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Presentación

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, impone obligaciones en los tres ámbitos a los que se refiere y guía la actividad de las Administraciones públicas en una concreta dirección: servicio al ciudadano informado y no al administrado pasivo.

Las normas de buen gobierno –obligaciones, infracciones y sanciones- entraron en vigor el 11 de diciembre de 2013 y alcanzan a los altos cargos de la Administración General del Estado. Lo referido a la publicidad activa –información activa o  focalizada que no debe ser demandada en cada caso por el ciudadano- y al derecho de acceso singular a la información entra en vigor el 10 de diciembre de 2014, pero los distintos órganos de las Administraciones cuentan con un plazo de dos años, es decir, hasta diciembre de 2016, para adaptarse a las nuevas obligaciones. No obstante lo cual, la UCM prefiere anticipar la puesta en marcha de la información abierta.

La Ley no obliga a las Universidades a establecer un Portal de Transparencia –que solo se impone a la Administración General del Estado-, conformándose con que publiquen la información en su sede electrónica o en su página web. Sin embargo, entendemos que un Portal de Transparencia facilita la consulta de la información y la puesta en práctica de los principios fundamentales de la transparencia: información de calidad presentada de forma clara, estructurada y entendible, de fácil acceso, interoperable y reutilizable. El Portal facilita el ejercicio del derecho a la información al ser el único punto de acceso de toda la información. La opción por no agotar el plazo legal y por elegir el instrumento más acabado para cumplir con las exigencias de transparencia, es la opción por adaptarnos al nuevo marco, ensayándolo y no solo proyectándolo. Es de suponer que, con el tiempo, aumentará la cantidad de información publicada.

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