El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente un recurso contencioso-administrativo de la Universidad Complutense y ha condenado a la Comunidad de Madrid a abonar a la universidad 18,07 millones de euros, más los intereses de demora.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente un recurso contencioso-administrativo de la Universidad Complutense y ha condenado a la Comunidad de Madrid a abonar a la universidad 18,07 millones de euros, más los intereses de demora. La sentencia del TSJM, hecha pública en la última semana de febrero, da la razón a la UCM en dos de las tres partidas reclamadas. La primera es la que hace referencia a las deudas contraídas y no abonadas por la CM en ejecución del convenio por el que la UCM realiza la tramitación de las solicitudes de admisión en las pruebas de selectividad de las seis universidades públicas de Madrid. La Sala considera que la contraprestación a recibir por la UCM por este servicio es fija, si bien con carácter bianual, y fija en 1,14 millones de euros la cantidad que debe abonar la CM a la Complutense.

La segunda reclamación que atiende la Sala es la relativa a las cantidades no percibidas en virtud del Plan de Inversiones en las Universidades Públicas de Madrid para el período 2007-2011, por el que en 2008 la UCM tendría que haber recibido 41 millones de euros para obras de rehabilitación y obra nueva. Dado que de este importe solo fueron abonados 17,4 millones el TSJM condena a la Comunidad a pagar 16,9 millones a la Universidad Complutense, más los intereses de demora.

El Plan de Inversiones suscrito por el Rectorado con la Comunidad de Madrid para el periodo 2007-2011 preveía la aportación por parte de la CM durante esos cinco años de 199 millones de euros, de los cuales el año pasado la UCM había dejado de percibir 67,4 millones de euros, sin contar la cantidad pendiente correspondiente a 2011.

La reclamación que el TSJ no reconoce es la relativa al Plan de Financiación de las Universidades Públicas de Madrid, por la que la UCM demanda el abono de 33,16 millones por los incrementos en los pagos efectuados por la universidad entre 2004 y 2008 debidos a las pagas extraordinarias y por la incorporación, desde 2007, del complemento específico y las pagas adicionales por complemento de destino. El TSJM atiende el razonamiento de la CM y considera que corresponde a la universidad asumir con sus propios fondos los incrementos en la nominativa para gastos corrientes que excedan del techo presupuestario aprobado.

El Rectorado de la universidad ha expresado su satisfacción por lo conseguido porque viene a dar en parte la razón a las demandas que viene planteando. Las discrepancias en materia de financiación llevaron incluso a que los rectores de las seis universidades públicas de Madrid presentasen públicamente en diciembre de 2009 una declaración en la que se pedía al Gobierno de la Comunidad de Madrid el cumplimiento de los compromisos contraídos.

Habrá recurso

Por otro lado, los servicios jurídicos de la universidad estiman que hay base para ello y recurrirán la parte no reconocida de la demanda, por considerar que no le corresponde a la universidad atender con sus propios recursos los incrementos de las pagas extraordinarias derivados de la aplicación de la normativa estatal.

La insuficiencia de la financiación y el aumento de costes llevaron a la UCM a aprobar el pasado verano un plan de reequilibrio presupuestario para hacer frente a la deuda contraída. En él se señalaba que el Plan de Financiación de las Universidades Públicas firmado con la Comunidad de Madrid contemplaba la cobertura de todos los incrementos salariales derivados de la normativa legal. Sin embargo, la CM no ha atendido los incrementos debidos a la incorporación en las pagas extraordinarias de los complementos de destino (producido en los años 2003, 2004 y 2005), y específico (producido en lo años 2007, 2008 y 2009).

Del mismo modo la Comunidad de Madrid ha mantenido congelada la subvención nominativa durante los años 2008, 2009 y 2010, no incorporando en la misma el aumento del 2% en las retribuciones de los empleados públicos en 2009, ni el 0,3% de 2010 hasta el mes de mayo, fijados por el Gobierno, lo que supone una cantidad de unos 8 millones de euros.

El recorte en la financiación de las inversiones ha dejado paralizadas numerosas obras y proyectos, como la reforma de la biblioteca de Derecho, el nuevo edificio de Económicas, el de Geografía e Historia, la posible construcción de un edificio nuevo en Veterinaria o la gran obra pendiente de la reforma total del edificio de Medicina.