Durante décadas, desde 1984, de acuerdo con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, la política laboral española ha caminado hacia la desregulación, la precarización del trabajo y la consideración del paro como un mal endémico irreparable. En el curso "La Agenda 2030: el gran reto mundial de esta década", la ministra ha asegurado que ya se han empezado a poner las bases para liquidar esa "anomalía española" que nos ha llevado, entre otras cosas, a una enorme temporalidad, a la minusvaloración del trabajo y a una reducción de los salarios. Para conseguir superar esa anomalía va a hacer falta un gran pacto social a favor de la estabilidad en el empleo, con el objetivo, siguiendo el punto 8 de la Agenda 2030, de conseguir un trabajo decente y un crecimiento inclusivo y sostenible.
La ministra de trabajo, Yolanda Díaz, considera que "la actual crisis nos ha enseñado lo equivocados que estábamos en lo que tiene que ver con nuestras prioridades, porque son muy sencillas, realmente. La crisis nos ha hecho poner de relieve que las pequeñas cosas son claves y en ellas la res pública tiene una centralidad relevantísima". A pesar de eso, el gobierno ya había empezado a modificar, antes de la pandemia, las normas previas con decretos como el 1/20 para derogar el despido por bajas por enfermedad, ya que es fundamental "desmontar el artefacto jurídico heredado con la condición de volver al mundo del trabajo y de la ley que proteja a los trabajadores".
Desde los años ochenta la dinámica ha sido la desregulación, pero ya se sabe que "cuando no se legisla el grande se come al pequeño". Por tanto la acción emprendida por el gobierno camina con un desmontaje propositivo, como por ejemplo "la regulación extensa del trabajo a distancia con una modalidad propia que es el teletrabajo, legislando para poder proteger a los trabajadores y trabajadoras que accedan a esta forma de organización del trabajo. El trabajo a distancia tiene riesgos digitales, de aislamiento, como sociedad..., así que tiene que ser definido bien, y con derechos, porque podríamos correr el riesgo de convertir el teletrabajo en una forma más de ahorrar costes y derechos, pero eso es justo lo contrario de lo que se quiere hacer".
La idea de que no hay alternativas a esas políticas ha quebrado con el acuerdo alcanzado en Europa, donde "se ha luchado para que no se hiciera lo que se hizo en la anterior crisis". Para la ministra, hacer las cosas de manera diferente implica alejarse del marco normativo actual, como se ha hecho con los ERTE, "que han salvado más de 550.000 empresas, con algo más de 3 millones de trabajadores acogidos a ellos y que ha permitido demostrar que no hay que despedir, ni echar a los jóvenes fuera, que con normas de flexibilidad interna se pueden cambiar las cosas".
Durante la pandemia, también "se han tomado decisiones importantes que fueron controvertidas por la derecha, como la prohibición de despedir, lo que ha permitido que por primera vez en la Historia de nuestro país la caída del empleo haya sido menor que la caída del PIB". Recuerda Díaz, que estas medidas se han puesto en marcha con una gestión de empleados públicos con herramientas diseñadas para el siglo XX, y a pesar de eso "se ha demostrado que se puede avanzar cuando uno coloca en la prioridad ayudar a las personas que más lo necesitan".
Normalidad mejor
La ministra de Trabajo rechaza hablar de la nueva normalidad, y prefiere hacerlo de una normalidad mejor, sin temporalidad, sin salarios bajos, ni servicios precarizados...Para ella, "la normalidad mejor debe señalarnos qué es lo importante en nuestras vidas y acabar con una cultura terrible que ha hecho un daño brutal, como la falta de política industrial al estilo de Solchaga, y la de entender que lo precario es lo que nos permite salir adelante, como decía Fátima Báñez". Considera Díaz que los valores sociales cambian con enorme lentitud, así que hay que hacer mucha sociología para modificar esos principios, "hay que reconstruir lo que se ha roto, el contrato social, hay que hacerlo con la centralidad de esa normalidad mejor, colocando lo público en el centro".
Para conseguir llegar a ello, el actual gobierno confía en el diálogo social, porque "no sólo es importante lo que se hace, sino cómo se hace". El diálogo social, de acuerdo con Díaz, es importante per se en términos democráticos, pero lo es más porque termine como termine ese diálogo, con acuerdo o sin él, lo importante es que las partes trabajan en las normas. Opina la ministra que "ese diálogo está siendo clave en el nuevo modo de hacer las cosas, con cuatro grandes acuerdos sociales en pocos meses, desde un punto de vista cualitativo, y a partir de septiembre las disposiciones adicionales de esos acuerdos saldrán adelante".
Quiere la ministra que se considere al trabajo como una fuente de desarrollo, como "un factor de prosperidad, ya que forma parte de todos nosotros, es nuestra vida, así que trabajar hacia el trabajo decente, deconstruyendo lo que han vertido sobre esta cuestión tantos años de desregulación es clave para poner en valor el trabajo que hacemos, para hacerlo lo mejor posible, hagamos lo que hagamos".
Para ello hay que redefinir el trabajo, que no es sólo lo productivo, sino que también es el trabajo informal, la nueva forma de desempeñar nuestras tareas a través de formas de autonomía que se alejan del siglo XX, colocando los debates democráticos en el centro, y por supuesto, los cuidados, y "la sociedad española tiene que decidir qué hace con esos cuidados o tenemos un problema severo".
La única manera de conseguir este objetivo es deconstruir los modelos productivos, económicos y culturales, ya que en la actualidad "estamos en modelos empresariales, de sociedades mercantiles que centran la toma de sus decisiones no en atención al valor productivo de la materia, sino en valor al reparto de sus dividendos y esto hay que modificarlo". Aclara la ministra que desde el gobierno están a favor de las empresas, pero estas "no tienen que identificarse con los dividendos y los accionistas, que son unos pocos, y eso hay que corregirlo".
Gasto público e igualdad
La igualdad en el trabajo y el empleo, la economía social y la reivindicación del gasto público son otros factores fundamentales en la política laboral de este gobierno. Opina la ministra que si queremos vivir con dignidad hay que arreglar temas como las residencias, los hospitales, los medios deficientes de la educación... Y eso sólo se hace rechazando la idea de que lo público únicamente sirve para socializar las pérdidas o para salvar a la banca.
Eso se incardina con la protección social, "lo que provoca otro gran debate con la derecha, que en tiempos de Fátima Báñez decidió recortar las prestaciones por desempleo en más de 25 puntos, mientras que con este gobierno ya se está creciendo simplemente por desarrollar políticas que van en contra de esa idea, como el Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo".
La ministra concluye que este es "un reto apasionante que se va a llevar adelante con cautela, inteligencia, serenidad y cariño, diciendo alto y claro que sí se puede".
