30 oct 2024 - 17:03 CET

El curso académico se abrió con las amenazas de Isabel Díaz Ayuso. En su guerra abierta contra el Gobierno central adelantó que su anteproyecto de ley tendría como objeto compensar los “excesos ideológicos" de la LOSU. Ignoramos a qué excesos se refiere. No somos nosotras las que vamos a defender la LOSU, sobre la que tenemos muchas críticas. Precisamente porque la LOSU plantea el principio de suficiencia financiera de las universidades públicas como un mantra vacío de contenido, seguimos siendo presas de los caprichos del gobierno autonómico de turno al no introducirse ningún mecanismo específico de financiación pública y, lo que es más grave, consolidar la progresiva mercantilización de la universidad pública mediante varios mecanismos de entrada del capital privado  (mecenazgos y patrocinios, colaboraciones público-privadas, etc.). La LOSU tampoco ha resuelto la precarización de las figuras laborales docentes, de hecho ha contribuido a consolidarla; ni supone un cambio a mejor de la actual estructura de gobernanza estamental y clasista que existe en la universidad, basada en unos altos precios públicos. El gobierno más progresista de la historia ya nos regaló una mala ley que nos deja a los pies de los caballos, el terreno preparado para que venga Ayuso y remate. 

Este tercer intento del Partido Popular por sacar adelante una ley que ordene el espacio universitario en Madrid debe ponernos en guardia. Hay que señalar en primer lugar la absoluta opacidad con la que se está gestando este anteproyecto, nuevamente de espaldas a la comunidad universitaria y la sociedad civil. El pasado 18 de julio se hizo público a través de la prensa el posicionamiento conjunto de todos los rectores de las universidades públicas madrileñas en respuesta al borrador de 8 páginas que se les hizo llegar el 11 de junio y que posteriormente fue presentado en el Consejo Universitario de la CAM. En síntesis, alertaron de que el espíritu del anteproyecto “afecta directamente a la autonomía universitaria". El 9 de septiembre se publica en el portal de transparencia, para su consulta pública, una memoria del citado anteproyecto en la que no se aporta un articulado ni unas líneas maestras. Desde la CGT presentamos las correspondientes alegaciones, que os hacemos llegar junto con este comunicado.

Posteriormente desde la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía al frente de la cual se encuentra Emilio Viciana Duro, se nos citó con 48 horas de antelación y ninguna documentación a los sindicatos que habíamos presentado alegaciones para una reunión. Para ese encuentro, el consejero delegó en su viceconsejera, Ana Ramírez de Molina. No podemos decir que sacáramos nada en limpio ya que durante la reunión tampoco nos presentaron documentación ni un calendario aproximado de tramitación de la norma, ni tampoco unos cauces claros o espacios donde la parte social pueda participar de la elaboración. A todos los efectos, parece que la CAM ha puesto en marcha una pantomima de participación ciudadana sin implicaciones reales. 

Desde la CGT expusimos nuestras alegaciones, dejando claro que este sindicato se opondrá firmemente a la infrafinanciación de la universidad pública y a cualquier intento de criminalizar la protesta en los campus universitarios. En este sentido, señalamos que todo este debate en torno al anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia no nos lleva a ninguna parte si la CAM no demuestra con los próximos presupuestos del 2025 que van a responder a sus responsabilidades financieras para con las universidades públicas. Como sabemos, la CAM solo va a aumentar los presupuestos en un 0,5% para el 2025, con lo que no se podrá cubrir ni siquiera la subida de la nominativa, que está en un 3%. Sólo para mantener un funcionamiento basal las universidades públicas madrileñas necesitan 200 millones más. Según los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Madrid invierte un 0,4% del PIB en sus universidades públicas, muy por debajo de la media estatal, que está en 0,55%. Y muy lejos en todo caso del 1% que marca la LOSU. Esta infrafinanciación estructural supondrá ajustes económicos que apuntan a la reducción de salarios, de recursos para la docencia e investigación, reajustes de la plantilla y subidas de tasas. Nuestras universidades se encuentran en una situación de emergencia presupuestaria, después de haber soportado muchos años de asfixia económica que no se va a revertir si la comunidad universitaria no se moviliza. 

Tenemos claro que el anteproyecto de ley que la CAM pretende sacar adelante, si no lo impedimos, va a legitimar un modelo neoliberal que seguirá drenando recursos públicos al sector privado, como han hecho con la sanidad pública: primero se deterioran los servicios y después se privatiza. Hemos visto con preocupación en los últimos diez años cómo han trazado un plan de reconversión de la Formación Profesional, entre el 2007 y 2020 ha pasado de un 25% al 44% de FP privada, convirtiéndose en un nicho de negocio donde también han entrado los fondos buitre. De igual manera, hoy por hoy las universidades privadas ya superan en recursos y número -son 14, nada más y nada menos- a las universidades públicas en Madrid. El PP no engaña a nadie: el plan está claro, la sanidad y la educación privada están usurpando los recursos públicos y tienen prioridad frente al sistema público. Parece que el referente que nuestras autoridades autonómicas en materia educativa -y no sólo- manejan como horizonte tiende a la catastrófica y criminal gestión universitaria que está acometiendo su galardonado Javier Milei en Argentina: esto es un aviso para navegantes. 

Es necesario alertar sobre esta ofensiva sin tapujos para acabar con la universidad pública que debe movilizar a la ciudadanía en su conjunto, tenemos que organizarnos para defender la universidad pública y decir alto y claro que la educación no es un negocio. 

Desde la CGT impulsaremos un debate público y amplio que cuente con la comunidad universitaria para trabajar en una ley de universidades socialmente justa.