Esto tendrá consecuencias ambientales, sociales y económicas que serán dramáticas si no se toman medidas urgentes. España ha basado su política hídrica en una oferta ilimitada de agua. En un país donde este recurso es limitado y está sujeto a fuertes fluctuaciones como consecuencia de las sequías (y del cambio climático), supone un error que causa graves afecciones a los ecosistemas acuáticos y provoca también una gran tensión social.

“Las medidas para combatir la sequía y la falta de agua deben hacerse durante los períodos húmedos, con soluciones aportadas por científicos y técnicos, y siempre manteniendo fuera a políticos e intereses que no sean el bien público”, ha declarado Julio Barea responsable de la campaña de agua de Greenpeace. “España tiene que aplicar políticas de prevención, ahorro y optimización de los recursos hídricos”, ha añadido.

A pesar de que España es el país con más embalses “per capita” del mundo, unos 1.300, en las últimas dos décadas se han construido y puesto en explotación 214 presas más y, aún así, siguen los problemas de abastecimiento en cuanto el régimen de precipitaciones desciende.

A esto, hay que sumar que los ríos son actualmente las cloacas donde terminan buena parte de los residuos urbanos e industriales. Y que la fuerte segmentación y artificialización de la práctica totalidad de los cauces, con consecuencia de azudes y trasvases (ni siquiera bien controlados por la Administración), dan como resultado una pérdida del poder de autodepuración y regeneración natural de los ríos, perjudicando seriamente a las masas de agua y a los ecosistemas que dependen de ellas.

Greenpeace recuerda que la contaminación del agua es el factor que más influye en la pérdida de recursos hídricos. Incluso basando la gestión hidrológica en un política de oferta ilimitada, la lucha contra la contaminación permitiría aumentar la disponibilidad de agua más que construyendo nuevos embalses o recrecimiento de los mismos, canalizaciones o trasvases.

Las aguas subterráneas, nuestras auténticas reservas estratégicas de agua para el futuro, tampoco se libran de la pésima gestión. Los acuíferos del Estado almacenan hasta seis veces más agua dulce que todos los embalses juntos. La contaminación procedente principalmente de la agricultura y la ganadería industrial y la sobreexplotación los están poniendo en serio riesgo. La Administración reconoce que existen más de 500.000 pozos ilegales pero se niega a tomar medidas y poner coto a este descontrol.

Fuente: Greenpeace