte bastante pequeña del total reúne las condiciones necesarias para poder ser consideradas “organizaciones criminales” en el sentido estricto del término. Numerosas sentencias dictadas por la AP de Cádiz relacionadas con la interceptación de embarcaciones hinchables utilizadas para el desembarco de cannabis, sugieren que esto no tiene que ser necesariamente el caso (ver el comentario 55).

65. Lazos adscriptos y no adscriptivos entre imputados por blanqueo

La unidad básica del funcionamiento organizativo de las tramas son los lazos o vínculos interpersonales entre los implicados (ver "La particularidad de las organizaciones delictivas" en el cap. 17 y la tabla 28). Dichos lazos se pueden dividir en adscriptivos tales como familia, etnia, raza, religión, nacionalidad; y no adscriptivos como amistad, el compartir una misma iniciativa política, una misma ONG, las relaciones que guardan los empleados con los propietarios de las empresas y naturalmente también las relaciones mercantiles. Un vínculo intermedio situado entre los adscriptivos y lo no adscriptivos, aunque particularmente funcional en los dominios de la delincuencia, son los que se establecen entre compañeros sentimentales pues combinan la ausencia de papeles comprometedores con vínculos afectivos fuertes reforzados por la intimidad. Los lazos adscriptivos dominan en las sociedades tradicionales mientras que los no adscriptivos están más relacionados con las sociedades modernas (ver también los "Economía opaca, informal e ilegal" en el cap. 4).

(1) Los datos de la tabla 28 demuestran que en el mundo de la ilegalidad se da una combinación sorprendentemente marcada entre lazos adscriptivos -y aquí sobre todo los de familia nuclear- y lazos no adscriptivos. Esto afecta tanto a los casos de cuello azul mucho más marcados por los usos propios de las sociedades tradicionales, como también a los de cuello blanco que son más modernos, profesionalizados y además están más mercantilizados. Esta coexistencia entre ambos grupos de lazos se debe principalmente a las exigencias de la racionalidad delictiva, pero también refleja la anatomía de las sociedades moderas situadas en el sur de Europa, sociedades en las que los lazos adscriptivos familiares, y en menor medida también los comunitarios siguen ocupando un lugar central en los procesos de socialización.

(2) Los lazos adscriptivos afectan, sobre todo, a los vínculos entre miembros de una misma familias nuclear -entre padres, madres, hijos y abuelos- que se mencionan en más del 80% de los casos de cuello blanco, pero también a primos, yernos, cuñados, que se mencionan en más del 50% de ellos. La razón no es obviamente la mayor competencia técnica o profesional de los familiares o la incapacidad de este grupo de delincuentes de contratar servicios de blanqueo en el mercado, sino el blindaje que genera la fidelidad y la estabilidad de este tipo de relaciones, así como el menor coste de las operaciones de autoblanqueo colectivo cuando en ellas participa algún familiar. El uso de cónyuges, hijos u abuelos, pero también de miembros de la familia extensa para crear tramas tiene como objetivo, en la mayoría de los casos, la desconexión identitaria de los activos ilícitos: son los parientes de narcotraficantes, perceptores de cohechos o evasores fiscales que ceden su identidad con el fin de que dichos activos, CCs y empresas-velo no figuren a nombre de estos últimos con el fin de poder evitar su confiscación. Al ser las de cuello blanco tramas particularmente numerosas y estar más dilatadas en el tiempo, la tendencia a acabar incorporando a más y más familiares es también relativamente importante.

(3) El caso con más vínculos familiares documentado es uno en el que 4 matrimonios, 10 hermanos, una abuela, 4 cuñados, 4 sobrinos y suegros, así como cuatro consuegros y yernos, y nada menos que 4 compañeros sentimentales -todos ellos de raza gitana- que formaban un clan dedicado a distribuir drogas en cantidades medias en la Isla de Ibiza, así como a ocultar y transformar sus beneficios económicos (AP IB 12/2006). Otro caso extremo es el de un padre de familia y presidente de comunidad autónoma durante casi tres décadas, su esposa, 5 de sus hijos, una yerna y sobrina, así como la compañera sentimental de uno de los hijos, acompañados todos ellos por funcionarios y empleados de instituciones públicas, compañeros de partido y amigos. El grupo consiguió organizar una extensa trama delictiva de cuello blanco y estabilizarla durante no menos de 23 años (ATSJC 5/2013).

(4) Nada de todo esto es incompatible con la presencia de lazos no adscriptivos en aquellas tramas claramente dominadas por los adscriptivos. Las relaciones mercantiles están presentes en el 35% de los casos, un porcentaje que equivale al peso de los servicios de blanqueo comprados en el mercado sobre el total (ver “El autoblanqueo” en el cap. 16). Aunque las diferencias entre cuello blanco y azul son, aquí, sustanciales, pues casi en el 70% de los primeros aparece algún tipo de relación mercantil, mientras que en los segundos apenas sobrepasa una cuarta parte del total, casos estos últimos formados sobre todo por narcotraficantes que contratan a terceros a cambio de una comisión para que organicen el transporte de efectivo, abran CCs o para ingresen efectivo en dichas cuentas.

(5) Los datos referidos a los lazos de amistad entre los acusados son probablemente los más incompletos pues es difícil poder demostrar su presencia en todos los casos. con lo cual no son mencionados siempre en los hechos probados. Aún así todo, su presencia también es reseñable, particularmente en los casos de cuello blanco -26% del total- donde tienen más presencia que en los de los cuello azul. Por el contrario, las relaciones de amistad fraguadas en la cárcel o en experiencias delictivas pretéritas, y que tienen una cierta importancia en los espacios del narcotráfico, están ausentes en las tramas de cuello blanco probablemente porque hasta fechas muy recientes han sido muy pocos los delincuentes de cuello blanco con prolongadas condenas de cárcel, por lo que quizás sea aun demasiado pronto para extraer conclusiones sobre los vínculos delictivos que puedan establecer los malversadores, receptores de cohechos evasores fiscales etc. que cumplen condena en la cárcel.

(6) El apartado de los vínculos corporativos, que incluyen los que establecen los empresarios o miembros de los mismos consejos de administración entre sí, los que establecen estos últimos con el personal asalariado a su cargo, y también los que construyen los asalariados de una misma empresa, es el domino claro del cuello blanco. Esto demuestra, una vez más, la importancia de los espacios empresariales legales en su condición de escenarios organizativos de esta clase de delitos (así también las conclusiones de Levi y Soudijn 2020). Por otra parte, la pertenencia de, al menos, dos personas a un mismo partido político en casi un tercio de todos los casos de cuello blanco -muchos menos en los de cuello azul- demuestra la centralidad de los partidos políticos en la administración de lo público en España -ver el comentario 20-, así como la tentación de muchos de sus miembros a meter la mano en la caja de lo de todos aprovechando su militancia política, y desviando parte de los recursos usurpados bien hacia su propio partido o bien hacia sus propios bolsillos. De todas formas no hay que perder de vista que, como se aprecia claramente en la tabla 28, lo más frecuente es la combinación entre vínculos adscriptivos y no adscriptos de la misma forma que los casos más frecuentes son aquellos en los que el autoblanqueo se combina con la compra de algún servicio de blanqueo (ver tabla 24). Dichas combinaciones son sin duda una de las claves para entender la organización de la mayoría de las tramas con finalidad lucrativa, aparentemente la fórmula más exitosa para combinar racionalidad delictiva y económica (para el ejemplo del contrabando de tabaco ver (Lampe 2003: 59).

66. El sistema planetario de las grandes tramas de blanqueo

El estudio particularizado del funcionamiento organizativo de las tramas -por ejemplo de la distribución de las tareas entre los diferentes actores, las formas de comunicación que se establecen este ellos o el grado de división técnica y jerárquica del trabajo- resulta muy difícil en el campo de la ilegalidad. Esto no quiere decir que sea imposible. Así, por ejemplo, es posible hacer entrevistas en profundidad entre condenados cumpliendo condenas o formando a los policías encargados de investigador y de elaborar los sumarios en el estudio y la reconstrucción de las organizaciones. Con todo, algunos casos importantes incluyen información que permiten establecer algunos patrones que parecen repetirse más allá de los casos individuales. La figura más apropia para describirlos es el de un sistema solar o planetario en que determinados actores constituyen el núcleo y otros los sucesivas planetas que giran alrededor del mismo. Sus diferentes niveles son los siguientes:

(1) El núcleo

En el núcleo, que equivale al sol del sistema planetario, se concentran los actores que dividen el trabajo y “planifican” la acción, los inspiradores, diseñadores y coordinadores de las tramas. Se trata de un espacio altamente segmentado no sólo del resto de la sociedad sino también del resto de los actores vinculados a la trama, el acceso a este núcleo está altamente restringido, y suele estar compuesto por entre una y un máximo de cuatro personas. Sus actores establecen lazos fuertes entre sí, muchos de tipo adscriptivo, aunque la mayoría de las veces domina la iniciativa y la individualidad de una sola persona que suele ser el imputado principal y el cerebro de la operación. Este es el que concibe y lanza la propuesta delictiva, el que la tiene en la cabeza, el que dispone de los principales recursos requeridos para llevarla adelante tales como los contactos personales e institucionales, una relación privilegiada con algún político o algún empleado o directivo de una sucursal bancaria etc. Los llamados “patriarcas” de los casos Nécora y Charlines, el propietario de la empresa de camiones en el caso AN 60/2005, el titular del despacho de asesoramiento financiero en el caso AP MA 200/2011, el presidente de una comunidad autónoma en el caso ATSJC 5/2013, el empresario que se hacía llamar Don Vito en el caso AN 20/2018c, el alcalde de Marbella en los casos TS 537/2002 y AP MA 179/2013, el asesor y hombre en la sombra del dicho ayuntamiento en el caso AP MA 535/2013, la matriarca llamada“La Paca” en el caso AP IB 14/2006 o el alcalde de Estepona (SP Estepona 2/1/2008) son algunos ejemplos. Las personas que les acompañan en el núcleo, o bien pertenecen a su misma familia -normalmente nuclear- o bien son compañeros sentimentales, o bien guardan una relación de amistad sedimentada a lo largo de muchos años. En los casos de narcotráfico los lazos familiares trenzados en el núcleo se completan con los de nacionalidad, etnia y patria chica, a veces, con las relaciones fraguadas en prisión, los más importantes de cuello blanco se completan con los lazos políticos y corporativos.
Los vínculos políticos tienen una fuerte presencia en el núcleo. El que los miembros del núcleo compartan una militancia común en un partido político, que trabajen en un mismo espacio administrativo como un consistorio, o en una misma empresa legal refuerza las fidelidades y el conocimiento que tienen los imputados los unos de los otros. Por el contrario, el mercado de servicios de blanqueo -los lazos comerciales- no suelen tener apenas presencia en ellos tales como los asesores financieros contratados o los encargados de mover el dinero de forma fraccionada. La razón por la que los lazos comerciales están casi completamente ausentes aquí, es que las transacciones comerciales implican una independencia entre las partes que debilita fácilmente los lazos interpersonales, unos lazos que en el núcleo necesitan estar a prueba de bomba. En muchos casos sus miembros no tienen contacto con actividad de blanqueo alguna, no comprometen su firma ni su presencia en situaciones delicadas, sino que se concentran en la comisión de los delitos precedentes y recurren a actores periféricos para que se ocupen de la circulación de los ilícitos, o para que subcontraten actores adicionales aguas abajo para que se hagan cargo de dicha circulación. Si existe una llevanza contable de las operaciones económicas esta se produce en el interior del núcleo, pues se trata de una información muy comprometedora que en ningún caso debe circular, a veces ni tan siguiera dentro del nudo central de la trama.
Cuando el objetivo de la trama es la financiación de un partido político, los contactos con los dirigentes de dichos partidos, con sus gestores y sus responsables financieros son tan directos como discretos, y algunas veces los miembros de este núcleo son los propios responsables económicos de los partidos beneficiados por la financiación ilegal o por personas muy próximas a su núcleo dirigente (por ejemplo ATSJC 1/6/2017 o AN 20/2018b). En el primero de estos dos casos (5 imputados) los sucesivos responsables de finanzas del partido beneficiado formaban parte de la cápsula organizativa central y consiguieron sobrevivir durante 11 años proporcionándole al partido beneficiado una financiación estable al margen de la ley. El núcleo de la trama DDPP 1455/2006 de blanqueo profesional, pilotaba alrededor de la relación entre el padre y el hijo del principal encausado, los dos activos en el mismo despacho que era titularidad del padre. El nudo de la trama del caso TS 277/2018 estaba compuesto por tres imputados: el primero, que aportada el capital social y simbólico principal, su ex-profesor de universidad que diseñaba los complejos esquemas de blanqueo y el cuñado de este último que hacía la contabilidad albergando una gran cantidad de papeles comprometedores en su domicilio. Por su parte, en el núcleo de AAPM 91/2006 se encontraba el presidente de una CA asistido por un hijo y su esposa, así como el responsable de una importante empresa pública madrileña con sucursal en América Latina.
Algunos casos demuestran, sin embargo, que tampoco en el primer círculo reina la seguridad absoluta debido a la aparición de rivalidades entre sus miembros. En el caso AP MA 535/2013 el principal encausado incorporó a la trama a dos mujeres con la esperanza de reforzar la solidez de los vínculos delictivos nucleares: a su esposa actual, que colaboraba en el blanqueo, y a su antigua esposa, que recibía dinero a cambio de su silencio, pero que acabó delatando a su exmarido. En el entramado corrupto del ayuntamiento de Marbella sucedió algo parecido pues el abogado del alcalde, hasta entonces un personaje clave para asegurar la ingeniería jurídico-administrativa de la trama, decidió colaborar con la justicia en su esclarecimiento al considerar que recibía un trato discriminatorio frente al principal urdidor de la trama -el propio alcalde- con el que, hasta entonces, había venido colaborado fielmente, y que pudo salir de la cárcel gracias a su influencia política olvidándose de su antiguo colaborador que tuvo que cumplir íntegramente su condena (Bach 2019). Algunos ejemplos adicionales que ilustran la composición de los núcleos delictivos así como su relación con el primer anillo.

En un caso de importación y distribución mayorista de drogas con 14 condenados y 8 años de duración, el nódulo central estaba formado por miembros de una misma familia nuclear: el padre y una de sus hijas vinculados a la comisión de los delitos precedentes. El resto de los hermanos, los compañeros sentimentales de algunos de sus hijos, los nueros, nietos, cuñados y concuñados formaban un primer círculo en su condición de testaferros para transformar los activos ilícitos con el fin de no tener que recurrir a personas ajenas al clan familiar. A este primer círculo pertenecía, también, un letrado de confianza encargado de la escrituración de bienes inmuebles y empresas o de organizar el traslado de efectivo a Portugal (AN 4/2003).
En el núcleo de una trama de corrupción municipal estaba el matrimonio formado por la concejala de obras y el interventor municipal. Ambos supervisaban directamente el pago de los cohechos que eran administrados por un empleado del ayuntamiento, pero sus dos hijos, acusados de blanqueo, estaban ubicados en el primer círculo y se convirtieron en los titulares de los bienes adquiridos con ilícitos (Caso Faical-Telde).
El núcleo del caso Prostíbulos lo formaban 5 empresarios consorciados propietarios y gestores de un prostíbulo cada uno. El primer círculo lo formaba la personas que realizaba las labores de pasador o traficante desplazándose regularmente a América Latina en busca de mujeres. Las hijas de los principales encausados también se situaban en el primer círculo y eran las que tenían a su nombre las participaciones del entramado societario creado por sus padres. Cada burdel estaba a nombre de tres sociedades: una era la propietaria del inmuebles, otra la que explotaba los negocios y la tercera la que gestionaba los pagos. Los acusados y dueños de cada prostíbulo tenían una considerable autonomía en sus negocios y, aunque también aquí hubo una persona que tomó la iniciativa creando el entramado, esta no estaba en este caso solo a la cabeza del mismo, sino que era uno más entre pares.
El caso AN 20/2018c giraba alrededor de dos empresarios del sector de la organización de eventos. Uno de ellos se hacía llamar Don Vito imitando al personaje de la película El Padrino y mantenía una relación personal con el entonces presidente del gobierno del país que lo invitó a la boda de su hija, y el segundo miembro del núcleo también tenía relaciones personales estrechas con altos cargos del mismo partido. Alrededor de ellos giraban los planetas del primer anillo, en este caso un número considerable de cargos públicos y funcionarios, la mayoría militantes del mismo partido político y candidatos en sus listas electorales, pero también uno de los testaferros y, a su vez, primo de uno de los principales acusados. Algunos empresarios, con conocimientos avanzados de contabilidad financiera, también poblaban en el primer anillo.

(2) El primer anillo

El primer anillo que rodea el núcleo suele estar compuesto por personas que también son allegadas, están muy fidelizadas y que reciben instrucciones de los miembros del grupo nuclear. Los responsables de administrar los pagos y hacer circular los ilícitos vinculados al narcotráfico organizado por dicho núcleo, suelen situarse en este segmento donde los lazos tienden a ser, sin embargo, menos fuertes que en el núcleo. Los familiares e íntimos que tienen presencia aquí adoptan una actitud más pasiva limitándose muchas veces a poner su identidad a disposición del fingimiento de sujetos jurídicos, por ejemplo con vistas a escriturar activos inmobiliarios o automóviles. Cuando un familiar o una persona de entera confianza no vinculado al núcleo tiene un perfil profesional sensible, como es el caso de los abogados, los asesores profesionales o los profesionales del sector inmobiliario, también suele ubicarse en este primer anillo. Pero también la realización de operaciones bancarias simples, como transferencias o ingresos en efectivo -“pitufeo familiar”-, el transporte de efectivo o su ingreso en CCs, aunque lo normal es que en este círculo no intervenga pago o intercambio mercantil alguno.
Todos los participantes de este primer anillo suelen conocer (casi) de primera mano el origen ilegal del dinero de cuya circulación participan directamente, muchas veces a cambio de una comisión, de una prebenda en especies -por ejemplo un permiso para edificar, un trabajo o un coche- o a cambio de un cohecho en metálico que no es otra cosa que una compra de fidelidad con dinero. También en este primer anillo suelen estar ubicadas las personas imputadas que forman o han formado parte del Estado: los funcionarios y los cargos no electos -policías o guardia civil que han recibido cohechos: -casos Green Ice, AP IB 14/2006 o SP Estepona 2/1/2008-, los jueces y funcionarios de la administración de justicia -casos AN 4/2003 o AP MA 535/2013-, o también los cargos elegidos tales como senadores, (ex)consejeros de comunidad autónoma, alcaldes o concejales -AN 4/2003- AN 20/2018c, AP MA 179/2013 o SP Estepona 2/1/2008. En general, las relaciones mercantiles tienen una presencia mayor en este primer círculo que en el núcleo aunque no exclusiva, pues se combinan con relaciones familiares o de amistad. Sigue habiendo mucha familia, aunque empiezan a proliferar más los cuñados y yernos que los padres e hijos, las relaciones de amistad ganan peso, aparecen algunos ex-maridos y las ex-esposas, y en los de cuello azul, los lazos étnicos y de patria chica que muchas veces son una mera prolongación de las relaciones familiares extensas, también empiezan a ser más frecuentes.

(3) El segundo anillo y siguientes

A partir del segundo anillo se abre un espacio cualitativamente distinto, más frío y anónimo debido a su mayor lejanía del núcleo, casi desconectado de este en términos de comunicación y poblado por actores más dispersos que muchas veces no se conocen entre sí. La información que circula por aquí no sólo escasa, sino que muchas veces son los propios participantes del segundo anillos los que hacen todo lo posible por saber, por no querer y por no hacer pregunta alguna. Típicas aquí las mulas y los pitufos subcontratados por los miembros del segundo anillo que pueden llegar a sumar muchas personas, pero algunas veces también los responsables de buscarlos y de coordinarlos, aunque la mayoría de las veces estos están integrados en el primero de los anillo. Con el fin de evitar los riesgos que emanan de la mayor visibilidad de su acción colectiva, la comunicación entre todos ellos está reducida al máximo y la mayoría nunca se han visto las caras ni quieren vérselas. A este segundo círculo pueden pertenecer también otros actores autónomos subcontratados por los narcotraficantes para que gestionen la recaudación y el movimiento de efectivo desde España hacia terceros países (por ejemplo AN 11/2005). O también los despachos que ofertan servicios de opacidad a los asesores fiscales y financieros enclavados en el primer círculo, y que están especializados en crear empresas-velo y empresas -CC localizadas en jurisdicciones offshore.
Típica aquí también la presencia de personal administrativo al servicio de los empresarios y gerentes imputados, que sigue instrucciones de sus superiores jerárquicos dentro de las empresas legales en la que trabajan, en algunos casos porque no les queda más remedio. En general, es difícil que estos subordinados -asalariados, ayudantes o conserjes de una corporación municipal- no sepan o al menos que no intuyan que su colaboración forma parte de un proyecto ilícito, pues conviven diariamente en las organizadores que los protagonizan y su capacidad de ver, o al menos de intuir las irregularidades son muy altas debido al cargo que ocupan. Algunos de ellos no participan activamente en las tramas, pero eso no quiere decir que no reciban pequeños sobornos para no denunciar lo que ven todos los días en los pasillos y los despachos. Son espacios en todo caso frágiles, los vínculos son menos fuertes y los beneficios de la colaboración son más escasos, razón por la que aumentan las probabilidades de que se produzcan denuncias y deserciones, sobre todo cuando la criminalización de las conductas es alta o tiende a aumentar.
Mientras los lazos familiares predominan en el núcleo y en el primer anillo, en el segundo se multiplican los lazos comerciales, en definitiva la compra de servicios de blanqueo. Los lazos comerciales pueden incluir la subcontratación de dichos servicios a terceros -por ejemplo del fraccionamiento o la transformación de efectivo-, algunos de los cuales proceden, a su vez, a sub-subcontratar a actores añadidos por razones de seguridad. Esta cascada de subcontrataciones eleva el número de imputados vinculados a esta periferia laxa y cambiante que puede llegar a estar poblada por muchos más participantes creando equívocos sobre las verdaderas dimensiones de las llamadas “organizaciones criminales”: en el comentario 67 describimos con más detalle la cascada de subcontrataciones en los espacios del blanqueo del narcotráfico.

(4) La organización del contrabando en la frontera entre España y Portugal o de la falsificación y la distribución de los billetes falsificados muestra una llamativa semejanza con el sistema planetario del blanqueo, lo cual permite fijar algunas conclusiones generales para el funcionamiento organizativo de situaciones delictivas complejas (Medina García 2009: 150ss. Para el narcotráfico en los Países Bajos ver Zaitch 2002). En ambos casos los protagonistas se enfrentan a situaciones semejantes a las que tienen que arrostrar los grandes distribuidores de drogas, pues también ellos tienen que mover cantidades importantes de objetos y billetes, movilizando y “organizando” para ello a un número relativamente importante de personas (para la distribución de billetes falsos en la España de los años 1940 ver Poveda 1953: 243s). En los espacios tradicionales del contrabando también se da casi siempre una persona más experimentada, que es la que tiene la idea del proyecto y la que luego impulsa, organiza y dirige la trama. También aquí los lazos familiares y de amistad tienen una importancia central con el fin de contrarrestar el peligro de que se produzcan deserciones y chivatazos, una posibilidad que siempre está a la orden del día a medida en que crece el número de participantes; también aquí existen “cuadrillas” activas en los círculos más periféricos dispuestas a colaborar a cambio de una remuneración, pero sin guardar relación directa alguna con los organizadores de las iniciativas, muchas veces sin saber quién son los organizadores de las tramas que les pagan sus servicios (Medina García 2009: 150ss).

67. La cascada de subcontrataciones para mover el efectivo del narcotráfico

El movimiento de efectivo en cantidades fraccionadas, bien físicamente, bien a través del sistema financiero, no está sólo vinculado al narcotráfico mayorista, aunque sí en parte. Se trata de una actividad que, o bien puede estar organizada por un grupo autónomo subcontratado sin contacto directo alguno con los delitos precedentes, o bien puede tratarse de operaciones organizadas desde el núcleo de la trama (ver también el comentario 41 y el comentario 66).

(1) Lo más frecuente es lo siguiente: dos o más personas, muy allegadas entre sí -parejas sentimentales o matrimonios aunque también (pequeños) empresarios legales de locutorios, empresas de paquetería, oficinas de cambio de moneda, empresas de alquiler de automóviles o de otros negocios intensivos en efectivo- deciden participar en actividades ilícitas lucrativas. Algunas de estas empresas se crean ex-profeso para ello, pero lo normal es que los que se prestan a hacerlo sean los titulares de algún negocio ya existente con ganas de "Fl un dinero extra. Los organizadores (sub)contratados subcontratan a su vez a terceras personas, muchas veces desconocidas entre sí, casi siempre con necesidades económicas y, en todo caso, no vinculadas a ningún delito precedente. Lo hacen a cambio de una comisión que fluctúa entre el 1% y el 10% del dinero movido como hemos visto (ver tabla 25).

(2) Este es el caso del propietario de un locutorio y dueño de una empresa de aparcamiento, alquiler y reparación de vehículos, que organizo una red para cambiar pesetas por dólares, libras esterlinas y euros en Madrid y en Lisboa. Para ello organizó un sistema de pitufos que realizaban viajes al país vecino para este mismo fin -cambio de pesetas en dólares, libras etc.- trayendo de vuelta las divisas en altas denominaciones con el fin último de ser transportadas al país productor de drogas (AN 26/2004). Algunas veces los propios pitufos, o los que les organizan directamente, contratan a su vez a otros pitufos a cambio de una comisión aún más pequeña, que puede no llegar al 1% con el fin de esquivar interceptaciones aún a costa de reducir sus ingresos.

(3) Algunos ejemplos de sub- subcontratación de servicios de blanqueo.

Dos familias erradicadas en España y contactos directos con el narcotráfico, realizaban operaciones de cambio de moneda para su repatriación fuera de España. En primer lugar utilizan a sus hijos y parientes -pitufeo familiar- pero, dado el aumento del volumen del dinero a blanquear necesitan recurrir a más personas para hacer las operaciones menos arriesgadas, lo cual les llevó a organizar el transporte de efectivo a Colombia a través de un complejo sistema de mulas del que participan muchas personas que no se conocían entre sí (AN 11/2005).
Distribuidores de heroína y hachís de origen rural que contrataban pitufos directamente en los barrios marginales de Madrid para que adquieran divisas en bancos, y para que hicieran de mulas destinadas a transportarlas físicamente a Turquía en lotes de entre 30.000 y 90.000€, así como a Marruecos en lotes más modestos de 1.200€ (AN 13/2007).
Otro ejemplo es el de dos matrimonios emparentados entre sí que compraban dólares con dinero ilícito y los enviaban fuera del país utilizando la cobertura de una empresa de envío de dinero y paquetería de su propiedad. Algunas personas, mayormente emigrantes, clientes de dicha empresa, pero también amigos, conocidos y personal de servicio fueron convencidos para que cedieran su identidad para cambiar pesetas por dólares en varias sucursales bancarias. A cambio, recibían una pequeña comisión sin que tuvieran en ningún momento contacto físico con el dinero movido de un país a otro (AP M 4/2006).
Un narcotraficante colombiano organizó una red para transformar pesetas en metálico en cheques bancarios pagaderos en dólares. Para ello contactó con españoles con actividades económicas legales a modo de "pitufos" y utilizó sus redes familiares y profesionales para captar otros nuevos en situación económica difícil (AN 20/1999).
Otro caso bien documentado es el de 6 tramas de pitufeo interceptadas en los Países Bajos destinadas a cambiar y mover efectivo desde países europeos a países productores de cocaína, y que llegaron a sumar entre todas 181 porteadores, 15 por caso. Los importadores y distribuidores de cocaína en Europa tenían residencia en América Latina y contrataban grupos especializados en esta clase de actividades y con residencia también en América Latina. Cada uno de ellos tenía su propia red autónoma de mulas -la mayoría emigrantes colombianos con residencia en los Países Bajos-, así como una persona encargada de coordinarlas. El coordinador también se ocupaba de crear un sistema de colaboradores para cambiar pequeñas en grandes denominaciones, cambiarlas en dólares si era necesario y transportarlas en cantidades fragmentadas a América Latina. Para ello hacía uso de contactos ya establecidos con funcionarios de aduanas colombianos corruptos, y que hacían la vista gorda cuando llegaba una mula de Europa con 300.000€ en billetes grandes. Dicho coordinador, siguiendo las instrucciones de su jefe con residencia en América Latina se ocupaba de toda la logística, del pago de comisiones a los colaboradores, de los billetes de avión y de las estancias en hoteles para estos. La nacionalidad y el contacto personal unía, por tanto, a narcotraficantes y blanqueadores, aunque estos últimos eran independientes de aquellos. Los subcontratados del segundo círculo no tenían contacto directo con el núcleo, sino que eran contratados de forma contingente, y normalmente no “fija” por estos en los Países Bajos mayormente entre el colectivo de emigrantes colombianos residentes en ese país (Soudijn y Reuter 2016).

68. Las ciudades, provincias y CCAA más criminosas del país

En las tablas 29 A-C figuran las localidades, provincias y CCAA españolas con más ilícitos por habitante (ver "Los puntos y territorios más criminosos del país" así como la metodología de cálculo en las notas bajo dicha tabla).

(1) Las ciudades más criminosas

En términos absolutos la ciudad de Madrid es la que, con diferencia, más se ha beneficiado de los delitos económicos cometidos tanto dentro como fuera de ella misma -183mill-. Sin embargo, esta magnitud sólo tiene sentido si se compara con la población de cada localidad, de cada provincia y de cada CA, pues sólo el ratio del número de euros por habitantes permite explorar la densidad de los activos, en definitiva hasta qué punto las economías están efectivamente contaminadas por los delitos delitos con finalidad lucrativa.
En la tabla 29-A se aprecia que la máxima concentración de activos ilícitos en relación con la población de una localidad se ha dado en la estación de esquí leridana de Baqueira Beret vinculada administrativamente a Naut Arán, que es donde varios grandes delincuentes económicos han adquirido sendos apartamentos, con lo cual recaen más de 12.000€ activos ilícitos conocidos sobre cada uno de sus escasos habitantes censados (casos AN 20/2018b, AAN 17/2/2106 y AN 7/2013). Los tres casos son de cuello blanco y en los tres se incluyen imputaciones por delitos fiscales. Les siguen a mucha distancia -ya con menos de 2.000€ ilícitos por habitante- tres localidades de la Costa del Sol: Benahavis, Manilva y la propia Marbella, así como Amorebieta, una pequeña localidad vizcaína beneficiada más que proporcionalmente, junto a otras 83 localidades del País Vasco y Navarra, de los 155mill€ generados con la extorsión y los secuestros de ETA a lo largo de varias décadas (AN 14/2004), activos a los que se suman, en este caso, otros tantos generados con la distribución mayorista de cocaína y de drogas de diseño por la zona (AP BI 37/2005 y AP BI 85/2009). Las ciudades con más densidad de ilícitos de cuello azul son Vilagarcía de Arousa, La Junquera y Ceuta, tres lugares fronterizos y de desembarco de drogas, aunque el número de ilícitos por habitantes está entre ocho y nueve veces por debajo del que se da en las localidades más afectadas por la circulación del dinero de cuello blanco.
La excepcional importancia que tienen localidades como la minúscula Naut Arán/Baqueira Beret o la ciudad de Marbella para los delincuentes de cuello blanco, o Vilagarcía de Arousa y las ciudades de Ceuta/Melilla o La Jonquera para la circulación de los del narcotráfico, no parece difícil de explicar. En el primer caso se debe a la pertenencia de sus tenedores a los estratos sociales superiores que pasan sus vacaciones en estas localidades exclusivas adquiriendo bienes inmuebles en ellas y gastándose sus ilícitos, así como el deseo de aquellos otros más modestos de relacionarse con personas mejor situadas y compartir con ellos espacios socialmente prestigiados. En el segundo caso se trata de lugares de paso de grandes cantidades de drogas, espacios en los que sus tenedores tienen su propia residencia, o por los que circulan cantidades importantes dinero.
Algunas localidades como Marbella, Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia o Málaga, así como no pocas de sus localidades colindantes como Pozuelo de Alarcón en el caso de Madrid, concentren cantidades significativas de ilícitos procedentes de ambos grupos de delitos. La razón es que se trata tanto de grandes centros económicos y administrativos en los que actúan y tienen su lugar de residencia los grandes delincuentes de cuello blanco, como también de grandes centros de consumo y distribución mayorista de drogas ilícitas.

Las provincias más contaminadas

Los activos de ETA han contaminado considerablemente tanto la poco poblada provincia de Álava como también la de Guipuzkoa (ver tabla 29-B), en donde llegaron a estar emplazadas 28 de las más de 80 herriko tabernas cuya localización hemos tomado como referencia para estimar los recorridos de los 155mill€ acumulados por ETA con secuestros y extorsiones a lo largo de varias décadas (ver “Dinero ilícito y financiación del terrorismo” en el cap. 16, así como los comentarios 32 y 59).
Málaga es la provincia más beneficiada por el dinero ilícito en términos absolutos con 102mill€ de los cuales dos terceras partes recaen íntegramente sobre Marbella. Sin embargo es la poco poblada provincia de Lérida la que tiene la mayor densidad de ilícitos de cuello blanco por habitante debido al excepcional peso de la mencionada localidad de Baqueira Beret situada en esta provincia, así como a la proximidad de ambas de Andorra, que es donde van a parar muchos de los ilícitos generados en la también próxima provincia de Barcelona. Algo similar le sucede a la provincia de Málaga, en la que además de los de cuello blanco también se da una considerable concentración de ilícitos de cuello azul, mayormente en la parte más oriental de la mancomunidad de la Costa del Sol y menos renta per capita, el tramo comprendido entre Mijas y la capital Málaga (“El caso de la costa del Sol” en el cap. 19).

(3) Las comunidades autonómas más contaminadas

En valores absolutos la comunidad autónoma con más ilícitos es la de Madrid seguida de Cataluña, pero ni una ni otra registran la mayor densidad por habitante. Si se suman los activos de Ceuta y Melilla, y se les da a ambos territorios un trato equivalente al de una provincia con algo más de 160.000 habitantes entre las dos, obtenemos la máxima concentración de ilícitos en una unidad administrativa mayor, prácticamente todos procedentes del narcotráfico (ver tabla 29-C). Le siguen las tres comunidades uniprovinciales de Navarra, la Región de Murcia y las Islas Baleares. El caso de la Comunidad Foral de Navarra está relacionado con excepcional concentración de ilícitos procedentes de los secuestros y de la extorsión a los que se suman a los activos de algunos casos procedentes de casos significativos de cuello blanco tales como la estafa filatélica de Afinsa. El caso de la Región de Murcia está relacionado con su excepcional grado de corrupción urbanística, así como con su situación geográfica en la distribución mayorista de drogas entre el sur de la Península a los grandes centros de consumo situados en la costa mediterránea y al otro lado de la frontera francesa. El caso de Baleares tiene que ver con el hecho de tratarse de un lugar de residencia y de ocio de grandes delincuentes de cuello blanco a lo que se suma su condición también de gran consumidor de drogas ilícitas. También destaca la comunidad uniprovincial de Madrid con entre tres y cuatro presidentes imputados por participación en delitos de cuello blanco, seguida de las de Baleares, Asturias y también Canarias. Antes del desplome del ciclo inmobiliario se habían construido sólo en Andalucía unas 1.100 urbanizaciones ilegales al margen de la Ley, así como cientos de miles de viviendas (Urquiza (2005: 132), lo cual ha generado cantidades ingentes de ilícitos. Pero por Andalucía entran, además, cantidades muy significativas de cannabis en el país y la Costa del Sol, la zona más criminogénica del país, está enclavada en territorio andaluz. Con todo: igual que Cataluña, Andalucía es una comunidad muy poblada, económicamente diversificada y de una gran profundidad territorial, lo cual diluye sus respectivas economías ilícitas mucho más que las comunidades uniprovinciales más pequeñas y menos pobladas.
Si se comparan los datos sobre la distribución absoluta de todos los ilícitos entre comunidades autónomas con el domicilio declarado por los clientes españoles del despacho panameño Mossfon especializado la creación de empresas-velo y empresas-CC (ver tabla 30), se aprecia que ambas cifras son razonablemente coincidentes, a pesar de que estemos comparando aquí activos y clientes. En ambas listas aparecen Andalucía y Madrid como las CCAA que las encabezan seguidas de Cataluña: Mossfon tiene casi el doble de clientes domiciliados en Andalucía que en la CA de Madrid, aunque el número de ilícitos es superior en Madrid que en Andalucía según nuestros datos. Casi la mitad de todos los clientes andaluces de Mossfon están domiciliados en la provincia de Málaga, tres cuartas partes de ellos en la ciudad de Marbella. Una concentración regional similar se da en Cataluña, con el 90% de los clientes domiciliados sólo en la provincia de Barcelona, y también en el País Vasco, donde se da una muy alta concentración de esta clase de clientes domiciliados en Vizcaya, mayormente en su margen izquierda (en https://asteinko.blogspot.com/2016/09/direcciones-de-clientes-con-residencia.html está listada la dirección de todos los clientes de Mossfon en España). Existe, por tanto, una correlación clara entre renta per capita, volumen de ilícitos y compra de servicios de opacidad a Mossfon.
La geografía de los delincuentes económicos de cuello blanco ha tendido a dispersarse en las últimas décadas. Los grandes delincuentes fiscales, que hacia 1960 se concentraban en más del 90% en las ciudades de Madrid y Barcelona según un listado de cuentas no declaradas abiertas en la Banque Suisse interceptado por la policía española, ahora sólo representan el 51% del total de las cuotas defraudadas denunciadas, finalizadas y archivadas entre 1999 y 2006 AT (vv.aa.). Con todo: la concentración de estas y otras conductas de cuello blanco en las dos grandes capitales del país sigue estando fuera de dudas. La Comunidad de Madrid es el lugar de residencia elegido por el 50% de los grandes patrimonios españoles, en buena medida por razones fiscales pues se trata de un paraíso fiscal para el impuesto de sucesiones y de patrimonio. En 46 de los 49 casos de cuello blanco se menciona al menos una localidad emplazada en la Comunidad de Madrid y en 32 al menos una de la comunidad catalana. Por ambos espacios, así como por algunas otras comunidades uniprovinciales como las Islas Baleares, pasan muchos activos de cuello blanco. Bien porque en ellas viven muchos de sus protagonistas, bien porque aquí tienen su despacho no pocos asesores financieros y fiscales imputados que buscan su cercanía. A esto se suma que en estos territorios los delincuentes adquieren bienes inmuebles de gran valor y en ellos se encuentran muchas de las sucursales bancarias y las secciones de banca privada de los grandes grupos financieros con servicios de desconexión adquiridos por los delincuentes.

(4) La circulación de los activos del narcotráfico en el espacio geográfico

Por los dos grandes centros de consumo del país -sobre todo por Madrid, Barcelona y sus alrededores que incluyen los aeropuertos de Barajas y del Prat- circula una buena parte de los activos procedentes del consumo de drogas ilícitas. Esto afecta, sobre todo, a la cocaína, una droga cara y estimulante que suma casi el 70% del VA del narcotráfico, y que consumen muchos profesionales urbanos con actividades creativas y fuerte concentración residencial en ambas capitales (entrevista PE-3). Por su parte Barcelona es la cuarta ciudad europea en cuyas aguas residuales se han encontrado más restos de cannabis, y tanto Barcelona como Valencia figuran entre las 5 primeras con más consumo de cocaína por habitante en Europa de un total de 19 ciudades analizadas (El Confidencial 28/5/2014). Por Barajas y el Prat no sólo siguen entrando cantidades importantes de cocaína y heroína, sino que además por ellos salen muchos de los activos que intentan regresar hacia los países exportadores.
Vilagarcía de Arousa, la localidad con más ilícitos de la droga por habitante, también ha protagonizado casos muy relevantes económicamente aunque su valor es bastante menor, de 1,9mill€ por caso. En realidad hay muy pocas localidades del grupo de las más visitadas por los ilícitos azules que se acerquen a los 100 euros por habitante. Tampoco las provincias y CCAA con más densidad de activos del narcotráfico por habitante como es el caso de Pontevedra y Galicia en su conjunto o también Cádiz, suman cantidades por encima de los 100 euros por habitante como pudiera desprenderse de su situación geográfica, sino aquellas otras situadas en un lugares emplazados entre las zonas de costeras de importación/desembarco y los grandes centros de consumo como es el caso de algunas localidades de la Comunidad de Castilla-León o también de la Región de Murcia. Los escenarios del desembarco de drogas siguen siendo las zonas de contrabando de antaño (ver el cap. 9 “El contrabando de productos del tabaco” así como Conde (1991) y Carretero (2015). Pero si tenemos en cuenta su excepcional protagonismo en las rutas de la droga, las cantidades por habitante que circulan por ellas son llamativamente modestas a pesar de que -al menos teóricamente- deberían ser más elevadas debido a la intensidad del tráfico de drogas localidades como Algeciras, las Islas Canarias, la provincia de Cádiz o las costas gallegas, mientras que en otras, como las provincias de Málaga, San Sebastián, Valencia, Sevilla, pero también en ciudades como Burgos, Teruel o Zamora suman cantidades bastante más importantes por habitante ¿Cómo se puede explicar todo esto?
Hay varias respuestas posibles. Se puede empezar dándole la razón a los que sostienen que los delincuentes tienen hábitos poco localistas y no blanquean ahí donde cometen los delitos: los narcos gallegos vinculados a la importación blanquearían en Castilla y León o en Madrid antes que en Pontevedra etc. (frente a este argumento ver “El amor de los ilícitos por la proximidad” en el cap. 18). Pero esto sólo es cierto en parte, pues aunque los casos más importantes de narcotráfico tuvieron algunas ramificaciones en Córdoba o la isla de Madeira, sabemos que el grueso de sus ilícitos circulan por localidades próximas a los lugares de desembarco tales como la Ría de Arousa y otras provincias gallegas, y sólo algunos casos con epicentro en Ceuta o Algeciras, por ejemplo, se extienden por comarcas algo más alejadas (ver “Los puntos y territorios más criminosos del país” en el cap. 18.).
Otra explicación podría ser que un porcentaje de sustancias mayor de las supuestas no entra en el país por estos puertos, sino de forma más dispersa entre numerosos lugares distribuidos por todo el litoral desde San Sebastián a la Jonquera, lo cual descargaría la entrada por los puertos gallegos y andaluces de desembarco En vez de estas zonas más vigiladas de desembarco, muchos importadores mayoristas preferirían así las rutas comerciales legales y el uso de contenedores utilizados para transacciones legales, así como los puertos deportivos pequeños y mucho menos vigilados (para Galicia entrevistas O-5 y D-8, para Almería entrevista P-5).
Pero tampoco esta parece ser la explicación más plausible, pues lo que aquí estamos intentando descifrar tiene menos que ver con los flujos físicos de entrada de drogas en el país, que con los flujos económicos, con la geografía de la cadena de valor del narcotráfico y no con la cadena de la geografía física del propio narcotráfico: tiene que ver con la circulación de los ilícitos. Cuando analizamos dicha cadena (ver tabla 7) queda en gran parte explicado el enigma, pues se hace patente que el valor por gramo a precios de desembarco pagado en las ciudades costeras es mucho más bajo al que se paga en los lugares de distribución mayorista en los grandes centros de consumo, los centros urbanos y en los escenarios del turismo de masas (ver abajo). Parece razonable entonces, que los distribuidores mayoristas, que se mueven en los territorios que separan los lugares de importación y los grandes centros de consumo, y aquí principalmente las grandes ciudades, obtengan cantidades económicas más significativas que los actores que operan en los puertos de entrada donde el precio por kilo o gramo es mucho más bajo. Esto explicaría la elevada concentración de activos de la droga en las provincias situadas en un espacios ubicados entre importadores y consumidores tales como Burgos, León, Ciudad Real o Zamora, en las ciudades de Sevilla y Dos Hermanas, así como en la Región de Murcia, lugares en los que dichos distribuidores tienen su residencia y donde además blanquean los ilícitos. Algunos de estos espacios están poco poblados, lo cual genera altas concentraciones de ilícitos por habitante: en el comentario 69 figuran varios ejemplos que ilustran la geografía de los ilícitos de cuello azul.

(5) Las costas mediterráneas y canarias y el turismo de masas

En el 40% de todos los municipios canarios han aparecido casos de corrupción urbanística, a los que se suma la posición estratégica que ocupan las Islas en las rutas de narcotráfico, así como su condición de gran consumidor de drogas vinculado al turismo de masas, una situación que comparte con las Islas Baleares: no menos del 36% de los municipios de estas últimas se han visto envueltos en episodios de corrupción urbanística (Jeréz Darias et al (2012) a los que se suman, también en este casos, un consumo de drogas superior a la media nacional. De hecho, la prevalencia del consumo del cannabis -no hay datos provinciales de prevalencia para otras drogas ilegales- en las Islas Baleares es el más alto del país en relación con su población MS (vv.aa), una prevalencia que obviamente alimenta las finanzas generadas con su gran y pequeña distribución.
En mayor o menor medida esto mismo se puede decir para todas las costas del país fuertemente vinculadas al turismo de masas y que reúnen características sociológicas y económicas comunes y muy particulares, características que incluyen mercados de trabajo, modelos familiares y formas de vida (Fernandez Steinko 2008: cap. V). La fuerte presencia de ilícitos en las costas del país se debe, más concretamente, a que (a) la mayor parte de los cargos imputados por corrupción urbanística -la malversación está distribuida de forma más uniforme por todo el país- proceden de estas zonas; (b) en sus localidades acaba una buena parte de las inversiones nacionales e internacionales de ilícitos en bienes inmuebles atraídos por el fuerte crecimiento de los precios y la laxa disciplina urbanística de sus consistorios, laxitud que están en la base de numerosos delitos urbanísticos; (c) también se debe al hecho de que estas zonas costeras están ocupadas por miles de edificios de apartamentos y hoteles, de pizzerías y heladerías que permanecen cerrados durante la mayor parte del año conformando una población flotante sin apenas lazos comunitarios, y conformando un anonimato que es muy apreciado por el dinero ilícito; (d) se trata, además, de espacios en los que se da un consumo particularmente elevado de drogas y de servicios sexuales debido a la demanda adicional generada por el turismo de masas. Todo esto junto produce una suma única de activos blancos y azules que se alimentan y traducen de/en economías informales particularmente importantes (ver en detalle “El caso de la Costa del Sol”). A ello se añaden las elevadas concentraciones de grandes billetes provocada por la informalidad del sector de la construcción y por la costumbre, en parte provocada por el origen internacional del dinero, de pagar una parte de las viviendas adquiridas con dinero B (ver “Efectivo y grandes denominaciones” en el cap. 16).

(6) El caso de la Región de Murcia

Todas estas circunstancias concurren de forma particularmente intensa en la Región de Murcia que es la segunda CA más contaminada, especialmente su franja costera que se extiende desde San Pedro del Pinatar hasta Aguilas. La circulación de los ilícitos por la Región de Murcia requeriría un estudio particularizado cuyos primeros pasos ya hemos dado en otro lugar (ver Cases y Fernández Steinko 2014). Los cambios sociales que ha vivido la Región desde la segunda mitad de los años 1990 han sido particularmente rápidos y han llevado a muchos de sus habitantes, tanto asalariados como autónomos y empresarios, a abandonar en poco tiempo su vinculación con la agricultura de exportación para convertirse en pequeños empresarios de la construcción aprovechando la fuerte informalidad que rigen en el sector, la elevada oferta de mano de obra extranjera no documentada así como la fuerte dispersión de la propiedad inmobiliaria, que elevó drásticamente las plusvalías cosechadas por muchos pequeños propietarios tras la Ley del Suelo de 1997.
Muchos delincuentes residentes fuera de la Región de Murcia han invertido los ilícitos en esta comunidad aprovechando el fuerte incremento de los precios del metro de vivienda construida entre 1997 y 2007, incrementos que han alcanzado el 370% durante este período, los más elevados de toda España seguidos de los registrados en Andalucía con un 340%, una relación entre crecimiento y delincuencia con finalidad lucrativa que desmonta la hipótesis según la cual del delito, y la corrupción inmobiliaria en particular, resultan disfuncionales para el crecimiento económico (ver “Clasificación de los delitos con finalidad económica” en el cap. 1 así como “Corrupción y crecimiento económico” en el cap. 5). La predisposición de muchos alcaldes y concejales a participar en operaciones de desprotección fraudulenta de activos inmobiliarios con el fin de provocar un “big bang”, en la mayoría de los casos a cambio del cobro de cohechos, ha sido particularmente elevada en esta Región (ver “La apropiación privada de bienes inmobiliarios comunes en España” en el cap. 5).
Las cifras son realmente llamativas: no menos del 50% de todos los municipios murcianos se han visto envueltos en “casos de corrupción” -mayormente urbanística- un porcentaje que algunos autores elevan al 58%, una densidad difícil de superar en el contexto europeo y español. A ello se suman el elevado valor de los activos de la gran distribución de drogas que, como hemos visto, tiene su origen en la posición de la Región situada entre los grandes lugares de desembarco de cannabis y los grandes centros de consumo nacionales e internacionales, distribución que queda facilitada por la condición de Murcia de gran exportador de frutas y hortalizas al resto del país así como al resto de la Unión Europea. Resulta difícil ignorar la huella que ha dejado la cultura de la informalidad y de los propios ilícitos en la quebrada configuración de muchos de los pueblos y de las ciudades de la Región de Murcia.

69. Ejemplos de circulación de activos de cuello azul en el espacio geográfico español

La circulación de los activos del narcotráfico no es idéntica a la circulación de las propias sustancias pues estas últimas generan excedentes económicos desiguales, estos se reparten entre un número muy desigual de actores. El dinero del narcotráfico tiene un marcado "amor por la proximidad" con lo cual dichos actores tienden a blanquear los ilícitos cerca de sus lugares de residencia habitual, con la excepción de los importadores y los grandes distribuidores erradicados fuera de España que tienden a transferir al menos una parte de los ilícitos hacia sus respectivos lugares de residencia ubicados fuera de España (ver "La circulación de los activos de cuello azul" en el cap. 15). Lo que sigue son algunos ejemplos de dicha circulación de los activos del narcotráfico en el espacio geográfico.

(1) Esposa de un narcotraficante residente en la provincia de Almería que realizaba ingresos en sucursales de cajas y bancos almerienses, adquirió una finca rústica para la explotación agraria en la Mojonera, también de provincia de Almería. Además compró un fondo de inversiones a través de la sucursal bancaria erradicada en esta misma provincia (AP AL 135/2010).

(2) Los acusados envueltos en las más de 60 sentencias condenatorias falladas por la AP de Cádiz por adquirir embarcaciones neumáticas en Ceuta destinadas a transportar grandes cantidades de hachís a la Península, las utilizaban para transportar alijos a la Península: circulación de los activos era estrictamente local.

(3) Decenas de sentencias falladas por las Audiencias Provinciales de Cantabria, Asturias, Granada, Murcia, Almería o Ciudad Real por blanqueo del dinero del narcotráfico, en las que este último se genera con delitos locales además acaba circulando de forma preferentemente local son numerosas (por ejemplo AP CA 3010/2003, AP AS 188/2010 o AP GR 251/2008)

(4) También hay ejemplos de activos de cuello azul circulantes por espacios geográficos más amplios. Este es el caso, por ejemplo, de los procedentes de la extorsión y lo secuestros utilizados para financiar a ETA y su entorno, que se ramificaron por 84 puntos de blanqueo, la mayoría localidades medias y pequeñas de las provincias de Guipuzkoa, Vizcaya, Navarra y Álava (AN 16/2014)

(5) Un ejemplo de fuerte dispersión espacial de activos de cuello azul es AN 37/2009 de importación/distribución mayorista de cocaína, cuyos activos circularon por 14 localidades de 10 provincias que van desde Pontevedra hasta Vizcaya pasando por otras tan alejadas de aquellas como Alicante, Madrid y Jaén/Granada. Aquí, los mayoristas se pusieron en contacto con empresarios legales españoles con el fin de buscar su colaboración en el ingreso de dinero en varias CC, cambio de moneda y de transferencias bancarias, así como en la creación de empresas-velo en varias provincias con el fin de camuflar mejor los activos ilícitos.

(6) En este mismo sentido apunta el caso de unos distribuidores de heroína y hachís, que organizaron un sistema de pitufeo para ingresar cantidades pequeñas en CC distribuyéndolas entre 9 provincias no limítrofes -desde Girona hasta Sevilla y desde Madrid hasta Barcelona pasando por Jaén y Palencia- para acabar adquiriendo una vivienda, automóviles y varios garajes en los lugares de residencia de los principales imputados (AN 13/2007).

FUENTES

Fuentes primarias

I. Documentación judicial

Abreviaturas

TS Sentencia del Tribunal Supremo.

A + código de audiencia provincial

AP Sentencia de Audiencia Provincial + código de la audiencia

AAN Auto de la Audiencia Nacional

AN Sentencia de la Audiencia Nacional

ATS Auto del Tribunal Supremo

ATSC Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

AJ Auto Judicial

ATS Auto del Tribunal Supremo

DDPP Diligencias previas

FA + código de fiscalía

I + código de tribunal

IU Informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal

JC Juzgado Central

JCIM Juzgado Central de Instrucción de Madrid

PA Procedimiento abreviado

SU + código de tribunal: Sumario

SP Sumario Policial

A. Sentencias en las que también o sólamente hay imputaciones por blanqueo de capitales

AAN 1/2014 (Caso Pujol-Ferrusola)

AAN 16/2018 (Caso Emperador-Levi)

AAN 17/2/2106 (Caso Vitaldent)

AAN 328/2008

AAPM 91/2006 (Casos Lezo y Ático)

AN 1/2002

AN 1/2005

AN 1/2006

AN 10/2006

AN 10/2009 y 24/2010

AN 11/1995

AN 11/2005

AN 12/2002

AN 12/2003

AN 13/2000 (Green Ice)

AN 13/2007

AN 14/2004

AN 14/2004 (Caso Financiación ETA)

AN 14/2005

AN 16/2005

AN 16/2009

AN 17/2000

AN 19/2000

AN 2/2005

AN 20/1999

AN 20/2008

AN 20/2018-B (Caso Bárcenas)

AN 20/2018-C (Caso Correa/Gürtel)

AN 2125/2019 (Caso Petromiralles)

AN 22/2006

AN 22/2010

AN 23/2007

AN 23/2010

AN 23/2017

AN 23/2018 (Caso Forum Filatélico)

AN 25/2000

AN 25/2005 (Op. Paralelo)

AN 25/2008 (Op. Atalaya)

AN 26/2003

AN 26/2004 (Caso Encarte)

AN 26/2005

AN 30/2005

AN 30/2010

AN 30/2010bis

AN 31/2018 (Caso Pretoria)

AN 32/2000

AN 32/2001

AN 32/2002

AN 32/2005

AN 32/2006 (Op. Gemelos)

AN 32/2007

AN 33/2003

AN 34/2009

AN 36/2005

AN 37/2009

AN 37/2017 (Caso Púnica)

AN 38/2000

AN 39/1999

AN 39/2007

AN 39/2012

AN 4/2003 (Charlines)

AN 40/2003

AN 40/2005

AN 40/2010 (Op. Avispa)

AN 43/2003

AN 44/2005

AN 45/2006

34/200AN 45/2007

AN 46/2003

AN 46/2006 y 73/2006

AN 47/2006

AN 49/2010

AN 5/1998

AN 5/2001

AN 5/2002 (Caso Nécora)

AN 5/2006

AN 5/2007

AN 5/2010

AN 50/1999

AN 50/2009

AN 51/2006

AN 54/2006 y 53/2007

AN 55/2010

AN 56/2010

AN 58/2009

AN 6/2010

AN 60/2005

AN 64/1995

AN 7/2001

AN 7/2013

AN 70/2007

AN 70/2009

AN 78/2009

AN 9/2000

AN 9/2003

AP A 306/2001

AP A 53/2003

AP A 55/2010

AP A 699/2005

AP AC 15/2009

AP AC 43/2009

AP AL 135/2010

AP AL 337/2008

AP AL 90/2011

AP AP HU 126/2006

AP AS 110/2002

AP AS 112/2008

AP AS 17/2005 (Caso Nikky, Chadband)

AP AS 177/2009

AP AS 188/2010

AP AS 212/2008

AP AS 247/2006

AP AS 44/2001

AP AS 49/2004

AP AS 94/2008

AP AV 199/2008

AP B 1307/2005

AP B 178/2009

AP B 18/2001

AP B 19/2004

AP B 303/2010

AP B 326/2008

AP B 43/2005 y TS 1601/2005

AP B 51/2005

AP B 6/2003

AP B 61/2004

AP B 702/2006

AP B 78/2016 (Caso Palau)

AP B 811/2008

AP B 8517/2002

AP B 983/2005

AP BA 3/2007

AP BI 119/2000

AP BI 37/2005

AP BI 39/2007

AP BI 85/2009

AP BI 97/1998

AP BU 10/2005

AP BU 17/2006

AP BU 21/2010

AP BU 47/2005

AP BU 53/2004

AP CA 3010/2003

AP CA 3032/2005

AP CA 5/2004

AP CA 9/2001

AP CA 9/2009

AP CO 556/2006

AP CR 6/2007

AP CU 4/2007

AP CZ 105/2005

AP CZ 11 /2007

AP CZ 110/2005

AP CZ 111/2009

AP CZ 112/2004

AP CZ 112/2005

AP CZ 112/2006

AP CZ 113/2008

AP CZ 114/2008

AP CZ 115/2004

AP CZ 117/2003

AP CZ 117/2009

AP CZ 120/2004

AP CZ 121/2004

AP CZ 122/2004

AP CZ 123/2004

AP CZ 129/2003

AP CZ 129/2004

AP CZ 132/2004

AP CZ 134/2003

AP CZ 138/2004

AP CZ 14/2003

AP CZ 14/2007

AP CZ 140/2004

AP CZ 140/2005

AP CZ 142/2003

AP CZ 143/2003

AP CZ 147/2003

AP CZ 147/2004

AP CZ 15/2009

AP CZ 152/2003

AP CZ 155/2003

AP CZ 155/2008

AP CZ 158/2004

AP CZ 158/2005

AP CZ 160/2004

AP CZ 163/2004

AP CZ 164/2003

AP CZ 165/2005

AP CZ 17/2006

AP CZ 18/2007

AP CZ 191/2004

AP CZ 192/2008

AP CZ 2 /2007

AP CZ 200/2004

AP CZ 201/2004

AP CZ 207/2008

AP CZ 211/2004

AP CZ 212/2004

AP CZ 213/2004

AP CZ 214/2004

AP CZ 215/2004

AP CZ 217/2004

AP CZ 218/2005

AP CZ 221/2006

AP CZ 226/2006

AP CZ 23/2008

AP CZ 231/2004

AP CZ 239/2008

AP CZ 24/2004

AP CZ 242/2008

AP CZ 244/2005

AP CZ 246/2005

AP CZ 246/2008

AP CZ 249/2005

AP CZ 249/2008

AP CZ 254/2009

AP CZ 255/2008

AP CZ 26/2008

AP CZ 264/2004

AP CZ 267/2004

AP CZ 276/2006

AP CZ 277/2004

AP CZ 278/2004

AP CZ 285/2004

AP CZ 289/2006

AP CZ 29/2009

AP CZ 29/2010

AP CZ 296/2006

AP CZ 30/2006

AP CZ 307/2005

AP CZ 308/2005

AP CZ 31/2006

AP CZ 310/2005

AP CZ 313/2004

AP CZ 313/2005

AP CZ 316/2007

AP CZ 32/2006

AP CZ 322/2005

AP CZ 325/2005

AP CZ 326/2004

AP CZ 326/2005

AP CZ 33/2008

AP CZ 337/2004

AP CZ 340/2006

AP CZ 342/2004

AP CZ 342/2005

AP CZ 343/2004

AP CZ 343/2005

AP CZ 352/2005

AP CZ 355/2005

AP CZ 356/2005

AP CZ 37/2006

AP CZ 37/2010

AP CZ 4/2006

AP CZ 43/2006

AP CZ 46/2006

AP CZ 46/2008

AP CZ 47/2005

AP CZ 47/2010

AP CZ 48/2006

AP CZ 5/2003

AP CZ 5/2006

AP CZ 51/2010

AP CZ 52/2005

AP CZ 55/2006

AP CZ 6 / 2005

AP CZ 6/2010

AP CZ 60/2007

AP CZ 61/2006

AP CZ 63/2007

AP CZ 64/2007

AP CZ 7/2010

AP CZ 71/2005

AP CZ 75/2005

AP CZ 75/2009

AP CZ 78/2007

AP CZ 78/2009

AP CZ 83/2009

AP CZ 85/2004

AP CZ 89/2004

AP CZ 92/2005

AP CZ 96/2005

AP CZ 97/2005

AP CZ 98/2003

AP CZ49/2002

AP CZ7/2003

AP GR 179/2005

AP GR 251/2008

AP GR 402/2008

AP GR 446/2006

AP GUA 16/2013

AP GUI 22/2010

AP HU 31/2009

AP HU 7/2007

AP IB 14/2006 (Caso Son Banyá)

AP IB 192/1999

AP IB 207/1999

AP IB 25/2010

AP IB 26/2001

AP IB 36/2006

AP IB 44/2004

AP IB 74/2005

AP IB 76/2007

AP IB 90/2005

AP LP 138/2006

AP LP 155/2002

AP LP 170/2005

AP LP 35/2006

AP LP 4/2010

AP LP 50/2012

AP LP 53/2009

AP LP 57/2008

AP LR 51/2009

AP M 102/2003

AP M 103/2005

AP M 103/2013

AP M 104/2001

AP M 117/2003

AP M 122/2012

AP M 129/2006

AP M 16/2009

AP M 173/2005

AP M 1773/2000

AP M 189/2010

AP M 2/2010 y 20/2010

AP M 255/2010

AP M 271/2008

AP M 332/2010

AP M 34/2004

AP M 342/2003

AP M 355/2002

AP M 37/2017 (Caso Ciempozuelos)

AP M 4/2006

AP M 433/2001

AP M 533/2009

AP M 584/2008

AP M 80/2010

AP M 84/2007

AP M 84/2014

AP MA 1/2006

AP MA 1/2007

AP MA 112/2009

AP MA 179/2013 (Caso Malaya-Muñoz)

AP MA 200/2011 (Ballena Blanca)

AP MA 200/2011 (BB/Aki Kujala)

AP MA 200/2011 (BB/Ambramson)

AP MA 200/2011 (BB/Clement-Con. Francesa)

AP MA 200/2011 (BB/Gelderloos/Alexanderso/Kerheve etc.)

AP MA 200/2011 (BB/Hambli-Con.Turca)

AP MA 200/2011 (BB/Lamrani Soussi-Con-Marroquí)

AP MA 200/2011 (BB/Levin-Con.Eprom)

AP MA 200/2011 (BB/P. Pascal)

AP MA 200/2011 (BB/Pastushenko/Irina)

AP MA 200/2011 (BB/Ramián-Con. Iraquì)

AP MA 200/2011 (BB/Rouvinen- Con Finlandesa)

AP MA 200/2011 (BB/Talhi- Con. Argelina)

AP MA 200/2011 (BB/Voutilainen-Con.Sueca)

AP MA 218/2011

AP MA 237/2005

AP MA 278/2017 (Caso Majestic)

AP MA 281/2004

AP MA 297/2006

AP MA 3/2008

AP MA 321/2005

AP MA 37/2003 y 431/2005

AP MA 535/2013 (Caso Malaya-Roca)

AP MA 721/2006

AP MA 733/2009

AP MA 78/2007

AP MU 10/2007

AP MU 16/2003

AP MU 20/2003

AP MU 22/2006

AP MU 27/2000

AP MU 32/2005

AP MU 62/2011

AP PA 12/2009

AP PO 8/2010

AP S 124/2005 (Caso Mercedes)

AP S 239/2007

AP S 267/2005

AP S 268/2006 y 418/2007

AP S 398/2004

AP S 458/2009

AP S 56/2005

AP S 613/2006

AP S 656/2004

AP SA 24/2005

AP SA 5/2006

AP ST 1122/2002

AP ST 149/2008

AP ST 335/2008

AP ST 393/2009

AP ST 413/2009

AP ST 620/2003

AP V 106/2006

AP V 225/2009

AP V 50/2003

AP V 584/2009

AP VA 221/2003 (Caso Monchines)

AP VA 263/2010

AP VA 75/2006

AP Z 291/2016 (Caso La Muela)

AP ZA 11/2008

ATS 20751/2017 (Caso Rato)

ATSJC 1/6/2017 (Caso Tres por Ciento)

ATSJC 5/2013 (Caso Pujol-Ferrusola)

DDPP 1455/2006 (Caso Hidalgo)

DDPP 5 del JCM (Caso Voltar-Lassen)

DDPP de la AN 214/09 (Caso Carceller)

SP Estepona 2/1/2008 (Caso Astapa)

SU AN 5/2008

TS 277/2018 (Caso Noos)

TS 2802/2017

TS 480/2009 (Caso Herrikotabernas)

TS 749/2007 (Caso Afinsa)

B. Sentencias por delitos precedentes aunque sin imputaciones por blanqueo de capitales

AAN 328/2008

AAP TA 142/2016

AN 34/2009

AN 65/2007

AN 73/2007

AP A 57/2011

AP AL 13/2002

AP AL 266/2013

AP AL 389/2013

AP AL 90/2011

AP AS 188/2010

AP B 393/2009

AP B 470/2018

AP B 711/2002

AP B 78/2016

AP BA 13/2005

AP BU 836/2001

AP BU 544/2013

AP CO 286/2005

AP CZ 26/2011

AP GR 232/2013

AP GUI 279/2006

AP IB 207/1999

AP IB 14/2006

AP IB 18/2012

AP IB 25/2010

AP IB 64/2012

AP IB 75/2002

AP IB 75/2005

AP IB 85/2009

AP L 23/2004

AP LP 413/2009

AP LP 50/2012

AP LU 60/2000

AP M 11/2002

AP M 164/2012

AP M 273/2010

AP M 300/1999

AP M 37/2017

AP M 433/2001

AP M 481/2013

AP MA 103/2005

AP MA 111/2012

AP MA 112/2000

AP MA 155/2002

AP MA 253/2013

AP MA 268/2013

AP MA 660/2011

AP MA 769/2007

AP MU 1/2013

AP MU 300/2013

AP MU 9/2009

AP NA 51/200

AP PA 12/2013

AP PO 327/2011

AP S 505/2015

AP Z 1027/2002

AP ZA 43/2012

AP BA 13 oct. 2005

AP BI 37/2005

AP BI 85/2009

DDPP 6645/2015

DDPP AN 53/93

PA 133/2016 de la FA Sevilla

TS 1015/2013

TS 1313/2014

TS 1493/1999 (Caso Roldán)

TS 20/2001 (Caso Urralburu)

TS 2119/2018 (Caso Adif)

TS 23/2018

TS 2802/2017

TS 338/2015

TS 4123/2015

TS 459/2019 (Caso Procès)

TS 480/2009

TS 537/2002 (Caso Camisetas)

TS 575/2003

TS 59/2000

TS 657/2013 (Caso Palma Arena)

TS 801/2008

TS 8701/2012

TS 928/2006

TS 970/2012

TS 977/2012

II Personas consultadas y/o entrevistadas

A. Inspectores y subinspectores de hacienda, técnicos de aduanas, asesores financieros, interventores y jefes de departamentos estadísticos vinculados a la administración

A-1 Director del Departamento de Estadística del Banco de España

A-2a Director 1 del Departamento de Estadística de la Dirección General de Aduanas de España

A-2b Director 2 del Departamento de Estadística de la Dirección General de Aduanas de España

A-3 Inspector 1 del Ministerio de Hacienda, sección grandes defraudadores

A-4a y A-4b Subinspectores del Ministerio de Hacienda con larga experiencia profesional y miembros del Sindicado de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

A-5 Técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

A-6 Jefe del Departamento de Estadísticas Comerciales del Instituto Español de Comercio Exterior

A-7 Funcionario de la autoridad portuaria de Málaga

A-8 Técnico-jurista del Instituto de Comercio Exterior

A-9 Técnico del departamento de estadística de la Secretaría de Estado de Turismo

A-10 Interventor municipal en activo en una localidad de tamaño medio y una experiencia profesional de 30 años

A-11 Inspector 1 de Hacienda del Estado, sección grandes defraudadores

A-12 Inspector 2 de Hacienda del Estado

A-13 Miembro del Tribunal de Cuentas de una Comunidad Autónoma de Andalucía

A-14 Interventor municipal en ejercicio de una gran corporación local de Guatemala y una experiencia profesional de 15 años

A-15 Interventor municipal en activo en una localidad media española y una larga experiencia A-16 Técnico del Instituto Nacional de Estadística

A-17 Funcionario del Tribunal Estatal de Cuentas con una larga trayectoria profesional

A-18 Miembro del Tribunal de Cuentas de Andalucía

A-19 Funcionario de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid

A-20 Interventor municipalnicipal con 25 años en ejercicio (preferentemente en localidades pequeñas)

A-21 Interventor municipal y presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local

A-22 Técnico municipal de Mazarrón (Región de Murcia)

A-23 Empleado durante mucho años de una empresas de control de calidad de obra pública

A-24 Ex director de agencia de aduanas con una larga experiencia profesional y consultor de empresas en activo

A-25 Consejero Técnico del Departamento de Estadística del Ministerio de Comercio

A-26 Inspector del Ministerio de Hacienda especializado en fiscalidad internacional

B. Criminólogos e investigadores no vinculados a las fuerzas operativas especializados en campos relacionados con el blanqueo de capitales y/o a los delitos precedentes

I-1 Experto internacional en economía del narcotráfico

I-2 Investigadora académica sobre el blanqueo de capitales en Alemania

I-3 Miembro de ONG holandesa experto en narcotráfico

I-4 Investigador senior y criminólogo del Instituo Max Planck de Derecho Internacional Comparado (Friburgo/Alemania)

I-5 Investigador académico senior de la Universidad de Tilburg (Países Bajos)

I-6 Investigador académico senior de las finanzas de la mafia italiana y funcionario de Naciones Unidas

I-7 Experto internacional en narcotráfico y colaborador de Naciones Unidas

I-8 Experto internacional en economía del sector inmobiliario y catedrático jubilado de la Universidad de Montreal

I-9 Investigador de la organización“Small Arms Survey” erradicada en Ginebra (Suiza)

I-10 Investigadora académica española sobre el fenómeno de la prostitución coactiva

I-11 Investigadora académica colombiana experta en derecho penal

I-12 Profesor de universidad española experto en historia de la economía soviética y rusa

I-13 Ex-empleado norteamericano de la empresa McKinsey, autor de varios libros sobre blanqueo, consultor de empresas y miembro la ONG Tax Justice Network

I-14 Investigador de los mercados de armas ligeras en España, preferentemente las piezas de colección

I-15 Catedrático en Economía Aplicada y experto de economía tributaria

I-16 Técnico e investigador de políticas públicas

I-17 Investigador académico del fenómeno del cannabis en España

I-18 Comisario de Policía y especialista en inteligencia estratégica sobre crimen organizado y narcotráfico

I-19 Investigador senior del Instituto Transcrime de Turin

I-20 Investigador senior del Tax Justice Network con sede en Londres

I-21 Investigador y Profesor de la Florida International University y experto en blanqueo por medio del comercio internacional de mercancías

I-22 Experto internacional en corrupción y miembro directivo de la Anti-Corruption Academy con sede en Viena

I-23 El experto del Instituto para la Pau de Barcelona

I-24 Experto colombiano en comercio internacional vinculado a la UniversidadCentral de Bogotá

I-25 Investigador del Institute for Criminal Justice de Nueva York y del Instituto IPW de Berlín especializado en contrabando de tabaco en Alemania

C. Profesores universitarios y profesionales del derecho y de la asesoría jurídica y fiscal

D-1 Profesora de derecho penal de la UCM

D-2 Profesor de derecho penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC)

D-3 Ex-Fiscal General del Estado jubilado

D-4 Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante

D-5 Profesor de dirección financiera y control económico de empresas y ex-vicepresidente y secretartio general de la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios

D-6 Socio de un despacho de abogados especializado en litigios por blanqueo ubicado en el barrio de Salamanca de Madrid

D-7 Fiscal General Antidrogas

D-8 Letrado de despacho de abogados encargado de la defensa de los vecinos de Marbella en el Caso Malaya

D-9 Profesora de Derecho Penal de la Universidad de Málaga

D-10 Abogada en ejercicio en el puerto del Pireo en Grecia especializada en litigios náuticos

D-11 Profesor de geografía política y compilador del informe de seguimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP elaborado por la Organización de Estados Iberoamericanos

D-12 Profesor titular de una universidad pública española.

D. Cargos políticos y administrativos

P-1 Alcalde de localidad de 2000 habitantes próxima a la Costa del Sol

P-2 Concejal de localidad de la Costa del Sol de 170.000 habitantes

P-3 Concejal de una capital de provincia andaluza de 170.000 habitantes

P-4 Concejal de El Ejido, provincia de Almería

P-5 Ex-miembro la comisión de interior del Congreso de Diputados

P-6 Miembro de gestora interina de un Ayuntamiento de la Costa del Sol intervenido por el Estado

P-7 Ex-Miembro del gobierno de Guatemala

P-8 Ex-concejal de un municipio del sur del país con una larga experiencia

P-9 Concejal de una localidad costera de Murcia vinculada tradicionalmente a la actividad agrícola.

P-10 Técnico asesor en agricultura y medioambiente en activo durante más de 30 años.

E. Personas vinculadas profesionalmente a la lucha contra la delincuencia, funcionarios de aduanas

O-1 Comisario vinculado a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga

O-2 Comisario del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior vinculado a la lucha contra el blanqueo procedente del narcotráfico

O-3 Asesor de Interior de la Delegación de Gobierno de una Comunidad Autónoma

O-4 Empleado de una importante empresa de seguridad privada

O-5 Ex-alto cargo del gobierno central destinado en Pontevedra

F. Empresarios, autónomos, empleados y miembros de consejos de administración de instituciones financieras, vendedores, agentes inmobilarios, defensores de los intereses de los ahorradores y otras personas vinculadas a la actividad económico-empresarial pública y privada

E-1 Importante promotor inmobiliario en la Costa del Sol y catedrático de derecho mercantil

E-2 Pequeño promotor inmobiliario activo y residente en Andalucía

E-3 Ex-presidente del consejo de administración de una importante Caja de Ahorros

E-4 Director de un gran casino de la Costa del Sol

E-5 Intermediaria de venta de joyas y ex-empleada del casino de Marbella

E-6 Empleado de alto rango de la sección de banca privada de un gran banco español

E-7 Dentista con consulta en una gran ciudad española

E-8 Farmacéutica con 30 años de experiencia activa en una gran ciudad española

E-9 Guía turística oficial de ruso de Madrid con más de 30 años de experiencia profesional

E-10 Autónoma y propietaria de un pequeño establecimiento de venta de muebles en el centro de una gran ciudad española

E-11 Gestora de patrimonio con experiencia profesional en jurisdicciones offshore muy utilizadas por clientes españoles vinculados al sector de la construcción

E-12 Agente inmobiliario activo en el centro de Madrid

E-14 Director técnico de compañía de seguros española y una larga carrera profesional, preferentemente en ciudades de tamaño medio

E-15 Comandante de aviación vinculado al transporte de pasajeros y una esperiencia profesional de varias décadas e.

E-16 Sindicalista de una gran planta automovilística ubicada en la zona de franca de Barcelona

E-17 Gestor español de grandes patrimonios vinculado a uno de los principales bancos españoles establecido desplazado a Miami con el fin de captar grandes grandes clientes de habla hispana en todo el continente americano

E-18 Ex-gerente vinculado a la comercialización de productos farmacéuticos activo en España durante 25 años

E-19 Directivo de sucursal bancaria de banco extranjero abierta en Madrid

E-20 Responsable de comunicación de un gran grupo financiero español domiciliado en Madrid

E-21 Presidente de Confederación Intersindical de Crédito

E-22 Joyero profesional activo en la ciudad de Madrid

E-23 Trabajador de empresa de tamaño medio vinculada a la construcción de carreteras

E-24 Técnico vinculado a la gestión pública hospitalaria

G. Periodistas, investigadores no académicos, delincuentes que han cumplido penas y otras personas que han tenido contacto directo con activos ilícito y/o sus delitos precedentes

PE-1 Periodista de un diario de investigación de la Costa del Sol

PE-2 Ex-narcotraficante español condenado y penas de cárcel cumplidas, así como ex-consumidor habitual de drogas heroína y estudioso del fenómeno del narcotráfico

PE-3 Ex importador mayorista de drogas ilegales a los Países Bajos condenado en los años 1990 a penas de cárcel cumplidas

PE-4 a 6 Dependientas de la sección de joyería en una importante cadena de grandes almacenes destinadas en sucursales de ciudades y barrios españoles con alto poder adquisitivo

PE-7 Comisionista con una larga trayectoria en el transporte transfronterizo de efectivo y divisas

PE-13 Periodista de Investigación de un importante diario de Cataluña

PE-14 Ex-pequeño distribuidor de la zona periurbana del sur de Madrid

PE-15 Persona contratada para la organización de monterías en los Montes de Toledo

PE-16 Coleccionista de armas históricas y estudioso de los mercados españoles de armas ligeras

PE-17 Periodista española de investigación

PE-18 Hijo de ex-narcotraficante marroquí y de ex-productor de cannabis en el norte de Marruecos.

PE-19 Camarero de una céntrica cadena de restaurantes de Madrid

PE-20 Periodista de investigación vinculado al caso de los Papeles de Panamá

PE-21 Ex-consumidor habitual, durante varias décadas, de sustancias ilícitas con domicilio en una ciudad del norte de España con un fuerte consumo de drogas por habitante

PE-22 Comprador de un chalet en vías de construcción de la zona noroeste de MadridApéndice II. La economía ilícita en España: fuentes secundarias

Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias utilizadas se dividen entre bases de datos y bibliografía especializada y, en menor medida, los diarios de información general, las revistas de difusión, las agencias de noticias, así como los programas de televisión y de radio. Las primeras figuran en la biografía de “La economía ilícita en España” publicada en Alianza Editorial. Las segundas figuran a continuación.

Diarios, revistas de difusión, agencias y programas de televisión y de radio

ABC

Agencia EFE

Agencia Europa Press

Ahora

Cadena Ser

Cinco Días

Der Spiegel

Diario de Cádiz

Diario de Córdoba

Diario El Mundo

Diario El País

Diario Expansión

Diario Público

Documentos RNE

Economía Digital

Economotor

El Confidencial

El Correo

El Diario Vasco

El Diario.es

El Periódico de Cataluña

El Plural

EU Reporter

Euroactiv

Euronews

Interview

Lainformación.com

La Sexta

La Vanguardia

La Verdad

La Voz de Galicia

Libertad Digital

Mercadofinanciero

Negocios

New York Times

RTVE

Süddeutsche Zeitung

The Economist

The Guardian

The Observer

Tribuna de Salamanca

Valencia Plaza

Voxpopuli

Wall Street Journal

Washington Post

20 Minutos

BIBLIOGRAFIA REFERIDA A ESTOS COMENTARIOS

AIFE -Asociación de Inspectores Fiscales del Estado- (2014): El grave problema de la corrupción en España, en: http://www.inspectoresdehacienda.org/images/stories/pdf/congresos/congreso20124/161014_elproblemadelacorrupcion_pdf_largo.pdf

Albert, H. (1963): ”Modell-Platonismus. Der neoklassische Stil des ökonomischen Denkens in kritischer Beleuchtung”, en: F. Karrenberg y H. Albers (eds.): Sozialwissenschaft und Gesellschaftsgestaltung. Festschrift für Gergard Weisser. Berlin: Duncker & Humbold

Alonso, J. A y Mulas-Granados, C. (dirs.) (2011): Corrupción, cohesión social y desarrollo. El caso de Iberoamérica. Madrid, FCE.

Amiard, Ch. (2000): ”Redes internacionales de tráfico de mujeres”, en: Actas del Simposio internacional sobre prostitución y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Madrid: Comunidad de Madrid

Anderson, B. (1993): Comunidades imaginadas. México: FCE

AT (vv.aa.): Estadísticas de los declarantes del IRPT, en: http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpf/2009/jrubik5d158a900e1ff27406ebb5d5c1f490c13e910935.html) AT/SEJ (Agencia Tributaria-Secretaría de Estado de Justicia) (2006) Observatorio del delito fiscal. Memoria Anual: Madrid

Baarda, C.S. (2015): “Human trafficking for sexual exploitation from Nigeria into Western Europe: The role of voodoo rituals in the functioning of a criminal Network”, en: European Journal of Criminology 13 (2), 2015, pp.1-1

Barbota, H. y Cano, J. (2010): La última gota. La novela del caso Malaya. Alcalá de Guadaira: Paréntesis

Barrón Arniches (de), I. (2012): El hundimiento de la banca. Madrid: La Catarata

BCE-Banco Central Europeo (2010): The Payment System. Francfurt/M. Descargable en: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdfBongard, K. (2001): Wirtschaftsfaktor Geldwäsche. Analysen und Bekämpfung. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag

Blanco Lozano, C. (2005): Receptación y conductas afines, en: Tratado de Derecho penal español, Tomo 2, volumen 1. Barcelona: José María Bosch

Blecher, H et al. (2013): “Euromonitor data on the illicit trade in cigarettes”, en: Tobacco Control 24 (1), junio 2013, descarcable en: https://www.researchgate.net/publication/241692614_Euromonitor_data_on_the_illicit_trade_in_cigarettes

Bourdieu, P. (2007): El sentido práctico. Siglo XXI: Buenos Aires

Brenan, G. (2003): La faz de España. Barcelona: Península.

Burbano Trimiño, F. (2020):”La urbanización marginal durante el Franquismo: el chabolismo madrileño”, en: Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea nº 18, pp. 301-343

Cases García, R y Fernández Steinko, A. (2014): Autónomos, boom inmobiliario y cambio político en la Región de Murcia, en: Foro Ciudadano de la Región de Murcia (eds.): El otro Estado de la Región 2014. Murcia: Diego Marín Librero Editor.

Castañón, F. et al. (2016): Diccionario de la corrupción. Madrid: Nostrum.

Castells, M. (1998): La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 3 (Fin de Milenio). Madrid: Alianza

CD (2006): Estudio de la prostitución en España: La prostitución en el mercado económico. Madrid: Congreso de los Diputados.

CD (2018): Diarios de Sesiones. Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera. XII Legislatura núm 5

CDEP-Centre Delàs d’Estudis per la Pau (vv.aa.): Observatorio sobre desarme, comercio de armas, conflictos armados y cultura de paz, en: http://www.centredelas.org/es/base-de-datos/presupuesto-militar-en-espana/gasto-militar-de-espana

CE (2011): Evaluation Report Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation. Parte I, en: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/er853_1_en.pdf

CE (2014): Report from the Commission to the Council and the European Parliament. EU Anti-Corruption Report, en: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf

CE-Consejo de Europa- (2001): Recomendación rectora 2001/11 del Comité de Ministros sobre principios directrices en la lucha contra el crimen organizado

Champeyrache, C. (2019): La face cachée de l’économie. Paris: PUF.

Christie, N. (2004): A Suitable Amount of Crime. Londres: Routledge

CIMTM-Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (2002): Informe sobre el tráfico de mujeres y la prostitución en la Comunidad de Madrid. Madrid: Dirección General de la Mujer.

Comín, F. (2008): Historia de la cooperación entre las cajas. La Confederación Española de Cajas de Ahorros. Madrid: Alianza

Couvrat, J.F. y Pless, N. (1988): La face cachée de l’économie mondiale. Paginación según la versión alemana publicada, en: Westfälisches Dampfboot, Münster 1993.

CNC-Comisión Nacional de la Competencia (vv.aa.): Informes anuales sobre ayudas públicas en España. Madrid, CNC en: http://www.cncompetencia.es/Inicio/AyudasPublicas/Informes/tabid/218/Default.aspx

CNMV-Comisión Nacional del Mercado de Valores (vv.aa.): Memorias anuales, en: http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IA2012_Web.pdf

Coulmas, F. (1993): Das Land der rituellen Harmonie. Francfort: Campus

De la Cruz Ochoa, R. (2004): Crimen organizado, tráfico de drogas, lavado de activos y terrorismo. La Habana: Editorial Ciencias Sociales

De la Torre Díaz, F.: (2014): ¿Hacienda somos todos?. Madrid: Debate

Del Arco Blanco, M.A.: (2018):”La corrupción en el franquismo: el fenómeno del “gran estraperlo”, en: Hispania Nova. Revista de Historia Contemporáneta 16 2008, pp. 620-645

Deppe, F. (1999): Politisches Denken im 20. Jahrhundert: Die Anfänge. Hamburgo: VSA

Desroches, F. J. (2005): The Crimen that Pays. Drug Trafficking and Organizad Crime in Canada. Toronto: Canadian Scholars Press Inc.

Díaz Morlán, P. (2018): ETA y la corrupción vasca , en: Ugarte Gastaminza, J. (coord) (2018)

Díez Ripollés, J.L. et al. (2004): Prácticas ilícitas en la actividad urbanística. Un estudio de la Costa del Sol. Valencia: Tirant lo Blanch

Díez Ripollés, J.L. et al. (2011): Los Merinos Norte. Fenomenología de un proyecto urbanístico. Valencia: Tirant Lo Blanch

Domínguez Iribarren, F. (2018): La financiación del terrorismo en la democracia. En: Ugarte Gastaminza, J. (coord) (2018)

DP-Defensor del Pueblo (2012): La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles. Madrid, Defensor del Pueblo, en: http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Informe_Defensor_del_Pueblo_trata.pdf

Drope, J y Schluger, N. W eds (2018): The Tobacco Altas, 6^a edición, en https://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes.pdf

EMCDDA/MSSSI-European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction/Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2012): National Report (2011) to de EMCCDA by the Reitox National Focal Point. Spain. New Development Trends and in depth information on selected issues, en: http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w203

Escobar, J. et al. (1999): Coyuntura socioeconómica regional. Santiago de Cali: Universidad del Valle.

Fernández Díaz, A. (2013): Informe sobre el contrabando de tabaco en España. Madrid: Universidad Complutense

Fernández Soldevilla, G. (2018): La primera ETA, ETA político-militar, los CAA y otras organizaciones terroristas en: Ugarte Gastaminza, J. (coord) (2018)

Fernández Steinko, A. (1997): Continuidad y ruptura en la modernización industrial de España - el sector de la maquinaria mecánica. Madrid: Consejo Económico y Social

Fernández Steinko, A. (2001): Euskadi, callejón con salida. Barcelona: El Viejo Topo.

Fernández Steinko, A. (2010): “Finanzas, trabajo y acomodación social en la España constitucional”, en: Economía Crítica y Crítica de la Economía nº10, 2010, pp. 24-39

Fernández Steinko, A. (2013): “Una visión de conjunto de la delincuencia contemporánea” en: Fernández Steinko (ed.): Delincuencia, finanzas y globalización. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas

Ferreira de Amaral, J. (2013): Porque devemos sair do euro. Lisboa: Lua de Pape

Ferwerda, J. et al (2017): “Corruption in Public Procurement: Finding the Righ Indicators”, en: European Journal on Criminal Policy and Research, 23 (1), pp 245–26

FGE-Fiscalía General del Estado (aa.vv.): Memorias 1883-2008. Madrid: Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia

Fitor Miró, J. C. (2018): Delito fiscal. Un análisis criminológico. Valencia: Tirant lo Blanc

FMI-Fondo Monetario Internacional (2018): Shadow Economies around de World: What Did We learn Over the Last 20 years?. IMF Working Paper. IWF.

FMP-Federación de Mujeres Progesistas (2008): Trata de mujeres con fines de explotación sexual en España. Madrid: Federación de Mujeres Progresistas

Fuentes González, G. (2001): El proceso económico del tráfico de drogas, en: Zaragoza Aguado, J. (dir.): Prevención y represión del blanqueo de capitales. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

Gancedo, E. (2015): Palabras mayores. Un viaje por la memoria rural. Logroño: Pepitas de Calabaza

Garzón, B. (2015): El fango. Cuarenta años de corrupción en España. Madrid: Debate

GdC- Gobierno de Colombia (2019): Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018. Bogotá: UNDOC

Gómez Iniesta, G. (1996): El delito de blanqueo de capitales en derecho español. Barcelona: Cedecs

Guillemaut, F. (2003): ”Trafics et migrations de femmes, une hypocrisie au service des pays riches”, en: Hommes et Migrations (1248) 2004, pp. 75-87

HM Treasury (2015): UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing. OGL, Londres, en: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468210/UK_NRA_October_2015_final_web.pdf

HOAC (2001): Trabajadoras y trabajadores en la economía sumergida. Madrid: HOAC

IAM-Instituto Andaluz de la Mujer (2005): La prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer.

INE (vv.aa.). Informe anual. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.

Interpol (1988): “The Role of Interpol in Fighting Organized Crime”, descargable en: descargable: http://www.interpol.int/Public/Publications/ICPR/ICPR481

Javorsek, M. (2016): Asymmetries in International Merchandise Trade Statistics. Working Paper 02/2016 Naciones Unidas-Unidad Estadística, en:https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7828051/8076585/Asymmetries__trade_goods.pdf

Jeréz Darias, L.-M. al. (2012):”Aproximación a una geografía de la corrupción en España”, en: Ería (87) 2012, pp. 5-18

Kara, S. (2010): Tráfico sexual. El negocio de la esclavitud moderna. Madrid: Alianza

Kerner, H.-J. (2005): Experiencias criminológicas con las recientes reformas para la lucha contra la criminalidad económica en la República Federal de Alemania, en: Barbero Santos, M. (ed.) (1985), pp. 125-166

Kilmer B et al. (2010): Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico. Instituto RAND, Santa Mónica.

Klinkhammer, J. (2015): Varieties of corruption in the case of Siemens, en: Van Erp, J. et al (2015): The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe

KPMG (2018): Project Sun. A study of the illicit cigarette market in the European Union, Norway and Switzerland. Amstelveen.

Kuhn, Th. (1982): La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE

Lagunero, T. (2009): Memorias. Barcelona: Umbriel

Lampe, K v.: (1999): Nicotine Racket. Conferencia impartida en la Universidad de Oslo, en: http://www.organized-crime.de/zightm01.htm#concept

Lampe, K v.: (2002):”The Trafficking in untaxed cigarettes in Germany: A case study of the social embeddednss of illegal markets, en: Duyne, P. v. et al. (eds.)(2002)

Lampe, K. v. (2003): “Organising the nicotine racket. Patterns of criminal cooperation”, en: Duyne et al. (eds.): Criminal Finances and Organising Crime in Europe. Niemejer: Legal Publishers.

León et al. (2014):”Relación entre corrupción y satisfacción” en: Revista de Economía Aplicada, vol XXII (214) pp 31-58

Levi, M. (2012): The organization of serious crimes for gain, en: Maguire, M et al (eds) (2012)

Levi, M. y Reuter, P. (2006): Money Laundering, en: Tonry, M. (ed.): Crime and Justice: A Review of Research. Chicago: Chicago University PresLevitt 2006

Lindgren, S.-A. (2001): White-Collar Crime Research. Old Views and Future Potentials. Estocolmo: National Council for Cime Prevention (Sweden)

Maguire, M et al (eds) (2012): The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Oxford University Pres

Malem Seña, J. (2002): La corrupción. Aspectos éticos, económicos y jurídicos. Barcelona: Gedisa

Martín de Pozuelo et al (1994): Guía de la corrupción. Barcelona: Plaza & Janés.

Marx, K. (1976): El capital. Primer tomo. Barcelona: Grijalbo

Medina García, E. (2009): Orígenes, características y transformción del contrabando tradicional en la frontera de Extremadura con Portugal , en: Freire, D et al. (coods.)(2009)

Merino Pacheco, F. (2018): ETA militar y la extorsión de los empresarios en: Ugarte Gastaminza, J. (coord)

Merton, R. (1965): Social Theory and Social Structure. Nueva York, Glencoe (castellano: Teoría y estructura sociales. México: FCE)

Mezo, J. (2009): “El número grande se come al chico” en: Cuadernos de Periodistas (18) nov 2009, pp 85-90

MI-Ministerio del Interior (vv.aa) Portal estadístico de criminalidad, en: https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es

Molins Coronado, J (2014): Confidencias de un especulador. Barcelona: Planeta

Montoliu, P. (2010): Madrid bajo la dictadura 1947-1959. Madrid: Sílex

Montoliu, P. (2017): Madrid. De la dictadura a la democracia, 1960-1979. Madrid: Sílex

Moradiellos, E. (2016): Negrín. Madrid: Península

ML/C-Merrill Lynch/Capgemini (2010): World Wealth Report 2010, en: http://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/World_Wealth_Report_2010.pdf

MPD-Modelo de Prevención de Delitos (s.f.): Informe sobre el contrabando de tabaco en España, en: http://www.mpdd.es/news/noviembre/novedaddelmes/informetabacompd.pdf

MS-Ministerio de Sanidad (vv.aa.): Observatorio español de la droga y de las toxicomanías, en: http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/oed/home.htm

Müller, L. (2006): Tatort Zürich. Einblicke in die Schattenwelt der internationalen Finanzkriminalität. Berlín: Ullstein

Naylor, R.T. (2002): A Typology of Profit-Driven Crimes. Department of Justice of Canada, en: http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/crime/rr02_3/rr02_3.pdf

Naylor. R.T. (2003):“Towards a General Theory of Profit-driven Crimes”, en: British Journal of Criminology, nº 43, 2003, pp 81-101

Naredo, J. M. (1996): La burbuja inmobiliario-financiera en la coyuntura económica reciente (1985-1995). Madrid: Siglo XXI

Neira, M. (2012): Una mala mujer. La prostitución al descubierto. Barcelona: Plataforma Editoria

Nelken, D. (2012): White-Collar Crime” en: Maguire, M et al (eds) (2012)

Nieto, A. (2008): El desgobierno de lo público. Barcelona: Ariel

OLAF-Oficina Europea Antifraude (vv.aa.): Annual OLAFAF report, en: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/olaf-report_en

Olivo Espín, C. B. (2017): Análisis económico del control anticorrupción a partir del caso ecuatoriano. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense

ONU (2000): Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada, Palermo 2000.

ONUCDD-Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (vv.aa.): Informe Mundial sobre las Drogas. Nueva York, Naciones Unidas.

Paoli, L. (2002):”Flexible Hierarchies and Dynamic Disorder’: the drug distribution system in Franfurt and Milan”, en: Drugs: Education, Prevention and Policy 9 (2) 2002, pp 143-151

Paoli, L. (2013): Las paradojas del crimen organizado en: Fernández Steinko, A. (ed.)(2013)

Pellicer, Ll. (2014): El vicio del ladrillo. La cultura de un modelo productivo. Madrid: La Catarata

Piketty, T. (2014): El capital en el siglo XXI. México: Fondo de Cultura Económica

Polanyi, K. (2001): La gran transformación. México: FCE.

Portillo, L. (1983):”Economía del robo. Elementos para un análisis socioecoómico del robo en España”, en: Información Comercial Española (7) 1983, pp 7-35

Poulin, R. (2004): La mondialisation des industries du sexe. Ottawa: L’Interligne

Poveda, E. B. (1953): La lucha contra la delincuencia. Madrid (autoedición)

Preston, P. (2019): Un pueblo traicionado. Barcelona: DebateReuter et al (1990)

Pro Ruiz, J. (1994): El poder de la tierra: una lectura social del fraude en la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería (1845-1936) en Hacienda Pública 1, 1994, pp 189-201

Reuter, P. et al (1990): Money from Crime: A Study of the Economics of Drug Dealing in Washington DC, Santa Monica: RAND Corporation

Reuter, P y Greenfield, V. (2001):”Measuring Drug Markets”, en: World Economics nº4, en: https://www.rand.org/pubs/reprints/RP999.html.

Reuter, P. y E. Truman (2004): Chasing Dirty Money. Washington: Washington Institute for International Economics

Reuter, P. y Trautmann, F. (eds.) (2009): A Report on Global Illicit Drug Markets 1998-2007. Comisión Europea, en: http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf

Reuter. P y Haaga, J. (1989): The Organization of High-Level Drug Markets: An Exploratory Study. Documento de Trabajo, RAND Corporation. Santa Mónica Hal

RNE (2014): España en la Primera Guerra Mundial. Programa Documentos de RNE, en: http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-espana-primera-guerra-mundial-neutralidad-cuestionada-29-07-14/2503047/

RNE (2015): La ciudad del siglo XXI. Programa Documentos RNE, en: http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-ciudad-del-siglo-xxi-reto-para-urbanismo-17-01-15/2953602/

Rocha García, R. (1997): Aspectos económicos de las drogas ilegales en Colombia, en: Thoumi (comp.)(1997)

Romero, J et al (2018): “Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas”, en: Boletín de la Asociación de Geógrafoes Españoles nº 77, 2018, pp.1-51

Rubio-Campaña, A.(2011): El periodismo de investigación como supervisor del sistema político en España, en: Galiacho, J. L y Rubio, A. (coods.)(2011)

Sánchez García de Paz, I. (2005): La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales. Madrid: Dykinson

Sánchez Soler cit. en Del Arco Blanco, M.A.: (2018):”La corrupción en el franquismo: el fenómeno del “gran estraperlo”, en: Hispania Nova. Revista de Historia Contemporáneta 16 2008, pp. 620-645

Santamaría, A y De Arriba, J. (2013): El final de la era Bustos. Sabadell más allá del caso Mercurio. Sabadell: Isabadell

Santamaría, A. (2014): Convergència Democràtica de Catalunya: de los orígenes al giro soberanista. Madrid: Akal

Santos Diego, D. (2018): Las políticas de seguridad y de intervención policial en relación con la extorsión de ETA, en: Ugarte Gastaminza, J. (coord) (2018)

Sardá, J. (dir.) (2014) La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis. Ghesta/Universitat Rovira i Virgil

SAS (2012): “Estimación de la posesión de las armas de fuego en manos de civiles”, en: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-9-ESP.pdf

Savona, E. (dir) (2014): Informe sobre el comercio ilítico de productos del tabaco. Milán: Tarnscrime

Savona ,E. U y Riccardi, M. (eds.). 2015. From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe. Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio. Trento: Transcrime – Università degli Studi di Trento. Resumen ejecutivo , en: http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/04/ocp.pdf

Schimak, U. (2012): Kapitalistische Gesellschaft - Eine differenzierungstheoretische Perspektive, en Dörre, K, Sauer, D y Wittke, V. (eds): Kapitalismustheorie und Arbeit. Munch: Campus.

Schumpeter, J. A. (1976): Teoría del desenvolvimeinto económico. México: FCE

SEBLANC-Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (vv.aa.): Memorias Anuales. Madrid: Banco de España, en: https://www.sepblac.es/es/

SEC-Secretaría de Estado de Comercio (2013): Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de produtos y tecnologías de doble uso. Madrid: Ministerio de Economía y Competitividad

Sieber, U. y Bögel, M. (1993): Logistik der organisierten Kriminalität. Wiesbaden: BKA Forschungsberichte

Stoklosa M y Ross H. (2014): “Contrasting academic and tobacco industry estimates of illicit cigarette trade: evidence from Warsaw, Poland”, en: Tobacco Control (23), 2014, pp.30-34

Suendorf, U. (2001): Geldwäsche. Eine kriminologische Untersuchung. Wiesbaden: Luchterhand

TCE-Tribunal de Cuentas Europeo (vv.aa.): Informes anuales de actividades, en: http://www.eca.europa.eu/es/Pages/AnnualActivityReports.aspx

Thoumi, F. comp. (2002): El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes. Bogotá: Plantea Colombiana

TKSG-Tweede Kamer der Staten-Generaal (Segunda Cámara de los Estados Generales) (2008): Bestrijden witwassen en terrorisme financiering. La Haya: Algemene Rekenkamer Ugarte Gastaminza coord. (2018)

Urquiza, J. M. (2005): Corrupción municipal: por qué se produce y cómo evitarla. Córdoba: Almuzara

Urruticoechea, F. (2012): “Cómo utilizar el poder político en beneficio privado y cómo denunciarlo”, en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=148749 Urruticoechea 2012

Varela Ortega, J. (1998): Introducción en: J. Costa: Oligarquía y Caciquismo. Madrid: Biblioteca Nueva

Varela Ortega, J. (dir.) (2001): El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España. Madrid: Marcial Pons

Veblen, Th. (2002): Teoría de la clase ociosa. Madrid: FCE

Van Duyne (2006): "The organisation of business crime" en: P.C. van Duyne, A. Maljevic, M. van Dijck, K. von Lampe, J. Newell: The organisation of crime for profit. Conduct, law and measurement. Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP)

Wacquant, L. (1999):”Suitable enemies. Foreigners and immigrants in the prisons of Europe”, en: Punishment and Society 1 (2) 1999, pp. 215-222

Waqar Hasib, W. (2004): Why the Global Anti-Money Laundering Regime is Ill-Equipped to Fight the War on Terrorism, and What to do About it. Tesis de maestría presentada, en: la Tufts University. Medford (Maryland)

Xunta de Galicia (2004): A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia

Young, J. (1999): The Exclusive Society. Londres: Sage

Young, Y. (2012): Bernie Madoff finance capital and anomic society, en: Brotherton, D et al (eds): How They Go Away with It: White Collar and the Financial Meltdown. Nueva York: Columbia University Press

Zaitch, D. (2002): Trafficking Cocaine. Colombian Drug Entrepreneurs in The Netherlands. La Haya: Kluwer Law International

Ziegler, R. (2009): Soziale Schicht und Kriminalität. Berlin: Lit Verlag.