La Facultad de Derecho acoge, los días 4 y 5 de junio, la Jornada Internacional sobre la Perspectiva Interseccional de las Mujeres en Situación de Inmigración y Refugio. En la conferencia inaugural Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Complutense, ha asegurado estar "convencida de que debemos avergonzarnos de nuestra política migratoria y en algún momento habrá que pedir perdón por ella". Con dicha política migratoria no se refiere sólo a la de España, sino también a la de la Unión Europa, "que interpretan los flujos migratorios como una amenaza" a la que se enfrentan con dos herramientas: intentando que los emigrantes no entren en Europa y, una vez que entran, con políticas de expulsión.

Margarita Martínez Escamilla opina que "la situación de las migrantes es de total devaluación de sus derechos", a pesar de que tras la segunda guerra mundial y "tras el espanto del nazismo, se pusiera el acento en la universalidad de los derechos y en que no dependieran de algo contingente como la nación a la que uno pertenece, sino que emanaran de ser propiamente personas".

De allí surgió la declaración de los Derechos Humanos, que por desgracia no reconoce "el derecho a la movilidad humana aunque hoy en día debería existir porque se empezó a ejercer desde que comenzamos a caminar y salimos de África".

El derecho internacional, según Martínez Escamilla, asume un elemento esencial de la soberanía de los Estados para decidir quiénes entran y quiénes pueden permanecer en un país, y "al final depende del lugar donde hayas nacido, a un lado u otro de esas líneas trazadas con tinta en los mapas que son las fronteras".

En la teoría, de acuerdo con la catedrática, hay límites establecidos por el derecho internacional y los Derechos Humanos a lo que pueden hacer los Estados, pero "sin embargo, estos derechos, aunque están declarados en el papel no sirven de contención a la violencia de los Estados y no son instrumentos eficaces para proteger a los migrantes".

La Unión Europea y el cementerio del Mediterráneo

España y la Unión Europea, de acuerdo con Martínez Escamilla, interpretan los flujos migratorios como una amenaza, "con un estatuto jurídico mezquino para la persona migrante, porque las normas europeas no les protegen, por ejemplo, de la privación de libertad por el simple hecho de ser una persona migrante. De hecho, la directiva de retorno permite que se pueda privar de libertad por el hecho de ser una persona migrante durante 18 meses".

Cada país además puede considerar el acceso ilegal al territorio como un delito y condenar al migrante a prisión.

Y lo que es todavía peor es que "los pocos derechos que se les reconocen a estas personas en movimiento, se condicionan a que esa persona acceda al territorio, pero la UE intenta impedir que accedan a territorio europeo, aunque para ello tenga que convertir el Mediterráneo en el mayor cementerio del mundo".

El primer objetivo de la política migratoria europea es, por tanto, "que no accedan y para eso utiliza dos instrumentos que son la externalización de los controles y la militarización de las fronteras". Para conseguirlo, la UE encomienda a terceros países el control a esos movimientos "para que hagan el trabajo sucio, y además suelen ser países donde no se protegen los derechos humanos".

Las mujeres

Hace unos años, Martínez Escamilla dirigió un trabajo de campo en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Aluche, y cada una de las mujeres que estaban allí internadas relataron sus experiencias, sus historias aunque todas coincidían en relatar itinerarios especialmente duros.

A veces hacían recorridos incluso de años hasta llegar de sus países de origen a Europa, "padeciendo todo tipo de vejaciones al atravesar países terriblemente machistas donde se sufre la violencia de género en sus más brutales manifestaciones".

Cuenta la catedrática que en Marruecos, por ejemplo, la inmensa mayoría se ven obligadas a ejercer la prostitución en unas condiciones donde los condones son una cosa de ciencia ficción, con lo que eso supone para la salud, el alto número de embarazos, partos, abortos... "Además son reiteradamente violadas no sólo por mafias y particulares, sino también por las fuerzas de seguridad de los Estados por donde transitan".

La UE tiene gran parte de culpa de lo que allí ocurre, porque "exporta el concepto de frontera a países africanos que tenían en su ADN cultural la movilidad humana y no entendían de fronteras, y ahora les obligamos a adoptar legislaciones migratorias que sancionan la ayuda a las personas en movimiento".

La vida de estas mujeres vale tanto como lo que valen sus cuerpos que se convierten en una mercancía, "así que valen lo que se pueda sacar de esa mercancía, lo que deriva en muchas ocasiones en la trata de mujeres, fundamentalmente con fines de explotación sexual".

La trata y las mafias

Martínez Escamilla habla del trabajo de Helena Maleno quien explica que la industria de la trata que no para de crecer, porque se ha convertido en un negocio que reporta cuantiosos beneficios. En países como "Nigeria la trata es un mal endémico y la economía de algunas ciudades y regiones está asentada sobre el negocio de la trata. Muchas familias asumen como algo natural la entrega de sus hijas para progresar económicamente, así que esa industria está detrás de muchos movimientos migratorios lo que nos debería dirigir la mirada hacia nosotros, hacia la demanda de personas esclavas a las que consumir".

Muchas de las mujeres que transitan por África comienzan su periplo migratorio ya como víctima de trata, pero otras lo hacen de manera autónoma y finalmente acaban entregándose a las mafias de la trata como una forma de protección ante la violencia tan extrema a la que están expuestas. Explica Martínez Escamilla que esto es así, porque por ejemplo, "las mafias nigerianas tienen capacidad de proteger a las mujeres de peligros como los cuerpos de seguridad o el yihadismo, y a veces son la única manera de vencer el monstruo de la frontera".

Vallas y pateras

Esa frontera a veces tiene también un sesgo de género. Ceuta y Melilla, por ejemplo, se identifican con el salto de la valla, "que es algo fundamentalmente masculino porque sólo un par de mujeres han conseguido saltarla y es la única manera de acceder sin dinero, la forma que tienen los pobres de pasar al territorio europeo".

Debido a la dificultad del salto esa forma no es viable para las mujeres, así que tienen que buscar otra forma de entrar en territorio europeo, otra que cuesta dinero, que es en patera hacia las costas andaluzas o entrando en Ceuta y Melilla. Para conseguir saltar esos obstáculos tienen que acudir a las mafias que financian esas entradas.

Nuestra frontera sur, de acuerdo con Martínez Escamilla, "es un ejemplo de la quiebra del Estado de derecho que supone nuestro trato a las personas migrantes. Ahí están por ejemplo las devoluciones en caliente, sobre las que que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia declarando que van contra el convenio europeo de Derechos Humanos".

Entre estas devoluciones en caliente están las que se producen en la valla, que son las más visibles, pero también están las que se producen a través de los accesos por mar. La catedrática explica que "la Guardia Civil intenta que no entren o si ya están en aguas españolas las devuelven para que la policía marroquí se las lleve a Marruecos. Estas últimas prácticas suelen recaer en mujeres, como lo que ocurrió en agosto de 2017 cuando murieron siete mujeres por una devolución de este tipo y donde los hechos no se han esclarecido realmente".

No son víctimas pasivas

Los motivos para afrontar los peligros de la migración desde sus países de origen "son la huida de diferentes formas de violencia de género, como la mutilación genital, los matrimonios forzados... Así que muchos de estos flujos migratorios tienen una finalidad emancipadora, de lucha de la mujer por sus derechos".

A pesar de la dureza de esos tránsitos migratorios y a pesar de la cosificación de las mujeres "no hay que considerarlas sólo víctimas pasivas, sino que ante todas las dificultades eligen las soluciones que les parecen mejores o las que les causen menos daño a su grupo familiar".

El segundo objetivo, ya mencionado, de la UE con respecto a la política migratoria son las expulsiones. Las mujeres que entran "se dan cuenta de que los peligros no han terminado y ven que las fronteras están en cada calle, en cada plaza e incluso en la playa donde ha llegado la patera, porque de cualquier sitio pueden ser devueltas".

En muchas ocasiones, antes de su devolución, pasan por los CIE, que "no son lugares de acogida, son prisiones no formalmente, pero pueden ser incluso peor que las cárceles, donde se les priva de libertad, desconocen el idioma, no saben ni siquiera donde están, ni cuál es su situación jurídica... Aunque las normas establecen que los CIE no tendrán un carácter penitenciario, en realidad lo tienen, algunas incluso, como el de Algeciras, ocupan el espacio de antiguas prisiones".

Para controlar estos CIE se creó la figura de los jueces de control, que tienen como cometido vigilar el respeto de derechos en los CIE, y "hay algunos que funcionan bien y otros que no lo hacen. En el CIE de Tenerife, las juezas que se han sucedido en la función de control jurisdiccional no han dictado ni un solo auto ni una sola resolución. En otros hay más suerte y se toman su trabajo como garante de los derechos con bastante más seriedad".

Por todo lo anterior, Martínez Escamilla se mostró "convencida de que debemos avergonzarnos de nuestra política migratoria y en algún momento habrá que pedir perdón por ella".