Los objetivos generales son básicamente los siguientes:

 

• Revisar el modo en que se informa de los impactos en la sostenibilidad, analizar quién y cómo controla la información revelada o no y, en su caso, averiguar qué repercusiones tiene el resultado dicho control, tanto por el lado del ingreso como por el del gasto público.

 

• Ayudar a detectar a las empresas dónde pueden realizar mejoras potenciales en sus aportaciones a la sostenibilidad y conocer qué puntos críticos deben tratar de corregir para reducir sus impactos negativos en un proceso de mejora continua, en el que puedan premiarse financieramente los avances relativos. En este punto, están llamados a jugar un papel trascendental los auditores y los límites en su actuación.

 

• Proponer soluciones que sirvan para modificar, en su caso, el sistema de relaciones entre las Administraciones tributarias y los contribuyentes en el siglo XXI.

 

Entre los objetivos específicos figuran:

 

1.º Examinar con carácter general los supuestos en que el Derecho financiero y tributario toma en cuenta impactos positivos o negativos a la sostenibilidad.

 

2.º Revisar en qué términos presentan las empresas cotizadas memorias de sostenibilidad y cómo se auditan.

 

3.º Comprobar en qué medida se está adaptando la auditoría pública a los nuevos fines de desarrollo sostenible.

 

4.º Analizar los riesgos y beneficios que entraña el uso de la robótica y la inteligencia artificial en este sector.

 

5.º Profundizar en los casos específicos del sector de la edificación y sector forestal.