El proyecto Eupillar, una investigación cofinanciada por la Comisión Europea y en la que participa la Universidad Complutense de Madrid, revela que existen factores que dificultan la práctica de la justicia civil en los Estados miembros. Las trabas más importantes son el sobrecoste económico y el desconocimiento del Derecho comunitario por los operadores jurídicos encargados de resolver los conflictos transfronterizos.

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Existe un patrón de litigación transfronteriza en asuntos civiles y mercantiles caracterizado por un incremento del número de casos que incorporan un elemento extranjero y que generan elevados costes legales. Es una de las conclusiones que arroja el proyecto Eupillar, una investigación en la que participan seis universidades, entre ellas la Universidad Complutense de Madrid, y que cofinancia la Comisión Europea. El análisis jurisprudencial del período 2002-2015 en España indica que los procedimientos son resueltos mayoritariamente en segunda instancia y su duración media comprende un mínimo de seis meses y un máximo de dos años.

Los casos de Derecho extranjero se plantean ante los tribunales españoles por grandes y medianas empresas en el caso de disputas comerciales mientras que en Derecho de familia, los litigantes suelen ser expatriados, nacionales de terceros Estados residentes en territorio nacional y españoles residentes en otros Estados miembros o en terceros Estados. En los últimos años se advierte una mayor presencia de nacionales de terceros Estados residentes legalmente en España como resultado de la inmigración (nacionales de países latinoamericanos, de países del este europeo y del Magreb).

El reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en España es el ámbito que mejor funciona a la hora de administrar justicia por su rapidez y eficacia. Sin embargo aún persisten problemas ocasionados por el hecho de litigar fuera de las fronteras nacionales y que, en ocasiones, disuade a las partes de iniciar un procedimiento legal o incluso de continuarlo.

Sobrecoste de los procesos judiciales

Una serie de entrevistas cualitativas dirigidas a jueces y abogados reconocidos reveló que los principales escollos económicos se traducen en el sobrecoste ocasionado por las traducciones de documentos legales, el pago de tasas por notificaciones en el extranjero, la prueba del Derecho extranjero y los honorarios mucho más elevados de los abogados especializados en Derecho internacional privado.

En España el coste de un juicio de esta naturaleza puede oscilar entre los 3.000 y los 7.000 euros para casos de Derecho de familia (el doble que un proceso nacional), cuando las reclamaciones por alimentos no exceden de los 300 euros de media. En el ámbito mercantil, los juicios pueden llegar a costar cientos de miles de euros, aunque su coste es asumido por los litigantes, ya que estos plantean reclamaciones como mínimo a partir de 10.000 euros y en ocasiones alcanzan los 500.000 euros.

Los operadores jurídicos también encuentran problemas a la hora de interpretar los reglamentos comunitarios sobre las materias objeto de litigio. Los jueces españoles reconocen su escaso conocimiento de idiomas y del derecho comunitario, pero señalan que las traducciones al castellano de la legislación comunitaria tampoco les ayudan a interpretar correctamente el sentido de determinados conceptos jurídicos. Por ello se tiende a aplicar la legislación nacional a supuestos transnacionales que deberían ser resueltos mediante la aplicación de normas de Derecho extranjero.

Los abogados, por su parte, lamentan  la ausencia de una efectiva  armonización procesal en el seno de la Unión Europea y la inexistencia en España de una cultura de la mediación, más común en otros Estados miembros, y que contribuiría a reducir considerablemente los costes y la duración de los conflictos legales transfronterizos.

La investigación concluye que el sistema judicial europeo podría estar mejor preparado para facilitar respuestas adecuadas en los litigios transfronterizos a los ciudadanos cuyos derechos han sido vulnerados. A nivel nacional, la formación especializada del conjunto de operadores jurídicos (jueces, abogados, procuradores, secretarios judiciales y mediadores españoles) es susceptible de mejora, sobre todo en asuntos de familia, donde se propone crear una jurisdicción especializada para lograr una correcta aplicación de los instrumentos comunitarios de derecho internacional privado.

Sin embargo, estos también deberían ser revisados con el fin de reducir la incertidumbre generada, entre otras causas, por la pluralidad de foros alternativos de que disponen los ciudadanos europeos cuando litigan fuera de sus fronteras.

Autoras: Carmen Otero García-Castrillón. Investigadora principal del Proyecto Eupillar en la UCM. Departamento de Derecho Internacional Público y Privado. Facultad de Derecho UCM.

Samia Benaissa Pedriza. Investigadora del Proyecto Eupillar en la UCM. Facultad de Derecho UCM. 

Unidad de Información Científica y Divulgación Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) Universidad Complutense de Madrid uccucm@ucm.es Tlf.: 91.394.6369