Daniel Simancas Sánchez

Profesor Ayudante de Derecho Constitucional

Universidad Complutense de Madri

1. PALABRAS CLAVE

Elecciones libres; sufragio pasivo; inelegibilidades; inhabilitaciones; pérdida del mandato; parlamento.

2. DATOS DE PUBLICACIÓN DE LA OBRA

García Vitoria, I. (2023). “La exclusión de los infractores del Parlamento: entre la libertad política y el imperio de la ley”. Teoría y Realidad Constitucional, 51, 441-480.

3. RESUMEN

A rebufo de diversos casos ocurridos en los últimos tiempos en el panorama político español, el autor se centra en definir los términos del debate subyacente a tales casos. Inspirándose en el homónimo título del informe de la Comisión de Venecia, tal debate se sitúa en aclarar si es, o no, democrática la exclusión de los infractores del Parlamento, esto es, si cabe, o no, la restricción del derecho al sufragio pasivo de los que han infringido el pacto social. Se advierte pronto que este debate, contemporáneo al surgimiento de la democracia como forma de gobierno, aguarda en ocasiones intereses irreconciliables, a saber: por un lado, la libertad de los ciudadanos a elegir a sus representantes y, por otro, el respeto a la ley como suelo ético exigible a todos los cargos públicos representativos.

Definido en tales términos, el autor aborda el debate a partir de dos puntos. Por una parte, apunta a la configuración legal del sufragio pasivo como foco de diálogo normativo. En este sentido, indica varios problemas: primero, la duplicidad de las disposiciones del Código Penal, que establecen penas de inhabilitación que impiden el acceso, permanencia y/o ejercicio de cargos públicos, con las de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que recogen los conocidos como efectos extrapenales, esto es, consecuencias que inciden en la capacidad electoral pasiva del ciudadano y que, aunque tienen como presupuesto la existencia de una sentencia condenatoria, no se derivan directamente de esta; segundo, la ausencia de regulación parlamentaria con la que ejecutar la pérdida del mandato parlamentario por mor de una sentencia condenatoria, sea por efectos penales (inhabilitación), sea por efectos extrapenales (incapacidad electoral pasiva); tercero, el solapamiento de reglamentos parlamentarios con la legislación procesal en mecanismos que separan temporalmente del ejercicio del cargo a su titular mientras dura la concurrencia de resoluciones judiciales interlocutorias, como los autos de procesamiento o prisión provisional.

Por otra parte, asumiendo la inevitable convivencia de estos problemas hasta que se produzca una reforma legislativa, el autor torna su mirada a lo cotidiano, esto es, a la exégesis y aplicación de estas normas. En esta línea, enfatiza una idea sideral como es la capacidad de los tribunales para revisar la ponderación del legislador entre la libertad política y otros bienes constitucionales, como el buen funcionamiento del Parlamento, en el diseño de restricciones del sufragio pasivo de acusados y/o condenados. Advirtiendo de que estas restricciones cuentan generalmente con un gran respaldo en la opinión pública, el autor defiende un control de constitucionalidad y convencionalidad deferente, que, partiendo de un juicio de adecuación, vele por la correlación entre el alcance de la restricción y la finalidad perseguida por esta. Esta misma operación -concluye- deberá practicarse al momento de la interpretación y aplicación de las restricciones, pues, en caso contrario, estas sufrirán una desvirtuación y constituirán una amenaza para la democracia.