Por Carlos Conde Lázaro, rector de la Universidad Politécnica de Madrid
Hablar del futuro de la universidad pública española debería ser hacerlo sobre estrategias para la mejora de la transferencia de conocimiento o respecto a la internacionalización de la actividad docente e investigadora. Podría ser, también, debatir sobre el mejor camino para consolidar un sistema de educación superior integrado, que comunique a las universidades y a la formación profesional.
Sin duda, lo que no es hablar del futuro de la universidad pública española es la revisión del modelo de educación universitaria en España ni sistemática desconfianza del valor de sus resultados y de su carácter público.
Los rendimientos sociales de la inversión pública en la educación superior son incuestionables. El retorno por cada euro invertido en educación superior, su efecto en el empleo y la ocupación, así como en los ingresos y la creación de riqueza, son argumentos que fortalecen la apuesta pública en la educación universitaria en Europa.
Tras casi 30 años desde la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria, las universidades públicas han dado buena cuenta de sus objetivos. Han hecho posible el acceso a los estudios universitarios a una gran mayoría social, han formado profesionales altamente competitivos, han contribuido significativamente a la investigación española, entre otros, aunque las condiciones no han sido las óptimas para hacerlo. En términos de eficiencia, no puede decirse que la universidad española es ineficiente, por el contrario.
Antes del surgimiento de la crisis financiera y de la posterior crisis económica que tiene a una gran parte de Europa sumida en la recesión, las universidades públicas españolas habían acometido con éxito, y sin financiación adicional, una de las reformas más importantes, la convergencia a Europa. Ahora, todas las universidades públicas españolas están haciendo esfuerzos ingentes por mantener sus servicios, con los estándares de calidad habituales y evitando repercutir en los estudiantes y sus familias los efectos de las reducciones en la financiación pública.
Ante este panorama, el futuro de la universidad pública española necesariamente debe plantearse en diversos escenarios.
Un escenario inmediato, el más pesimista parece que aboca a esta institución a luchar por la supervivencia en un momento de asfixia económica y financiera. A la espera de que el temporal pase; pero, una vez que escampe, las necesarias reformas de la universidad pública seguirán ahí.
Otro escenario es el de una universidad pública española buscando su diferenciación, apostando por modelos que sean competitivos nacional e internacionalmente, que funcionen en organizaciones flexibles y dinámicas, con una mejor evaluación ex post y menos controles ex ante, y que, ante todo, se basen en el valor de las personas que conforman su comunidad universitaria.
Las universidades públicas en España deben consolidar el proyecto europeo, hacer posible ese cambio en el paradigma pedagógico a través de la verdadera renovación metodológica. La universidad pública española debe fortalecer su dimensión social.
El futuro de la universidad pública española tiene que ser, irrenunciablemente, la continuación de esa labor de transformación para ejercer el liderazgo social que la institución está llamada a cumplir.