No ha sido una sorpresa para nadie la primera consecuencia social que ha deparado para la Universidad la doble política de recortes y de subida de tasas académicas. Por un lado, ha creado un colectivo de estudiantes en las universidades públicas de Madrid -también en las universidades públicas del resto de España- con serias dificultades para hacer frente al pago de sus matrículas. Por otro, ha llevado la precariedad al ámbito de la docencia y la investigación. Y a todo esto hay que añadir la pérdida generalizada de derechos de todos los trabajadores. Las instituciones públicas con responsabilidades en la gestión del sector educativo deben ser conscientes de que este panorama no sólo condiciona el presente de la Universidad en España, sino que compromete seriamente su futuro.
La Universidad Complutense ha dedicado en los últimos meses especial atención al caso de los estudiantes con impagos de matrícula. En este sentido, se abrió un plazo extraordinario que concluyó el pasado día 7 de junio, por el que se arbitraban tres alternativas: pago fraccionado en dos o cuatro mensualidades y estudio individualizado para aquellos que no pudiesen hacer frente al pago de la matrícula. A las dos primeras modalidades se acogieron 552 alumnos, mientras que la tercera opción fue elegida por 70 estudiantes. Estos últimos deberán aportar la documentación precisa para realizar una valoración de las causas que justifican esa imposibilidad de pago, de forma que pueda procederse a la realización de un estudio individualizado y ofrecer una posible solución a cada uno de los miembros de ese colectivo.
El procedimiento extraordinario puesto en marcha por la Universidad Complutense ha permitido recuperar a un número importante de estudiantes que de otra forma hubiesen quedado fuera de la universidad al habérseles anulado su correspondiente matrícula. Es preciso remarcar que esta vía -el procedimiento excepcional antes mencionado- es la única de que dispone nuestra universidad en el curso actual. La mera posibilidad planteada desde algunos ámbitos referente a la matrícula gratuita para las personas deudoras, no solamente nos hubiese colocado en una situación de ilegalidad, sino que habría sido contemplada como una quiebra del principio de igualdad por el resto de estudiantes -el 97%- que sí cumplieron, en los plazos previstos, con el pago de los precios públicos recogidos en la normativa de matrícula del curso 2012-2013.
El rector de la Universidad Complutense viene reclamando, desde diferentes ámbitos, a las autoridades regionales y estatales políticas de suficiencia financiera combinadas con medidas de contención de los precios públicos que deberían concretarse no solo en el mantenimiento de las tasas actuales, sino en una reducción significativa de las mismas.
La Universidad Complutense tiene en estudio medidas destinadas a aumentar el número de plazos de pago de la matrícula, así como la articulación de un Fondo Extraordinario de Ayudas al Estudio por causas sobrevenidas; medidas que podrían ser efectivas el próximo curso académico. Todo ello con el objetivo de evitar la exclusión social del derecho al estudio universitario por razones económicas, a la que estamos abocados si no se corrige pronto la actual política que combina encarecimiento de los precios públicos y las ya anunciadas mayores restricciones para la concesión de becas.