El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha detallado en un webinar organizado por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) las principales características del Ingreso Mínimo Vital, que tiene previsto aprobar el Gobierno en la última semana de este mes de mayo. Aunque no pudo concretar algunos detalles que aún no se han terminado de perfilar o de negociar -"hemos acelerado los trabajos que estaban previstos para toda la legislatura para tenerlo preparado en apenas unas semanas"-, Álvarez sí ofreció una fotografía bastante nítida del nuevo ingreso, cuyo coste fijó en 3.500 millones de euros anuales, pero que "nos va a permitir sacar de la pobreza a un millón de hogares, es decir a unos 5 millones de personas"
Será una prestación no contributiva de la Seguridad Social. Será un derecho subjetivo, en el que su único o principal requisito será carecer de una renta suficiente. Su importe será similar al de las pensiones no retributivas. Tendrá complementos al hogar, es decir aumentará su cuantía, "entre un 25 y un 30%", en caso de convivir su beneficiario con un segundo adulto y/o por cada hijo a su cargo. Tendrá incentivos al empleo: podrá compaginarse con empleos cuya retribución no supere un determinado umbral, "por lo que será mejor trabajar que no trabajar". Será un suelo común para todos los habitantes de España al que cada comunidad autónoma podrá sumar otras ayudas. Para financiar su coste, Álvarez confió en que un primer momento se haga a través de deuda europea, pero a medio y largo plazo deberá financiarse "ampliando el margen fiscal que tiene nuestro país, cuya presión está 7 puntos por debajo de la media europea", señaló.
Y es que Álvarez defendió que aunque la crisis provocada por el COVID-19 ha acelerado la creación de este elemento de política social, el Ingreso Mínimo Vital "nace para quedarse de forma permanente". De hecho, según recordó, esta medida ya estaba incluida en el programa de gobierno pactado por PSOE y Podemos, aunque su puesta en marcha se había fijado para el final de la legislatura. Su adelanto obedece a la necesidad de no dejar fuera del paraguas del Estado a un número importante de personas que no tiene acceso a las ayudas y prestaciones que el Gobierno ha puesto en marcha para sostener las rentas de empresas y hogaresdurante esta crisis sanitaria, como han sido los ERTE, las ayudas a autónomos o los subsidios de desempleo.
De acuerdo con Nacho Álvarez -doctor en Economía por la UCM, profesor de Economía de la Universidad Autónoma y secretario de Economía de Podemos- el Ingreso Mínimo Vital no es una propuesta aislada, sino que forma parte de una agenda de reformas económicas del Gobierno, cuyo objetivo es acabar con la precariedad del mercado laboral y "desincentivar la contratación temporal".
También surge como un elemento clave de la política social que quiere llevar a cabo el Gobierno en esta legislatura. Para Álvarez, el insuficiente gasto social español -que situó 2 puntos por debajo de la media europea- se debe a una "construcción tardía, errática y frágil de nuestro Estado del Bienestar". Ese "importante retraso" respecto a los países de nuestro entorno se manifiesta, según defendió, en los cuatro grandes elementos que conforman el gasto social: transferencias a las familias, ayudas a la discapacidad, vivienda y exclusión social. Pero es en este último aspecto, el de las políticas contra la exclusión social, donde más urgente es actual dada la insuficiencia de sus cuantías, la falta de cobertura (llegan a pocos hogares) y la gran disparidad existente entre comunidades autónomas. De hecho, según explicó, las comunidades autónomas gastan al año 1.500 millones de euros en rentas mínimas de inversión, aunque un tercio de ese dinero lo aporta la Renta de Garantía de Ingresos (RIG) del País Vasco y otro 16%, rentas de este tipo que se dan en Cataluña. El Ingreso Mínimo Vital va a servir para homogeneizar las ayudas que se dan en todas las regiones de España, aunque luego cada gobierno autonómico podrá completarlas de la manera y cuantías que considere, diseñando incluso itinerarios formativos o laborales vinculados.
Álvarez insistió en que las evidencias empíricas que se desprenden de rentas de este tipo, como el RIG del País Vasco o las que existen en Reino Unido y Francia, han dejado claro que "diseñado de forma adecuada", estas rentas no desincentivan el empleo, "sino todo lo contrario". El hecho de que la renta no desaparezca totalmente en caso de que su beneficiario encuentre trabajos por horas o de pequeña duración, hacen que no se produzca ese efecto contrario.
