Con este manifiesto, en primer lugar, nos unimos a las más de 834 personas que han firmado el texto publicado en portugués “Todas sabemos”. Junto a ellas, queremos expresar nuestro apoyo a las autoras del capítulo “The walls spoke when no one else could. Autoethnographic notes on sexual-power gatekeeping within avant-garde academia”, que han iniciado un proceso de denuncia pública contra el acoso sexual y moral y el extractivismo intelectual en la academia, que se encadenan en un continuum de violencias asentado en la precarización, en la merma de los derechos laborales, de las relaciones de cooperación, y de la producción de conocimiento. 

También queremos expresar nuestra sororidad y apoyo incondicional a Moira Millán, Bella Gonçalves y a todas las personas, y en particular a todas las mujeres, que han sufrido este tipo de violencias que, como bien señala el manifiesto portugués, son “estructurales y estructurantes de un sistema académico fundado en marcadas jerarquías profesionales y divisiones de clase, género y raza”. Estas se dan en un sistema heteropatriarcal que se reproduce en los espacios laborales donde aparentemente sexo y trabajo se oponen, y en particular en los académicos, donde además es sostenido interesada y acríticamente por la aparente neutralidad en la que se nos dice que opera la producción de conocimiento como actividad principal. La racionalización del trabajo en el mundo académico ha ido históricamente acompañada de todo tipo de sesgos sociales, pero ante todo ha supuesto el triunfo de la virilización y sus jerarquías. 

Son precisamente las posiciones más altas de estas jerarquías académicas, que ahora son señaladas, las que suelen concentrar los privilegios de la ‘meritocracia’ y la ‘excelencia’ en medio de una brecha de género considerable. Desde ahí se gestionan las relaciones, los procesos y los fondos de investigación y/o el poder para decidir sobre las carreras de las personas que están en posiciones más precarizadas, lo que, sumado a la ausencia o ineficacia de los códigos de conducta y los protocolos de acoso, alimenta un entorno facilitador de estas prácticas intimidatorias y violentas hacia las mujeres en forma de acoso laboral y/o sexual. Las personas que lo ejercen tienen amplio espacio y pocas dificultades para hacerlo, mientras que las personas que lo sufren encuentran muchas dificultades para defenderse, máxime si quieren continuar con su trabajo en la academia.

Tal y como titula el capítulo que abre este proceso de denuncia y solidaridad, cuando las personas que ejercen el acoso son también las que funcionan de “gatekeepers”, los guardianes de las puertas, que se abren y se cierran a voluntad de ellos, determinando las oportunidades laborales de las que están “más abajo” en la jerarquía académica. 

Es indignante a estas alturas la polémica jurídica alrededor de la “prueba” y el consentimiento. Tal y como señala la literatura sobre el acoso y, en especial, el acoso y la violencia sexuales, la dificultad de “probar”, en términos jurídicos, esta violencia es considerable. Sobre todo, si además la persona que la ha sufrido la denuncia tiempo después de que haya ocurrido. El miedo y las amenazas a ser denunciadas por difamación, como precisamente parece estar sucediendo con el caso de Boaventura de Sousa Santos, provoca que la mayor parte de estos acosos no se denuncien. Son violencias que se ejercen en entornos aislados, sin testigos y, en muchas ocasiones, sin huellas físicas evidentes. Por eso es tan importante la descripción del contexto público/social que da sentido a una agresión en privado, como precisamente se hace en el capítulo mencionado, o la aparición de otros testimonios de personas que hayan sufrido acosos parecidos. 

Sin embargo, las acusaciones contras las autoras no se han hecho esperar y, tal y como señala el manifiesto portugués, comparten una larga biografía publicitada llena de estereotipos sexistas: mujeres “problemáticas”, “difíciles”, “insolentes”, que denuncian para “vengarse”, en este caso, de sus jefes. Ni que decir tiene que la fuerza de todos estos prejuicios machistas se ve amplificada cuando, como es el caso, los hombres señalados son reconocidos intelectuales comprometidos con los derechos humanos y que además suelen promover posiciones políticas “a favor” de la subalternidad.

La respuesta de los señalados como acosadores es presentarse como víctimas de esta “venganza irracional y pasional”, y convertir a las mujeres en criminales, en las culpables, acudiendo rápidamente al sistema judicial. La denuncia pública de una situación de violencia suficientemente sistemática como para que cientos de personas se sientan representadas en ese “todas sabemos”, se convierte, al entrar en el ámbito judicial, en un delito de difamación de una persona contra otra cuando no se reconoce el acoso y su particular contexto. Queda por conocer cómo se desarrollarán las investigaciones que los centros académicos hayan podido abrir. 

Los señalados como acosadores, y los que les apoyan, repiten que serán estas investigaciones, judiciales y las de los centros académicos, a las que se presupone garantes de la más pura imparcialidad, las que dirimirán el conflicto entre denuncia y presunción de inocencia. Sin embargo, a las mujeres se nos impone como urgente otro marco de lectura. Por un lado, sostenemos que el conflicto está falsamente situado ahí: sabemos, por nuestras investigaciones y por nuestras experiencias, que las dos partes de ese conflicto no se sitúan parten  en el del mismo lugar, y que la presunción de inocencia, no solo en el ámbito penal sino también dentro de los centros académicos, es muy difícil de vertebrar desde posiciones subalternas, puestas siempre en duda en su producción de verdad, con relatos que no se pueden ajustar a las declaraciones y las pruebas que se consideran creíbles en esas instituciones (las cuales, además, resulta imposible negar que están atravesadas de sesgos de género en su hacer). El relato de ellas tendrá que pelear lo inimaginable por ser escuchado y tiene muy pocas posibilidades de partida de ser considerado creíble. No así el de los señalados como acosadores, a quienes su reconocido prestigio y siglos de patriarcado les cubren las espaldas.

Por otro lado, a pesar de esa insistencia en que serán las instancias “superiores” las que decidirán, el ataque en redes sociales contra las que denuncian tampoco se ha hecho esperar. Se afirma que el capítulo es “problemático” desde el punto de vista académico, se pone en duda la revisión por pares, y se pregunta de dónde viene tanta confianza de las compañeras en las denunciantes. Ataques que no sorprende que se hagan desde un statu quo académico, y que se enuncien desde posiciones de privilegio que no pueden entender de dónde sale esa confianza.

La confianza en el relato de las mujeres acosadas surge, precisamente, porque todas sabemos directa o indirectamente cómo se producen estos procesos de violencia machista y/o abusos de autoridad: lo que narran las autoras no nos resulta ajeno. Conocemos los detalles, nos vemos reconocidas en esas escenas, podemos anticipar sus respuestas. Porque lo hemos vivido en primera persona o lo hemos escuchado antes en otras compañeras. Porque no es un caso aislado, sino situaciones de violencia estructural que nos atraviesan continuamente. Y desde ese lugar, todas sabemos que no es solo una muestra de sincera solidaridad, sino también, y sobre todo, el empuje colectivo para enunciar una verdad que forma parte de la cultura institucional académica en todo el mundo, que requiere de intervenciones comprometidas que produzcan sentidos de justicia y reparación individual y social, donde las universidades, donde la UCM, sean lugares comprometidos en analizar y explicar estas conductas y las realidades materiales y simbólicas que lo favorecen, pero sobre todo en articular políticas socio-laborales y medidas de intervención en las relaciones entre docentes, estudiantes, investigadores/as, el PAS y las personas subcontratadas en los espacios universitarios, comprometidas y eficaces, que tengan como objetivo cero violencia hacia las mujeres, cero acoso sexual, cero acoso laboral. Para dirigirnos hacia ese horizonte el primer peldaño es nombrar, hacer pública para todes, una realidad retenida en despachos y protocolos que no logran expresar, ni solucionar en toda su extensión y complejidad el grave y particular problema del acoso sexual y laboral en los contextos académicos.

Cualquier medida que pretenda combatir el acoso sexual, y sin duda otras formas de violencia, en la Universidad  debe ir dirigida a aumentar la conciencia de todas las personas que componen la comunidad universitaria y ofrecer a las personas afectadas, mujeres en su mayoría, vías prácticas para solucionar los problemas y, combatir con determinación el sexismo y androcentrismo académico, luchando contra la discriminación y la desvalorización de las trabajadoras y de las alumnas, así como discutir  al máximo nivel de sus órganos rectores, y con la participación de todos los actores, cuáles son las formas más eficaces para  prevenirlo y erradicarlo. La UCM no es ajena a este grave problema y dispone de un protocolo de actuación desde 2016 ( protocolo para la prevención, detección y actuación ante …  ) Desde la CGT exigimos al Rectorado un plan amplio de actuación que permita, en primer lugar, conocer la dimensión del problema, y sus particularidades, en nuestra Universidad, y, en segundo lugar, evaluar la eficacia de las medidas vigentes y acordar con todos los agentes sociales y a tenor de la información recabada, las nuevas medidas y los  recursos  materiales necesarios para hacer efectiva la  prevención y erradicación de todas las formas de acoso en todos nuestros espacios académicos.