Por Lidia Moreno Blesa

24 oct 2022 - 16:32 CET

Desde marzo de 2014, la Unión Europea ha ido imponiendo de manera progresiva sanciones a Rusia en respuesta, primero, a la anexión ilegal de Crimea en 2014. Después por la decisión de Rusia de reconocer como entidades independientes a las zonas no controladas por el Gobierno de las provincias de Donetsk y Luhansk en 2022 y, recientemente,  por la agresión militar no provocada e injustificada contra Ucrania en 2022. Hasta ocho paquetes de medidas se han adoptado por el Consejo, en virtud del artículo 215 del TFUE y en base a la Decisión 2014/145/PESC (DO L 78 de 17.3.2014) que se adopta de conformidad con el capítulo 2 del título V del TUE. Se trata de normas, estas últimas, que permiten la interrupción o la reducción, total o parcial, de las relaciones económicas y financieras con uno o varios terceros países. En concreto, el último paquete de medidas es de 6 de octubre de 2022 e incluye, entre otras, la fijación del tope del precio del petróleo a las exportaciones rusas de esta energía. Junto con la prohibición de importar petróleo crudo ruso por vía marítima, el límite de precio permitirá a los operadores europeos apoyar el transporte de petróleo ruso a terceros países, siempre que su precio se mantenga por debajo del límite establecido. En definitiva, el objetivo pasa por reducir aún más los ingresos de Rusia, al mismo tiempo que se mantienen estables los mercados mundiales de energía a través de suministros continuos. Por lo tanto, se contribuye también a la toma en consideración de la inflación y a mantener estables los elevados precios de la energía, que se han convertido en una gran preocupación para todos los europeos.