El pasado 9 de mayo se celebró en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense un seminario acerca de la actualidad y la relevancia del conflicto del Sahara Occidental en las relaciones hispano-magrebíes. Organizado por el GICMOM, contó con las intervenciones de varios de sus miembros (Rafael Bustos, Alfonso Casani, Augusto Delkáder y Laurence Thieux), y con la participación de Irene Fernández Molina, profesora en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Exeter, y Eida Mohamed, graduado en Ciencias Políticas por la UAM. La crisis diplomática hispano-marroquí de 2021-2022 tuvo la cuestión del Sahara Occidental como trasfondo. Un conflicto enquistado que, desde hace más de cuarenta años, se ha mantenido como elemento desestabilizador en las relaciones entre España y Marruecos. La acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de La Rioja en abril de 2021 desencadenó un periodo de tensiones con Marruecos que condujo a la retirada de la embajadora marroquí en España y a un aumento de la presión migratoria (que tuvo como máximo exponente la entrada de más de 6000 inmigrantes en Ceuta en mayo de ese mismo año). Estos acontecimientos se produjeron tan solo unos meses después de que Estados Unidos hiciera público su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara, en diciembre de 2020, a través de un tuit publicado por el entonces presidente Trump. Marruecos convirtió este reconocimiento en un elemento de presión sobre las potencias europeas, buscando la sintonía de sus posturas con la estadounidense. En 2022, con el foco de los medios de comunicación puesto en la guerra ruso-ucraniana, España cedió ante las exigencias marroquíes y abandonó la neutralidad oficial adoptada desde los inicios del conflicto, mediante la aceptación explícita de la propuesta de regionalización avanzada para el territorio saharaui, planteada por Marruecos en 2007 y que cierra la puerta a la posible celebración de un referéndum de autodeterminación. No obstante, como criticó Casani, el plan de autonomía administrativa para el Sáhara occidental resulta irrelevante procediendo de un Estado en el que destaca la ausencia de garantías democráticas para su población. A ello se suman las continuas violaciones de derechos humanos perpetradas por Marruecos en los territorios saharauis ocupados, que contribuyen a cuestionar la efectividad de un posible plan de autonomía en la región. Durante el seminario se analizó la decisión del Gobierno español a partir de sus intereses nacionales en Marruecos, determinados en gran parte por la posición geográfica del país, como mayor frontera límite entre la Unión Europea y los países africanos, y por los intereses securitarios y migratorios existentes entre ambos. Desde esta perspectiva, la externalización de la política migratoria de la UE en terceros países, como es el caso del vecino marroquí, ha derivado en la instrumentalización de los flujos migratorios, dando lugar a una Europa susceptible a las estrategias de presión ejecutadas por los Estados fronterizos. “Las migraciones son la principal fuente de poder del hemisferio sur”, explicaba Fernández Molina, generando una dependencia desde los Estados al norte del Estrecho. Como destacó Delkáder, a esta instrumentalización de los flujos migratorios se añade la creciente securitización de la inmigración, como consecuencia derivada del crecimiento del fenómeno terrorista, que volvía a ascender en la escala de riesgos para los países europeos especialmente desde 2015. Con respecto a esta cuestión, cabe destacar la progresiva expansión de los grupos yihadistas durante los últimos años en la región del Sahel, percibido como un riesgo de desestabilización regional, y que contribuye a reforzar el papel de Marruecos como frontera límite y muro de contención para Europa. La posición limítrofe de Marruecos con los enclaves españoles en el territorio africano se dibuja como otro punto clave en la política exterior de España, enmarcado en las tradicionales reivindicaciones territoriales marroquíes sobre estas ciudades y la importancia de su naturaleza como elemento político legitimador en el discurso oficial marroquí. Para España, resulta prioritario evitar que estas demandas puedan poner en riesgo la estabilidad e integridad territorial del país. Si bien es cierto que estas cuestiones siempre han estado presentes en la lista de intereses nacionales de España, el Gobierno nunca se había posicionado de manera oficial-aunque sí de facto- a favor de Marruecos. En este sentido, la política exterior promovida por el rey Mohamed VI en los últimos años parece haber dado sus frutos, desencadenando, más que un giro radical, una oficialización por de la postura de España por parte de su ejecutivo, que ha sido leída por el pueblo saharaui como un abandono de sus intereses. De esta forma, la creciente asertividad que ha teñido la política exterior marroquí durante los últimos años, contextualizada en un escenario de reequilibrio de poder internacional e intrarregional, con una creciente debilitamiento de Europa, ha permitido afianzar aún más la propuesta de resolución del conflicto con el Sáhara en la vía multilateral, empujando a España a adoptar una postura cada vez más cercana a sus tesis.
